[R-P] Bases militares en Colombia: imprevisibles consecuencias

[José María Cavalleri]

Fte.Síntesis militar internacional

PRENSA LATINA CUBA 09OCT09
Bases militares en Colombia: imprevisibles consecuencias
Gustavo Robreño Díaz (*)
La Habana. Ante el fracaso por imponer un modelo de desarrollo neoliberal en América Latina, Estados Unidos recurre hoy a la presencia militar como garante de sus intereses regionales. Así, entre el escepticismo de algunos y las críticas de muchos, el actual gobierno colombiano aceptó que, con el pretexto de la colaboración en el combate al terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos despliegue efectivos militares en ese país suramericano. Valdría en tal caso recordar las palabras del sociólogo hondureño Victor Meza, recogidas por el escritor y periodista argentino, José Steinsleger, en su libro "Bases Militares en América Latina": "...Hay cierto tipo de decisiones políticas y concesiones a la soberanía de un país que, históricamente, son como echar a rodar una pequeña bola de nieve, que al final se transforma en un alud de imprevisibles consecuencias..."
La mascarada del combate a las drogas
Las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia están regidas desde hace décadas por condiciones establecidas, es decir "impuestas", en sucesivos convenios militares. Entre ellos figuran el Acuerdo para la Asistencia y Defensa Mutua, de 1952, el de Asistencia Económica y Técnica, de 1962, y otros por el estilo de 1974, 2000 y 2004. Desde entonces, aunque en forma más marcada desde el año 2004 -con la firma del controvertido "Plan Colombia"-, esa nación suramericana ha devenido "polígono" donde Washington ha
ensayado y realizado las correcciones necesarias a su actual Estrategia de Seguridad Nacional en esta parte del mundo. Dictaduras militares, intervenciones norteamericanas, asesinatos de líderes políticos y la corrupción de los partidos tradicionales, fueron el detonante para que desde mediados del siglo pasado las clases más desposeídas en Colombia optaran por la lucha armada como solución para cambiar ese estado de cosas. Este ambiente, ya de por sí convulso, se enrareció aún más con la inclusión del narcotráfico, lo que trajo consigo la internacionalización del conflicto y cuyo enfrentamiento es el pretexto fundamental para justificar acciones militares norteamericanas en el área. Así, originalmente concebido como una operación antidroga, el "Plan Colombia" se transformó en el mecanismo regional diseñado por Estados Unidos para tratar de dar el golpe definitivo a la insurgencia y consolidar una presencia militar en la región que sea
 garantía de sus intereses. A tono con la política de Washington, el presidente Álvaro Uribe ha revertido el proceso inicial de una paz negociada en un incremento de las acciones militares, como forma de presión para lograr la desarticulación de la guerrilla por la vía de las armas. Sin embargo, aunque voceros gubernamentales y la prensa oficial propalan victorias militares, desarticulación de redes urbanas y el arresto o muerte de jefes guerrilleros, la actual política de guerra solo ha generado una intensificación del conflicto.
El "Plan" no es solo Colombia
En medio de malabares diplomáticos y retruécanos semánticos, la Casa Blanca trata de acreditar el presunto carácter inocuo del acuerdo para el despliegue de efectivos militares en bases militares colombianas. Como antes, Estados Unidos utiliza como pretexto el enfrentamiento al terrorismo y al narcotráfico para garantizar una presencia militar efectiva que le permita dar respuesta inmediata en caso de estallidos sociales que pongan en peligro sus intereses regionales. Para algunos, el nuevo Acuerdo complementa y perfecciona las actividades que desde hace años ya realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio colombiano. El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha sido de los primeros en denunciar que "el primer objetivo de la presencia militar norteamericana en Colombia es la revolución Bolivariana" y abogó por levantar en su contra un "poderoso movimiento en toda América del Sur". "Nos están rodeando con bases militares
 norteamericanas", ha dicho el presidente Chávez, añadiendo que ya existen instalaciones similares en las islas de Araba y Curazao, cercanas a Venezuela. Para su par ecuatoriano, Rafael Correa, es "gravísima" la decisión colombiana de facilitar el uso por parte de Estados Unidos de bases militares en ese país suramericano, y considera que "no es solamente un asunto de soberanía de Colombia". Correa ha dicho que, precisamente, fue el combate al narcotráfico -concretamente a la guerrilla- el pretexto para el ataque colombiano al territorio ecuatoriano de Angostura, en marzo de 2008, como prueba irrefutable de la intencionada extraterritorialidad de dicha presencia. Al gobierno brasileño, en tanto, "preocupa una fuerte presencia militar, cuyo objetivo y capacidad parecen ir mucho más allá de lo que pueda ser la necesidad interna de Colombia". Controvertida inmunidad
Según fuentes de prensa colombianas, y en aras de que no se convirtiera en un factor dilatorio para la firma del Acuerdo, el escabroso tema de la inmunidad de que gozará el personal norteamericano desplegado en las bases quedó "diferido en el tiempo", sujeto a una negociación posterior. Y es que entre ambos países está vigente, desde 1974, un infamante Acuerdo de cooperación militar que determina que el personal militar norteamericano destacado en Colombia "gozará de los mismo privilegios e inmunidades" que los funcionarios diplomáticos estadounidenses. La misma inmunidad que rige en materia penal es extensiva a las que sean consideradas transgresiones disciplinarias. Es decir, a los militares norteamericanos en Colombia solo les es -y les seguirá siendo- aplicable el Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos. Se dice ahora que, como quién regatea migajas, los negociadores colombianos propusieron que los militares norteamericanos
 que cometan delitos en el país suramericano, puedan ser juzgados en Colombia por jueces enviados desde Estados Unidos. Ello pretende garantizar que las víctimas de los delitos, a diferencia de cómo ocurre hoy, tengan la oportunidad de acceder a los sumarios, brindar sus testimonios y ser informadas sobre la marcha de los procesos judiciales, incluso los que tienen lugar en Estados Unidos. Como quién se consolara con aquello de que "del lobo un pelo", fuentes próximas a las negociaciones revelaron a la revista colombiana "Cambio" que, luego de un intenso cabildeo, la parte suramericana parece haber logrado que la inmunidad solo sea aplicable a los militares. Es decir, que no se puedan valer de ella los Contratistas Privados -esa suerte de mercenarios modernos-, ni ninguna otra categoría de personal civil, cuyos servicios sean requeridos por Estados Unidos. En fin que, como ha reiterado el
presidente Chávez, frente a la escalada militar norteamericana que representan el establecimiento de la IV Flota y las Bases militares en Colombia, "estamos obligados a oponernos con todas nuestras fuerzas". Y esperemos que, como ha dicho su homólogo ecuatoriano Correa, "ojalá, que como pidió perdón a Ecuador, Uribe no tenga que pedirle perdón a toda América (...) por permitir que se instalen bases estadounidenses en el territorio de nuestra región".
(*) El autor es periodista, historiador y colaborador de Prensa Latina.


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