[R-P] [cupv] Jesuitas hondureños: Información de situación en Honduras

[desdemilibertad01 en yahoo.com.ar]

El eqipo de reflexión de la Cía de Jesus facilitó el envío del Boletín informativo No. 1: Informe especial sobre golpe de Estado en Honduras. Radio Progreso, llevada por los sacerdotes Jesuitas, fue intervenida. 

Como el Boletin es un pdf no puedo remitirlo. Envío una de sus notas y aquellos interesados en el pdf me lo hacen saber y se los remito por privado.
Pat
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POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO

A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN
DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de
2009, un contingente de
militares rodearon la residencia
del Presidente de la
República, Manuel Zelaya
Rosales (2006-2010), lo detuvieron,
lo trasladaron a
la Fuerza Aérea Hondureña
y lo enviaron a Costa Rica,
en un acto similar al que
realizaban los militares en
el pasado cuando querían
deshacerse de los antiguos
Jefes de las Fuerzas Armadas.
El detonante principal
fue la convocatoria a una
encuesta de opinión a realizarse
ese mismo día, promovida
por el Presidente
de la República, a través
de la cual se le consultaría
a la ciudadanía si deseaba
que en las elecciones de
noviembre se colocara una
cuarta urna (las otras tres
corresponden al Presidente,
a los diputados y a los
alcaldes) para votar por la
instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente
en el 2010, cuyo fin primordial
sería la elaboración
de una nueva Constitución
de la República.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE
ESTADO
El golpe de Estado se venía
gestando desde varios días
atrás, alimentado por una
confrontación creciente
entre los tres poderes del
Estado, específicamente
entre los poderes Legislativo
y Judicial contra el Poder
Ejecutivo. Una de las manifestaciones
más evidentes
fue el desconocimiento por
dos poderes del Estado, de
la decisión del Presidente
de la República de destituir
al Jefe del Estado Mayor
Conjunto, General Romeo
Vásquez Velásquez, por negarse
a cumplir una orden
del Ejecutivo, facultad establecida
en la propia Constitución
de la República que
se enmarca dentro de la
subordinación jerárquica
de las Fuerzas Armadas al
poder legítimamente constituido.
La restitución del
mencionado General en
su cargo en una operación
relámpago por parte de la
Corte Suprema de Justicia y
similar acción por parte del
Congreso Nacional, que llegó
al extremo de declarar
héroe nacional al militar,
constituyó un atentado a la
independencia de poderes
y llevó al límite la negativa
de ambos poderes a realizar
una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el
golpe de Estado se tomó el
jueves 25 de junio cuando
el mismo Presidente del
Congreso pidió al pleno
declarar deshabilitado al
Presidente de la República
para continuar desempeñando
su cargo, y procedió
a constituir una Comisión
de Dictamen cuya resolución
no se produjo con la
celeridad que se esperaba,
lo que unido a la cautela
del Embajador de los Estados
Unidos para apoyar la
inhabilitación, impidió que
el golpe de Estado se consumara
ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en
Honduras data de 1982 y
en ella no se contemplan
los mecanismos para revisarla
y crear una nueva. Los
constituyentes de la época,
conscientes de las debilidades
de los partidos políticos
tradicionales, establecieron
un conjunto de artículos
denominados “pétreos” y
una advertencia encaminada
a considerar como
delito cualquier intento
de reformarla. La iniciativa
del Presidente Zelaya de
impulsar una consulta/encuesta
ciudadana para preguntarle
a la ciudadanía si
quería que se colocara una
cuarta urna en las elecciones
generales de 2009,
para decidir sobre la instalación
de una Asamblea
Nacional Constituyente
que se encargaría de reformar
la constitución, recibió
una reacción adversa de la
clase política que recordaba
constantemente que en
el pasado autoritario esa
propuesta llevaba implícita
un golpe de Estado y, derivado
de ello, el empeño
continuista del Presidente
de la República. A partir de
ese momento, todo intento
del Presidente para realizar
la consulta chocaba con la
oposición del Poder Legislativo,
primero, y del Poder
Judicial, después. Ambos
intensificaban su oposición
emitiendo constantes y
veloces fallos de ilegalidad
a las iniciativas del poder
Ejecutivo, relacionadas con
la cuarta urna, ya sea en
la fase de consulta o en la
fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICOECONÓMICA-
MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la
confluencia de intereses
diversos:
1. intereses político-partidarios,
que aglutinaron a
seguidores del Presidente
del Congreso Nacional, Roberto
Micheletti, candidato
perdedor en las elecciones
primarias del partido Liberal,
con un fuerte resentimiento
con el presidente
del Poder Ejecutivo por no
haberle dado el apoyo suficiente
para asegurar su
triunfo; militantes del partido
Nacional, que vieron
la iniciativa del Presidente
Zelaya como una amenaza
al triunfo del candidato de
su Partido, Porfirio “Pepe”
Lobo; diputados de dos de
los tres partidos pequeños,
Pinu y Democracia Cristiana,
que se posicionaron
al lado del presidente del
Congreso Nacional en la
confrontación de poderes
del Estado (la excepción la
constituyó el partido Unificación
Democrática de tendencia
izquierdista y con
muy poca representación
en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales,
en torno a los que
se agruparon las siguientes
instituciones: a) Corte
Suprema de Justicia, de
cuyos miembros ocho son
del partido Liberal, incluido
su presidente, y siete son
del partido Nacional. Todos
ellos fueron nombrados
por el Congreso Nacional
a propuesta de una Junta
Nominadora, pero todos
guardan un alto nivel de
subordinación hacia el partido
que votó por ellos y, en
el caso del Presidente (de la
Corte Suprema) mantiene
una relación de dependencia
directa con respecto al
Presidente del Congreso
Nacional b) Ministerio Público,
dirigido por el Fiscal
General, perteneciente al
partido Liberal, y el Fiscal
General Adjunto, del partido
Nacional, ambos nombrados
recientemente por
el Congreso Nacional luego
de fuertes negociaciones
entre las bancadas en las
que el presidente Micheletti
jugó un papel activo
c) Procuraduría General
de la República, liberal
nombrada por el Congreso
Nacional y con fuerte
dependencia de su partido
d) Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos,
reelecto por el Congreso
Nacional luego de intensas
negociaciones con el partido
Liberal y e) Tribunal Supremo
Electoral, organismo
altamente partidizado
cuyo presidente pertenece
al partido Liberal y mantiene
vínculos directos con el
presidente del Congreso.

3. Intereses económicos,
que juntaron a dirigentes
empresariales de las organizaciones
gremiales,
Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP)
y Asociación Nacional de
Industriales (ANDI), que
estaban disgustados con
la decisión presidencial de
aumentar unilateralmente
el salario mínimo en diciembre
anterior, a pesar
de la negativa empresarial
a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que
hicieron confluir a los principales
dueños de medios
de comunicación a) Rafael
Ferrari, del Partido Liberal,
dueño de canales de televisión
3, 5 y 7, y de una cadena
de radio y varias radios
menores, b) Carlos Flores,
también del Partido Liberal,
ex presidente de Honduras
y dueño de Diario La Tribuna,
de mucha influencia
en la zona central del país
y padre de la Vicepresidenta
del Congreso Nacional a
quien colocó por su amistad
con Roberto Micheletti,
entonces Presidente
del Congreso Nacional, con
una relación de dependencia
hacia el ex presidente;
c) Jorge Cañahuatti, del
Partido Nacional, dueño
de los diarios El Heraldo y
La Prensa, con fuerte influencia
en la zona central
el primero y nacional el
segundo, confrontado con
el gobierno desde el inicio,
por cuestiones partidarias
y por quedar excluido de
los contratos del gobierno.
Desde dos años atrás
el presidente comenzó a
señalar a los “poderes fácticos”
que lo presionaban
para conseguir beneficios
económicos, dentro de los
cuales se encontraban los
empresarios de medios de
comunicación y otras actividades
económicas, que
se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer
la democracia participativa
La clase política del país,
representada en el Congreso
Nacional a través de los
partidos actualmente constituidos,
ha manifestado
una resistencia creciente a
aceptar nuevas formas de
democracia, como la participativa,
argumentando
que la democracia representativa
es la única forma
de ejercicio de la democracia
y que los diputados
al Congreso Nacional son
los únicos facultados para
opinar sobre los asuntos
públicos. La idea de consultar
a la ciudadanía para
opinar sobre un asunto de
trascendencia nacional,
como la creación de una
nueva Constitución adaptada
a los cambios que ha
experimentado el contexto
nacional e internacional
luego de 28 años de haber
sido emitida, alteró la calma
legislativa y sus diputados
comenzaron a argumentar
que la Constitución
de la República no se podía
cambiar porque los constituyentes
que emitieron
la Constitución de 1982,
actualmente vigente, decidieron
que habían artículos
pétreos que hacían imposible
que la Constitución fuera
reformada.
2. El Presidente desobedeció
las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente
de la República de continuar
adelante con la idea
de la cuarta urna, pese a
la oposición del Poder Legislativo,
secundada por el
Poder Judicial, llevó al límite
la confrontación entre
los poderes del Estado y
todos ellos terminaron con
argumentaciones y contra
argumentaciones jurídicas
que evidenciaron la politización
partidaria del Poder
Judicial que se posicionó al
lado del Poder Legislativo
en el conflicto entre Poder
Legislativo y Poder Ejecutivo.
De esta manera, lo que
pudo haber sido un conflicto
exclusivamente jurídico,
que debía resolverse en los
tribunales de Justicia, se
convirtió en un problema
esencialmente político que
se manejó públicamente
como problema jurídico,
aunque privadamente, a
través de negociaciones
entre el Poder Ejecutivo y la
alianza político-económicamediática,
se manejó como
un problema político.

3. El Presidente pretendía
continuar en el poder
El argumento del continuismo
comenzó a ser utilizado
por el Congreso Nacional,
secundado por los dueños
de medios de comunicación,
la empresa privada,
sectores conservadores,
personas y grupos interesados,
y militares retirados
que comenzaron a plantar
la idea de que el presidente
quería continuar en el poder,
a pesar de su reiterada
afirmación de que él estaría
en el gobierno hasta el
último día de su mandato y
que la Asamblea Nacional
Constituyente sería tarea
del nuevo gobierno que
iniciaría en el 2010. En esta
percepción pudieron influir
declaraciones iniciales contradictorias
por parte de
funcionarios allegados al
Presidente de la República,
que pudieron contribuir a
confundir a los sectores en
confrontación sobre este
tema, aunque el mismo adquirió
su propia dinámica
y comenzó a repetirse una
u otra vez por parte de todos
los componentes de la
alianza política-económicamediática,
hasta lograr un
alto nivel de manipulación
y desinformación.

B4O. ElL pEreTsiIdNen te- qJuuerlíaio in s2ta0u-09 l 4
rar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya
con los países integrantes
de la Alianza Bolivariana de las
Américas (ALBA) y Petrocaribe,
le creó una imagen de centro
izquierda que incomodó a
empresarios y políticos que
comenzaron a asociar todas
las decisiones gubernamentales
con acciones encaminadas
a instaurar el comunismo en
el país, situación que fue hábilmente
manipulada por los
medios de comunicación y repetida
insistentemente por los
militares retirados que adquirieron
un protagonismo creado
y estimulado por las fuerzas
opositoras al gobierno.
La cercanía a los países de la
ALBA, en particular, Venezuela,
Nicaragua y Cuba, les llevó
a estigmatizar a gobierno y
ciudadanos de estos países, y
a considerar que la presencia
de sus diplomáticos en el país
constituía una amenaza para
la democracia.
5. El Presidente ha incumplido
sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó
a todos los otros temas
de la agenda nacional, acaparando
la atención de legisladores,
funcionarios y medios
de comunicación, al extremo
que medios de comunicación
de la alianza político-económica-
mediática dedicaban espacios
casi completos a cuestionar
el tema y, por supuesto,
el gobierno utilizaba el canal
del Estado y un par de canales
más, para defender su posición
en torno a la cuarta urna.
La alianza opositora continuó
cuestionando la insistencia
presidencial en mantener el
tema y decidieron cuestionarlo
por la falta de atención,
que según ellos, le restaba a la
fiebre AH1N1, inundaciones y
terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación
entre poderes del
Estado, en una evidente crisis
de ingobernabilidad política,
la alianza opositora comenzó
a acercarse al Jefe del Estado
Mayor Conjunto, General Romeo
Vásquez Velásquez, y a la
Junta de Comandantes, para
pedirles que no obedecieran
las órdenes del presidente de
la República, de repartir las
cajas para la encuesta de opinión
en todo el país. A la vez
que negociaba con la cúpula
militar en privado, colocaba
en la agenda pública a militares
retirados, protagonistas
de la década de los ochenta,
formados en plena guerra
fría, reafirmando posiciones
anticomunistas, incitando a la
desobediencia y haciendo llamados
a la insubordinación de
los militares activos.
La crisis permitió que personajes
sumados en el anonimato
adquirieran visibilidad y se
convirtieran en referentes notables
para los medios de comunicación
de la alianza opositora,
militarizando la agenda
de los medios y polarizando la
sociedad en dos grupos fuertemente
enfrentados, los que
estaban a favor y los que estaban
en contra. La destitución
del Jefe del Estado Mayor y la
renuncia del Secretario de Defensa,
Edmundo Orellana, fue
una consecuencia lógica de la
presión político-jurídica a que
se vieron enfrentados los militares
durante varios días de
confrontación. Hasta ese momento
las Fuerzas Armadas
aparecían como víctimas de
la polarización civil en el plano
político. A partir de ahí y luego
de la restitución político-judicial
del General en su cargo, y
después de su reconocimiento
público en el Congreso Nacional
como “héroe nacional”,
por haberle desobedecido al
Presidente de la República, el
militar comenzó a participar
en marchas y protestas callejeras,
y a dar entrevistas para
los medios opositores, definiéndose
claramente del lado
de la alianza político-económica-
mediática.
La Junta de Comandantes,
constituida por los Jefes de
las tres fuerzas y el Inspector
General, además del propio
Jefe del Estado Mayor Conjunto,
decidió involucrarse en la
confrontación tomando partido
por la alianza opositora y
ejecutando el golpe de Estado
de la mañana de 28 de junio.
Muchos años de profesionalización
y creciente subordinación
militar a los gobiernos
legítimamente constituidos
fueron echados por la borda
por los Comandantes militares
que prefirieron anteponer sus
intereses y rencores particulares,
y sucumbir ante el poder
económico y político, cometiendo
uno de los errores más
grandes que marcarán negativamente
a su institución. En
estos 28 años de construcción
democrática, las Fuerzas Armadas
lograron construir paso
a paso una fuerte legitimidad
ante la sociedad, al grado que
aparecían en las encuestas con
un nivel de aceptación similar
al de la iglesia católica. Verlos
en la calle, al lado de la Policía,
persiguiendo y golpeando
a ciudadanos hondureños que
se plantaron para rechazar el
golpe de Estado, representa
un retroceso grave por el cual
pagarán su precio ante la historia
y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES
DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso
nacional durante el domingo
28 de junio pasará a la historia
del país como un ejemplo de
los extremos a los que puede
conducir la combinación de
intolerancia, manipulación del
significado de la democracia,
intereses personales, ideologización
del conflicto político
y rivalidades intrapartidarias.
Lo más lamentable es la reproducción
de los viejos métodos
militares que combinaban
mentiras sostenidas como
verdades, silencio oficial ante
la situación crítica, sometimiento
de los medios de comunicación
opuestos al golpe,
desinformación, ausencia de
información sobre lo que ocurre,
intervención de teléfonos,
detención de funcionarios,
represión de manifestantes,
interrupción del fluido eléctrico,
intento de controlar la comunicación
electrónica y auto
proclamación como defensores
de la nación.
Lo anterior dio lugar a una
serie de contradicciones en
que incurrieron los diputados
y allegados, reproducidas
fielmente por los medios de
comunicación, las cuales se
resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del
Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de
Estado fue la renuncia que
supuestamente había firmado
y sellado el presidente de
la República el domingo 28 de
junio, en la que indicaba que
lo hacía por razones de salud
y para preservar la paz de la
nación. La carta presentaba
fecha del jueves 25 de junio,
fecha en que se había planificado
el golpe de Estado como
producto de las conversaciones
entre el presidente del
Congreso Nacional y el Jefe del
Estado Mayor Conjunto y en la
cual esperaban inhabilitar al
Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada
por los diputados del
Congreso Nacional es que
ante el vacío dejado por la
renuncia del Presidente de la
República, el Congreso Nacional
se ve obligado a sustituirlo
por el Presidente del Congreso,
a quien le toca constitucionalmente
la sucesión en el
cargo. Sin embargo, ellos mismos
y sus allegados han caído
en contradicciones al repetir
que el presidente ha sido derrocado,
relevado de su cargo,
inhabilitado o separado del
mismo por incumplir órdenes
judiciales. El Decreto Legislativo
estableció improbar la
actuación del Presidente de
la República y separarlo de su
cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus
intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido
posiciones bastante homogéneas
ante el golpe de
Estado. Ha aparecido como un
poder del Estado confrontado
con otro poder del Estado, sin
distinciones partidarias entre
liberales y nacionalistas, aunque
a nivel individual cada
uno apuesta a sus propios intereses,
como la distribución
de cargos públicos en los siete
meses que faltan para que el
Presidente Zelaya termine su
período presidencial, y la distribución
de cargos en el Congreso
Nacional, una vez que
inicie el próximo gobierno. Los
nacionalistas apostaron al golpe
confiando que esta crisis
ahondaría las diferencias del
partido Liberal y les haría perder
las elecciones de noviembre.
Los liberales apostaron al
golpe pensando que el control
del gobierno por siete meses
les permitirá disponer de recursos
públicos para financiar
su campaña y ganar los comicios
de noviembre.
4. De candidato perdedor a
presidente de facto
La pérdida de las elecciones
primarias de su partido ante
su opositor Elvin Santos, no
fue un obstáculo para incorporarlo
como socio menor en
el proceso de golpe de Estado,
porque esa alianza lo fortalecía
frente al Presidente quien
lucía aislado de su partido. El
resentimiento generado como
resultado de sus frustradas aspiraciones
presidenciales por
la vía legal, se vio compensado
ante la posibilidad de ser
presidente por la vía ilegal,
como producto de un golpe
de Estado.
F. DEBILIDADES GENERADORAS
DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis
político-institucional que desembocó
en el golpe de Estado
del 28 de junio, tiene raíces en
la estructura del sistema político
y en sus debilidades para
enfrentar adecuadamente
los retos que supone la construcción
de la democracia en
nuestro país, entre las cuales
podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de
las instituciones
Todas las instituciones del
Estado son políticas por naturaleza,
pero imprimirle un
sello partidario excluyente,
subordinado e irrespetuoso,
traspasa los límites de lo
aceptable y se convierte en
una debilidad que puede convertirse
en una amenaza para
el fortalecimiento democrático.
La falta de independencia
y la limitación de la autonomía
para desempeñarse frente
a la ciudadanía se convierte
en una fuerte debilidad que
ha aflorado en esta crisis con
dimensiones tan grandes que
deben motivar a una profunda
reflexión.
2. Candidatura presidencial
de los Presidentes del Poder
Legislativo
En los últimos años se ha observado
una creciente tendencia
a la confrontación entre
los poderes Legislativo y
Ejecutivo, particularmente en
los dos últimos años de gobierno,
cuando comienzan a
definirse los precandidatos y
candidatos a la Presidencia de
la República.
Un factor explicativo clave
es el lanzamiento de las candidaturas
presidenciales de
los presidentes del Congreso
Nacional que lleva al parlamento
a poner distancia ante
el poder Ejecutivo e inclusive
confrontarlo, para obtener
una mayor aceptación popular
o para comenzar a ejercer
el poder antes de obtenerlo.
En años pasados se realizó
una reforma encaminada a
impedir que este tipo de candidaturas
se pudieran lanzar
sin antes haber renunciado a
su cargo, pero la misma politización
de las instituciones, en
particular del Sistema Judicial,
ha hecho que los dos últimos
presidentes de ese poder del
Estado hayan lanzado sus candidaturas
a pesar de la prohibición
derivada de una reforma
constitucional.
3. Incapacidad política para
lograr acuerdos
De manera creciente se ha
observado la incapacidad política
para articular consensos
y alcanzar acuerdos, característica
que libró en el pasado
a nuestro país de los enfrentamientos
bélicos que se produjeron
en otros países de Centroamérica.
Esta tendencia ha
llegado a su máxima expresión
en la crisis que condujo al actual
golpe de Estado, situación
que pudo evitarse si hubiera
existido voluntad política para
ceder en las dos partes en
conflicto, mayor disposición a
la negociación y mejor preparación
para la solución pacífica
de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema
político hondureño, muy
vinculada a la anterior, es la
constante búsqueda de poderes
arbitrales para solucionar
los conflictos. La recurrencia a
las Fuerzas Armadas es la actitud
que lo ha caracterizado
históricamente, aunque esta
decisión ha terminado siempre,
como ahora, en golpes de
Estado, luego de otorgarles un
protagonismo político que no
les corresponde. Una nueva
manifestación de esta tendencia
se expresa en la recurrencia
a las iglesias como factor
mediador y arbitral, papel que
tampoco les corresponde por
la condición laica del Estado
hondureño.
En este proceso de polarización
y posterior golpe de
Estado, las iglesias hondureñas,
tanto la católica como las
evangélicas, no sólo fallaron
en su papel mediador sino
que se inclinaron por una de
las fuerzas en conflicto, exacerbando
los ánimos e intensificando
la polarización. Esta
tendencia es negativa porque
le concede protagonismo político
a dos instituciones que no
deben tenerlo porque ocupan
y deben ocupar espacios que
no deben estar contaminados
por la política.
5. Cultura de la intolerancia,
el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente
nueva del sistema
político hondureño es la intolerancia
a los que son y piensan
diferente; el irrespeto al
otro, incluidas las máximas
autoridades de nuestro país;
y la tendencia a convertir diálogos
en confrontación. Esta
situación se ha observado con
mucha preocupación en la crisis
actual tanto en el ámbito
político como en el ámbito social.
Llama la atención que la
confrontación llegó al límite,
provocada y estimulada por
los medios de comunicación
de la alianza opositora, impregnando
a la sociedad de lo
que hasta ahora ha sido una
característica de los medios
de comunicación en general:
ofensas, lenguaje soez, gritos,
invasión de la privacidad,
agresión, acusaciones infundadas.
Todo ello se vio en este
proceso, lo que imposibilita
más la búsqueda de consensos
y la solución pacífica de
los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO
DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado
por el golpe de Estado,
la detención y expulsión del
Presidente de la República, la
represión de manifestantes,
las violaciones a las garantías
individuales y los controles
a la libertad de expresión,
provocaría hilaridad la forma
en que los políticos hondureños
definen la democracia,
el orden democrático y el
fortalecimiento institucional.
Mantienen el viejo concepto
ideologizado de democracia
que colocaba a los militares
como sus máximos defensores,
consideran orden democrático
al castigo impuesto al
Presidente de un poder del
Estado por atreverse a desafiar
al Congreso Nacional y
denominan fortalecimiento
institucional a la rapidez con
que nombran a su sustituto y
a su nuevo gabinete.
La situación se volvería más
hilarante si los escuchamos
razonando sobre porqué lo
sucedido no puede definirse
como un golpe de Estado: no
lo es, dicen, porque siguen
existiendo los tres poderes,
no se ha roto el orden constitucional
y no hay militares al
frente de las instituciones del
Estado.
Los políticos hondureños le
han dado un fuerte golpe al
proceso de construcción democrática
que se ha venido
gestando en los últimos 28
años, demostrando intolerancia,
irrespeto a la independencia
de poderes, autoritarismo,
ignorancia de los cambios que
se han producido en el contexto
internacional, ambiciones
desmedidas, subordinación a
los grupos económicos y un
profundo irrespeto al Estado
de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron
cómplices del rompimiento
del orden constitucional y
le provocaron un profundo
daño a su imagen institucional,
sustituyendo su condición
profesional, apolítica y no
deliberante, por la condición
peyorativa de gorilas con que
se les conocía hasta la década
de los ochenta. Se sumaron al
juego de los protagonistas de
la alianza político-económica
y mediática, y se convirtieron
en instrumento para que ellos
lograran sus objetivos y se
quedaran con la gloria, mientras
la institución se quedaba
con la ignominia.
Todas las personas, grupos
y políticos tienen derecho a
apoyar o rechazar sistemas
ideológicos que caracterizan
a los países de nuestro continente;
a lo que no tienen derecho
es a imponer su criterio
particular como criterio general
de la sociedad, a impedir
que un presidente termine
su mandato constitucional
porque no comparten con él
sus simpatías personales con
otros presidentes y a impedir
que la ciudadanía sea consultada
sobre cualquier tema,
incluyendo la elaboración de
una nueva Constitución. Manifestarse
sobre estos y otros
temas, es también un derecho
de todos, pero expresar
públicamente nuestras preferencias
y gritarlas con toda la
fuerza que podamos, no nos
hace superiores a los otros.
• Consultar a la ciudadanía no
puede ser nunca un acto ilegal:
cuando los integrantes de
la alianza política-económica y
mediática asuman el significado
de esta frase, será un gran
indicador de avance en cultura
política democrática.
• Reconocer y respetar la coexistencia
de personas, partidos
y países que son o piensan
diferentes, será un gran
indicador de que las Fuerzas
Armadas hondureñas superaron
su condición primitiva y
atrasada.
• Emitir una opinión no implica
obligatoriamente estar
a favor o en contra, cuando
la sociedad hondureña asuma
este criterio, será un gran indicador
de su capacidad para
debatir y proponer.
Leticia Salomón
Tegucigalpa, Honduras, Junio
de 2009





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