[R-P] [A. Zaiat] Es mía, mía, mía

[Nestor Gorojovsky]

[Sorprendentemente, ni siquiera en esta lista se prestó atención a la 
gravedad de lo que está implícito en el asunto que toca Zaiat.

Los Pérez Companc exigen que se les devuelvan "sus" impuestos bajo la 
forma de servicios que "ellos, que son los que los pagan" puedan 
aprovechar. No se puede negar la lógica infernal que preside esta 
voluntad, que ha encontrado en ellos al animal monstruoso que se atreva 
a reclamar judicialmente por semejante crimen de lesa comunidad. En el 
fondo, se revela allí el contenido último del criterio procesista tan 
publicitado en Buenos Aires por el Brigadier Cacciatore: "como 
contribuyente, exija; como ciudadano, cuide".

Zaiat se refiere al tema con enjundia y merece leerse todo el artículo.

Pero quisiera hacer un comentario adicional.

Cuando, a principios de la década del 50, el General Pujato logró 
impulsar la política antártica del Ejército que culminó con la 
expedición de Leal al Polo Sur, decidió implantar la primera base, la 
General San Martín, en una caleta de difícil acceso. Por ese motivo no 
encontró demasiado eco en la Armada. Pujato, que no era de arriar 
banderas, lo buscó, con éxito, en los Pérez Companc.

Pero los de entonces no eran los de ahora.

Tras algunas conversaciones, acordaron reforzar la proa de un buque de 
su propiedad (el Santa Rosalía). En ese buque llevaron a los pioneros 
antárticos al sitio elegido, de difícil (pero no imposible) acceso y de 
importancia geopolítica clave.

Cuando Perón les preguntó cuánto cobrarían por el servicio, dijeron que 
por supuesto no lo harían gratuitamente. Al fin de cuentas estaban 
arriesgando un barco propio en aguas y costas muy peligrosas.

Y terminaron planteando que solo harían el viaje si el Estado les 
pagaba... ¡un peso!]

Gentileza Alicia Ester

Domingo, 29 de Marzo de 2009
Es mía, mía, mía
Por Alfredo Zaiat

/Gregorio Perez Companc y su familia exigirán como derecho intangible 
recibir prestaciones del sector público en la misma proporción de sus 
cargas impositivas. Esa tributación fiscal se estima importante teniendo 
en cuenta sus riquezas y suponiendo las cualidades de contribuyente en 
regla con la DGI, cuestión que le correspondería definir a la AFIP. 
Mientras tanto, el Estado debería privilegiar a los Perez Companc sobre 
el resto menos afortunado para la provisión de los esenciales servicios 
de educación, salud, seguridad y también de jubilación digna teniendo en 
cuenta la edad del jefe del clan./

El Estado no debería entonces distraer recursos que les corresponden 
exclusivamente a ellos, puesto que es dinero que salió de sus bolsillos 
al pagar impuestos. No sería equitativo que esos fondos fuesen a atender 
necesidades de otros sectores sociales que no aportan tanto dinero a las 
arcas públicas. Se trataría de una injusticia que pobres, excluidos y 
habitantes en el inseguro territorio de la clase media se beneficiaran 
de un Estado solventado por los grupos de mayor capacidad contributiva.

Semejante absurdo no sería expresado de ese modo por políticos, 
analistas y economistas del establishment aunque lo pensaran porque 
generaría un rechazo abrumador. El esquema impositivo, las prestaciones 
estatales y los aportes al fisco de los diferentes estratos económicos 
según su capacidad contributiva son bastante más complejos que la 
simplificación del caso expuesto de los Perez Companc.

Pero lo relevante de esa presentación se encuentra en la concepción que 
encierra esa idea acerca de que cada uno tiene que recibir en función a 
lo que aporta. Es una forma premoderna de pensar la organización fiscal 
de una sociedad, que sin embargo ha sido manifestada sin tapujos en la 
nueva etapa que se ha abierto para emprender la regresión al modelo 
agroexportador con la sucesión de lockout del sector del campo privilegiado.

Gobernadores e intendentes de provincias sojeras, diputados y senadores 
que piensan que los porotos de oro transgénico les brindarán votos para 
preservar sus bancas y economistas rigurosos en pronósticos fallidos han 
sostenido esa peculiar idea de equidad tributaria: más para los que más 
tienen y menos para los que más necesitan.

Con ese criterio afirman que ahora las zonas productoras de soja son 
castigadas porque reciben muy poco de lo que recauda la Aduana por los 
Derechos de Exportación a esa oleaginosa. Esa concepción sobre 
reciprocidad fiscal se ha intensificado con la creación del Fondo 
Federal Solidario para repartir entre las provincias el 30 por ciento de 
lo recaudado por ese arancel aduanero a la soja, según el coeficiente de 
coparticipación que le corresponde a cada distrito.

La noción básica reside en que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba, zona donde se produce gran parte de la soja, deberían recibir 
más que el resto. O, en otras palabras, que están aportando mucho más de 
lo que les vuelve en obras y servicios desde el poder central.

Esa forma de abordar el contrato fiscal entre la Nación y las 
provincias, como así también entre los contribuyentes y la AFIP, sería 
un paso para avanzar en la desintegración social y productiva, y 
derivaría en un engendro aún mayor que el actual esquema de coparticipación.

Además de generar más inequidad entre distritos ricos y pobres, se 
concluiría que algunas provincias deberían desaparecer porque son 
inviables fiscalmente. Llevado al extremo, ese concepto de “tanto pongo, 
tanto me llevo” recuperaría uno de los proyectos del menemismo de crear 
regiones, agrupadas por nivel de ingresos y recursos naturales, hasta 
decretar que algunas zonas son fallidas y, por lo tanto, definir su 
inviabilidad. Por ejemplo, las áreas geográficas sin soja, petróleo, gas 
y minerales pasarían a la categoría de subprovincia, con excepción de la 
Capital Federal.

La pelea por cómo se distribuye la extraordinaria renta agropecuaria y 
ahora sobre cómo se reparte parte de ella entre las provincias revela la 
dificultad que encierra poder implementar un nuevo esquema de 
coparticipación federal de impuestos. El actual se ha convertido en un 
espanto por los diferentes parches de las últimas décadas. Diseñar uno 
nuevo es una obligación incumplida por los sucesivos gobiernos desde que 
la Constitución aprobada en 1994 instruyó a diseñar una renovada 
estructura de distribución de los recursos fiscales entre la Nación y 
las provincias.

El simple antecedente de la reacción provocada por ese Fondo Federal 
Solidario inhibe el intento para plantear esa discusión. Basta imaginar 
a los 24 distritos más la Nación en una misma mesa pujando por el 
reparto de los recursos escasos para desalentar a cualquier gobierno a 
pretender abrir ese debate. Sin embargo, la necesidad de racionalizar un 
nuevo pacto fiscal y empezar a construir institucionalidad sobre cómo se 
reparten los ingresos tributarios, proceso que debería comenzar en forma 
lenta pero continua, se presenta como una prioridad para avanzar en 
estabilidad económica.

En ese sentido, también el fortalecimiento de las atribuciones como así 
también la eficiencia de los organismos de recaudación impositiva de las 
provincias ofrecería la posibilidad de ganar márgenes de autonomía sobre 
el poder central. Por caso, si no recaudan para no afectar a los grupos 
económicos locales, las provincias no deberían quejarse tanto porque 
quedan atrapadas en los giros de recursos de la Nación.

El tributarista Jorge Gaggero explica que “en los últimos 25 años se 
concretó en la Argentina una muy fuerte descentralización del gasto 
público (en educación, salud e infraestructura, en especial), lo que 
agravó el desequilibrio entre los recursos de recaudación directa y los 
gastos de provincias y municipios”. Este desbalance fue cubierto por los 
giros del régimen de coparticipación y por otras transferencias nacionales.

Gaggero señala al respecto que “se afirmó de este modo un sistema fiscal 
federal que hace muy difícil la gestión de la economía durante los 
ciclos e impide el ejercicio de la responsabilidad fiscal por parte de 
los distintos niveles de gobierno”. La posibilidad de comenzar a 
corregir esta anomalía está vinculada con los cambios al régimen de 
coparticipación federal de impuestos. Pero el debate que se abrió con el 
fondo de la soja preanuncia el nivel rústico que tendría esa necesaria 
reforma pendiente.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-122308-2009-03-29.html