[R-P] [La Nación] Editorial: "Crece el Estado empresario".

[Gustavo Battistoni]

[Una editorial que me acerca aun más a las políticas del gobierno...]



Crece el Estado empresario.

Además de manejar las empresas reestatizadas, el kirchnerismo comenzó
a designar directores en firmas privadas.



El kirchnerismo en el poder se ha caracterizado por una ciega e
insaciable voluntad de incrementar su poder político y su dominio
sobre los poderes Judicial y Legislativo. Pero hay una faceta de esta
voracidad en la que no suele repararse con frecuencia, y es que ese
afán de dominio también se ejerce, y en forma creciente, en el ámbito
de las empresas.

En buena medida, eso es posible debido a la reestatización de
compañías antes privatizadas o entregadas en concesión, empresas en
las que, obviamente, el kirchnerismo ha colocado a su gente en los
niveles directivos.

A esto se agrega otro hecho de especial gravedad, que consiste en la
participación de directores estatales en empresas privadas, debido al
uso de los derechos que otorgan las acciones societarias en poder de
la Anses, luego de la repentina estatización de los fondos
administrados por las AFJP.

Desde la asunción de Néstor Kirchner hasta el presente, una decena de
empresas pasaron al sector público, a veces en forma total, y en
otras, parcial, con el Estado como socio minoritario. Entre las
principales se encuentran Correo Argentino, Aguas Argentinas (hoy
Aysa) y Aerolíneas Argentinas. En Aeropuertos Argentina 2000, el
Estado se ha asociado a la firma. La petrolera Enarsa, flamante
criatura del kirchnerismo, ha trascendido por haber pagado el avión
privado que nos trajo al venezolano Guido Antonini Wilson y su valija
repleta de dólares presuntamente destinados a la campaña de Cristina
Kirchner.

Pero quizás el mayor traspaso de propiedad de un negocio privado a la
órbita estatal durante la gestión kirchnerista ha sido el que
involucró los fondos de las desaparecidas AFJP, ahora en poder de la
Anses.

Luego de concentrar todas las participaciones que poseía cada AFJP
como socia en distintas firmas, y de concentrarlas en la Anses, el
Gobierno está decidido a designar directores que representen al Estado
en cada empresa en la que esa participación estatal llegue al 20 por
ciento, y así lo ha ratificado la Presidenta durante su estadía en
Londres.

En esa situación, que, obviamente, ha suscitado una fundada
preocupación entre los hombres de negocios, se encuentran las firmas
Consultatio, Edenor, San Miguel, Gas Natural BAN, Distribuidora de Gas
Cuyana, Banco Macro, Siderar, Telecom, Transportadora de Gas del Sur,
Emdersa y Grupo Concesionario del Oeste. Si se agregan las firmas en
las que la Anses posee menos del 20 por ciento de la participación
accionaria, se llega a un total de 40 grandes empresas.

En Distribuidora de Gas Cuyana, en Gas Natural Ban y en Edenor, la
Anses ya designó un director titular y uno suplente. Por eso, la
diputada Patricia Bullrich, de Coalición Cívica, ha presentado un
proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que sostuvo
que ese tipo de designaciones contradice los dichos del propio titular
de la Anses, Amado Boudou, quien había asegurado que no tenía
intenciones de intervenir en las empresas.

Pero además, sin tener posiciones accionarias en las compañías, el
Gobierno utilizó los mecanismos regulatorios en su poder para
determinar la conducta de las empresas privadas. Lo hizo en el caso de
Transener, cuando bloqueó la posibilidad de que Petrobras vendiera su
participación al fondo Eaton Park. La compradora terminó siendo la
empresa privada oficialista Electroingeniería, de veloz crecimiento y
frecuente ganadora en licitaciones de obras públicas.

Nos encontramos, pues, ante una creciente y variada intromisión del
Gobierno en el ámbito de la actividad privada, cuya mejor expresión ha
sido la gestión de Guillermo Moreno, quien llegó a provocar la
expulsión de un gerente general de una compañía privada (Roberto
Brandt, de Metrogas) con la aquiescencia de parte del accionariado de
la compañía (Repsol), además de otras presiones para desplazar a
directores de empresas que no contaban con la simpatía gubernamental.

Si el Gobierno ya se manejaba arbitrariamente con el capital privado
cuando no tenía participación accionaria alguna, cabe imaginar lo que
hará ahora cuando cuente con directores dentro de las compañías.

Puesto que se descuenta que los nuevos directores son elegidos por el
kirchnerismo, no es arriesgado suponer que su presencia en los
directorios lejos estará de ser pasiva. Y seguramente resultará
controvertida, dado que no son pocos los hombres del Gobierno
sometidos a investigaciones por hechos de presunta corrupción. Sin
pelos en la lengua, un reciente informe del Departamento de Estado
señala la existencia de "corrupción" entre los funcionarios;
corrupción que ahora puede tener nuevos campos donde practicarse.