[R-P] Sojeros "transfugas".

[Gustavo Battistoni]

Diario LA NACION
Economía
Lunes 09.11.2009


Ley de arrendamientos / Se trataría mañana en comisiones de Diputados

Temen fuga de inversiones en el agro

El proyecto del Gobierno impulsa mayor presión impositiva en
Ganancias; las empresas ya piensan en sembrar en países limítrofes

Noticias de Economía: anterior | siguiente
Lunes 9 de noviembre de 2009 | Publicado en edición impresa



Temen fuga de inversiones en el agroCon la nueva ley también se verían
afectados contratistas y prestadores de servicios agrícolas

Fernando Bertello
LA NACION

Cuando falta un mes para el recambio legislativo, el oficialismo en la
Cámara de Diputados, con otras bancadas minoritarias, procurará
acelerar esta semana la nueva ley de arrendamientos, muy resistida por
el sector agropecuario por la mayor presión impositiva que, según
estima, va a provocar.

Se busca cambiar una norma original de hace más de 50 años que
provocará, según el ruralismo, desaliento tanto en las grandes
empresas como en contratistas y prestadores de servicios, lo que
implicará, en definitiva, llevar sus inversiones a países limítrofes.

Según trascendió, mañana el kirchnerismo intentará tratar el tema en
una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación
General, con objeto de elevar dictamen y pasar al recinto para votar
la media sanción.

Según comentó Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), uno de los puntos más controvertidos es el artículo
83, que, según explicó, introduce un impuesto progresivo adicional a
las ganancias de entre el 25 y el 45 por ciento. De hecho, puede
llegar a ese porcentaje en el caso de alguien que arriende más de 30
unidades mínimas productivas, un parámetro de escala que se deberá
fijar en cada región.

En este sentido, las alícuotas del adicional serían: cero por ciento
para los contratos establecidos de hasta diez unidades económicas; 25%
para los contratos de entre 10 y 20 unidades; 33% para los de entre 20
y 30, y 45% para los contratos de 30 o más unidades económicas.

Para Ambrosetti, con ese adicional, que estará a cargo del
arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total
ronde el 80 por ciento, esto es, considerando ganancias más el tope
del adicional para quien supere las 30 unidades económicas. Según el
economista, con esta iniciativa se "destruye" el negocio agropecuario,
porque "impide la búsqueda de escala y la eficiencia económica y
productiva y atenta también contra los pequeños y medianos productores
que buscan escala", expresó Ambrosetti. En la Argentina, se calcula
que el 60% de la producción de granos se hace sobre campos alquilados.

En tanto, las grandes empresas de siembra, que cultivan miles de
hectáreas en la Argentina y el Mercosur pagando alquileres, como El
Tejar, Los Grobo, MSU y Cazenave & Asociados, entre otras, se verían
afectada por la norma. Para Ambrosetti, en ese escenario las
megaempresas podrían optar por sembrar más en los países limítrofes.

La semana pasada, LA NACION había informado que varias de las firmas
más importantes este año están duplicando su siembra en otros países
del Mercosur, como Brasil y Uruguay, mientras sólo mantienen su área
en la Argentina. "Sumando Ganancias y el adicional, el impuesto podría
estar cerca del 80%. Con ese nivel de presión las inversiones del
sector se desviarían a países limítrofes", indicó Ambrosetti.

Por su parte, el diputado nacional José Arbo (Liberal-Corrientes)
opinó que, de prosperar la iniciativa, se "impulsará a la marginalidad
a muchos productores", y que "muchos capitales nacionales elegirán
invertir en países vecinos, en busca de rentabilidad y de seguridad
jurídica".

Otros actores que se verían afectados son los contratistas,
prestadores de servicios agrícolas de siembra y cosecha, que en los
últimos años también alquilaron campos.

El economista de la Rural acotó que esta carga extra sobre el negocio
agrícola también podría deprimir la productividad en futuras campañas.

Otros efectos

La iniciativa elimina también los contratos accidentales (que se hacen
por una sola vez o una cosecha). Para el especialista, esto también
puede traer un efecto negativo para pequeños y medianos productores
que, ante una situación de falta de capital de trabajo, en vez de
salir del circuito productivo alquilan su campo por una campaña para
hacerse de fondos y volver a producir en la siguiente.

Para los alquileres agrícolas, la norma mantiene un mínimo de tres años.

Por otra parte, el INTA sería el organismo encargado de fijar los
precios de referencia para los contratos en las distintas zonas.

Si el precio de mercado del alquiler se ubicara por debajo de lo que
fije el organismo oficial como referencia, los adicionales de
Ganancias se calcularían con el precio oficial y no sobre la base del
valor del mercado.

60%
Producción de granos

   * En la Argentina ése es el porcentaje que se trabaja sobre campos
alquilados.

80%
Presión impositiva

   * Hasta ese nivel puede llegar el impuesto a las ganancias más el
adicional que dispone el proyecto de ley.

45%
Máxima alícuota adicional

   * Es la que deberán pagar los productores si alquilan campos con
más de 30 unidades productivas.