[R-P] ]Alfredo Zaiat[ Llamen a un actuario

[Néstor Gorojovsky]

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-149683-2010-07-17.html

PANORAMA ECONOMICO
Llamen a un actuario
Por Alfredo Zaiat

En la Facultad de Ciencias Económicas se cursa una carrera poco
elegida por los estudiantes. Es mucho más exigente que el resto con
una duración similar estimada de cinco años. Tiene una orientación de
Economía y otra de Administración. Son pocos los que transitan los
pasillos de la facultad, pero se los identifica rápidamente en los
cursos que comparten con jóvenes de las otras carreras. En general,
son los que se sacan las mejores notas. Hay pocos graduados en
relación con la demanda del mercado. Por ese motivo son muy requeridos
y reciben una buena retribución por su trabajo profesional. En
términos básicos, el actuario es un matemático-economista que
originalmente estaba orientado a calcular primas de seguros y que
luego fue ampliando su área de influencia. Aplica sus conocimientos
para evaluar los hechos económicos y sociales sometidos a leyes
probabilísticas y financieras, con el fin de proponer planes
equilibrados que permitan el cumplimiento de prestaciones recíprocas
de ambas partes (compañía de seguro/asegurador o sistema
previsional/jubilado). Analiza las condiciones de cambio de valores
presentes por valores futuros, estableciendo el equilibrio actuarial y
las cotizaciones o compensaciones necesarias. Elabora las bases de
cálculo de las reservas monetarias requeridas para hacer frente a los
reclamos esperados en la industria del seguro, en la seguridad social,
seguro de enfermedad y los programas de jubilaciones y pensiones. El
cálculo actuarial es, en definitiva, la herramienta para definir
seguros, primas y pensiones, entre otras prestaciones.

La contribución de los técnicos es fundamental para la acción
política. Esto no significa que se atribuya a una tecnocracia la
capacidad de ser gobierno, como pasó con el increíble gabinete
nacional compuesto por seis economistas durante la administración De
la Rúa o que pase a ejercer el predominio en la gestión como en la
década del noventa. Deben estar subordinados a los objetivos
planteados por el poder político, pero los aportes de los expertos no
pueden ser ignorados si el objetivo es dar solvencia a iniciativas
políticas.

El cálculo actuarial es un instrumento fundamental para iniciar un
debate riguroso en el tema jubilatorio. Esos estudios definen el
compromiso que asume el Estado estableciendo el valor presente de
todos los haberes futuros a favor de personas que tengan o vayan a
adquirir ese derecho. Ese valor se establece en forma anual en bases a
estudios actuariales. Ese monto se proyecta en el tiempo y se lo trae
a valor presente: debido a que el dinero tiene valor en el tiempo, a
cada uno de estos pagos se le aplica una tasa de interés o de
descuento. Pero se debe agregar otro condimento: se define el monto
pero también se tiene que precisar la posibilidad de pagarlo. Aquí
interviene el actuario con una valoración económica en la cual además
de reconocer que el dinero tiene valor en el tiempo, estima la
posibilidad de que cada pago se haga. Es decir, a cada pago se le
asocia la probabilidad de ocurrencia. Las variables clave para ese
cálculo son la proyección de largo plazo de la población total, la
tasa de natalidad, la expectativa de vida, la composición por sexo.
También son importantes la relación trabajadores activos/pasivos y la
estimación del porcentaje de personas mayores de 65 años respecto del
total de la población. Ese indicador es para Argentina de 10,4 por
ciento en la actualidad y se proyecta a 19,0 por ciento en el 2050,
según análisis de la Anses.

Proponer cambios en el sistema previsional requiere de cierta seriedad
analítica y rigurosidad conceptual para no tropezar en el papelón ante
la mirada de actuarios, o para no caer en falsas promesas en el ámbito
de la política. La interpelación “la plata está” o “existe un
superávit de las cuentas previsionales” para argumentar la posibilidad
de pagar el 82 por ciento móvil con base en el salario mínimo, vital y
móvil avanza por la misericordia de expertos llamados a silencio.
También porque pocos se atreven a ser antipáticos de una causa noble
que postula la mejora de las jubilaciones. Ese debate forma parte de
la tensión política mediática que en esta oportunidad pone en disputa
las expectativas de los jubilados. Se sabe que la solvencia temporal e
intertemporal del sistema previsional es más compleja que el vulgar
cálculo contable de economistas.

Más aún cuando varias de esas estimaciones, como en los noventa con
las AFJP que derivó en el desquicio del régimen previsional o como
hace dos años con la fórmula de movilidad, se revelaron fallidas. A
veces ciertos proyectos generan inquietud sobre su resultado, aunque
presuponen un avance respecto de la situación previa. Ese fue el caso
de la complicada fórmula de movilidad jubilatoria aprobada el 2 de
octubre de 2008 en el Senado con 45 votos a favor y 22 negativos,
luego de la media sanción en Diputados del 4 de septiembre de ese año
por 140 a 78. En esos meses de intensas deliberaciones diferentes
referentes políticos que se oponían afirmaron que “esa fórmula es una
maldad”, “es tramposa y ciega”, “no es de movilidad”, “tira para abajo
el incremento de los jubilados”, “es inconstitucional porque no
respeta la movilidad”. Incluso algunos de ellos realizaron
proyecciones sentenciando que el ajuste de 2009 sería de 5,7 a 7,8 por
ciento. Como se conoce, el aumento fue bastante superior a esas
cifras. También se cuestionó cómo se diseñó la fórmula, que por cierto
es complicada, asegurando que los aumentos serían mayores si se
aplicara el Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores
estables, elaborado por la Secretaría de Seguridad Social) o el índice
de salarios del Indec. La evolución del ajuste jubilatorio en el
período diciembre 2008-marzo 2010 relativiza esas comprensibles
inquietudes. El aumento acumulado de los haberes según el índice de
movilidad vigente fue de 29,73 por ciento, mientras que si se hubiese
optado por el Ripte habría alcanzado el 23,15 por ciento, o si el
elegido hubiera sido el índice de salarios del Indec las jubilaciones
habría subido menos, 22,19 por ciento en ese lapso.

La propuesta de sumar otro factor a ese índice de movilidad, que por
ahora ha mostrado ser más favorable a los jubilados que otros
sugeridos, estableciendo que el piso debe ser equivalente al 82 por
ciento del salario mínimo, vital y móvil, puede distorsionar el
funcionamiento del sistema. Esto lo sostienen actuarios preocupados
por la solvencia del régimen de reparto. Señalan que a una fórmula
general de actualización se le agregaría un componente aleatorio como
el monto del salario mínimo, vital y móvil. Este es fruto de la
negociación en el Consejo del Salario, donde los representantes de las
empresas buscan moderar su alza mientras que los trabajadores impulsan
su incremento. El Estado es el tercer protagonista de esa puja
actuando de árbitro en función de su análisis del mercado laboral,
estructura salarial de la economía y convicción política respecto de
qué sector favorecer. Si se incorporara al salario mínimo una carga
más sobre su mochila en esa negociación, al vincularlo con el sistema
previsional, el Estado tendría más prevenciones por su impacto
presupuestario de la Anses. Se puede plantear entonces un escenario de
ciencia ficción política: teniendo en cuenta que influye en la
definición de los montos de las jubilaciones, ¿qué posición tendría
ante la negociación por el salario mínimo, vital y móvil un gobierno
que dispuso la emergencia previsional, congeló haberes o directamente
los redujo en un 13 por ciento?

En la razonable aspiración de una jubilación más elevada se podrían
encontrar otras vías o, si existiera, presentar un fórmula superadora
de la actual, porque en última instancia lo que se está planteando es
modificar el esquema de movilidad jubilatoria. Por los antecedentes
recientes, antes en el debate por la fórmula de movilidad y ahora con
el 82 por ciento móvil, sería prudente que aquellos interesados en los
ingresos de los jubilados se preocupen en llamar a un actuario para
evitar que propuestas supuestamente bien intencionadas terminen en la
quiebra del sistema previsional abriendo así las puertas para generar
las condiciones a una nueva privatización.

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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría