[R-P] La sombra de la corrupción planea en Bolivia [el pais.com]

[Luis Alberto Guanuco]

Un asesinato destapa el peor caso de sobornos en la petrolera estatal
YPFB, emblema de las nacionalizaciones

Parecía un asesinato más, el desenlace fatal del típico atraco. Pero
la muerte del empresario Jorge O'Connor en una calle de La Paz, el
pasado 27 de enero, destapó el peor escándalo que ha sacudido al
Gobierno de Evo Morales. El crimen ha sacado a la luz una tupida red
de corrupción en Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB),
bandera del proyecto político del presidente indígena, que decretó su
nacionalización nada más asumir el poder, en 2006. El episodio
debilita aún más a la petrolera, que en estos tres años ha visto
desfilar a seis presidentes y que hoy no es capaz de atender la
demanda de gas, principal fuente de ingresos del país.

Jorge O'Connor era gerente de Catler Uniservice, consorcio que había
logrado hace seis meses un contrato de YPFB para construir una planta
separadora de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina. La petrolera
estatal le acababa de adelantar un pago de 4,5 millones de dólares.
Cuando fue asaltado, O'Connor llevaba encima 450.000 dólares. Justo el
10% de la cantidad recibida por su compañía. Y se disponía a entrar en
la vivienda de un tal Javier Navía, que resultó ser cuñado del
mismísimo presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Los cabos se fueron atando con la detención de los asaltantes, unos
ladrones de poca monta. Confesaron que el autor intelectual del atraco
era el abogado de Catler Uniservice. El dinero, en efecto, era una
coima (soborno) al jefe de la petrolera estatal, de modo que podrían
robarlo sin temer que nadie denunciara el asalto. Pero un balazo
imprevisto, producto del forcejeo, lo había echado todo a perder.

Amigo del presidente

Hasta ahora, el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) se había
visto salpicado por corruptelas de diputados, alcaldes y funcionarios
diversos. Pero esta vez el escándalo toca muy de cerca a Evo Morales.
Santos Ramírez, indígena quechua, era mano derecha e íntimo amigo del
presidente, que le apadrinó en su boda hace un mes. Juntos fundaron el
MAS y juntos encabezaron las movilizaciones que derrocaron en 2003 al
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, calificado de "traidor" por
abrir el sector de los hidrocarburos a la inversión extranjera.

La prensa independiente se lanzó a investigar, mientras los medios
oficiales ignoraban el suceso. Catler Uniservice no tenía domicilio
fiscal ni respaldo financiero: todo apunta a una empresa fraudulenta
que se constituyó para firmar un contrato que se iba modificando según
sus necesidades. Y Ramírez, autor del decreto de nacionalización de
YPFB, el mismo que juraba que sería inflexible con quienes "quisieran
dañar el interés de la patria", había recibido otros dos diezmos a
cambio de sendos desembolsos previos de la petrolera estatal a Catler.
La investigación está proporcionando episodios como el hallazgo de
documentos de YPFB en un prostíbulo capitalino.

Sin asidero posible, Evo Morales destituyó a Ramírez el pasado 1 de
febrero. "La reacción del presidente ha atenuado parcialmente el
impacto, pero se trata de un golpe durísimo a su planteamiento
ideológico: que la privatización neoliberal y vendepatrias es causa de
la corrupción, que el Estado es sinónimo de rectitud y preocupación
por el interés colectivo, y que los indígenas son la reserva moral de
la humanidad", sostiene Fernando Molina, director del semanario
económico Pulso.

Reforma sospechosa

El escándalo ha agudizado el debate sobre las nacionalizaciones. El
problema de fondo, sostienen analistas y oposición, es que, para
"agilizar el cambio", el Gobierno ha ido desmantelando los mecanismos
de control del gasto público.

Evo Morales ha suprimido todas las normas de contratación y
procedimientos de adquisiciones que tenía el Estado, y ahora todas las
empresas estatales o nacionalizadas ?hidrocarburos,
telecomunicaciones, alimentos? funcionan como fideicomisos manejados
de forma discrecional por cada gerente. De hecho, Santos Ramírez tenía
carta blanca merced al decreto 29506, emitido en abril del año pasado,
que permite a YPFB hacer contrataciones directas para reducir el
tiempo que toman las licitaciones. "En teoría se trata de evitar
retrasos burocráticos", dice el director de Pulso. "Si fuéramos
malpensados, la estructura parece construida a propósito para robar.
Lo de YPFB no es un hecho puntual".

La oposición, desde luego, es muy malpensada. "Nos preguntamos si esas
sumas desviadas iban exclusivamente a manos de Ramírez, o si se
destinaban a la financiación del partido del Gobierno", comenta Óscar
Ortiz, presidente del Senado y dirigente de Podemos (centro derecha,
principal partido opositor). YPFB, sospechan los rivales de Morales,
se ha convertido en la caja negra del MAS, algo muy conveniente en un
año como éste, en el que, tras la reciente promulgación de la nueva
Constitución, Bolivia celebrará elecciones presidenciales en
diciembre. "Somos escépticos respecto a las investigaciones", dice
Ortiz. "Hasta ahora, en escándalos previos, no se ha procesado a nadie
seriamente".

Producción en crisis

En el caso de la petrolera, llueve sobre mojado. YPFB ha tenido seis
presidentes en apenas tres años. Cuatro de ellos han dejado el cargo
con acusaciones de corrupción, nepotismo y negligencia. Los constantes
cambios de autoridades, la ausencia de inversiones y el uso político
de la estatal han sumido a la compañía en una profunda crisis, que ha
afectado a la producción de hidrocarburos y le ha impedido no sólo
cumplir con los contratos de exportación de gas a Argentina y a
Brasil, sino además abastecer el mercado interno.

"¿Éste era el cambio que proponía el MAS?", se preguntaba el diario La
Razón en un reciente editorial. "Morales tendrá que encontrar una
buena explicación para el pueblo boliviano acerca de su decisión de
nacionalizar los hidrocarburos porque, hasta ahora, esa medida parece
haber beneficiado más a los bolsillos de algunas de sus autoridades
que a la población en general".

Recuperar "la credibilidad y la transparencia" de YPFB es el principal
objetivo de su sexto presidente, Carlos Villegas, que hasta ahora
ocupaba la cartera de Planificación de Desarrollo.

Mientras, Evo Morales viaja a Rusia el próximo martes para firmar
acuerdos energéticos con la estatal rusa Gazprom, que planea invertir
en Bolivia 3.000 millones de dólares, y ya prepara su nueva batalla:
la nacionalización de las empresas de electricidad.

fuente de origen:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/sombra/corrupcion/planea/Bolivia/elpepuint/20090212elpepuint_1/Tes


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