[R-P] Prontuarios del grupo "Aurora".

[Gustavo Battistoni]

EL PAIS
Nueva República


  	

 Por Horacio Verbitsky

“Aurora de una nueva República” se denomina el “conjunto de hombres y
mujeres preocupados por el presente y el futuro de la República y sus
instituciones”, que hizo su presentación pública el miércoles 8. Estos
son, por orden alfabético, algunos de sus miembros:

Marcos Aguinis. Funcionario del gobierno alfonsinista en el área de
Cultura. Entre otros libros escribió la biografía del almirante
Guillermo Brown, a pedido de la DAIA y como homenaje y donación al
almirante Massera en 1977. En el diario La Nación alterna artículos en
los que compara a Kirchner con Hitler y otros en los que considera
antisemita cualquier cuestionamiento a las violaciones a los derechos
humanos por el gobierno de Israel.

Atilio Alterini. Juez civil y comercial, en 1976 prestó juramento por
los estatutos golpistas. El brigadier Osvaldo Cacciatore lo designó
director de asuntos jurídicos de la Municipalidad porteña, donde
dictaminó en favor del despido de mujeres embarazadas y se refirió a
la cesantía con la significativa expresión “acto eliminatorio”. Además
convalidó el despido de una maestra detenida-desaparecida, por no
presentarse a trabajar. Como miembro del Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho, Alterini aprobó el contrato y los honorarios de
Alterini como director del proyecto Digesto Jurídico Argentino. La
auditoría del Ministerio de Justicia detectó “un gasto exagerado en
contrataciones de personal temporario, con presunto criterio de
favoritismo político”. Entre los beneficiarios figura su hermano, el
juez Jorge Horacio Alterini, con una remuneración mensual de 3000
pesos.

Miguel Angel Espeche Gil. Asesor de Elisa Carrió y postulante al
premio Nobel de la Paz por una doctrina sobre la ilegalidad de la
deuda externa. Durante la dictadura que contrajo la masa fundacional
de esa deuda era director de América del Norte en la Cancillería.
Según los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados
Unidos, en 1977 se quejó en tono emocional al secretario de asuntos
interamericanos Terence Todman por la falta de reconocimiento a las
presuntas mejoras en la situación de los derechos humanos. En cambio
calló cuando le pidieron explicaciones por el secuestro de las monjas
francesas y las Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa
Cruz. En 1978 protestó porque el embajador Raúl Castro dijo que la
Argentina tenía mala imagen por las violaciones a los derechos humanos
y no reconoció “los progresos realizados”. En 1979 intentó negociar en
vano la libertad de Jacobo Timerman por elogios del gobierno de Carter
a Videla. También justificó la detención de dirigentes sindicales en
la Argentina porque así se garantizaba el derecho a trabajar.

Pablo Luis Manili. Como constitucionalista postula la prioridad de los
tratados internacionales de derechos humanos sobre el ordenamiento
jurídico interno. Sin embargo objeta la nulidad de las leyes de punto
final y obediencia debida y de los indultos. Esto le ha valido el
encomio del rancio académico Horacio García Belsunce y la Cámara
Federal de San Martín lo citó para declarar válido el indulto al ex
jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros.

Horacio Sanguinetti. Director de asuntos jurídicos del ministerio del
Interior durante la dictadura de Lanusse y asesor de gabinete del
ministro Horacio Liendo durante la de Viola, datos que constan en su
legajo oficial pero no en su curriculum que arranca con cautela en
1983, como si hubiera nacido con la democracia. Macri lo designó
interventor del teatro Colón, cargo que debió dejar por el escándalo
del alquiler para un show comercial de una marca de calzado de las
pocas instalaciones utilizables en la caótica obra sin final a la
vista.

Jorge Reinaldo Vanossi. Alternó entre la UCR y PRO. Como informante
por la mayoría radical en el debate de la ley de obediencia debida
este constitucionalista dijo que no usaría “capítulos de erudición ni
excesivas citas, porque éste no es momento de pergaminos ni de
entelequias intelectuales sino de realidades patéticas”. Agregó que
“las cosas fueron como fueron” y es “ocioso entrar en bizantinismos
jurídicos”. Ministro de Justicia durante la presidencia interina del
ex senador Eduardo Duhalde dictaminó que los caceroleros incurrían en
el delito de sedición.

Agustín Zbar. Legislador porteño de la UCR, en 1999 fundamentó la
primera reforma al Código de Convivencia Urbano que devolvió a la
Policía Federal la facultad de detener a los ciudadanos que antes
dependía de fiscales o jueces, elevó de 10 a 30 días el plazo máximo
de arresto y hasta prohibió hablar de sexo en la calle. Con un
discurso muy parecido al que convalidó la ley de obediencia debida,
dijo que “muy lamentablemente”, la nueva norma “debe ajustarse a las
fuerzas del poder, y no podemos cumplir la misión más importante de un
cuerpo legislativo y de la política, que es tratar de encauzar, de
orientar la realidad, y no meramente de someterse a ella, de claudicar
ante ella. Aun cuando esto vaya a convertir a muchas personas que
ejercen una actividad lícita en víctimas de una norma”, que calificó
como “de dudosa constitucionalidad, la misión más sagrada de esta
Legislatura en el día de hoy, la razón de Estado, es evitar ese
conflicto” con el gobierno nacional de Menem, que había firmado un
decreto de reposición de los derogados edictos policiales.

Si así la defiende este águila guerrera, la República está a salvo.


 Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/128109-41126-2009-07-12.html