[R-P] [alai-amlatina] Argentina debate nueva ley de comunicación

[Nestor Gorojovsky]

Argentina: La urgencia del debate por una nueva ley de comunicación

Florencia Copley

ALAI AMLATINA, 02/06/2009.-  La propuesta para reemplazar la ley de
radiodifusión en Argentina propició una discusión que abre un postergado
camino en la necesaria y urgente democratización de los medios de
comunicación en un contexto de cambios regionales y coyuntura electoral
en el país.

El gobierno nacional argentino ha hecho pública, el 18 de marzo de este
año, una propuesta de Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual para cuyo debate se dispuso un plazo de 60 días antes de que
sea tratado en el parlamento. Para discutir este anteproyecto se
organizaron en diferentes puntos del país una serie de actividades donde
surgieron posturas a favor y en contra de la propuesta pero también
significativos aportes para una nueva ley que de ser aprobada
trascenderá a los gobernantes de turno.

Cuando los comunicadores y militantes de organizaciones sociales
recuerdan que en la Argentina existen 25 años de lucha por una nueva
legislación para los sistemas de comunicación, no es una cuestión de
retórica. Diferentes sectores han reclamado durante más de dos décadas
que se reemplace el Decreto-Ley 22.285 sancionado durante la última
dictadura militar en el año 1980 y que aún hoy continúa vigente. En la
democracia de los posteriores gobiernos argentinos la ley sufrió un
total de 207 modificaciones pero la introducción de dichos cambios ha
colaborado con la concentración y centralización de los medios masivos
de comunicación, favoreciendo la tendencia a los monopolios y oligopolios.

Ya en el año 1984, al recuperar los trabajadores de prensa sus
organizaciones con la incipiente democracia, la Asociación de
Periodistas de Buenos Aries -luego Unión de Trabajadores de Prensa de
Buenos Aires (UTPBA)- participó en la elaboración de un proyecto para
reemplazar la Ley de Radiodifusión, que años más tarde fue elevado al
Consejo de Consolidación de la Democracia. Desde 1987 casi un centenar
de proyectos fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Finalmente, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, iniciativa
surgida en el año 2004 de la convergencia de organizaciones,
instituciones, sindicatos, organismos de Derechos Humanos y radios
comunitarias, logró que los 21 puntos por el Derecho a la Comunicación
acordados en ese espacio hace cuatro años fueran contemplados en el
Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que presentó
oficialmente el gobierno nacional argentino el 18 de marzo de 2009.

Ahí empezó la carrera: 60 días de plazo para debatir el proyecto de Ley.
Pero la urgencia de un tema tantas veces postergado parece haberse
desatado con la sesgada cobertura mediática del lock out agropecuario y
el insistentemente difundido "conflicto del campo" que derivó en un
público enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín, que en la
actualidad controla más del 40% de los contenidos que circulan a través
de las distintos soportes de comunicación masiva (diarios, revistas,
radio, televisión abierta y paga e Internet) y único holding que
participa en toda la cadena de valor del negocio de los medios de
comunicación, desde la producción hasta la emisión y distribución de
contenidos.

En esta coyuntura política y en un confrontativo año electoral, el
gobierno de Cristina Fernández da impulso entonces a un nuevo Proyecto
de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya propuesta comenzó
a difundirse, promoverse y discutirse en diferentes puntos del país en
actividades organizadas para ese fin. Algunos sectores sociales al
momento de evaluar la posible nueva legislación no lograron salir del
análisis de coyuntura y denunciar la conveniencia del oficialismo en la
aprobación de esta Ley de su autoría. Muchos otros, priorizando la
urgencia de actualizar la regulación actual de los medios de
comunicación en el país, han visto sin embargo la oportunidad de iniciar
un camino en la democratización de la información y la comunicación -que
deberá ir mucho más allá de la aprobación de esta ley- como aspecto
esencial en la construcción de una sociedad más justa.

La discusión pública sobre la nueva ley de comunicación de alguna manera
se ha instalado en universidades y diferentes espacios donde ha llegado
el debate pero pareciera haber sobre este tema, como mencionó el
periodista Eduardo Aliverti, "un apagón televisivo y casi un apagón
radiofónico". Porque cambiar la legislación vigente es un gran avance en
la democratización de la información pero por otro lado determina cómo y
a quién se otorgarán mayores beneficios en el manejo de los medios masivos.

Las propuestas de la nueva ley

Prácticamente todas las organizaciones, instituciones y agrupaciones que
han analizado el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual presentado por el Poder Ejecutivo, coinciden en la
importancia de algunos puntos clave de esta propuesta. Seguramente los
más relevantes son los que han generado una mayor polémica tanto entre
quienes se encuentran trabajando en la producción de aportes para el
mejoramiento del proyecto como para aquellos medios comerciales que hoy
detentan grandes beneficios y se han mostrado reacios a perder su  poder.

Entre los puntos más sobresalientes cabe mencionar la "retransmisión o
emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general
como los deportivos en directo y de manera gratuita en todo el
territorio nacional"; la "exigencia de programación propia"; "el régimen
de concurso abierto y permanente" para otorgar las licencias; las
"audiencias públicas para la renovación de licencias" y las
"limitaciones a la transferencia de licencias"; las "cuotas de
producción nacional, de transmisión de producciones nacionales, cuotas
obligatorias de producción propia que deben cumplir los licenciatarios y
la incorporación de señales locales en los sistemas de televisión por
suscripción".

Otras de las cuestiones relevantes son las "cuotas específicas de
espectro para comunicación orientada a fines sociales" donde se destina
"el 33% de las localizaciones planificadas, para personas de existencia
ideal sin fines de lucro"; el establecimiento de un "número máximo de
licencias que pueden ser prestadas por un solo sujeto; la imposibilidad
"de que un solo prestador controle más del 35% a nivel nacional y para
todos los servicios de abonados o habitantes"; "la creación de un Fondo
de Fomento Concursable para Producción de Programas de Televisión de
Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes"; "la creación de un Registro
Público de Licencias y Autorizaciones" y "el Registro Público de Señales
y Productoras"; el establecimiento de una "cuota de pantalla del cine
nacional".

En cuanto a las licencias y los prestadores de servicios, el Proyecto de
Ley establece "limitaciones a la concentración de licencias" (hasta diez
licencias de radiodifusión cuando se trate de servicios de radiodifusión
sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión
televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico
-excluyendo servicios sobre soporte satelital- y hasta 24 licencias para
la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción); "el
ingreso de nuevos actores: las cooperativas y los licenciatarios de
servicios públicos, en condiciones de libre apertura del mercado"; la
admisión de "tres tipos de prestadores: de gestión estatal, de gestión
privada con fines de lucro, de gestión privada sin fines de lucro".

Otro de los cambios que introduce la propuesta radica en la creación de
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que tendrá a su cargo
la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios
de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, así como la
creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AUFER) encargada de aplicar, interpretar y hacer cumplir la
ley y cuyos miembros serán designados por una Comisión Bicameral y el
Poder Ejecutivo de la Nación. Además se establecerá un Consejo Federal
cuyos miembros provinciales representarían a los prestadores privados, a
las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores
de prensa; y se crearía también una Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual.

Aportes y críticas

Poniendo en evidencia el claro enfrentamiento con el gobierno, el Grupo
Clarín optó por dar difusión sólo a las críticas realizadas tanto por la
oposición como por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
asociación con sede en Miami que nuclea a grandes propietarios de medios
de comunicación del continente en la defensa de sus intereses
oligopólicos y de la cual forman parte Clarín y también el diario
argentino La Nación

"La SIP le reclama al Gobierno que 'cese la escalada de hostigamiento'
hacia los medios", tituló Clarín el 16 de marzo, y pese a que el informe
de la SIP fue elaborado antes de que se divulgue el contenido de la
propuesta del Proyecto de Ley, sostenía que "la iniciativa oficial no
sólo profundizaría la confrontación con los medios sino aumentaría los
controles y también el manejo de los mismos".

Una vez presentado el Proyecto de Ley por el gobierno nacional, tanto
los medios gráficos como algunos noticieros televisivos, en lugar de
propiciar el debate, se limitaron a difundir la conferencia de prensa
que dieron los principales sectores políticos opositores al oficialismo.
Allí aparecieron críticas viscerales como la de Elisa Carrió, líder de
la Coalición Cívica (CC), para quien esta propuesta es una ley
"extorsiva" que "pone a todos de rodillas", y la del senador Gerardo
Morales, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien sostuvo que:
"debatir cambios a la Ley de Radiodifusión con este gobierno equivale a
convertir a la Argentina en la Venezuela de Chávez",

Por otro lado y sin cobertura mediática, se generaron diversos espacios
donde las posiciones -más enfrentadas o más cercanas al kirchnerismo- no
les impidieron ocuparse de estudiar seriamente la propuesta y presentar
críticas y observaciones, gran parte de las cuales deberían ser
contempladas a la hora de debatir el Proyecto de Ley en las instancias
parlamentarias.

Tal vez los aportes más interesantes sean los elaborados por las
organizaciones de medios comunitarios, ya que en ese ámbito el debate ha
cobrado la dimensión que impone la urgencia de los pueblos por hacer
frente a los grandes monopolios de la información desde la construcción
de una comunicación propia, alternativa a las agendas del poder empresarial.

Una de las propuestas coincidentes de estos espacios es la derogación
del Decreto 527/05, que extendió por diez años más el plazo de las
licencias de los medios comerciales. Para la Asociación de Radios
Comunitarias (AMARC): "La anulación de este Decreto, por los mecanismos
constitucionales que resulten más convenientes es imprescindible para
sostener en la práctica los principios democratizadores de este proyecto".

También de acuerdo con este punto, la Red Nacional de Medios
Alternativos (RNMA) hizo pública una serie de propuestas que apuntan a
la necesidad de especificar "conceptos, definiciones que aparecen poco
claros o ambiguos de manera que no estén sujetos a interpretaciones de
unos pocos cuando la ley se reglamente".

Por ejemplo, con respecto al 33% designado para entidades privadas sin
fines de lucro, la RNMA afirma que: "nuestros medios tendrían que
disputar licencias con fundaciones, iglesias, corporaciones sindicales y
otras organizaciones que entran en la misma tipología de licenciatario
cuyo poder político y económico (y sus características y objetivos) son
completamente distintos a los nuestros. Los medios comunitarios,
populares y alternativos deben estar especialmente protegidos y su
actividad específicamente promovida para poder gozar de un ejercicio de
la comunicación plenamente democrático. La garantía del ejercicio pleno
de los derechos de los comunicadores comunitarios, populares y
alternativos tiene que ser una obligación del Estado y esto tiene que
quedar claro en la Propuesta de Proyecto de Ley". Es en este sentido que
reclama la incorporación de esta nueva tipología de licenciatario que
correspondería a los medios de comunicación comunitarios, populares y
alternativos, así como "mecanismos específicos de acceso a licencias"
para este sector.

* Artículo completo en: http://alainet.org/active/30633