[R-P] Macri espiaba a todos...

[Gustavo Battistoni]

EL PAIS › EN LA COMPUTADORA DEL JEFE A CARGO DE LA POLICIA
METROPOLITANA APARECIERON INFORMES SOBRE POLITICOS
Chamorro, un maestro para Ciro James

El reemplazante de Jorge “Fino” Palacios tenía archivos en su PC con
informes sobre el estado financiero de dirigentes de la oposición y
del propio jefe de Gabinete macrista. El ministro de Seguridad se
entrevistará hoy con el juez Oyarbide. Chamorro, con las horas
contadas.

  	

 Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Los archivos hallados en una computadora que usaba el actual jefe de
la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, lo dejaron seriamente
comprometido en la causa del espionaje, a la par de Ciro James y del
ex titular de la fuerza porteña Jorge “Fino” Palacios. Chamorro podría
ser desplazado hoy mismo, después de una audiencia que mantendrían el
secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y el juez
Norberto Oyarbide (ver aparte). En una carpeta rotulada “Osvaldo” que
fue identificada en el disco rígido, la Policía Federal encontró
pedidos de informes financieros y comerciales acerca de varios
legisladores porteños de la oposición, del dirigente del sindicato de
los municipales Patricio Datarmini y hasta del propio jefe de Gabinete
del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La pericia policial
que está en manos de Oyarbide revela, de este modo, que la
Metropolitana también habría hecho espionaje político, incluso de los
propios dirigentes PRO, y que las escuchas telefónicas eran sólo una
parte del espionaje.

El mes pasado, Oyarbide ordenó allanar una oficina de la consultora
Strategic Security Consultancy, de Fino Palacios, ubicada en el
séptimo piso de Maipú 216, pleno centro porteño. La indicación había
sido extender el procedimiento al estudio jurídico de Chamorro, que
figuraba como el departamento vecino. Bastó con que se abriera una
puerta para que los investigadores descubrieran que, en realidad, no
eran dos departamentos separados, sino que estaban conectados como una
misma oficina. Palacios y Chamorro ya eran carne y uña desde sus
viejos tiempos en la Policía Federal, de donde fueron separados en
2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ayer el abogado del
Fino, Diego Richards, se presentó para pedir su eximición de prisión.

El juez le encomendó a la División Apoyo Tecnológico de la Federal que
analizara las computadoras secuestradas. Una de ellas evidentemente
era utilizada por Chamorro, ya que había archivos y carpetas con su
nombre. Allí tenía instalado el sistema de búsqueda de información
financiera de la empresa Nosis –que brinda servicios similares a
Veraz– y había requerimientos de datos sobre una lista de nombres y
apellidos más que llamativos, empezando por el propio jefe de Gabinete
de la administración macrista, Horacio Rodríguez Larreta. Figuran
también la legisladora Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), titular de
la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad; el diputado
Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), miembro de la misma comisión; la
legisladora porteña Diana Maffía (Coalición Cívica) y el sindicalista
Datarmini (líder del gremio de los empleados municipales porteños).
Fuentes policiales señalaron anoche que también se pidieron informes
económicos de Néstor Kirchner y del dirigente gremial macrista Daniel
Amoroso. Sin embargo, en el juzgado no tenían confirmación de esos
datos.

Los informes aparecen gestionados por la consultora de Palacios y
corresponden a los últimos meses, desde julio en adelante. Es porque
la clave, que estaba en un documento de Word común y corriente,
permitiría acceder sólo a los más recientes. Ayer el juez Oyarbide
pidió que Nosis detalle cuáles fueron todas las consultas hechas por
Strategic Security Consultancy en los últimos dos años. Por la tarde
circulaban fuertes versiones de que la lista de los espiados con esta
metodología elemental abarcaría también al legislador electo (Frente
para la Victoria) y referente de los docentes porteños Francisco
“Tito” Nenna y a tres legisladores porteños de PRO: el vicepresidente
de la Legislatura porteña, Diego Santilli, y los integrantes de la
Comisión de Seguridad Christian Ritondo y Osvaldo Borrelli.

La firma Nosis proporciona datos personales, crediticios y
vinculaciones comerciales de los ciudadanos. Cualquiera que pague un
abono y obtenga un password puede pedirlos: en sí mismo no es delito.
El problema es que en el caso que investiga Oyarbide habrían sido
utilizados para “hacer inteligencia interior” –según advierten
allegados a la causa– por quien fue jefe de la Policía Metropolitana
hasta fines de agosto, el Fino Palacios, y por su sucesor, Chamorro,
quien está ahora al frente de la fuerza. El gobierno porteño preveía
que quedara en ese lugar hasta que asumiera Eugenio Burzaco, que
termina su mandato de diputado nacional en diciembre. En la fiscalía
de Alberto Nisman, que interviene en la pesquisa, analizan si hubo
violación a la Ley de Seguridad Interior o a la Ley de Inteligencia.

El expediente que instruye Oyarbide comenzó con una denuncia de Sergio
Burstein, de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA: había
recibido un llamado anónimo donde le decían que el Fino Palacios le
había mandado a pinchar el teléfono. El magistrado corroboró que,
efectivamente, Burstein tenía su celular intervenido con una técnica
sorprendente: su nombre había aparecido en una causa judicial de
Misiones vinculado con la investigación de un asesinato; un juez de
Posadas, a instancias de policías misioneros, ordenó la escucha, y las
grabaciones las retiraba de oficinas de la SIDE en Buenos Aires el
entonces policía federal Ciro James. James, además, resultó estar muy
ligado a Palacios –quien gestionaba su ingreso a la Metropolitana– y
tenía desde 2008 un contrato como supuesto asesor legal del Ministerio
de Educación porteño, aunque hasta ahora la administración macrista no
logró o no quiso precisar qué hacía.

Burstein fue uno de los principales impulsores del desplazamiento del
Fino de la jefatura de la Metropolitana. Fue espiado entre agosto y
septiembre últimos, cuando era inminente el procesamiento del
comisario retirado por el encubrimiento del atentado a la AMIA, lo que
finalmente determinó que dejara la policía porteña, y a pesar de lo
cual Macri lo siguió respaldando.

Lo que terminó de convertir a Palacios en un sospechoso clave en la
causa fueron las 150 llamadas que se descubrió que intercambió con
James en el período de las escuchas a Burstein. Incluso hablaron un
rato antes de que el propio James hiciera dos llamados de prueba para
verificar la línea del dirigente de los Familiares de AMIA. Las
oficinas de la consultora del Fino, que compartía con Chamorro, fueron
allanadas apenas salió a la luz que desde julio y hasta que lo
detuvieron, a comienzos de octubre, James hablaba por teléfono desde
adentro del edificio del Ministerio de Seguridad porteño, donde están
las dependencias de la policía de Macri, lo que hacía suponer que ya
estaba trabajando allí antes de ser designado y previo a que le
concedieran la baja en la Federal.

La relación con James ya había implicado el primer traspié en la causa
también para Chamorro, que tuvo que declarar como testigo, bajo
juramento de decir verdad: el comisario le dijo que había hablado con
él sólo dos veces en su vida a raíz de su incorporación a la
Metropolitana que –confirmó– manejaba Palacios. Sin embargo, los
análisis de sus llamados telefónicos revelaron que hablaron una decena
de veces a través de sus celulares personales y otras sesenta a través
del teléfono del secretario privado de Chamorro.

Con el correr de los días, el juzgado de Oyarbide identificó a otras
ocho víctimas a las que les habían intervenido los teléfonos con la
misma técnica: se los vincula falsamente en una causa judicial por
robo u homicidio; por lo menos dos jueces de Posadas requieren las
escuchas; James retira las grabaciones en casetes o CD de la SIDE, con
autorización de los policías misioneros y los magistrados
intervinientes. Los jueces involucrados hasta ahora, Horacio Gallardo
y José Luis Rey, faltaron dos veces al llamado a la indagatoria y ayer
Oyarbide pidió su juicio político para poder detenerlos (ver página
4).

Entre las personas que fueron blancos del espionaje figuran, además de
Burstein, el parapsicólogo Daniel Leonardo, baleado la semana pasada,
quien apuntó por las escuchas a su suegro, Franco Macri, y en un
principio también a su cuñado Mauricio; el empresario televisivo
Carlos Avila; su yerno, gerente de TyC Sports, Federico Infante; dos
gerentes de Coto; el empresario Jorge Navarro, quien ayer acusó del
espionaje a su hermano Juan Navarro, del Exxel Group; el abogado
Francisco Castex (del poderoso estudio Iribarren) y la esposa de Hugo
Breitman, dueño de un importante anticuario, a quien ella acusa del
espionaje que ocurrió, dijo, el mismo año en que él hizo aportes a la
campaña de Macri para jefe de Gobierno.

Cuando días atrás procesó a James y a tres policías misioneros,
Oyarbide les imputó delitos que son excarcelables, como violación de
secretos y falsificación de documento público. A esta altura ya
empieza a contemplar que lo que operó habría sido una asociación
ilícita, lo que podría derivar en penas de prisión para los
responsables.


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