[R-P] [Emilio Marín] Bolsa y pala / Ley de medios, trabada / Deuda externa en debate / Inflación

[abulafia en arnet.com.ar]

Ayer, creo, decía en esta lista de profetas, que se terminaba la cosecha y 
las ventas y estos guampudos volvía al tractorazo.
Hoy lo escuche Al Bussi, anunciando el tractorazo.

No había que ser tan vidente, pero,por favor compañero. Alcáncemé dos 
porotos.

Outa

----- Original Message ----- 
From: "Nestor Gorojovsky" <nmgoro en gmail.com>
To: <abulafia en arnet.com.ar>
Cc: "Lucha de masas para recuperar la Argentina" 
<reconquista-popular en lists.econ.utah.edu>
Sent: Tuesday, February 16, 2010 4:36 PM
Subject: [R-P] [Emilio Marín] Bolsa y pala / Ley de medios, trabada / Deuda 
externa en debate / Inflación


CITANDO LA FUENTE,EL MATERIAL DE ESTA LISTA ES DE LIBRE REPRODUCCIÓN


BALANCES EN LA BOLSA REGISTRAN FUERTES GANANCIAS

Algunos dirigentes empresarios

se quejan de llenos:

la están juntando con pala

Ayer la Federación Agraria protestaba en Chabás con un tractorazo, pero
los patrones agropecuarios de esa entidad y la Mesa de Enlace tendrán
una cosecha excelente. Algunos se quejan de llenos.

EMILIO MARÍN

En la caída en la producción de trigo tuvo mucho que ver la mayor sequía
que el país sufrió en 50 años. El gobierno dispuso una serie de medidas
de alivio a los productores. Pero para los dirigentes de la Federación
Agraria y Carbap, aquellas disposiciones serían poco menos que
inexistentes. Con ese argumento la nombrada en primer término lanzó un
tractorazo y anunció una protesta ante el puerto de Quequén para la
última semana de febrero. Carbap cavila su cronograma de asambleas.

El más desubicado fue Alfredo de Angeli. Aunque bastante venido a menos,
el titular de la FAA de Entre Ríos dijo que en marzo los productores
iban a estar al costado de las rutas y que “en cinco minutos” podían
cortarlas. Para el bocón de Gualeguaychú, la situación del campo “es un
desastre”.

Sin embargo los datos agropecuarios pintan un panorama diferente. Según
estimaciones gubernamentales, la cosecha 2009-2010 alcanzará 90 millones
de toneladas y estará cerca del récord de 97 millones de dos años atrás.

El suplemento de “La Voz del Interior” del 14/2 llevó por título “El
nuevo boom del campo, La locomotora vuelve a marchar”. El especialista
Néstor Sargiotto afirma allí: “el éxito que promete la campaña 2009-2010
alienta expectativas en fabricantes de maquinarias agrícolas,
automotrices, constructoras, agencias de turismo, bancos, comercios y
servicios en general”.

Según él, la cosecha que se empezará a recoger en dos meses será de 85,9
millones de toneladas, un 40 por ciento superior a la del ciclo afectado
por la sequía. Los precios también han aumentado, pues de los 718 pesos
que cotizaba la tonelada de soja en diciembre de 2008 se llegó en
diciembre de 2009 a 995 pesos, 38,6 por ciento más. Y los insumos son
ahora más baratos.

El informe sostiene que “el valor bruto de la campaña (de este año)
ascendería a los 67.500 millones de pesos, por lo que el salto
interanual rondaría un 63 por ciento en pesos corrientes”. Las
proyecciones moderadas estiman ingresos adicionales por más de 20.000
millones de pesos respecto a los valores manejados a nivel productor
durante la campaña pasada.

¿Qué el Estado también recaudará más? Sin duda. Sargiotto pronostica que
serán 30.000 millones de pesos, pero “que de alguna manera volverán a la
actividad (agropecuaria) vía ´fondo sojero´ coparticipable a las
provincias, subsidios de tarifas, Aportes del Tesoro Nacional, etc”.

¿Dónde está el “desastre” inventado por la Mesa de Enlace? Eduardo Buzzi
pidió al gobierno que compre la cosecha de trigo y garantice el precio a
los productores. Pero debería ponerse de acuerdo consigo mismo, porque
cuando Cristina amagó fundar una empresa estatal de comercio exterior,
la solicitada de la Bolsa de Cereales y del Centro de Exportadores de
Cereales, fulminando esa iniciativa, llevó la firma de la FAA (diarios
28/2/2009).

Se van para arriba

A nivel de la industria y servicios, se pueden leer aún pronósticos
escépticos sobre la evolución de los negocios. Pero ya no tienen el tono
catastrofista de meses atrás, cuando pintaban un cuadro dantesco para
2009. El multimedios Clarín era uno de los más alarmistas, pero sin
apego a los hechos económicos sino más que nada para desgastar al gobierno.

Los balances enviados a la Bolsa de Comercio, con todo lo relativos que
pueden llegar a ser estos documentos de especialistas en evadir, indican
que el 2009 fue mucho mejor para las firmas que cotizan allí.

Por ejemplo, las compañías de Eduardo Elztain. Cresud, agropecuaria,
ganó 141 millones de pesos; Irsa, inmobiliaria, ganó 264 millones y Alto
Palermo (once shoppings), 71 millones.

Aún con la caída relativa de los precios del crudo, Petrobrás informó
que sus ganancias ascendieron a 925 millones de pesos, casi 20 por
ciento más.

Arcor, cuyo dueño Luis Pagani fue hasta hace poco el presidente de la
Asamblea Empresaria Argentina –uno de los centros monopolistas más
críticos del gobierno-, vio engrosar ventas en un 2 por ciento. Aún debe
el balance, que seguramente será superavitario.

La industria automotriz picó en punta en 2010 para llegar a la meta de
700.000 unidades fabricadas y vendidas. El año anterior tuvo una marca
de 525.000 autos, una buena performance en medio de tanta apocalipsis.

Con los 31.000 autos de enero de 2010, superando en un 68 por ciento lo
producido en mismo mes del año anterior, se confirma que este será un
año de bonanza para los directivos de la Asociación de Fábricas de
Automotores (Adefa). Estos estiman que si todo marcha como hasta ahora
se producirán 640.000 vehículos. La jefa de Estado había sido un poco
más optimista e imaginado que serían 700.000.

Esa reactivación de las terminales ayudará al grupo Techint, que les
provee la chapa por medio de Siderar. Esta no tuvo un buen 2009; sí nadó
en dinero el año previo, junto al otro brazo del pulpo, Tenaris (tubos
sin costura). La revista Fortuna se refirió a los dividendos de la zaga
central de Paolo Rocca: “si se sigue en tren de comparaciones, se
observa que las ganancias netas de ambas empresas durante el ejercicio
2008 superan los $ 9.900 millones” (17/6/2009).

A la hora de facturar, Techint no tendría reparos nacionales. Se deduce
de la denuncia de varios diputados contra un embarque suyo en el puerto
de Campana, que supuestamente iba a hacer Tenaris en un barco danés con
destino a la ilegal explotación petrolera británica en Malvinas.

Mucha plata, sin créditos

Los informes de la Bolsa de Comercio también son muy ilustrativos
respecto a las extraordinarias ganancias de los banqueros argentinos y
extranjeros.

El Macro, de Jorge Brito, informó ganancias por 751 millones de pesos en
todo el año pasado, 14 por ciento más que en 2008. El Banco Hipotecario,
cuyo management responde al citado Elztain, notificó que sólo en el
cuarto trimestre de 2009 tuvo ganancias por 79 millones de pesos, cinco
veces más que en igual período de 2008. Los depósitos de esta entidad en
2009 fueron 3.479 millones de pesos, 42 por ciento más.

Sin embargo, a pesar de tanta liquidez, los banqueros admiten que sus
créditos son escasos y de corto plazo, para consumo y comercio, en tanto
los de tipo hipotecario y a largo plazo son los menos. Mercedes Marcó
del Pont en el BCRA y su reemplazante en el Banco Nación, Juan C.
Fábrega, tienen casi todo por hacer. Y es extremadamente difícil que lo
logren si dependen de la cooperación de Brito, titular de Adeba (bancos
privados nacionales) y Mario Vicens, de Abra (bancos extranjeros).

La semana pasada Marcó del Pont tuvo una reunión con esos financistas y
otros, entre ellos Carlos Heller, pero los cambios del sector por ahora
son apenas palabras. Entre otros obstáculos, falta remover la vieja ley
de entidades financieras de la dictadura militar (José A. Martínez de
Hoz y Adolfo Diz) y modificar la Carta Orgánica del Banco Central,
herencia del cavallismo.

Los banqueros se excusan de no ofrecer mejores créditos hipotecarios
diciendo que “los bancos no disponen de los recursos provenientes de los
ahorristas en los plazos y las tasas que podrían viabilizar la oferta”.
Y también imputan que la creciente inflación tiene que ver con los
reclamos salariales, punto en el que sintonizan con la Unión Industrial.

Vicens, de Abra y ex secretario de Hacienda del gobierno de De la Rúa,
preguntado sobre los factores para contener la inflación, contestó: “uno
de los más importantes es la política salarial. Este año (2009) los
salarios subieron más que la productividad. Si ese patrón se repite, es
un impedimento para que baje la inflación” (“La Nación”, 27/12/2009).

En síntesis. Varios popes empresarios y muchos políticos de la oposición
conservadora, han hablado hasta por los codos sobre una perspectiva
sombría para la economía. Esto se ha demostrado básicamente falso. No
han dicho una palabra, en cambio, sobre las ganancias extraordinarias de
los monopolios nacionales y extranjeros, que deberían ser gravadas con
impuestos por el Estado si quiere atender a frentes sociales urgentes
como la superación de la indigencia y la pobreza, la creación de empleo,
el mejoramiento previsional, las crisis provinciales, la inversión en
educación, etc.

CUATRO FALLOS ADVERSOS PROMOVIDOS POR MONOPOLIOS

La ley de medios se encuentra

Virtualmente paralizada, para

Alegría de Clarinete

La ley de servicios de comunicación audiovisual fue aprobada por el
Congreso el 10 de octubre del año pasado. Supuso un avance frente al
adefesio de la dictadura. Pero está empantanada tras cuatro fallos
judiciales adversos.

EMILIO MARÍN

La nueva ley de medios, Nº 26.522, se votó con mayorías más que
suficientes en las dos cámaras, tras un proceso de foros donde se
recogieron numerosas proposiciones de quienes son parte de los medios y
de la ciudadanía en general.

En el debate parlamentario, y pese al boicot de la oposición
conservadora en Diputados –se retiró del recinto, sin participar de la
discusión y votación-, surgieron otros cambios y precisiones. Así se
mejoró el texto legal que se habia puesto en consideración ante la
opinión pública en marzo de 2008 en La Plata, que venía precedido de
esfuerzos de muchos años.

La negativa del grueso de los legisladores opositores a acompañar ese
proceso, actitud amplificada por los monopolios mediáticos que se habían
declarado de inicio enemigos jurados de la nueva legislación, anticipaba
que el camino de la aplicación de ésta no sería alfombrada con pétalos
de rosas. Habría puras espinas. Espinas de acero.

La estrategia opositora consiste en poner en cancha a jueces amigos del
establishment empresarial, tachando tales o cuales artículos de
inconstitucionales, e incluso tildando así a la norma en su conjunto. De
ese modo quieren consumir todo el 2010 sin que la ley entre a regir. Si
así llegan al 2011, consideran que estarán salvados pues ese año bien
podría significar un cambio de gobierno nacional. Con Julio Cobos,
Mauricio Macri o Carlos Reutemann en Balcarce 50, piensan, esta ley
podrá ser derogada por un Congreso que ya empezó a girar hacia la
derecha con las legislativas del 28 de junio pasado.

Ese es el plan y ha comenzado a ejecutarse con fallos judiciales casi en
cadena, en diciembre último, justo antes de la feria judicial de enero,
como para ganar otro mes completo sin que el Estado pudiera apelarlos.

El primero de la serie fue del juez porteño Eduardo Carbone, quien
atendió a un requerimiento de…Clarín. ¿Qué otro grupo económico podía
picar en punta? Carbone ordenó la suspensión de los artículos 161 y 41
de la norma; el primero fija un plazo de un año para vender empresas y
adecuarse al tope fijado de licencias para cada titular, el segundo
sostiene que sólo se pueden vender esos medios con autorización oficial.

Carbone es un mediocre juez designado en la dictadura, 1980, que no tuvo
ascensos desde entonces; cobró un instante de notoriedad cuando prohibió
a Space la exhibición de “La última tentación de Cristo”. Ahora dictó su
fallo contra la ley democrática seis días antes de jubilarse, como lo
recordó el ministro de Justicia, Julio Alak. Otra circunstancia extraña:
Carbone era titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital
Federal, cuando los litigios contra el Estado deben plantearse ante el
fuero contencioso administrativo.

Se va la segunda

La segunda puñalada contra la ley 26.522 fue asestada en Salta. La
infirió el juez federal Miguel Medina, quien dio acogida favorable al
planteo de CODELCO (Comité de Defensa del Consumidor).

Medina fue más allá que su colega porteño, pues además de atacar el
artículo 161, puso en la picota al 45, que limita la multiplicidad de
licencias para un mismo medio. Y a los artículos 62, 63, 64 y 65 que
versan sobre las repetidoras de radio y TV (cadenas) y el tiempo diario
de utilización en cada localidad.

El fallo emitido en Salta avanzó en contra del Estado pues ordenó al
gobierno que no avance en la reglamentación de la ley, dando alcance
nacional a la inhibición (el de Carbone se supone beneficiaba al
promotor de la acción, Clarinete).

El titular de CODELCO es Guillermo Durán Cornejo, diputado del
inexistente Partido Conservador Popular con los votos del entonces jefe
del justicialismo salteño, Juan Carlos Romero. Durán Cornejo saludó el
fallo de Medina diciendo que “es inaceptable que a uno le prohíban
escuchar y ver los contenidos de los medios nacionales, excepto los de
Canal 7; o ver los canales 13 y TN, en simultáneo, o las señales de
América TV y América Noticias, porque eso limita la posibilidad de
informarnos”.

A este cronista semejante argumentación le hizo acordar al patético
discurso del diputado justicialista Arturo Miguel Heredia, que en el
recinto se quejaba de que la estatista normativa en ciernes le impediría
ver el Pato Donald.

Volviendo al jefe de CODELCO, se puede arriesgar que se trata de un
hombre polifuncional. Fue útil al romerismo para autorizar la
construcción de un hipermercado de Cencosud-Unicenter en terrenos que
antes habían sido donados a un club barrial. Más tarde se opuso a la
reestatización de la privatizada Aguas de Salta, de la que su ONG
recibía aportes. Ahora se metió con la ley de medios. Pregunta inocente:
¿algún monopolio estará solicitándoselo?

Antes de ser designado a instancias del entonces gobernador Romero como
juez, Medina fue hasta 1995 apoderado del Partido Justicialista
conducido por aquél. Como juez no cosechó prestigio personal, luego que
en mayo de 2000 ordenara a Gendarmería el desalojo violento de la ruta
34 cortada por piqueteros reclamando trabajo. Hubo 40 detenidos,
numerosos heridos y terminó incendiada la municipalidad de Tartagal.

¿Qué hacer con tantas trabas?

Los dos magistrados citados no estuvieron solos en su labor a favor de
los monopolios de la (des) información.

El 21 de diciembre de 2009 la jueza federal mendocina Olga Pura de
Arrabal dictó otra medida cautelar en contra de la ley de comunicación
audiovisual.

Lo hizo tal cual lo había solicitado el diputado del justicialismo
“disidente” Enrique Thomas, un aliado del vicepresidente Julio Cobos. El
legislador, con su letrado Luis Leiva, denunció que en el tratamiento de
la ley en el Congreso se habían cometido irregularidades. Se supone que
la interpretación de los reglamentos de las Cámaras del Congreso es una
facultad inherente a las mismas. Pero Thomas llevó su planteo a la
justicia, politizándola en el peor sentido.

Leiva se congratuló de que la medida de  la magistrada “suspende la
aplicación de la ley en todo el país”. “Esto terminará en la Corte
Suprema”, agregó, deseando que el proceso se estire todo lo posible.

Pura de Arrabal, con un nombre bien tanguero, ya había favorecido al
grupo Vila-Manzano al ordenar que Canal 7 cortara sus transmisiones de
su repetidora en San Rafael. Daniel Vila, cabeza del Grupo Uno, es el
que comparó la aprobación de la ley de medios con el golpe militar de 1976.

Y para no quedarse corto respecto a su vecino cuyano, el juez de San
Juan, Leopoldo Rago Gallo, suspendió la aplicación de nueve varios
artículos de la ley, luego que se lo solicitara la empresa “Jorge
Estornell S.A. y Otros”, perteneciente a Vila. En particular el planteo
fue en defensa del pulpo Supercanal, supuestamente amenazado de perder
puestos de trabajo e ingresos por publicidad.

En síntesis, la norma votada democráticamente por un Congreso
democrático el 10 de octubre de 2009, lleva cuatro meses casi sin poder
implementarse. Amén de los cuatro fallos, hay que añadir el boicot de la
oposición en el Congreso, que no designa sus representantes ante la
Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal y la Comisión Bicameral de
control.

El ministro Alak y el designado titular de la Autoridad Federal, Gabriel
Mariotto, parecen haber apostado todas sus fichas a las apelaciones
frente a los fallos adversos. Mariotto manifestó a Radio Rivadavia y
Radio 10: “estamos esperando que la Sala 2 de la Cámara de Mendoza se
expida entendiendo que tenemos múltiples razones jurídicas para tener
plena vigencia de los derechos que se desprende de la ley de la
democracia”. “Es un trámite que no nos preocupa”, minimizó.

No parece que la situación sea sencilla como para no preocuparse. La ley
democrática es algo demasiado importante como para dejarla en manos de
jueces y camaristas.

Es lo que debe tener en mente la Confederación de Radios y Medios de
Comunicación de Argentina al invitar a una marcha ciudadana hacia la
explanada cercana al juzgado mendocino de Pura de Arrabal. Será el lunes
15 bajo el lema de que “el capricho de unos pocos no nos arranque 20
años de trabajo por la igualdad en la comunicación, pluralidad de voces
y democratización de la palabra”.

La respuesta más justa a tantos palos en la rueda podría sintetizarse,
para la Corameco, en “a la justicia rogando pero con las masas dando”.

DEUDA EXTERNA, SERÁ UN GRAN DEBATE EN ARGENTINA 2010

Es conveniente conocer qué hizo Rafael Correa en Ecuador: Auditoría de
la deuda externa

Con el despido de Martín Redrado del Banco Central y del DNU sobre el
Fondo del Bicentenario, ha recomenzado una discusión central. ¿Qué hacer
con la deuda externa? Pagar o no pagar, y cuánto pagar: esa es la cuestión.

EMILIO MARÍN

La presidenta argentina insiste en que el Congreso trate al reiniciar
sus sesiones su Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2010 (14/12/09) por
el que se creó el Fondo del Bicentenario. Este Fondo por 6.569 millones
de dólares, que el Banco Central nutriría con sus reservas, servirá para
pagar deuda externa.

No se entiende muy bien porqué se echará mano a esos recursos
extraordinarios, si ya el Presupuesto Nacional 2010, aprobado el 12 de
noviembre del año pasado en el Senado, prevé una partida superior a los
26.000 millones de pesos a tales efectos. Si ya se reservaba casi el 10
por ciento del presupuesto para pagar deuda pública, ¿encima era
necesario pedir esas reservas al Central?

Según la óptica gubernamental, sí era necesario y hasta imprescindible.
El nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, sigue litigando para
que el expediente del Bicentenario suba hasta la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y se resuelva allí positivamente.

El oficialismo choca con numerosas críticas, que provienen de ángulos
muy diferentes. Están los dirigentes políticos de la derecha, que
quieren que la deuda se pague y prefieren sea con los recursos del
presupuesto, para que en todo caso se achiquen las partidas de tipo
sociales, que hoy llegan hasta el 60 por ciento del gasto total.

Pero también se cuestiona desde posturas progresistas y de izquierda esa
vocación de pago de hoy Cristina Fernández y su ministro Amado Boudou,
que en esto siguen la misma línea que tuvieron Néstor Kirchner y Roberto
Lavagna.

Los cuestionamientos al pago de la deuda externa vienen desde la década
del ´80, “la década perdida”, cuando detonó ese problema a nivel
regional con la moratoria de pagos en que incurrió México.

La deuda externa tuvo en Argentina uno de los ejemplos más ominosos en
cuanto a lo que significaba para la economía y la sociedad de un país.
Además, su origen fraudulento estuvo muy marcado por la dictadura
militar, que multiplicó por siete la factura: la recibió del gobierno de
Isabel Perón en 7.000 millones de dólares y la entregó a Raúl Alfonsín
en más de 45.000 millones.

La debacle del país en diciembre de 2001, con una pobreza lindante al 60
por ciento y una desocupación que superaba el 20 por ciento, fue en gran
medida consecuencia de aquel endeudamiento. Es que los pagos fueron en
progresión geométrica y cuanto más se pagaba más se debía.

Por eso desde la mirada progresista no se entiende y no se comparte la
postura kirchnerista de pagar más deuda externa en 2010, con recursos
del presupuesto y más del 14 por ciento de las reservas del Central.
Pero en enero pasado la presidenta aseguró que toda la deuda era
legítima porque los primeros gobiernos democráticos a partir de 1983 no
la habían denunciado, un tiro por elevación a los radicales y Raúl
Alfonsín. Ahora ya es tarde, no se puede hacer nada, piensa Cristina.

Una auditoría

Una de las primeras voces que respondió a la jefa de Estado y refutó sus
razonamientos fue Alejandro Olmos Gaona, con una respetuosa pero firme
carta pública. Se trata del historiador e hijo de Alejandro Olmos, quien
denunció penalmente en 1982 a José Alfredo Martínez de Hoz y aportó
pruebas durante años hasta que el juez Jorge Ballestero resolvió sobre
la ilegitimidad del endeudamiento argentino. El magistrado, dando la
razón a Olmos, puso el problema en manos de la Cámara de Diputados, que
es constitucionalmente la que debe entender en materia de endeudamiento.
Ese expediente fue cajoneado hasta hoy.

Olmos Gaona le proponía en su misiva a la presidenta que audite la deuda
externa para descubrir el componente fraudulento, y le refutaba el
argumento de que ya es tarde para hacerlo.

“Es por tal motivo que lamento que Ud. haya incurrido en tan grande
equivocación al plantear la imposibilidad de revisar actos de gobierno,
porque sabe a conciencia que eso puede hacerse, ya que se han modificado
hasta sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, en el
tema de los derechos humanos. Hacer una Auditoría de la deuda, es
simplemente transparentar las cuentas públicas y mostrar a toda la
comunidad lo que se hizo

desde 1976, y lo que hoy su gobierno está obligado a afrontar”, le dice
el historiador.

Quien escribió eso sabe de lo que habla porque trabajó a la par de su
padre en esa famosa investigación convalidada por la justicia federal de
nuestro país. Y porque ha sido uno de los 6 expertos internacionales que
junto a 10 especialistas ecuatorianos, más 4 funcionarios del gobierno
de Rafael Correa (Ministerio de Finanzas, del Tribunal de Cuentas, de la
Comisión Anticorrupción y del Fiscal General), trabajaron durante 16
meses en la investigación de la deuda ecuatoriana. El Decreto Ejecutivo
Nº 472 de Correa creó esa auditoría el 9 de julio de 2007 y las
conclusiones, basadas en más de 30.000 hojas tras análisis de toda la
información disponible, se dieron a conocer oficialmente en Quito en
noviembre del año siguiente.

El historiador compartió la labor, entre otros, con el belga Eric
Toussaint, creador del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo. Y colaboraron con él los también argentinos Miguel A. Espeche
Gil, Salvador Lozada y Alfredo Carella.

El auditor argentino acompañó al presidente Correa a la cumbre del ALBA
en Caracas, en las postrimerías de 2008, y al titular de la Asamblea
Nacional Ecuatoriana, Fernando Cordero, al Parlamento Latinoamericano
que deliberó en Panamá. En esas reuniones se decidió por unanimidad
apoyar la moción de que los gobiernos de la región realicen auditorías
sobre la deuda. Por lo visto en Argentina no le llevaron el apunte.

Mismos vicios

La auditoría ecuatoriana se denominó Comisión para la Auditoría Integral
del Crédito Público (CAIC) y detectó numerosas irregularidades en el
segmento de la deuda comercial (Bonos Globales 2012, 2015 y 2030,
surgidos de la renegociación del Plan Brady en 1995 y siguientes
reprogramaciones), así como en otros créditos internacionales.

En muchos de esos documentos no se fijaban los precios, dejándolos
librados al omnímodo acreedor, se resignaba la soberanía ecuatoriana en
favor de Nueva York, el deudor se obligaba a renunciar a hacer
denuncias, los intereses eran leoninos, los colocadores de los bonos
ubicaban a éstos por su cuenta y ganancia en el mercado, había
comisiones y pagos salpicados por la corrupción, etc.

Olmos Gaona y sus colaboradores argentinos comentaron que en los
archivos ecuatorianos habían visto mucha similitud con los 477 ilícitos
cometidos nuestro país, documentados por Olmos padre y certificados por
Ballestero.

Allá y acá habían intervenido bancos como el Lloyd´s británico y el
norteamericano Citibank; allá y acá el BID había otorgado créditos para
favorecer privatizaciones como las del sistema de agua potable; allá y
acá los representantes del Banco Mundial habían reclamado como requisito
los cambios en la legislación interna (Correa expulsó al representante
de esa entidad en Quito); allá y acá los créditos estaban atados a que
determinadas empresas ganaran las licitaciones, casos en Ecuador de la
brasileña Oderbrecht y las italianas Ansaldo e Impregilo.

¿Qué hizo Correa con las conclusiones de la CAIC?

En primer término, en noviembre de 2008 se declaró en moratoria de pagos
de esos Bonos Globales que implicaban una deuda de 3.700 millones de
dólares, un tercio de la deuda total.

Luego de un tiempo ofreció comprar esos títulos pero a sólo el 35 por
ciento de su valor nominal, y el 91 por ciento de los tenedores lo
aceptó sin chistar.

De ese modo el presidente ecuatoriano, al asumir el cargo para su
segundo mandato, el 10 de agosto de 2009,  pudo informar que el
resultado de la auditoría “significa un ahorro de más de 300 millones de
dólares anuales durante los próximos veinte años, dinero que servirá ya
no para los bolsillos de los acreedores, sino para el desarrollo nacional”.

Convendría estudiar y aprender de lo actuado por Correa frente a la
usura internacional. Si hubiera voluntad política en el gobierno
argentino habría que hacer una auditoría y, esto es seguro, podría el
país ahorrarse mucho dinero que iría a fines más justos y nobles.
También, si se siguiera esa senda reparadora de los delitos, varios de
los responsables de éstos, como Martínez de Hoz y Domingo Cavallo,
deberían habitar algún pabellón de Villa Devoto.

www.laarena.com.ar

Opinión

LA SEMANA POLÍTICA

Para el gobierno, Cobos y Reutemann son peligrosos, pero más lo es la
inflación

El gobierno está lidiando en varios frentes, incluso en el interno, como
se vio en las críticas de Luis D´Delía. Pero en este momento el mayor
riesgo parece provenir del alza de precios, particularmente de los
alimentos.

EMILIO MARÍN

En su comentario en Radio Cooperativa, que despertó tanta polémica, Luis
D´Elía dijo refiriéndose a sí mismo, que “el que avisa no traiciona”.
Julio Cobos, que es de otro palo opuesto al morocho de La Matanza, ya
avisó varias veces: a los radicales al irse en fórmula con los Kirchner,
y a éstos con el “voto no positivo” contra las retenciones a la soja.

Ahora, por si alguien tenía alguna duda luego de su recomendación de
separar a Martín Redrado del Banco Central, Cobos concurrió a una
reunión de legisladores de la UCR en San Nicolás. Allí el titular del
más que centenario partido, Ernesto Sanz, lo exhortó a votar en contra
del decreto que creó el Fondo del Bicentenario, tal como quiere toda la
oposición. Y el mendocino, en un todo de acuerdo con sus ex y actuales
correligionarios –del futuro no se puede hablar, tratándose de dos
factores altamente maleables-, aceptó esa postura. Declaró: “el Fondo
del Bicentenario no tiene consenso en la Cámara de Diputados ni en el
Senado”.

Con ese artilugio, quedó blanqueado que si la pulseada llega a
empatarse, él se encargará de votar como sabe. Y hay una alta
posibilidad que haya un empate, pues los radicales dicen contar 37
porotos a su favor, contra 35 del oficialismo. Como entre los primeros
se contabiliza a los pampeanos Carlos Verna y  María Higonet, que han
dado señales contradictorias, bien puede suceder que la votación la gane
uno u otro sector por un voto, o que salgan pardas. Si se diera esa
paridad, Cobos saldría a escena un poco mejor preparado para su
actuación que aquella madrugada de 2008 hecha de silencios, rodeos y
confesión final.

La reacción indignada frente a la alianza de San Nicolás no se hizo
esperar. Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Miguel Pichetto y Agustín
Rossi asumieron la contraofensiva. “Traidor”, le dijeron al mendocino;
“accionar cuasi golpista”, le endilgaron al partido opositor, por
solicitar al vicepresidente que vote en contra del gobierno que aún
integra formalmente.

Los funcionarios volvieron a pedirle a Cobos que renuncie a su cargo si
quiere ser jefe de la oposición. Un llamado inútil porque el aludido
está enviciado con su dualidad: tiene alta visibilidad pública como
vice, y lo sostienen casi todos los opositores con tal de hacerle la
vida más áspera a los Kirchner. ¿Por qué habría de renunciar a ese
“dolce far niente” si las encuestas lo miman con un 42 por ciento de
imagen positiva? Además, si hubiera un movimiento destituyente contra
Cristina, como imaginaron Mariano Grondona y Hugo Biolcati, él debería
estar en ese lugar. En cambio, si el proceso político sigue su curso
hacia las urnas de 2011, será candidato y renunciará a la titularidad
del Senado bien entrado ese año. Antes ni loco.

Tiempista “Lole”

El otro viento en contra de la presidenta sopla desde Santa Fe. Carlos
Reutemann reapareció fulgurante en los medios despotricando contra
Cristina Fernández y su marido. Dijo que los argentinos se alegrarían si
ellos se van en 2011 sin haberse afanado la Casa Rosada y la Plaza de
Mayo. Si a este cronista le hubieran disparado semejante acusación, lo
menos que habría hecho es una denuncia penal contra el calumniador.

Pero los K, no se sabe si por no victimizar al santafecino, o para
ningunearlo, o para que no los acusen de autoritarios, o porque no
tienen confianza en ningún juez, lo cierto es que no han reaccionado.

Parece un error, que alimenta el relato de Joaquín Morales Solá en
“Gaceta Ganadera” de que Kirchner teme a Reutemann y por eso nunca lo ha
criticado. No debe ser cierto, pero aquel silencio le da cierto pábulo.

Sí salieron otros kirchneristas como Rossi y Carlos Kunkel, que le
enrostró al entonces gobernador Reutemann los muertos que dejó en
Rosario y Santa Fe en la crisis de 2001. En programas televisivos se
reflotó la historia de desvío de fondos nacionales por parte de ese
gobernador, luego de la inundación de 2003.

Es posible que “Lole” mantenga esa táctica elusiva, casi distante, de
golpear y dar un paso al costado, sin propuestas políticas, atrincherado
en el Senado y cavilando sobre ser candidato a presidente a último momento.

El se precia de ser un tiempista, como cuando era piloto. Pero más de
una vez le debe haber ocurrido que por salir a pista a último momento o
por acelerar tarde, no pudo alcanzar al puntero. En esta carrera hacia
la presidencia, por la oposición, la “pole position” la tiene Cobos.

No habría que subestimar a “Lole”. Tiene en común con el mendocino que
está bien visto por el establishment y la Mesa de Enlace, que ejercerá
poder de veto sobre las candidaturas opositoras. Reutemann corre con
cierta ventaja porque es un fuerte productor sojero e hizo más en contra
de la resolución 125, recorriendo personalmente los piquetes en los lock
out de 2008.

La otra ventaja del santafecino es su pertenencia al justicialismo, un
movimiento heterogéneo donde caben personajes tan disímiles como los
Kirchner, Reutemann, Eduardo Duhalde, Francisco de Narváez, Carlos
Menem, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, los Gordos de la CGT y,
contradictoriamente, muchísimos argentinos de buenas intenciones y voto
leal.

Correr con los colores de esa escudería le daría al santafecino un apoyo
más que interesante de esas tribunas, como lo tuvo en junio De Narváez
en Buenos Aires.

Pero para eso el senador tiene que decidirse a competir, lo que demanda
coraje; formular un programa, que pide ideas; que arme equipos, con
aliados. ¿Los tendrá? Es que la política se ha mercantilizado mucho,
pero solamente con plata y amarillenta fama mediática no alcanza.

Cara la costeleta

Esos embates opositores, con ser graves, no han alcanzado aún entidad
suficiente. Por razones obvias, la presidenta estuvo más pendiente de la
operación de carótida de su marido que por las jugadas de Cobos, los
radicales y el ex corredor de F1.

Despejado el obstáculo de Redrado y con Mercedes Marcó del Pont con las
riendas del Central y coordinando con Amado Boudou un comité para las
políticas monetarias, financieras y cambiarias, la administración ganó
oxígeno.

El PEN se precia de los resultados económico-sociales contra la
adversidad de la crisis mundial, señalando que Argentina es -después de
China- el país que más blindaje estatal dio a la economía. Y confía en
que en 2010 el producto crezca alrededor del 4 por ciento.

Por ejemplo, celebró los informes del ministro Julián Domínguez y la
ONCAA de que la cosecha de granos será de 90 millones de toneladas, con
la soja como estrella. La jefa de Estado no piensa solo en la
recaudación, sino también en que tanta prosperidad hará bajar los
decibeles a la Mesa de Enlace. Está equivocada, pues la FAA hará un
tractorazo el martes en una localidad de Santa Fe, protestando por la
falta de mercados para el trigo. Aunque la cosecha fuera de 100 o más
millones de toneladas, eso no salvará al gobierno de las críticas de la
cúpula agropecuaria. Esta es como la gata de doña Flora.

El 24 de febrero el Senado sesionará para distribuir las comisiones, ver
sus integraciones y presidencias. El resultado es incierto, vista la
relativa paridad de fuerzas entre oficialistas y opositores. Y el 3 de
marzo será la sesión decisiva sobre el  Fondo del Bicentenario, con un
final también dudoso.

Si el kirchnerismo lograra confirmar el DNU, cree que tendrá despejado
el año en lo que a las cuentas del Estado se refiere y que la gestión
será más política. Si es a la inversa, supone que deberá arreglar con
varios gobernadores una ley que capte divisas para el pago de la deuda
externa pero también para aliviar déficits provinciales.

Una cosa que el oficialismo no está calibrando bien es el peligro que
supone para sus chances un empinamiento de la inflación. No se trata de
un fenómeno económico ni financiero sino ante todo político y social,
por el duro impacto que tiene en el bolsillo de la población y su nivel
de vida.

¿Hay inflación o no? Para el Indec, en principio no la habría, pues
informó de un aumento de precios del 1 por ciento para enero, la mitad o
menos de la inflación real. Para el intervenido Instituto las carnes
subieron sólo el 4 por ciento, cuando los consumidores de carne vacuna
debieron oblar 20 o 25 por ciento más sólo en enero (los sustitutos
pollos, pescados y cerdos siguieron esa tónica).

La explicación presidencial fue que, con las lluvias, los productores
habían retenido hacienda con vista al engorde y mayores ganancias. El
ministro Domínguez agregó un dato clave: falta tierra para vacas porque
la soja la arrebató.

La gente no vive con explicaciones. El gobierno debería adoptar medidas
para corregir el alza de precios de la carne y otros alimentos. Tendría
que preocuparse más por “la mesa de los argentinos”, un clisé
presidencial en la pulseada de 2008 con la Mesa de Enlace.

De lo contrario, así como D´Elía pronosticó que habría 70.000
desocupados en las calles reclamando un lugar en el plan Argentina
trabaja, será muy alto el costo que pagará Cristina por las costeletas a
35 pesos.


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