[R-P] [Página 12] Los dueños de la tierra..

[Gustavo Battistoni]

 SE MULTIPLICAN LOS DESALOJOS DE PEQUEñOS PRODUCTORES
Los desplazados de la soja

Los casos de pequeños campesinos que se ven forzados a dejar las
tierras donde viven y trabajan desde hace décadas son cada vez más
numerosos. Gianfranco Macri y otros grandes empresarios son
protagonistas de expulsiones de estos días.

  	

 Por Sebastián Premici

Son historias personales y colectivas que se repiten en diferentes
puntos del país. Modus operandi reiterados que se multiplican con las
declaraciones en primera persona de los afectados y en los escritos
judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar
documentos que supuestamente los benefician, luego llega la intimación
para abandonar sus tierras, después la presencia policial para
concretar el desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la
herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios”, como
denunció a Página/12 el abogado Ramiro Fresneda, integrante del
Movimiento Campesino de Córdoba. Son historias comunes que afectan a
campesinos y habitantes originarios de Salta, Formosa, Santiago del
Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa– que pasan sus días entre
la cría de animales, la cosecha de vegetales, granos y la lucha por no
ser desplazados.

Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de Enlace, mira para
otro lado y defiende sus intereses. Detrás de su silencio, se amparan
el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera Dura del Norte, el
empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes Edgardo y Juan
Carlos Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile (CRA),
diputado electo por el radicalismo.

A continuación, Página/12 presenta algunas de las historias que hacen
visible lo que muchos se empeñan en ocultar.

Un hermano ejemplar

En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el
empresario Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace
seis meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados
a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con
500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco
Macri dice que compró 15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales
viven estos campesinos.

“Los pequeños productores piden que se les reconozca el derecho
principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber
vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones.
Desde que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen
tranquilos. Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se
tienen que sentar a negociar cuántas hectáreas le corresponde a cada
uno, no tienen problema. Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por
ciento del total que dice tener Gianfranco Macri”, aseveró a este
diario Rebecca Russo, abogada de la Organización de Pequeños
Productores del Chaco Salteño, entidad que cuenta con el apoyo de la
Federación Agraria. Según los campesinos de la zona, el objetivo de
Macri es la producción de soja y la cría intensiva de ganado en
feedlots.

En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura Familiar le hizo
firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces diputado y
ahora gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el
Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la regularización
de la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos años de
esa acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro lado,
las comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la
regularización de sus tierras (ley 26.160/06).

En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante la Corte
Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su
parte, hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000
personas, rodeados por 10 comunidades indígenas, que están a la vera
de las rutas 34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta oficial.

Poder político y empresario

“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y los
representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General
Belgrano, Amado Bobadilla (FpV) –que ahora está distanciado de las
entidades agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos.
No existe ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que
hayan jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario
Benigno López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa
(Mocafor).

En esta provincia hay dos casos emblemáticos. Uno ocurre en General
Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y
empresario millonario –según sus propios compañeros federados de la
Mesa de Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de
38 hectáreas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.

El otro caso emblemático ocurre en el municipio de Ingeniero Juárez,
departamento de Matacos, en una finca que se llama La Florencia, de
aproximadamente 60.000 hectáreas, adonde viven más de cien familias de
criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría de
ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el
empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa
Sociedad de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para
expandir la frontera agrícola.

Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la connivencia
entre Ferrer, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal
Mendoza, y la policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa.
“Ferrer expulsa a los campesinos y vende las tierras a precios
internacionales. Hace dos años comenzó a reclamar formalmente por las
hectáreas de La Florencia. Antes de eso se presentaba como alguien que
quería ayudar a los campesinos, les hacía firmar papeles con la excusa
de que conseguiría subsidios y así se fue haciendo de un manto legal,
pero ilegítimo, para reclamar algo que no le corresponde”, indicó
López. En Formosa hay 3 millones de hectáreas en situación de
conflicto.

Modus operandi

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2006),
desde hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de Alberdi
(Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera
Dura del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000
hectáreas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un
modus operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos
por este diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en
varias oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión
policial, disparos con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de
seguridad nacionales como el Grupo Especial de Táctica Operacional de
Alto Riesgo, división especial de la policía de la provincia de
Santiago del Estero.

Dentro de las hectáreas detentadas por Madera Dura del Norte S.A.
viven más de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias,
destacamentos policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas
denuncias, desde el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y
supuestamente gendarmes para custodiar a parapoliciales y las
topadoras, de la empresa Desmontes Londero, que ya desmontaron más de
15.000 hectáreas. El reclamo unánime de la población de las regiones
visitadas es que el sistema judicial de la provincia actuaría
sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se agrega la gran
dificultad de los campesinos para acceder a la Justicia”, concluye el
citado informe.

Federación Agraria y dos desalojos

Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un campo
ubicado en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la
localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija
extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre,
vendieron el campo de 230 hectáreas donde vivía. Esto fue en 1984.
Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión
de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron
firmar a Ramona un convenio de desocupación.

Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos judiciales
terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero logró
volver a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a
desalojar. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero
rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de
Oncativo. Según indicó a este diario un dirigente de la entidad,
cuando se conoció el hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la
nada.

La lucha del granito rojo

José Luis Godoy, de 43 años, enfrentará el próximo lunes junto a su
hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que están imputados
como usurpadores de un predio de 26 hectáreas, ubicado dentro del
campo donde su familia vive desde hace más de sesenta años. Un
productor y empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les
reclama esas hectáreas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo
Príncipe, recurso natural de alto valor económico.

“Hace más de sesenta años que vivimos en la comunidad Represa Morales,
a 10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos luz eléctrica,
tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a la escuela
rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos cabras,
chanchos, ovejas, es un campo tirando a árido, de 400 hectáreas. Hace
muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona
diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le
había firmado un papel cediendo las 26 hectáreas donde está el granito
rojo. El abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez,
después resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se
juntaron para desalojarnos”, relata.

“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hectáreas del campo. En
2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos a Casación
en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la cárcel. Este
empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos
matando animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres
cuando los hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las
canteras.”

Hay parámetros generales que se dan tanto en Santiago del Estero,
Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía o
como parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de
campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta más
sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que
debería servir para equiparar la desigualdad natural, termina
favoreciendo a los más poderosos. De un lado quedan los impulsores de
los agronegocios, con la soja a la cabeza y la especulación
inmobiliaria. Del lado de enfrente, están los agricultores
familiares”, concluyó el abogado Ramiro Fresneda, integrante del
Movimiento Campesino de Córdoba.


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