[R-P] [Plan Fénix] Luchar contra las retenciones es luchar contra la industria

[Nestor Gorojovsky]

Gentileza Alicia Ester

Domingo, 29 de Marzo de 2009

DOCUMENTO DEL PLAN FENIX

Agrotensiones

/Culminó otro lockout del campo representado por la Mesa de Enlace. Ante 
la persistencia de la protesta de un grupo de productores, los 
economistas reunidos en el Proyecto Estratégico de la Universidad de 
Buenos Aires-Plan Fénix plantean el debate sobre la política 
agropecuaria. Destacan que lo que está en juego no es el interés 
sectorial, sino el patrón de acumulación y distribución. Proponen crear 
una comercializadora de carácter público y revisar la legislación 
referida a los arrendamientos rurales. Y reafirman su postura a favor 
del mantenimiento de las retenciones./

Por Plan Fenix *

“Los reclamos por suprimir las retenciones a las exportaciones primarias 
ocupan, desde hace algún tiempo, un lugar destacado en la agenda de los 
medios de difusión. Los argumentos al respecto tienen muchas veces un 
contenido simplista, pero ello no impide que esto sea avalado por 
partidos políticos, organizaciones intermedias, cámaras empresariales y 
hasta organizaciones sindicales.”

Así comenzaba un comunicado que emitiéramos desde el Plan Fénix, en 
marzo de 2005. Cuatro años después, el debate sobre el tema permanece, 
con mayor vigor, habiendo atravesado instancias dramáticas durante el 
año 2008, con fuertes reverberaciones en el plano político y partidario. 
Una y otra vez se han reiterado argumentos a favor o en contra de este 
instrumento. Así lo hemos hecho también nosotros, exactamente hace un 
año. Reafirmamos nuestra postura a favor del mantenimiento de las 
retenciones, graduando su impacto por producto, escala de explotación y 
región geográfica.

Se trata de un instrumento con indudables efectos positivos:

    *  Permite socializar parte de la renta primaria, que de derecho 
corresponde a toda la comunidad.

    *  Introduce un tipo de cambio diferenciado que favorece un 
desarrollo armónico de agro e industria, transfiriendo al conjunto de la 
economía la ventaja comparativa agrícola.

    * Brinda holgura fiscal al Estado, lo que habilita el financiamiento 
de inversión productiva y otras prestaciones estatales, sin presionar 
sobre los mercados financieros.

La historia argentina de las últimas tres décadas avala esta postura: 
los dos ciclos más exitosos de la economía en términos de crecimiento 
(1963–1974 y 2003-2008) en los últimos 50 años contaron con la 
aplicación de tipos de cambio diferenciados mediante retenciones.

Sobresale en ambos casos el fuerte impulso resultante para las 
exportaciones industriales no tradicionales, que crecen en términos 
reales a un ritmo muy superior al de las exportaciones agrícolas. Es 
ésta una herramienta insustituible para apuntalar al desarrollo con 
equidad de la Argentina, sobre la base de un modelo híbrido, que combine 
ventajas comparativas naturales y aquellas que permiten la actividad de 
transformación.

En la actual coyuntura se añaden algunos elementos novedosos. La caída 
de los precios internacionales (que han regresado así a valores próximos 
a los históricos) ha reducido el margen de ganancias extraordinarias del 
año pasado. A ello se agrega una sequía inédita, con valores de 
precipitación pluvial menores en 50 por ciento o más con relación a 
promedios históricos, que ocasiona la disminución de los volúmenes 
producidos (particularmente en los casos de trigo y maíz).

A la disputa en torno de la posible apropiación de tales ganancias, que 
produjo la escalada del conflicto, se suman ahora los requerimientos 
para paliar la situación crítica ocasionada por la mencionada 
circunstancia climática.

La postura de las patronales rurales, respaldada por parte importante de 
la oposición política, no ha variado, sin embargo: el reclamo es por la 
abolición o drástica reducción de las retenciones, sin otros 
aditamentos. Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado recientemente 
algunas medidas, a partir de reuniones con los representantes rurales, 
que desgravan parcialmente algunas producciones (pampeanas y 
extrapampeanas), segmentan la aplicación de retenciones y brindan 
subsidios para revertir la reducción del stock ganadero. Se mantiene la 
alícuota para la soja, habiéndose dispuesto en estos días su parcial 
coparticipación con las administraciones provinciales y municipales.

Entendemos que modificar los principios que sustentan el sistema de 
retenciones sería equivocado. A los argumentos ya mencionados debemos 
agregar la profundización de la actual crisis internacional, con 
impactos recesivos que llegarán inexorablemente a nuestro país. Hoy más 
que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso, que 
entraña riesgos considerables. No es éste el momento, seguramente, de 
privilegiar intereses sectoriales, sobre todo cuando nada indica que la 
supervivencia de los emprendimientos agropecuarios esté bajo amenaza.

Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen 
derecho a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y 
marginalidad que no pueden ser aceptables.

Ahora bien, los argumentos aquí expuestos no son por cierto desconocidos 
para la generalidad de los analistas y actores del quehacer económico y 
social. Cualquier persona razonablemente informada e intelectualmente 
honesta puede reconocer su validez, más allá de los matices con los que 
el instrumento de las retenciones puede ser aplicado.

Cualquier persona sabe que la supresión de las retenciones no paliará 
los impactos de la crisis internacional, ni tampoco devolverá la lluvia 
perdida. En consecuencia, la presente puja en torno del tema no refleja 
sino un posicionamiento torpe y de miras cortas. Quienes abogan por la 
eliminación de las retenciones, en función de su interés sectorial 
inmediato, sacrifican una estrategia que a la postre resulta más 
beneficiosa para el conjunto. A ello contribuye, por otra parte, una 
dirigencia política incapaz de pensar más allá de la coyuntural 
capitalización de la protesta.

Entendamos que –tal como lo dijéramos en declaraciones anteriores– no es 
sólo el interés sectorial sino el patrón de acumulación y distribución 
lo que aquí está en juego. Hemos vivido y sufrido las consecuencias de 
esquemas fundados en la revaluación cambiaria y el desfinanciamiento 
estatal. No están tan lejanos los recuerdos del empobrecimiento de los 
años ’90 y la correspondiente crisis terminal de 2001. Sin embargo, hay 
quienes parecen añorar este modelo.

Señalamos además que –más allá del fragor producido por los numerosos 
cruces verbales– el posicionamiento gubernamental ha carecido de la 
necesaria claridad. En lugar de ofrecer una fundamentación equilibrada y 
articulada de esta política, se ha recurrido a argumentos parciales, ora 
apuntando a aspectos distributivos, ora señalando necesidades fiscales. 
La dirigencia política argentina debe comprender –desde el Gobierno o 
desde el llano– que es imperativo persuadir desde la razón, y a la vez 
desde una perspectiva que valore el bienestar del conjunto de la sociedad.

De la misma manera corresponde reclamar a los medios de comunicación un 
tratamiento objetivo, que no priorice una toma de posición, como hoy se 
observa en forma generalizada. Este conflicto debe ser encarado en 
términos adecuados no sólo a la coyuntura sino a una senda de desarrollo 
con equidad. Esto es, en el marco de un proyecto nacional todavía por 
definirse para la Argentina.

Deben esclarecerse por lo pronto los intereses y la representatividad de 
los actores, lo que lleva a reconocer que la dirigencia enfrentada a las 
retenciones no representa a la población campesina de recursos y 
horizontes productivos limitados. Se trata por lo contrario de 
propietarios de medio y alto porte, rentistas en muchos casos, y en su 
mayoría de la llanura pampeana. Ellos se han beneficiado 
considerablemente con la conjunción de precios altos y devaluación 
verificada en los últimos años. Así lo evidencian los elevados precios 
de la tierra (e incluso de los inmuebles urbanos en las ciudades del 
interior agropecuario pampeano).

Pero la realidad de la actividad agropecuaria en la Argentina es 
considerablemente más compleja. Ella comprende producciones de diversa 
naturaleza y escala, cadenas de intermediación fuertemente 
oligopolizadas en muchos casos, proveedores de insumos críticos también 
concentrados.

Es necesario entonces comprender la problemática agropecuaria en toda su 
diversidad. Esto implica ir más allá de la cuestión puntual de las 
retenciones.

El modelo de agricultura intensiva en tecnología que se ha desarrollado 
en la última década conlleva una fuerte expansión del cultivo de soja, 
en detrimento tanto de usos más equilibrados de los suelos (lo que puede 
comprometer la sostenibilidad a futuro), como de cultivos más intensivos 
en uso de mano de obra en zonas extrapampeanas.

Asimismo, ha puesto en entredicho la viabilidad de la actividad 
ganadera, que se ha visto desplazada, afectando el stock total e incluso 
la actividad lechera. Se avizoran los riesgos propios del monocultivo en 
términos de su viabilidad ecológica como de precios internacionales no 
previsibles.

Estos aspectos requieren definiciones estratégicas por parte del Estado, 
ya que la preservación del suelo y la sostenibilidad en el largo plazo 
no pueden dejarse libradas a las señales de mercado dado el limitado 
horizonte de evaluación de los decisores privados. Estas definiciones se 
encuentran ausentes. Sólo se han ensayado medidas puntuales, con éxito 
diverso.

Debe ser objeto de particular consideración la agricultura de escala 
familiar en áreas alejadas de las zonas cerealeras. Asimismo, las 
cadenas de elaboración y comercialización, tanto en granos como en 
carnes, hoy día se apropian de una parte no desdeñable de la renta 
primaria. Esto amerita un estudio en profundidad para su reformulación. 
Es imperativo un ejercicio participativo de planificación sectorial, que 
defina un perfil futuro a la vez factible y deseable, en lo que atañe al 
sector y a su vinculación con el resto de la economía.

Se podrán establecer así los roles que cada actividad debe cumplir en el 
conjunto del quehacer agropecuario, incorporando explícitamente la 
consideración de aspectos ambientales. Otros tópicos que deben integrar 
esta agenda son la creación de una comercializadora de carácter público 
y la revisión de la legislación referida a los arrendamientos rurales.

Las herramientas de intervención gubernamental deben encontrarse 
correctamente diseñadas y ser implementadas en forma confiable. La 
imagen resultante debe ser la de un Estado comprometido con una política 
eficaz, con aristas diversas, correctamente fundamentada, y que no se 
limita seguramente a introducir un tipo de cambio diferenciado o a 
atender requerimientos fiscales.

Se requiere entonces a la vez voluntad de diálogo y convicción fundada 
en la defensa de posturas que benefician al colectivo de los argentinos. 
La negociación de ninguna manera puede transcurrir bajo la amenaza de 
medidas que comprometen la continuidad de las actividades productivas, 
ni mucho menos con la concreción de aquéllas.

El conflicto con el sector agropecuario lleva ya demasiado tiempo. Urge 
en esta nueva etapa una solución duradera en pro de un proceso de 
crecimiento sostenible y equitativo, ajustada además a un escenario 
internacional muy diferente y seguramente más duro que el que vivimos en 
los últimos años.

* Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires-Plan Fénix. 
http://www.pagina12.com.ar