[R-P] CARAPINTADAS SIGLO XXI

[maría Sola]

de página


Trama de militares y servicios
El teniente coronel Rafael Milillo reiteró ante la Justicia que Héctor
Alderete le habló de convocar carapintadas para asesinar a la
Presidenta. Afirmó que podrían ser los autores de las interferencias
al helicóptero presidencial.






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Un teniente coronel del Ejército vinculó ante la Justicia al director
del portal Seprin, Héctor Alderete, con las amenazas que recibió
Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del
helicóptero que la trasladaba. Una semana antes de aquel episodio, el
mismo militar, Rafael Esteban Milillo, había hecho una denuncia penal
porque durante una conversación que mantuvieron, Alderete amenazó con
“convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la
Presidenta, a su marido, a varios ministros, funcionarios de la SIDE,
al jefe de Inteligencia del Ejército y a un grupo de periodistas.
Milillo declaró que Alderete lo llamó para presionarlo para que
retirara aquella denuncia el mismo día que se filtraron la marcha
Avenida de las Camelias –la marcha que acompañaba los comunicados de
la última dictadura– y frases como “maten a esa yegua” en la
frecuencia de radio de la aeronave presidencial. Casi en simultáneo
comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA.

“La gente con la que (Alderete) está relacionado”, declaró el teniente
coronel, “son carapintadas a su disposición” que “sin dudas podrían
tener los conocimientos y equipamiento necesario para la realización
de esas interferencias”. Tanto su denuncia sobre las amenazas de
muerte que le adjudica al editor de Seprin como la investigación sobre
las interferencias quedaron a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien
ya comenzó a indagar en la presunta relación entre ambos hechos,
además del nexo con el inicio del juicio por los crímenes cometidos en
la ESMA. “Desconozco el poder de fuego real que posee Alderete, pero
–señaló Milillo– no me parece descabellado que pudiera existir algún
vínculo” con la intimidación a la Presidenta. Tampoco descartó que
pudiera actuar para intereses de terceros, al señalar sus vínculos con
“personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retirado” y que
“cuenta con conocimientos para hacer operaciones desestabilizadoras”.
Alderete, de hecho, mantendría contactos con la organización Memoria
Completa, que reivindica el terrorismo de Estado.

Seprin, que originalmente se llamaba, “Servicio Privado de
Inteligencia” –aunque ahora la “I” es de información– publica
noticias, notas editoriales y tiene un foro. El contenido tiene un
hilo conductor: cuestionar las políticas de derechos humanos del
gobierno nacional y la gestión de Nilda Garré, en particular, al
frente del Ministerio de Defensa. Ante sus lectores se presenta como
una publicación de “periodismo potencial, de opinión y de análisis”
que ofrece también “servicios especiales o investigaciones”.

Alderete es uno de los imputados en la causa a cargo de la jueza
Sandra Arroyo Salgado, en la que se investiga una red de espionaje que
hackeaba y comercializaba e-mails de funcionarios del gobierno
nacional, dirigentes políticos, artistas y periodistas. También están
implicados el ex titular de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, los ex
agentes de inteligencia (de la SIDE y de la Policía Aeroportuaria)
Iván Velázquez y Pablo , y el general retirado Daniel Reimundes, entre
otros.

El 6 de diciembre último trascendió que el fiscal del caso de los
ciberespías, Sebastián Basso, había pedido la indagatoria de todos
ellos, incluido Alderete. A él le adjudicaba la divulgación y
utilización de información a sabiendas de su origen ilícito. Ese día
fue que el responsable de Seprin, según denunció Milillo, “amenazó
abiertamente de muerte a funcionarios del Poder Ejecutivo, del
Ejército, de la Secretaría de Inteligencia y a periodistas”. La
presentación original que el teniente coronel hizo por escrito decía
que Alderete había mencionado puntualmente: a Cristina y Néstor
Kirchner; al jefe de Gabinete Aníbal Fernández; a los ministros Julio
De Vido y Nilda Garré, al titular de Inteligencia del Ejército, César
Milani; a tres funcionarios de la SIDE (Jaime Stiusso, Fernando Pocino
y Francisco Larcher), y a un grupo de periodistas que en su mayoría
escribió notas sobre el espionaje informático (Gerardo Young, Guido
Braslavsky, Horacio Verbitsky, Carlos Pagni y Nora Veiras).

El juez Lijo le tomó declaración testimonial a Milillo la semana
pasada para conocer detalles de la historia y contextualizar la
conversación que contenía las amenazas. El teniente coronel explicó
que él se había contactado con Alderete con instrucciones del jefe de
Inteligencia del Ejército, para plantearle que algunas publicaciones
de Seprin “eran peligrosas y atentaban contra la seguridad nacional”,
en especial algunas que revelaban “cuestiones confidenciales”. Más de
una, además, apuntaba a Milani. El editor del portal, dijo Milillo, le
respondió “con una extorsión”: abandonaría esas publicaciones sólo “a
cambio de una especie de blanqueo judicial” y el pago de un canon
mensual de “15 mil pesos” de parte del Ejército.

En una ocasión, relató, se reunieron el 18 de noviembre en el hotel
Four Seasons y otra en un Café Havanna del centro. Pero como Alderete
no obtenía lo que quería le advirtió que “el foro” de Seprin se iba “a
poner peor para los integrantes de las Fuerzas Armadas”. Cuando eso
ocurrió, el militar le anunció “que procedía a abrirse y dejar de
comunicarse con él”. “Me dijo que él se iba a llevar puesto a quien
quisiera y que contaba con personal a su disposición para efectuar
acciones contundentes”. Fue entonces cuando lanzó las amenazas que
Milillo dijo que resolvió denunciar porque “me encuentro obligado como
funcionario público”.

Lijo también convocó a declarar a Milani. El titular de Inteligencia
del Ejército contó lo mismo que Milillo.

Alderete, en su portal, dice que denunció a Milani y Milillo ante el
fuero federal por haberlo convocado “para hacer inteligencia interna
sobre periodistas y opositores” y que el expediente quedó a cargo de
María Servini de Cubría. Según le precisó al diario Perfil, los
militares le habían ofrecido “cinco mil pesos mensuales y la baja de
las causas judiciales”. Aquella presentación, dice, fue dos días antes
de las amenazas vía interferencias a la Presidenta. El día de las
amenazas asegura haber estado en Necochea.

Lijo trabaja sobre una pista que involucra a carapintadas y por lo
pronto analizaría varias medidas, entre las que se incluye el
entrecruzamiento de llamados. Es evidente que, además, deberá
desentrañar qué papel tuvo Alderete en todo lo que aparece como una
fuerte interna entre militares.