[R-P] Debate sobre la política salarial.

[Gustavo Battistoni]

ECONOMIA › TEMAS DE DEBATE: POLITICA SALARIAL

Efectos de la negociación colectiva

Los asalariados constituyen el 76 por ciento de los ocupados urbanos,
la tasa más elevada alcanzada históricamente por esta categoría, mayor
incluso a la registrada en 1974. Cuál ha sido el impacto en la
distribución del ingreso.

  	

Producción: Tomás Lukin

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Los desafíos de la igualdad

Por Héctor Palomino *

En el nuevo y complejo escenario social de Argentina se destacan los
cambios en curso en el mundo del trabajo asalariado. Entre ellos, el
incremento del número y peso relativo de los asalariados entre los
trabajadores ocupados, las modificaciones de su composición, el
aumento progresivo de los salarios y su impacto en la disminución de
las desigualdades de ingresos.

Estos cambios se relacionan estrechamente con las tendencias de
crecimiento de la economía, el empleo y los salarios desde la salida
de la crisis de 2001-2002. Pero también se vinculan con el marco
institucional de esas transformaciones, que permite comprender su
incidencia política, social y cultural. Si bien los impactos políticos
son conocidos, en particular la recomposición organizativa y el poder
creciente de los sindicatos, menor atención han recibido los impactos
sociales y culturales.

Los asalariados constituyen actualmente el 76 por ciento de los
ocupados urbanos, la tasa más elevada alcanzada históricamente por
esta categoría, mayor incluso a la registrada en 1974, cuando
alcanzaba el 74 por ciento. Casi dos tercios de estos asalariados
están registrados por sus empleadores en el sistema de seguridad
social e integran, por lo tanto, la base social sobre la cual los
sindicatos nutren su afiliación y ejercen su representación. De allí
que los sindicatos hayan incrementando paulatinamente la cantidad de
sus afiliados en los últimos años, al ritmo de la incorporación de los
asalariados registrados en el empleo.

La determinación de los salarios a través de la negociación colectiva,
un proceso impulsado por el Estado, fue extendiéndose a partir de 2004
y alcanzó en 2009 a casi un millar y medio de acuerdos y convenios
entre empleadores y sindicatos, que involucran una cobertura también
creciente de trabajadores. Este proceso se diferencia netamente de la
individualización de la relación salarial que prevalecía en los
noventa cuando, en el marco de una escasa cantidad de negociaciones
–que apenas alcanzaba los 200 acuerdos y convenios anuales promedio–
el comportamiento de las firmas era determinante para establecer los
niveles de salarios. En aquella época los convenios colectivos
explicaban poco más de la mitad de los salarios efectivamente pagados
por las empresas. Actualmente, en cambio, más del 80 por ciento del
monto de las remuneraciones abonadas por las firmas a sus empleados
reflejan las escalas de los convenios colectivos, reduciendo
considerablemente el margen de decisión individual de las empresas
para la determinación de salarios.

La fijación de los salarios a través de la negociación colectiva
produjo una atenuación considerable de las desigualdades de ingreso
debido a dos factores. Por un lado, el relativamente bajo grado de
diferenciación de los niveles de las escalas salariales dentro de cada
convenio, acentuado además desde 2004 por la política de aumento del
salario mínimo, que incrementó el “piso” de las escalas y,
simultáneamente, por la elevación lenta de los “techos” impositivos
para los salarios más altos. Por otro lado, los mecanismos de
coordinación de los incrementos salariales entre sindicatos y su
competencia por emular los porcentajes de aumento de las entidades con
mayor capacidad de negociación, han tendido a reducir las diferencias
de salarios entre convenios.

Entre los impactos sociales y culturales de estos cambios se destacan
los que derivan del proceso de movilidad social ascendente que supone
para los asalariados el incremento sistemático de sus ingresos por un
período relativamente prolongado, así como el carácter esencialmente
colectivo de este proceso –este último aspecto recibe por lo general
escasa atención en los estudios de las ciencias sociales, que
habitualmente analizan procesos de movilidad individual–.

El progresivo incremento de los salarios a través de la negociación
colectiva, acompañado por un proceso de igualación de ingresos –o de
disminución de las desigualdades– tiende a modificar las posiciones
relativas de los diferentes grupos y clases sociales, que se reflejan
a su vez en comportamientos reactivos por parte de quienes se sienten
afectados por la erosión de diferencias que se consideran “naturales”.
Esta es por ejemplo la reacción de los asalariados “fuera de convenio”
dentro de las grandes firmas, ante el “atraso” relativo de sus
remuneraciones en comparación con los aumentos obtenidos por los
trabajadores bajo convenio. O, en general, de la reacción que suscita
la atenuación de las diferencias de ingresos entre trabajadores
manuales y no manuales que se percibían como “naturales” y que antes
se establecían a favor de las categorías no manuales. En un contexto
en el que resta aún aplicar esfuerzos para terminar de resolver las
desigualdades heredadas, emergen con fuerza procesos que suscitan
nuevos desafíos. Los desafíos de la igualdad.

* Director de Estudios de Relaciones del Trabajo-Ministerio de
Trabajo. Profesor de la Carrera de Relaciones del Trabajo-Facultad de
Ciencias Sociales-UBA.

Rupturas y continuidades

Por Ariel Lieutier y Sergio Woyecheszen *

La crisis de la convertibilidad dio por tierra con 25 años que, con
matices según el período, combinaron distintos episodios de apertura
comercial, atraso cambiario y retracción del Estado en distintas
esferas. El resultado: el más profundo deterioro de capacidades
sociales del que se tenga memoria. El PIB per cápita prácticamente no
creció (0,2 por ciento anual promedio), el desempleo subió del 4,7 al
24,3 por ciento, la distribución del ingreso se deterioró
sistemáticamente (la relación entre el más rico y el más pobre se
amplió de 8 a 33 veces) y la incidencia de la pobreza saltó del 5 al
37 por ciento de los hogares.

El cambio de patrón de crecimiento económico en Argentina a partir de
2002 desató un proceso de elevado crecimiento económico con generación
de empleo y paulatina recuperación salarial en términos reales,
primero en los tramos formales de actividad y luego en los informales,
traccionados por la recuperación de instituciones como el salario
mínimo y la negociación colectiva. No obstante esta dinámica,
persisten aún una serie de desafíos de mayor alcance, que atañen a
cuestiones estructurales derivadas de la magnitud que tomó la
fragmentación productiva y social en nuestro país.

La cuestión remite directamente al grado de desarrollo de nuestra
economía, y a la capacidad futura de mantener la reducción del
desempleo que hoy se encuentra en torno del 8 por ciento, el subempleo
en cifras levemente superiores al 9 por ciento, y la informalidad que
involucra aún al 35 por ciento de los asalariados, principalmente en
los establecimientos pequeños, con baja productividad y sujetos a una
fuerte inestabilidad.

En un mismo nivel de interrogante queda la trayectoria de los salarios
reales. Si bien se manifestó un progresivo aumento del poder de compra
a nivel agregado, existen fuertes disparidades y una incidencia
creciente en la competitividad de las firmas de menor tamaño relativo.
En efecto, utilizando el Indice de Precios al Consumidor elaborado por
los Institutos de estadísticas provinciales (IPC Provincias), se
observa que los salarios reales de los trabajadores privados
registrados han quedado sistemáticamente por encima de sus pares no
registrados, con una brecha suficiente como para que los segundos no
recuperaran aún el poder adquisitivo que tenían a fines de 2001.

Igual suerte corrieron los trabajadores del sector público, quienes no
sólo no han alcanzado dicho objetivo sino que además se encuentran más
lejos de lograrlo. En términos reales, sus salarios se encuentran
prácticamente estancados desde 2003. Cabe aclarar no obstante que
dentro de los trabajadores públicos hay sectores que han mejorado,
como los de la administración nacional, y otros que se encuentran más
rezagados, sobre todo a nivel municipal.

Hasta 2009, año en que se implementó la Asignación Universal por Hijo,
la estrategia distributiva se basó casi exclusivamente en la
recomposición de los salarios reales. Estos, sin embargo, muestran una
desaceleración en su crecimiento en los últimos años. Por lo tanto, la
profundización del proceso distributivo requiere de la implementación
de estrategias complementarias no basadas únicamente en la formalidad
del trabajo.

Ese proceso debe ser acompañado además por políticas tendientes a
incrementar la productividad, en particular de las firmas más
pequeñas, lo que implica un complejo proceso en el que se entremezclan
cuestiones macroeconómicas garantizando la acumulación de capital
reproductivo y desalentando la especulación, la fuga de capitales y
las actividades rentísticas; institucionales fundamentalmente en
materia de infraestructura, innovación, educación; y productivas,
brindando un fuerte apoyo a las actividades que propicien una mayor
sustitución de importaciones, generación y difusión de innovaciones, y
el desarrollo de complementariedades.

Estas premisas aparecen como el eje de gravitación para la
transformación paulatina del patrón de inserción externa, la
estructura del empleo y la matriz distributiva. Sin embargo, el
concepto mismo de cambio estructural conlleva importantes
consideraciones en el campo de la economía política, requiriendo de
una acción deliberada del Estado para corregir eventuales desajustes
distributivos en detrimento de los sectores más postergados y suplir
la ausencia de inversión privada, entre otras.

La transición hacia estos esquemas globales de política no es
sencilla. Los conflictos que pueden sucederse entre los derechos,
recursos, patrones distributivos y diseños institucionales muestran la
necesidad de profundizar las instancias de diálogo que consagren un
proyecto de país social y territorialmente integrado.

* Economistas-UBA. Coordinadores del Departamento de Trabajo y Empleo
de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires
(SID-Baires).