[R-P] TIERRAS ,SOJA Y ONU

[maría Sola]

los abusos que padecen las familias indígenas de las zonas rurales, en
el escenario político internacional
La ONU indaga en los derechos de los campesinos
El Movimiento Campesino Indígena llegó a través de la APDH a las
Naciones Unidas, el organismo está cerca de enviar una misión que se
ocupará de las denuncias sobre violencia.
Rodolfo González Arzac14.03.2010 Caso. Santos Ramón González recibió
un balazo en medio de un operativo que montó la policía para quitarle
las tierras en las que su familia vive desde hace sesenta años.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que representa a
unas 15 mil familias que viven en pueblos rurales, presentó a través
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) un detallado
informe ante las Naciones Unidas acerca de la difícil situación de los
derechos humanos en seis provincias argentinas. El relevamiento podría
traer dos consecuencias: la llegada de una inspección de la ONU y,
luego, una posible recomendación del organismo al gobierno argentino.
Un potencial que depende, como suele ocurrir en estos casos, de un
sinfín de variables políticas. Más allá de si concreta sus objetivos
últimos, el trabajo tiene un peso específico.

“La tarea que se sintetizó en el informe tiene que ver con un largo
camino de denunciar lo que está pasando en el campo argentino. Se
demuestra la violación de los derechos humanos. Y está basado en un
informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esperamos que las
Naciones Unidas verifiquen las denuncias y recomienden políticas para
defender los derechos”, le dijo a Crítica de la Argentina Ramiro
Fresneda, abogado del MNCI.

El documento de casi 200 páginas describe los numerosos casos de
desalojos violentos de campesinos –empujados por autoridades
políticas, judiciales y policiales– que están amparados por la ley que
determina la posesión veinteañal (al haber actuado como propietario
durante ese lapso, en forma pacífica, continua e interrumpida). El
alto impacto tóxico de las fumigaciones aéreas en las comunidades
rurales. El terrible efecto en el presente de las minas abandonadas en
décadas pasadas, como en las localidades de Abra Pampa y Pan de
Azúcar. Los casos de contaminación y amenazas a la población que
protesta por los daños causados en las minas que están funcionando,
como Minera Alumbrera y Agua Rica, en Catamarca. La situación grave
que atraviesan los pueblos originarios. Y el extraordinario cambio en
la estructura de producción –la concentración en grandes empresas– que
implica el modelo agroexportador.

Días atrás, el informe fue presentado en público en la sede porteña de
APDH. Entre las conclusiones se considera que la situación de los
derechos humanos en Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Jujuy,
Salta y Catamarca es “extremadamente crítica”. La movida, poco usual,
de peso político internacional le da visibilidad a situaciones poco
conocidas, dramáticas y olvidadas por la dirigencia política. Los
testimonios recogidos y los casos denunciados son contundentes. En
esta página se describen dos de ellos. Uno, con la violencia de
protagonista en Santiago del Estero. Otro, en Córdoba, que obligó a
decenas de familias a abandonar sus lugares, y que se origina en una
situación, sencillamente, insólita.

Quimilí. En el lote cinco, en el paraje El Colorado, en las afueras de
la polvorienta Quimilí, se vive una de las batallas con más violencia
de las que sufren los campesinos en Santiago del Estero. El caso de
Santos Ramón González es parte medular del informe que el MNCI
presentó ante las Naciones Unidas. Y registra la complicidad de
políticos, jueces y policías con empresarios para quitarle a la
familia las tierras que ocupan hace más de sesenta años. Las visitas
privadas o policiales, por las noches, con amenazas y tiros, empezaron
en 2003. Entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 hubo cuatro. La
más feroz fue la que formó parte del septiembre negro: una embestida
que incluyó razias en varios municipios de la provincia, dejó 27
detenidos, y se libraron 150 órdenes de captura contra campesinos de
la zona. El 8 de septiembre de 2008, a las siete de la mañana, con
frío bajo cero, la familia González estaba lista para comenzar con las
tareas de todos los días. Santos Ramón iba a juntar maíz. Pero dos
policías armados con escopetas golpearon y derribaron la puerta de su
casa. Gritaban.

–A vos te buscamos, hijo de puta.

A Santos Ramón le dieron un tiro en la pierna izquierda. Otros tres
tiros pegaron en la pared gracias a la intervención de Luis, uno de
sus hermanos. A don Román González, el padre de ambos, entretanto, dos
mujeres de uniforme lo cachetearon para que no mirara. A Víctor, el
marido de una de las González, lo tiraron al suelo y lo sacudieron a
patadas. Todos fueron detenidos.

Entre los hombres armados y los vehículos de la policía los González
vieron otra camioneta: una Nissan Frontier roja. Conocen a su
conductor: Miguel Jiménez, un puntero político clave en los tiempos de
los Juárez que conserva su poder intacto en los tiempos del gobernador
Gerardo Zamora, un radical de excelente sintonía con los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner.

La policía que acompañó a Jiménez, o viceversa, dijo que se llevaba a
Santos Ramón González por haber disparado contra una avioneta que
fumigaba. Es una causa vieja que los campesinos habían dado por
cerrada tras probar que ese día, a esa hora, Santos Ramón no estaba en
el lugar desde donde se hicieron los tiros. Los hermanos González
comprobaron rápidamente que el motivo de la detención no era lo
central. Los agentes les ofrecieron la libertad a cambio de que le
reconocieran la posesión del lote 5 a la persona que los denunció: un
testaferro de un empresario de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Los
González se negaron, y Santos Ramón y Luis fueron a parar 45 días al
penal de Santiago del Estero. Les dieron la misma celda que a un
asesino. Nunca recuperó ni su camioneta, ni 5.400 pesos que tenía
ahorrados ni sus herramientas de trabajo. La policía se llevó todo.
Santos Ramón, además, tiene cuatro puntos de sutura donde le
dispararon. Y rabia.

La Rinconada. En el paraje de La Rinconada, departamento de Río Seco,
en Córdoba, se registra otro de los conflictos denunciados ante las
Naciones Unidas. Es un caso, como tantos otros, con títulos de
propiedad de dudoso origen. De hecho, el empresario de jugos René
Fritzler alambró unas 23 mil hectáreas donde viven hace más de 120
años unas 50 familias –hace dos años eran el doble– mostrando un
título de la provincia de Santiago del Estero. La localidad está en el
límite de Córdoba y Santiago, pero, según determinó la Justicia, no
existen dudas de que el campo queda en Córdoba. En los hechos, los
campesinos quedaron aislados, sin poder salir a la ruta y sin que sus
animales accedan al agua. Fritzler, además, curiosamente, construyó en
el campo una pista de aterrizaje de 1.700 metros.