[R-P] [Ricardo Ragendorfer] Responsabilidades en el crimen de un militante
Nestor Gorojovsky
nmgoro en gmail.com
Sab Oct 23 06:33:40 MDT 2010
[Lo más parecido a la versión oficiosa de lo ocurrido en Barracas]
Fuente:
http://tiempo.elargentino.com/notas/responsabilidades-crimen-de-militante
Responsabilidades en el crimen de un militante
Publicado el 23 de Octubre de 2010
Por Ricardo Ragendorfer
Periodista.
No hay elemento alguno que vincule el hecho en sí con un plan concebido
de antemano en las altas esferas del poder. Por el contrario, el paso de
las horas va despejando los enigmas.
Todo indica que la masacre del Puente Pueyrredón, ocurrida el 26 de
junio de 2002, había comenzado a gestarse unas semanas antes, cuando el
entonces titular de la SIDE, Carlos Soria, sorprendió al gabinete del
presidente interino Eduardo Duhalde con un informe que señalaba la
existencia de un hipotético "plan insurreccional". Tanto es así que en
vísperas de aquel miércoles se tejió una fina maniobra para deslucir los
cortes en Avellaneda, impulsando primero una situación de caos, con el
apoyo de provocadores e infiltrados. La idea era aplicar sobre ella una
represión medida, disciplinante y con un alto contenido mediático, para
así instalar la ilusión de que el orden había sido restaurado. No
contaban con la sutileza de La Bonaerense. Lo cierto es que la
incompetencia brutal de sus efectivos derivó en el asesinato de los
piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a la vista de
innumerables testigos, muchos de ellos con cámaras fotográficas y
televisivas. Es posible que dicha escena también haya sido observada por
un pibe de 14 años que por entonces se iniciaba en el activismo
político; su nombre: Mariano Ferreyra.
Cabe recordar que el diario Clarín, en su edición del 27 de junio de
ese año, tituló su cobertura al respecto con las siguientes palabras:
"La crisis causó dos nuevas muertes". Extraña frase para describir un
doble crimen cometido desde el Estado. Ocho años después, una patota de
la Unión Ferroviaria atacaría con armas de fuego a trabajadores
tercerizados que intentaban cortar una vía. Ya se sabe que en tal
ocasión la víctima fatal no fue otro que Mariano Ferreyra, quien acababa
de cumplir 23 años y pertenecía al Partido Obrero. Se trató, sin ninguna
duda, del hecho institucional más grave sucedido desde 2003 hasta la
fecha, al punto de que, el 21 de octubre, el título principal de Clarín
fue: "Fuerte conmoción por el asesinato de un militante".
Ese mismo jueves, TN transmitió en directo y sin interrupciones la
multitudinaria marcha en Plaza de Mayo para repudiar lo ocurrido. En esa
oportunidad, los noteros soslayaron –quizás por única vez– la presencia
de manifestantes con palos y rostros cubiertos. Y le concederían al
Partido Obrero el trato respetuoso que, en otro contexto, sólo
acostumbran a dispensarle, por caso, al socialcristianismo europeo. Al
día siguiente, el título del diario de Héctor Magnetto fue: "Presión al
Gobierno por el crimen de un militante". A ello se le sumó una gran
insistencia en evocar la participación de enviados del líder de la Unión
Ferroviaria, José Pedraza –el jefe político de los agresores–, al acto
oficialista por el 17 de octubre en el estadio de River. Y por si fuera
poco, remarcarían una y otra vez la circunstancia casual de que
Ferreyra, siendo casi un niño, estuviera en el Puente Pueyrredón cuando
asesinaron a Costeki y Santillán. Como si aquellos dos crímenes y el
suyo hubiesen salido de la misma cantera.
En cuanto a lo del Puente Pueyrredón, resulta ineludible la
responsabilidad del poder de entonces. El informe Soria, pese a su carga
descabellada, tuvo una enorme acogida entre los "halcones" del gobierno,
alineados detrás del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Los ministros
del Interior y Justicia, Jorge Matzkin y Jorge Vanossi, junto al
secretario general de la Presidencia, Ángel Fernández, y el canciller,
Carlos Ruckauf, fueron desde entonces los encargados de endurecer el
discurso oficial y de propagarlo. Hasta llegaron a enviar comunicaciones
a los gobernadores de todo el país alertando sobre el presunto complot y
dar el visto bueno a posibles rebrotes represivos. Súbitamente había
variado la estrategia oficial de no interferir en las protestas
sociales. En ese giro estaba el germen de la masacre.
Lo ocurrido durante el mediodía del miércoles fue diametralmente
distinto, aunque, desde luego, no menos grave ni dramático. En el
aspecto fáctico, no hay elemento alguno que vincule el hecho en sí con
un plan concebido de antemano en las altas esferas del poder. Por el
contrario, el paso de las horas va despejando los enigmas. La fiscal
Cristina Caamaño ya ha identificado a algunos agresores de Ferreyra. Y
determinó, por ejemplo, que Roberto Prado, un afiliado de la UF de los
talleres de Remedios de Escalada, y el delegado de ese mismo gremio,
Daniel González, participaron en la sangrienta emboscada, tal como lo
confirman las imágenes televisivas y también las captadas por cámaras de
seguridad. En la madrugada del viernes se le tomó declaración a un
testigo clave vinculado al mismísimo sindicato de Pedraza, quien habría
aportado los nombres de otros cuatro atacantes.
En el aspecto político, el asunto es más complejo. Al respecto, cabe
recordar la torpe exculpación efectuada por el dirigente de la UF, Pablo
Díaz, en el sentido de que su gremio "no dejará cortar las vías". Tales
palabras no fueron sino una reivindicación del uso de la "violencia
legítima", como si un conglomerado de matones y barrabravas tuviera el
atributo de ejercer la facultad de reprimir, convirtiendo ese acto en
una suerte de justicia por mano propia.
A su vez, la pasividad cómplice de la policía tampoco debe dejar de ser
tomada en cuenta. Ni el rol de los empresarios del sector, quienes -con
sus eventuales socios sindicales- han articulado un sistema de trabajo
basado en la supresión de todo tipo de garantías para potenciar el lucro
y disminuir sus responsabilidades legales y sociales.
Conjurar esta perversa constelación de factores es, desde luego, una
deuda del Estado.
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