[R-P] Derogan código militar argentino¡¡

[maría Sola]

...en la prensa local no lo vi....¿???
Importante

El Pais España

El Ejército argentino entra en el siglo XXI
El Gobierno deroga la jurisdicción penal militar que amparó los abusos
de todas las dictaduras - Se suprimen la pena de muerte castrense y el
delito de homosexualidad
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 26/02/2009


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La herida de dolor y espanto que dejó la actuación de las Fuerzas
Armadas argentinas durante la feroz dictadura militar de los años
setenta recibirá un nuevo bálsamo mañana con la derogación de la
jurisdicción penal militar, vigente desde 1951, y la entrada en vigor
de una nueva ley según la cual los militares que cometan delitos en
tiempo de paz no serán juzgados por otros militares, sino que se
someterán, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales civiles
ordinarios.


Tres mujeres en el alto mando
 Argentina
A FONDO
Capital: Buenos Aires. Gobierno: República. Población: 40.482 millones
(est. 2008)
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La medida coincide con cambios en la formación de los militares
"La nueva ley, impulsada por el Gobierno de [el anterior presidente,
Néstor] Kirchner, y aprobada por 59 votos contra dos en el Congreso,
supone una novedad en América Latina, donde los militares se han
reservado tradicionalmente, de una manera u otra, la jurisdicción
penal para no someterse en ningún caso a jueces civiles", asegura
Ileana Arduino, abogada, directora de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario del Ministerio de Defensa, y una de las responsables de la
elaboración de las nuevas normas.

La entrada en vigor de la reforma penal coincide con nuevas
iniciativas para modificar la formación profesional de los militares.
El año pasado se introdujeron siete nuevas materias relacionadas con
el derecho internacional humanitario, derechos humanos, historia
contemporánea argentina o formación ciudadana. Y este curso, por
primera vez, cadetes de cuarto año de la Escuela Naval recibirán las
enseñanzas sobre derecho internacional en la sede de una institución
civil ajena al mundo castrense, la Universidad de La Plata, en lo que
se considera un experimento que será aplicado en el futuro a otras
escuelas militares.

La reforma de los códigos militar y penal tiene una importancia
capital. Han pasado 25 años desde que la dictadura militar se
desmoronó, pero todavía no hace ni 10 que el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas pretendió declararse competente en la causa abierta
por el secuestro y robo de bebés durante la dictadura militar.
Afortunadamente, una ley preveía desde la etapa del presidente Raúl
Alfonsín que los fallos castrenses pudieran ser apelados,
excepcionalmente, en la justicia federal, y la Corte de Casación
impidió semejante engaño.

A partir de ahora, desaparece completamente la jurisdicción penal
militar y se incorporan al Código Penal ordinario figuras delictivas
específicas para el ámbito castrense, entre ellas el nuevo delito de
acoso sexual cometido por un superior. Por el contrario, desaparecen
todos los antiguos delitos "contra el honor militar", una figura que,
según Arduino, sólo servía para resaltar la idea de que los militares
tienen un honor y valores diferentes del resto de los ciudadanos.

Especialmente importante es también la desaparición absoluta de la
pena de muerte (que existía como figura penal en el derogado Código de
Justicia Militar, y que, aunque no se aplicaba desde hace décadas, se
seguía pidiendo formalmente en determinados casos) y del delito de
homosexualidad, una supresión de alto contenido simbólico en unas
Fuerzas Armadas tan vinculadas a la religión católica que hasta hace
todavía poco obligaban a los oficiales que se divorciaban a pedir el
retiro.

La necesidad de reformar radicalmente el Código de Justicia Militar se
hizo patente a raíz de los llamados caso Correa Belisle y caso López.
El capitán Correa fue condenado a un año de cárcel por denunciar en
1994 el asesinato de un soldado, encubierto por los mandos superiores
de su unidad, y llevó su caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. La CIDH consideró en 2004 que se le había impedido
ejercer su derecho a la defensa. Para evitar una condena oficial, el
Gobierno se comprometió a reformar la jurisdicción militar argentina,
y en marzo de 2006 creó una comisión integrada por juristas de gran
prestigio, entre ellos el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y
especialistas en derecho de las Fuerzas Armadas, como el coronel
auditor Manuel Omar Lozano.

"No es extraño oír ahora entre los militares que no podíamos
administrar justicia como lo hacíamos", asegura Lozano. El coronel
admite que la redacción de las nuevas normas y su aplicación darán
origen a "tiranteces", pero mantiene que la mayoría de los oficiales
comprende perfectamente que no se podía mantener la situación actual.
"Muchos creían que administrar justicia era una simple herramienta del
mando y eso no puede ser así", explica.

El antiguo código permitía que los jueces e integrantes de los
tribunales militares no fueran abogados y, además, les obligaba a
mantener una relación de jerarquía, con lo cual no existía ni
asistencia técnica ni la menor independencia judicial.