[R-P] [Tomás Lukin] La independencia del Banco Central.

[Gustavo Battistoni]

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LA “INDEPENDENCIA” DEL BANCO CENTRAL, ATRIBUCION EXPUESTA POR LA
OPOSICION PARA RESISTIR EL DESPIDO DE REDRADO Y EL FONDO DEL
BICENTENARIO
El blindaje del Banco Central frente al poder político

La “independencia” forma parte del diseño institucional de las bancas
centrales impulsado por la ortodoxia económica. Numerosas experiencias
internacionales revelan que esa autonomía no es tan estricta. En la
práctica se plantea la necesidad de coordinar estrategias económicas.

  	

 Por Tomás Lukin

El conflicto con el despedido presidente del Banco Central, Martín
Redrado, ha despertado un debate interesante respecto de la atribución
de “independencia” de la entidad monetaria. La oposición y analistas
enrolados en la corriente ortodoxa interpretan esa autonomía como la
imposibilidad de cualquier injerencia de los poderes democráticos en
las medidas monetarias y financieras que implementa el Banco Central.
En estos días turbulentos en el ámbito político y judicial, resulta
oportuno analizar desde visiones económicas alternativas y, en
especial, desde experiencias internacionales, esa idea de
“independencia”. En Corea del Sur y Japón, bancos centrales
dependientes del gobierno y comprometidos con el crecimiento económico
cumplieron un rol significativo en el proceso de desarrollo de sus
países. Durante la actual crisis financiera, la independencia de la
Reserva Federal –la banca central estadounidense– no trabó la emisión
de miles de millones de dólares y el billonario rescate del sistema
financiero que fue diseñado por el gobierno en coordinación con la
autoridad monetaria. En 1999, la independencia del Banco Central de
Ecuador se tradujo en la renuncia del país a la soberanía monetaria.
En el plano local, la independencia del BCRA no fue puesta en duda
cuando se designó al ex jefe del área de Monedas del JP Morgan Chase,
Alfonso Prat Gay, al mando de la institución; al ex funcionario del
FMI, Mario Blejer; o al Chicago boy de la Fundación Capital, Martín
Redrado. Tampoco se cuestiona la independencia de los distintos bancos
latinoamericanos que intervienen activamente en su mercado de divisas
–Colombia, Chile o Brasil– para mantener un nivel de tipo de cambio en
sintonía con la política del gobierno.

La “independencia” forma parte del diseño institucional de los bancos
centrales impulsado con éxito por la ortodoxia económica a partir de
la década del ochenta. Con la fresca memoria de los procesos
inflacionarios de la época, la atractiva idea por detrás de la
independencia es que cuanto mayor sea el “blindaje” de la autoridad
monetaria al poder político, mejor será el desempeño del país. Desde
ese momento, la estabilidad de precios se volvió así el objetivo casi
excluyente de los BC relegando a un segundo plano el crecimiento
económico y del empleo. Pese a la extensa lista de fracasos que
presenta, ese diseño institucional domina las cartas orgánicas de la
mayoría de las bancas centrales del mundo.

Por fuera del pensamiento económico dominante advierten que el
entramado teórico que sostiene esas ideas –el mismo que impulsó las
reformas estructurales de los noventa– es falso. Apuntan, a su vez,
que no existe evidencia empírica que lo sostenga para el caso de los
países periféricos y dependientes como Argentina. Para la heterodoxia,
es indispensable la necesidad de coordinación y dependencia entre las
distintas políticas económicas como pilar para sostener un proceso de
desarrollo que no esté basado en el ajuste permanente. Además, señalan
que, aunque se han registrado cambios sustantivos en la política
económica desde la salida de la convertibilidad, la ausencia de
voluntad política ha convalidado el mismo entramado financiero-legal
vigente desde la última dictadura y perfeccionado durante la década
del noventa.

La receta ortodoxa

Como los gobiernos tienen una inclinación a privilegiar objetivos de
corto plazo distintos a la estabilidad de precios –empleo, salarios,
competitividad, crecimiento del crédito, financiamiento del déficit–,
sacrificando el desempeño económico de largo plazo, el Banco Central
debe estar aislado del gobierno. Los beneficios inmediatos que puedan
traer esas políticas para los trabajadores son un “engaño” que condena
al país a un incremento de precios innecesario que muchas veces puede
desencadenar procesos hiperinflacionarios.

Por eso, la autoridad monetaria debe estar a cargo de un banquero
conservador que procure convencer a los mercados de que su objetivo
excluyente es proteger el valor de la moneda –la inflación– con total
independencia de los intereses del gobierno. Para mantener la
estabilidad de precios la autoridad monetaria debe tener independencia
de instrumentos, la autonomía necesaria para establecer cuál es la
mejor forma de combatirla.

La presencia de una ley que lo declare independiente, la ausencia de
controles del gobierno y estrictas limitaciones para su financiamiento
a través de la entidad, mecanismos de selección de funcionarios donde
el gobierno tiene una injerencia muy reducida, un mandato para el
titular de la autoridad monetaria que supere en extensión al del
presidente de la Nación y la posibilidad de aplicar políticas sin
consultar al gobierno son algunos de los elementos formales que hacen
a la independencia de los bancos centrales. Con esos dispositivos el
banquero central impide que el gobierno incurra en graves errores
populistas. La profusa literatura económica y sus sofisticados
estudios econométricos, realizados por prestigiosos economistas,
demuestran que la inflación promedio y la variación del PIB están
correlacionadas negativamente con el grado de independencia del banco
central.

El atractivo del diseño institucional ortodoxo es innegable: si se
garantiza un banco central “independiente” y “creíble” dedicado al
control del valor de la moneda, es posible lograr la estabilidad y
crecimiento que los distintos gobiernos erosionan.

Atractivo, no inofensiva

La liberalización comercial y financiera, la eficiencia, la
desregulación del sistema bancario, el equilibrio fiscal, el
endeudamiento “barato” a largo plazo, la apertura externa, la mayor
competitividad, la flexibilidad laboral y la estabilidad son el resto
de los atractivos argumentos que utilizó la corriente dominante para
instalar una estructura excluyente que profundizó la desigualdad,
disparó el desempleo, desmanteló el aparato productivo e impulsó la
retirada del Estado de la esfera económica. Esa misma teoría, con el
apoyo del sector empresario-financiero y las imposiciones de los
organismos multilaterales de crédito, pregonó la idealizada
independencia de la banca central. La teoría económica dominante nunca
menciona si la independencia también debería darse frente a las
presiones originadas en el sector privado.

El reciente debate abierto alrededor de la “independencia” del Banco
Central no responde solamente a una cuestión de carácter institucional
inofensiva y meramente técnica. Existe un vínculo muy estrecho entre
el control de la inflación, el desempleo, la distribución del ingreso
y la puja distributiva. Martín Abeles y Mariano Borzel advierten en
Metas de Inflación, un trabajo publicado por el Cefidar, que “la
convalidación o discusión de la distribución del ingreso supone una
decisión política, no una decisión técnica que pueda quedar a cargo de
la autoridad monetaria independiente de las instituciones políticas”.
Para los autores, “el accionar del BCRA debe inscribirse dentro de un
contexto más amplio, que contemple la discusión acerca de la inserción
financiera internacional más conveniente para un país en desarrollo
como la Argentina, desde su régimen cambiario hasta el grado de
apertura al flujo internacional de capitales.”

La evidencia empírica demuestra que ni siquiera los países
industrializados, con BC independientes, pudieron combatir la
inflación sin incurrir en costos en materia de Producto y empleo. Los
rigurosos estudios no se verifican en el caso de las economías como
periféricas. Sin embargo, para los teóricos ortodoxos el fracaso de la
fórmula no responde a la falsedad de sus fundamentos, sino a la brecha
que existe entre la independencia legal y la real. Esta postura
permitió que a mediados de 2002, cuando la convertibilidad estaba en
caída libre, los economistas del Instituto Tecnológico de
Massachusetts Rudiger Dornbush y el chileno Ricardo Caballero llevaron
la independencia al extremo al proponer que la política económica del
país estuviera a cargo de “un equipo de experimentados banqueros
extranjeros”. La política económica debía ser totalmente independiente
del gobierno central. En otras palabras, el país debía renunciar a la
soberanía y someterse al dictamen de la sabiduría ortodoxa.


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