[R-P] [Héctor Menéndez] Intervencion al gobierno de la ciudad de buenos aires

[Néstor Gorojovsky]

[Incluyo como introducción el texto de Héctor Menéndez entre
<paréntesis angulares> porque pienso que expresa lo esencial del
problema. Como argentino de Buenos Aires me siento completamente
interpretado por el amigo cordobés.]


<La autonomía de la ciudad de Buenos Aires consagrada por la
Constitución menemista del Pacto de Olivos de 1994, que le quitaba el
carácter de Capital de la República para desmembrar el Estado nacional
ha tenido como resultado este gobierno de Macri que es un enclave
colonial. Sin la autonomía este partido conservador posmoderno jamás
tendría el peso que ha adquirido. Macri es un declarado amigo de todos
los gobiernos imperialistas y neofascistas que lo reciben como
presidente en Israel, Italia, Inglaterra, EE.UU. Enemigo declarado de
los gobiernos latinoamericanos que luchan contra la dominación
imperialista como Chávez y todos los del Alba, es el representante de
la derecha y de los medios que controla el imperialismo en el país.
Sus declaraciones en la embajada de EE.UU. que revelara Wikileaks son
motivo suficiente para intervenir el gobierno de la ciudad e
incorporar en la reforma constitucional que el país necesita para
avanzar la eliminación de la “autonomía”, que programó y conquistó con
Menem el imperialismo. Las ilusiones democratistas de los sectores
“progresistas” que creyeron en su baluarte en la ciudad autónoma deben
aceptar que la burguesía imperialista tiene más conciencia de clase
(burguesa, por supuesto) que las masas explotadas. EL PARLAMENTO DEBE
DISCUTIR LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. La nación argentina la necesita. Fue un error transferirle el
subte que Macri pedía para darle más poder a su enclave colonial.
HM>

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MACRI PRESENTO UN RECURSO ANTE LA JUSTICIA PARA DAR MARCHA ATRAS CON
LA TRANSFERENCIA DE LOS SUBTERRANEOS

Con el subte parado en la estación Tribunales

En la presentación judicial, el gobierno porteño alegó un supuesto
incumplimiento en el pago de subsidios. El ministro De Vido respondió
que la Nación “ha honrado sus pactos” y advirtió sobre “las
responsabilidades civiles y penales” por incumplir el acuerdo.

 Por Nicolás Lantos

El subte llegó a Tribunales: ayer, luego de que el gobierno nacional
intimara a la administración porteña para que se hiciera cargo de la
red de subterráneos, tal y como se había acordado con la firma del
acta acuerdo del último 3 de enero, el jefe de Gobierno, Mauricio
Macri, ordenó presentar ante la Justicia un pedido de “no innovar”
para que el Estado argentino “se abstenga de ejecutar cualquier acto
y/o medida que signifique la continuidad del proceso de
transferencia”. El escrito argumenta un supuesto incumplimiento en el
pago de los subsidios que la Nación se había comprometido a mantener
por el plazo de un año y alega que hasta tanto no se haya “arribado a
un acuerdo sobre las cuestiones legales, económicas y administrativas
derivadas del contrato de concesión ni definido cómo se atenderán los
distintos compromisos resultantes” no resulta posible continuar con el
traspaso. En respuesta, el ministro de Planificación, Julio De Vido,
aseguró que “el gobierno nacional ha honrado sus pactos”, advirtió
sobre “las responsabilidades civiles, administrativas y penales” que
podría acarrearles a las autoridades porteñas el incumplimiento y –a
través de la carta de intimación– sostuvo que “la torpeza en el
ejercicio de la función administrativa no es oponible cuando se trata
del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o
servidores públicos por el voto popular”.

El gobierno nacional calificó como “jurídicamente improcedente”, como
“ilegítima, irrazonable y arbitraria” la decisión de Macri de revertir
de forma unilateral el acuerdo firmado por ambas partes a principios
de año para efectivizar, en un plazo de noventa días, el traspaso de
la red de subterráneos, un viejo reclamo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que fue incluso utilizado en campaña electoral por el
actual jefe de Gobierno. Así justifican la intimación formal para que
“con la inmediatez que la prestación del servicio público requiere”
comiencen “a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del Gobierno
de la Ciudad, conforme Acta Acuerdo del 03/01/2012 y los considerandos
y parte dispositiva del Decreto 27/2012”.

La respuesta de la administración porteña fue judicializar el
diferendo: poco después de recibir la intimación, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante
el fuero Contencioso Administrativo Federal para que “se ordene no
innovar hasta que no se cumplan con las obligaciones que figuran por
parte del Estado Nacional en el acta acuerdo”. El pedido es claro: que
la Casa Rosada “se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que
signifique la continuidad del proceso de transferencia de los
subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las
obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero,
quinto y concordantes”.

La clave aquí está en el artículo tercero, en el que la Nación asume
el compromiso de desembolsar, durante un año, 360 millones de pesos,
equivalentes a la mitad del valor de los subsidios que recibía el
concesionario del servicio, Metrovías, para mantener el pasaje a
precio reducido. Al día siguiente de firmar el acta acuerdo, Macri
decidió aumentar el valor del viaje en un 127 por ciento para cubrir
el resto de los subsidios, de los que la Ciudad no se haría cargo.

Según denunció la administración porteña, “la Secretaría de
Transporte, en forma unilateral y sin fundamento alguno, incumplió la
obligación –sustancial a los fines del mantenimiento del servicio–”,
eliminando “todo subsidio a cargo del Estado Nacional”, una medida
que, aseguran, tuvo “una clara intencionalidad política y puso en
grave riesgo la prestación del servicio”. La presentación también
menciona “la decisión de iniciar el retiro de las fuerzas policiales
destinadas a garantizar la seguridad de las estaciones
correspondientes al sistema del transporte subterráneo”, pero ese tema
corresponde al progresivo traspaso de responsabilidades de la Policía
Federal a la Metropolitana y no figura en el acta, por lo que no
podría ser esgrimido como razón para hacer caer lo acordado, al igual
que las inversiones atrasadas que Macri reclamó al gobierno nacional
cuando anunció, por conferencia de prensa, su intención de incumplir
lo pactado.

En respuesta a la maniobra judicial macrista, el ministro De Vido
desmintió las acusaciones y aseguró que “el gobierno nacional ha
honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme
lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con
dicho compromiso”, por lo que “se rechazan todas y cada una de las
pretendidas imputaciones”. El funcionario nacional, además, argumentó
que el incremento tarifario dictaminado por la Ciudad “comporta un
reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un
acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron”.

El acta acuerdo del 3 de enero, en su primer artículo, establece que
“la Ciudad ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la
concesión de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires”, y
en el segundo, que “la Ciudad asume el control y fiscalización del
contrato de concesión en su totalidad”. Es por esto, sostuvo De Vido,
que “la decisión de ‘suspender’ ese procedimiento, en forma
unilateral, por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su no
agotamiento o levantamiento, en ningún caso conmueve la vigencia
efectiva de la decisión administrativa” de transferir los subtes, algo
con lo que concuerdan juristas tanto afines al Gobierno como
abiertamente opositores (ver aparte).

Anoche, durante una cuidada entrevista televisiva, el jefe de Gobierno
porteño reiteró los argumentos que viene repitiendo desde que decidió
suspender el diálogo. “Nosotros estamos defendiendo la seguridad de la
gente”, sostuvo Macri, para quien “lo que pasó con los trenes no es
distinto a lo que pasa con los subtes”. Y concluyó: “Nosotros queremos
el subte. Queremos hacernos cargo del futuro”. Sin embargo, la
decisión ya está en manos de la Justicia y seguramente la última
palabra la pronuncie la Corte Suprema.






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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría