[R-P] [Alfredo Zaiat] Tarifas subsidiadas

[Néstor Gorojovsky]

Origen Página/12. Gentileza de Héctor Menéndez, cuyos comentarios
iniciales transcribimos <entre corchetes angulares>

<Este artículo de Zaiat es una buena explicación de cómo operan los
subsidios a las tarifas de los servicios públicos en la redistribución
de los ingresos. Pero no aborda la cuestión principal, la de cómo las
retenciones a las exportaciones y los subsidios que estas retenciones
posibilitan, transfiriendo renta de un sector a otro de la economía,
presionan a la baja los precios internos respecto de los
internacionales y cómo disminuye el costo laboral en la producción de
bienes transables de la industria. Una harina subsidiada, tanto como
la luz ó el transporte, bajan el costo de reposición de la fuerza de
trabajo y mejoran la competitividad externa de la economía. HM>


PANORAMA ECONOMICO
08/01/11
Tarifas subsidiadas
 Por Alfredo Zaiat

El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, anunció a fin de
año un aumento del 83 por ciento en las naftas. Evo Morales asumió la
responsabilidad del decreto que eliminaba el subsidio a los
combustibles. El Estado subvencionaba la nafta y el gasoil a un precio
equivalente de 27 dólares el barril de petróleo en el mercado interno.
En la plaza internacional cotiza cerca de los 90 dólares. El gobierno
boliviano afirmó que esos valores estimulaban el contrabando hormiga a
países vecinos y estimó que por esa vía sufría una pérdida de unos 150
millones de dólares en las cuentas públicas. Esa decisión de Evo
Morales de reducir subsidios es la política que en Argentina es
alentada por economistas y analistas ortodoxos y no pocos heterodoxos.
El resultado fue una revuelta popular y el deterioro de la imagen
positiva de Evo, quien en forma oportuna dio marcha atrás con ese
fuerte ajuste de tarifas. Esta traumática experiencia boliviana es un
ilustrativo antecedente al momento de considerar propuestas sobre
tarifas y subsidios en el país.

Existe un concepto básico en ese debate que en general no se expone:
cualquier nivel de tarifas es político. Es una definición básica que
brinda un marco conceptual más nítido para comprender la dinámica de
los precios de servicios públicos. Son decisiones políticas fijar
tarifas altas para financiar la expansión del sistema energético o la
red de transporte, o bajas subsidiadas con el objetivo social de
proteger el poder adquisitivo de la población financiando las
inversiones necesarias con recursos públicos. En esta cuestión ha sido
bastante absurdo, una contradicción en los términos, pretender que
existan tarifas no políticas cuando son definidas por la acción del
Estado.

En muchas ocasiones representantes de la corriente conservadora, con
estrechos lazos económicos con grupos privados interesados en el
sector, sostienen la necesidad de tarifas “justas y razonables”.
Afirman que éstas deberían asegurar la prestación del servicio al
mínimo costo compatible con una tasa de rentabilidad acorde con el
riesgo del negocio para incentivar las inversiones. Pese a esa
seductora definición de marketing, tarifas más altas no implican
necesariamente mayores inversiones: por caso, en Santa Fe y en Córdoba
las tarifas eléctricas son bastante más elevadas que las de Capital y
eso no se traduce en expansión y estabilidad de la red. Tampoco se
verificó ese comportamiento virtuoso en la década del noventa, cuando
tarifas caras sólo sirvieron para que los grupos privados recuperaran
rápido los fondos destinados a la compra de las compañías públicas,
así como también para acelerar el giro de utilidades a sus casas
matrices.

“Justas y razonables” es una idea bastante gaseosa que no reconoce la
complejidad estructural, coyuntural y política involucrada en las
tarifas, puesto que esa propuesta de consigna fácil sólo encierra la
meta de incrementar la rentabilidad privada. Además de suponer que el
volátil precio internacional de commodities, activos atrapados de
movimientos financieros especulativos, debe definir el precio
doméstico. Es una obviedad que esta cuestión no es igual para un país
importador de petróleo, que no tiene otra opción que aceptar el precio
internacional aunque puede no trasladarlo en su totalidad a su
población mediante subsidios aportados de fondos públicos, que un país
productor, que tiene más margen para definir qué tipo de estructura de
tarifas pretende según objetivos de desarrollo económico y social.

Existen varios aspectos relacionados con el impacto de las tarifas y
los subsidios en la economía. Uno de ellos merece una consideración
especial para luego avanzar en otros también importantes, como mejorar
la transparencia de la asignación de ese dinero, la eficacia para
evitar el despilfarro y la captura por sectores sociales y grupos
económicos que no los necesitan. El punto clave de los subsidios en
tarifas de servicios públicos desde 2003 fue que ha contribuido a
mejorar el poder adquisitivo de los salarios. En un informe de agosto
del año pasado de la consultora del economista Miguel Bein se
presentaron elocuentes datos que muestran la relevancia de esa
estrategia. Se precisa que los precios de las tarifas de energía
eléctrica, gas y transporte público de pasajeros incluidas en el
Indice de Precios al Consumidor aumentaron en promedio 31 por ciento
desde fines de la convertibilidad, cuando el resto de bienes y
servicios lo hicieron en mucha mayor magnitud. Bein realiza un
ejercicio hipotético de actualizar las tarifas a los precios relativos
de 1993, previos a las privatizaciones de los ’90. Esto implicaría un
ajuste promedio de 65 por ciento, alza que ubicaría el salario real
promedio de la economía 2 por ciento por debajo de los niveles de
fines de 2001. También efectúo otro cálculo de actualización tomando
en este caso la eliminación de los subsidios a la luz, el gas y el
transporte: el aumento de tarifas debería alcanzar el 180 por ciento,
por lo que el salario real resultante sería 7 por ciento más bajo que
antes del estallido del régimen monetario 1 a 1. En una o en otra
situación, toda la recuperación de los ingresos de los trabajadores se
esfumaría por esa hipotética suba de las tarifas en búsqueda de un
supuesto equilibrio de la ecuación económica pretendida por un difuso
saber técnico.

Con criterio, en ese documento se destaca que se trata de una simple
cuenta matemática que establece el precio que debería pagar el
consumidor eliminando los subsidios y manteniendo todas las otras
variables de la economía estables. Condición de imposible cumplimiento
puesto que provocaría alzas en cadena en el resto de los precios y
demandas salariales de compensación por esos ajustes. Bein lo
considera al mencionar que “es evidentemente inviable políticamente ya
que implica aumentos de 190 por ciento en el pasaje de colectivo, 170
por ciento en subtes y 500 por ciento en el de trenes”. Para la
energía eléctrica y gas, sin considerar los gastos de capital
realizados directamente por el Estado, ni la deuda acumulada con las
generadoras, ni los menores precios que perciben los productores
locales en relación al precio de importación, “se requerirían aumentos
de 160 por ciento en la tarifa eléctrica y 100 por ciento en la tarifa
del gas”.

Resulta llamativo que los analistas que más cuestionan el esquema de
tarifas subsidiadas son quienes señalan la ausencia de una política
antiinflacionaria. Si existe una estrategia oficial exitosa en ese
frente conflictivo de domar la inflación se encuentra precisamente en
el capítulo de las tarifas de servicios públicos. Bein estimó que el
impacto sobre el IPC de un ajuste por la eliminación de subsidios a la
energía y al transporte ascendería a 15 puntos porcentuales. Recuerda
que el aumento de la carne, con una incidencia de 3,6 puntos
porcentuales en la inflación de 2010, concentrada en el primer
trimestre del año, espiralizó la evolución del resto de los precios de
la economía. Las tensiones registradas por los aumentos durante el año
que acaba de terminar se multiplicarían por cinco, con un desenlace
político y social fácil de imaginar.

La política de tarifas subsidiadas es una medida antiinflacionaria e
implica recursos equivalentes al 3,3 por ciento del PIB. Eugenia
Aruguete indica en un documento publicado en Entrelíneas de la
Política Económica (Nº 23, diciembre 2009, del Ciepyc), que es “una
política que tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la
población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y
servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de
consumo, e indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores
ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda
agregada”.

La relevancia de tarifas subsidiadas sobre la recuperación del poder
adquisitivo del salario y como medida antiinflacionario no significa
que no se requiera mayor transparencia en la distribución, precisión
en la asignación de recursos públicos y examinar el esquema que pueda
estar privilegiando a un sector social acomodado o a grupos
económicos. Pero esa necesaria revisión, además de revisar las
evidentes limitaciones de un modelo híbrido de gestión
estatal-privado, exige partir de que el cuadro de tarifas es una
decisión política y que los subsidios son una potente herramienta de
redistribución de ingresos. En esa tarea no es sencillo eludir el
bombardeo reduccionista de realidades complejas. Especialistas
vinculados a conglomerados privados que manejan servicios públicos y
economistas de la ortodoxia ocultan o desprecian los efectos positivos
de tarifas subsidiadas. El antecedente reciente de la crisis padecida
por Evo Morales ha sido bastante convincente para alejar consejos de
una tecnocracia convencida que provocar convulsión social es un costo
menor.

azaiat en pagina12.com.ar

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Néstor Gorojovsky
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