[R-P] [Alfredo Zaiat] Burguesía fallida.

[Gustavo Battistoni]

Burguesía fallida

  	

 Por Alfredo Zaiat

En el ámbito de las ciencias políticas ha pasado a ser habitual el
concepto Estado fallido. Esta idea impulsada por académicos y think
tank estadounidenses de corrientes ideológicas diversas considera,
entre otros aspectos, que esos Estados no pueden brindar adecuadamente
los servicios básicos a la población y, por lo tanto, pierden
legitimidad política en un contexto de creciente violencia social.
Noam Chomsky en su libro Estados fallidos interpela al pensamiento
convencional que incorporó en esa categoría a países de la periferia,
destacándose en la región los casos de México y Colombia, y muestra
cómo Estados Unidos comparte rasgos de Estados fallidos. Chomsky
sostienen que éstos son aquellos que carecen de capacidad o voluntad
para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizás, incluso, de
la destrucción y se consideran más allá del alcance del derecho
interno e internacional. Afirma, además, que padecen de un grave
déficit democrático que priva a sus instituciones de su auténtica
misión. El análisis económico tiene la posibilidad de apropiarse de
esa idea para tratar de comprender situaciones domésticas que el
discurso dominante presenta con naturalidad. Por caso, el conflicto
abierto entre el gobierno de Venezuela y el Grupo Techint que ha
provocado la reacción del establishment local y trasnacionalizado. Las
críticas al proceso político y económico de Hugo Chávez, su engañosa
extensión a la realidad doméstica y la presión con claque opositor
para debilitar el Mercosur expulsando a Venezuela ha sido la
manifestación más contundente de la existencia en Argentina de una
“burguesía fallida”.

Los argumentos para aislar a Venezuela refieren a que el objetivo
planteado por Chávez de transformar a ese país en una economía
socialista anticipa su alejamiento del carácter de “economía de
mercado”. Por ese motivo no debería formar parte del Mercosur,
sostienen las principales cámaras patronales, actuando de vocero de
esa posición el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, el
mismo que como ministro de Producción del gobierno de Eduardo Duhalde
impulsó la pesificación asimétrica, provocando una transferencia
millonaria de recursos a los grupos económicos, entre ellos Techint.
Esa anacrónica reacción empresaria envuelta en una supuesta defensa de
intereses nacionales, cuando al mismo tiempo decenas de pymes y no
pocas grandes están expandiendo sus negocios en el marco de acuerdos
de integración regional con Venezuela, ha quedado descolocada. En esa
misma semana, la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el
acuerdo de los 34 cancilleres de los países miembros, enterró la
resolución que hace 47 años expulsó a Cuba de esa organización por
haber asumido la ideología marxista-leninista y aliarse al bloque
soviético. En ese contexto latinoamericano, plantear la expulsión de
Venezuela del Mercosur se presenta fuera de época. Además, pese a la
existencia de conflictos sobre la propiedad de grandes empresas entre
el gobierno de Chávez con otros países integrantes del bloque en
ningún caso sus respectivas cámaras patronales exigieron con semejante
intoxicación ideológica el desplazamiento de Venezuela del Mercosur.

Esa avanzada, además de la defensa corporativa del Grupo Techint,
tiene el objetivo de limitar la intervención del Estado en la
economía. En especial, el poder está inquieto por la designación de
directores y síndicos en empresas que la Anses detenta paquetes de
acciones relevantes. El análisis tosco sobre la “chavización” de la
administración kirchnerista no tiene otros elementos que lo sustenten
que anteojeras ideológicas o intereses ocultos. En esa instancia, con
esos comportamientos se hace presente en toda su dimensión el concepto
de “burguesía fallida” para la economía argentina.

En una economía capitalista la burguesía desempeña un papel central, y
en términos históricos fue revolucionaria al desplazar el régimen
feudal. Pero también lo ha sido en el desarrollo de las fuerzas
productivas con innovaciones e inversiones que fueron alterando el
sistema de producción y el orden social, expandiendo sus fronteras
hasta lugares remotos del planeta. Es abundante la literatura acerca
del comportamiento y características de las clases dominantes. La de
Argentina actúa como cualquier otra que busca maximizar ganancias y su
acción no está determinada por razones “culturales”, vinculadas con
corrientes inmigratorias o creencias religiosas, como sostienen
ciertos especialistas. Pero lo cierto es que los grandes industriales
son parte importante del fracaso del desarrollo económico local a
pesar de contar con el apoyo de gobiernos de distinto origen. A pesar
de recibir amplios y diversos beneficios fiscales y financieros no
pudieron ser un agente dinámico de un modelo de acumulación
competitivo.

Un sendero a transitar para tratar de comprender ese comportamiento
remite a evaluar a esos industriales como un sector rentista. Esta
característica tuvo una espontánea manifestación con la venta al mejor
postor de sus empresas en los últimos veinte años, para girar parte de
esos fondos al exterior y otra para volcarlos a la compra de campos y
a la producción agropecuaria. Esto impulsa a considerar que la
existencia de una “burguesía fallida” está asociada a un modelo de
desarrollo latifundista, con rentas extraordinarias obtenidas por las
ventajas comparativas a nivel internacional del campo argentino, que
terminó conformando una clase dominante periférica y dependiente. Esto
explicaría la vocación por la especulación financiera, la
imposibilidad de constituir una base industrial medianamente
desarrollada pese a los millonarios subsidios otorgados por el Estado
y la tendencia a reorientar excedentes a la compra de campos y a la
actividad agropecuaria.

El economista Andrés López escribió el documento Empresas,
instituciones y desarrollo económico: un análisis general con
reflexiones para el caso argentino, publicado en el Boletín Techint
(Nº 320, mayo-agosto 2006), que es muy ilustrativo para acercarse a la
complejidad de la burguesía nacional. López sostiene que “el estudio
de la conducta empresaria es clave para entender mejor el
funcionamiento de los mercados y la dinámica de la competencia, sino
que también es central para comprender los diferentes estilos y
alcances de los procesos de desarrollo económico a nivel nacional”.
Describe en forma esquemática que investigadores de izquierda y
liberales cuestionan, con distintas bases conceptuales arribando a la
misma conclusión, el comportamiento de la burguesía local. Los
primeros destacan que debido a su carácter rentístico o especulativo
no fue capaz de liderar un proceso de acumulación basado en la
innovación y la inversión en capital físico y humano. Por el
contrario, se limitó a aprovechar las oportunidades que se presentaba
en cada una de las fases de la economía en distintos momentos de la
historia reciente. Hoy, por ejemplo, ya explotó el ciclo de elevado
crecimiento que permitió la megadevaluación y pesificación,
socializando pérdidas a costa del resto de la sociedad, y busca ahora
una vía rápida de ajuste para sostener su comportamiento especulativo.
Por su parte, la corriente liberal sostiene que la existencia de
conductas empresarias que denomina “lobbista” o “de captura de rentas”
no tiene que ver con características intrínsecas de la burguesía
local, sino de políticas económicas erróneas, cuyo origen se ubica en
el régimen mercado-internista surgido tras la crisis del ‘30 y
consolidado a partir de los gobiernos peronistas.

Ambos enfoques, sostiene López, se unifican en la profunda
desconfianza que tienen hacia toda forma de vinculación entre el
Estado y la clase empresaria, “ya que cuando esa interacción existe
usualmente es para generar beneficios hacia un sector limitado de la
sociedad (gobernantes y empresarios poderosos) a costa del resto”.
Para los liberales, esa interacción es “a priori sospechosa de ser el
resultado o el prolegómeno de algún acto de corrupción o una
transferencia de renta”, señala López, para agregar que la corriente
de pensamiento de izquierda considera que “es la consecuencia del
sometimiento del Estado a las necesidades del gran capital”. En la
Argentina, la historia muestra evidencias de ambos tipos de conductas
que ante intentos de construir institucionalidad a partir del Estado
impulsando un proceso de acumulación sostenido, esa “burguesía
fallida” ha buscado frustrarlo para mantener inalterado ese
funcionamiento de la economía que le permite una acumulación
especulativa de capital. Incluso cuando una facción de esa burguesía
intenta apartarse de ese destino es señalada por los propios
abanderados de la libertad del capital como cercana al gobierno de
turno o marginada de los círculos del poder económico.

En general, todo proceso de industrialización implicó una fuerte
transferencia de recursos públicos hacia la naciente burguesía. “La
evidencia muestra que la corrupción ha estado presente, en mayor o
menor medida, en casi todas las experiencias de industrialización y
desarrollo económico modernas”, explica López. Pero destaca a la vez
que esos países (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón,
Corea, entre otros) han alcanzado una estructura institucional que ha
impulsado que esa burguesía no se ha quedado en la captura de rentas o
en conductas rentísticas, para reconvertirse en una con estrategias
competitivas, dinámicas, de expansión, actuando como un factor de
estabilidad económica y no de perturbación. No ha sido el caso de
“burguesía fallida” de la experiencia argentina.