[R-P] [Federico Bernal] Debilitar a la reacción es servir a la Patria: hacia una nueva ley agraria de la democracia

[Néstor Gorojovsky]

Debilitar a la reacción es servir a la Patria: hacia una nueva ley
agraria de la democracia
05-08-2010 /
Federico Bernal

El inmovilismo agrario argentino, esto es, el frente
político-partidario del subdesarrollo en el país, vuelve a atentar
contra el interés de las grandes mayorías. Los representantes de la
Argentina granero del mundo, los de la de la época “dorada” del
período 1880-1930 no ven la hora de liquidar el modelo de desarrollo
productivista, socialmente justo y latinoamericanista que encara el
Gobierno nacional. A tal efecto, y vista la imposibilidad de recurrir
a cuarteles y cacerolas –al menos a estas últimas no con el brillo del
2008 o de junio de 2009– instruyen a sus huestes periodísticas,
políticas y parlamentarias a librar la madre de todas las batallas.

Pero en este contexto de arremetida por el fin de las retenciones, más
que analizar la estrategia y la táctica de la reacción, el proyecto
nacional y popular debería aprovechar su fortaleza y creciente
consolidación para instalar en la sociedad argentina la necesidad de
trabajar por un nuevo modelo agrario. En este sentido, la Argentina
más igualitaria y socialmente justa que asoma no puede soslayar
trabajar por el retorno de la ley 20.573/73 o “Ley de Comercialización
de Granos y otros Productos Agrícolas”, elaborada por el equipo
dirigido por Horacio Giberti (1973/74) y que fuera derogada por la
dictadura.

En primer lugar, porque si la derogación de las leyes impuestas por la
dictadura genocida –como la de radiodifusión– es un deber y una
obligación moral, constitucional y democrática, volver a sancionar las
leyes de la democracia que la dictadura derogó no puede ser menos. En
segundo lugar, porque retornar a dicha ley profundizaría la política
agropecuaria oficial que tanto odio y rechazo concita a la Sociedad
Rural y sus acólitos. Y no es que gustemos concitar tales
sentimientos, ni siquiera viniendo como vienen de las élites más
retrógradas.

Ocurre en verdad que tales sentimientos obedecen a la debilidad que
las políticas nacionales hacia el sector agrario les provoca día a
día. Y es justamente en el acrecentamiento de esa debilidad donde
reside la clave de la gran disyuntiva contemporánea. En fin, es hora
de que el lema de la SRA –bien conocido y padecido por todos– tenga un
opuesto pero nacional, a imagen y semejanza del cambio de época por el
que hoy transita la Argentina: “Debilitar a la reacción es servir a la
Patria”. Sirvamos.

*Ley de Comercialización de Granos y otros Productos Agrícolas
(1973).* Elaborada por el equipo dirigido por Horacio Giberti al
frente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (1973/74) y
promulgada por Juan D. Perón el 24 de diciembre de 1973, la ley 20.573
de “comercialización de granos y otros productos agrícolas”
nacionalizó la producción y la comercialización interna y externa
agraria argentina, fomentando el depósito en la banca nacional de las
divisas generadas por esta actividad, resguardando el abastecimiento,
consumo y abaratamiento de la producción destinada al mercado
doméstico, aunque en paralelo con el diseño de una estrategia de
comercialización externa basada en la protección del interés nacional.

No obstante, haber transferido a la órbita del Estado la totalidad de
la producción y comercialización agraria, la 20.573 lo facultó además
y a través de la Junta Nacional de Granos (JNG) para constituir
empresas mixtas de comercialización estatales y anónimas (en este
último caso siempre con mayoría estatal). Su articulado reflejó,
asimismo, no sólo la importancia del control y la regulación estatal
de la carga, el almacenaje y transporte de la producción, sino que
colocó al cooperativismo al nivel de aliado estratégico del Estado,
ambos puntales claves en la lucha de­sigual contra el binomio
“oligopolio comercializador privado-oligarquía agropecuaria”.

En tiempos en que una Argentina industrialista, socialmente
incluyente, democrática y latinoamericanista despunta, examinar y
repensar el contenido de la ley 20.573 –derogada por el gobierno de
facto en 1976– constituye una imperiosa e impostergable necesidad. A
continuación, sus artículos más significativos.

Consecuencias y beneficios de una nueva Ley Agraria de la Democracia.
La nacionalización de la comercialización interna y externa de granos
implicaría un reparto más equitativo de la renta agraria entre los
distintos actores y sectores involucrados. Las fórmulas son muchas.
Por ejemplo, la creación de una red de gestión, control, producción,
industrialización, distribución y comercialización local y de
exportación (de insumos y productos y subproductos derivados del
suelo) que asocie estratégicamente al Estado con los agricultores
familiares y con los pequeños y medianos productores podría ser una de
ellas.

Otra, tal vez más moderada, podría ser la constitución de empresas
mixtas entre el Estado nacional (a través de la Oncca) y las compañías
multinacionales y nacionales del sector para la exportación de
cereales, oleaginosas y sus subproductos. Dicha asociación mixta
podría a su vez basarse en el tipo de cultivo exportado. Es decir,
para la soja una participación societaria de la Oncca del 70%, 60%
para el trigo y 51% en el caso del girasol y del maíz. Un esquema de
esta naturaleza bien podría llevar las retenciones a cero sin generar
por ello perjuicios fiscales o financieros a las arcas públicas. No
sólo eso sino que también podría premiar a los productores que no
siembren soja.

La presencia del Estado bajo este nuevo marco regulatorio agrario
debería además:

1) impedir que las agrocorporaciones carguen a los productores su
menor participación en las exportaciones, tal cual hacen hoy día con
las retenciones;

2) desincentivar de manera paulatina la desojización del área sembrada
nacional;

3) fabricar los fertilizantes y herbicidas requeridos en cada campaña;

4) industrializar todos los productos y subproductos;

5) eliminar paulatinamente los intermediarios y la verticalización de
la cadena agrocomercial;

6) responsabilizarse del transporte, almacenaje y carga de la
producción granaria y sus subproductos;

7) renacionalizar las terminales del Puerto de Buenos Aires, críticas
a su vez en la reformulación de una política portuaria verdaderamente
federal, nacional y popular;

8) fundar un gran movimiento cooperativista agrario, que cimentado en
el desarrollo regional del país priorice su soberanía alimentaria a
través de la compra y venta a precios diferenciales (menores a los de
mercado) de productos tales como los cereales y sus aceites, la
lechería, huevos, cerdos y aves de corral. La gestión de la cadena
será responsabilidad del Estado, de acuerdo con fórmulas que
determinen la oferta (asignación de cuotas) en función de la demanda
local, el control de la producción y la fijación de precios sobre la
base de los costos de producción;

9) convertir a la Argentina en el polo alimentario de Unasur, creando
una empresa multiestatal de alimentos, que abarque toda la cadena
agroalimentaria, reproduciendo la sustancia y los objetivos
fundacionales de Petroamérica, el Banco del Sur, el Consejo de Defensa
Sudamericano y demás iniciativas de proyección regional; y

10) plantear y trabajar en la creación de una Organización de Países
Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Oppeco) –símil
OPEP–, que convoque a sus principales productores y exportadores a
nivel mundial (pero excluyendo a la Unión Europea y a los Estados
Unidos), de tal manera de comenzar a incidir en la fijación
internacional de los precios de los granos.

*Debilitar la reacción es servir a la Patria.* En esta coyuntura de
retorno a la discusión de las retenciones, decidirse por la
elaboración de una nueva ley agraria (un nuevo modelo agrario de la
democracia) que coloque a la agricultura familiar, a las clases medias
urbanas del interior vinculadas con la actividad rural y a los
pequeños y medianos productores en el centro de la escena y en alianza
férrea con el Estado, será el primer gran paso para comenzar a
resolver el falso enfrentamiento que la Mesa de Enlace, la
partidocracia neoliberal, la gran prensa y las megacorporaciones de
los agronegocios se encargaron de fabricar entre el Estado y el
trabajador del campo, esto es, entre el “Campo” y la Industria, como
tan acertada y oportunamente señaló la Presidenta de la Nación hace
pocos días en su discurso en la ciudad de General Belgrano.

Porque los productores deben saber que las únicas experiencias
exitosas de países con sectores agrarios pujantes y modernos, puestos
al servicio del bienestar y del desarrollo nacional y regional, son
justamente aquellos donde se ha tejido una alianza indestructible
entre el Estado y los agricultores. En suma, y a modo de cierre, los
productores deben saber que el sector que hoy se apropia del gran
excedente nacional –incluido por supuesto buena parte del fruto de su
trabajo– es justamente el que más traba el tránsito a un modelo
industrialista y socialmente justo. Y sin el éxito de este modelo, no
habrá dinero, ni oportunidades, ni campo, ni cultivos, ni tierra donde
trabajar y vivir dignamente.

La Federación Agraria nacional y popular lo supo, por eso apoyó la Ley
Giberti. Será cuestión entonces de que vuelvan a las fuentes; será
cuestión que junto al Gobierno y a los millones de argentinos y
argentinas que avalan este modelo, todos juntos podamos realizar el
nuevo lema: “Debilitar a la reacción es servir a la Patria”. Sólo así
habremos de consolidar y profundizar el cambio.

Director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CLICeT)

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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría