[R-P] [Agencia Bolivariana de Noticias]Human Rights Watch: la verdad socavada

[Juan María Escobar]

Human Rights Watch: la verdad socavada
Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)


Caracas, 19 Sep. ABN.- Los autores de un extenso informe sobre derechos 
humanos en Venezuela son expulsados del país; tal acción se corresponde en 
una respuesta del gobierno nacional ante dicha agresión a la soberanía 
nacional.

El 18 de septiembre, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) 
emitió un informe titulado "Una década de Chávez", cuyo objetivo es cumplir 
con la misión tarifada de validar las acusaciones imperiales sobre los 
derechos humanos contra el gobierno bolivariano.

Tras la rueda de prensa que dieron en Caracas, José Miguel Vivanco, 
encargado para América Latina de la organización, y Daniel Wilkinson, 
responsable del informe, han sido expulsados de Venezuela por la Cancillería 
y por el Ministro del Interior y Justicia.

Como se les dio a conocer al conducirles al aeropuerto internacional de 
Maiquetía, no podrán regresar al país para replicar sus mentiras, al haber 
violado sus derechos legales como turistas, para violentar la soberanía 
nacional e insultar a las instituciones constitucionales de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Un apéndice de la injerencia imperial

En un voluminoso libro de casi 300 páginas, la organización estadounidense 
pretende retratar una década de revolución bolivariana, bajo el 
 "equilibrado" subtítulo de Intolerancia política y oportunidades perdidas 
para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, se trata 
de un nuevo ejercicio orientado a atacar sin fundamento el proceso 
revolucionario, mediante la manipulación deliberada de la realidad y del 
propio derecho internacional. Con su divulgación, Human Rights Watch pone 
una vez más al descubierto que no es más que uno de tantos apéndices de la 
injerencia estadounidense, que opera bajo la mascarada de ONG.

Para replicar la eterna cantinela del gobierno de Bush, la supuesta 
organización independiente revisa y refuerza las acusaciones e infamias que 
a diario llenan los titulares de la prensa de oposición, así como los 
pronunciamientos y reportes de Washington.

En esta ocasión, las baterías se enfilan hacia la presunta discriminación 
política, la independencia de poderes, la libertad de expresión y los medios 
de comunicación y la libertad sindical. Para ello, la "ONG" traza un retrato 
deliberada y grotescamente desfigurado de la realidad nacional, pretendiendo 
acomodarla al guión impuesto por Washington y su agenda de intervención. 
Cabe destacar que la publicación del informe coincide con la expulsión de 
Venezuela del embajador norteamericano y, al igual que en ocasiones 
anteriores, es dado a conocer en vísperas de un nuevo proceso electoral.

Expulsión y regreso al comando central

Mediante un breve comunicado, el Gobierno ha informado en la noche del 
jueves a los responsables de la rueda de prensa su decisión de expulsarlos 
del país, luego de que agredieran a las instituciones de la democracia 
venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país. La 
decisión, tomada en base a los valores constitucionales de defensa de la 
soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, incluye la 
prohibición de retorno para ambos personajes de la injerencia imperial.

Mediante un ajustado retrato de la realidad, la Cancillería y el Ministro 
del Interiror informaron a los sujetos que la medida se ajustaba a la 
política de Estado de defender a la nación de las 'agresiones de factores 
internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las 
agencias del gobierno de los Estados Unidos de América' - aunque actúen bajo 
la falsa mascarada de defensores de derechos humanos.

La distorsión deliberada de la realidad

Venezuela presenta en la actualidad uno de los récords de derechos humanos 
más impresionantes. Aunque queda mucho por hacer, la mayoría de las 
garantías de la Constitución de 1999 han sido implementadas, particularmente 
en relación con las necesidades fundamentales de los ciudadanos - como lo 
son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, 
a la seguridad social, al trabajo y a la participación.

Como sucede con todas las organizaciones que comparten y defienden la visión 
capitalista, HRW omite toda referencia a estos progresos, desconociendo los 
informes internacionales que los certifican. Entre otros avales negados por 
la organización, destacan la certificación por parte del PNUD del progreso 
general y el logro adelantado en el cumplimiento de varias Metas del 
Milenio - de manera particular, la certificación de que la pobreza extrema 
disminuyó en un 54% respecto de 1998, y la disminución de la pobreza en 
general en un 34%.

Asimismo, HRW omite otras numerosas fuentes internacionales de derechos 
humanos, cuyos métodos de evaluación no responden a los intereses del 
gobierno, pero que sin embargo han certificado ampliamente los progresos 
logrados por el gobierno bolivariano.

Entre ellos, cabe destacar la declaratoria de Venezuela como territorio 
libre de analfabetismo por parte de la UNESCO; la evaluación positiva por 
parte de la Organización Mundial de la Salud del programa de salud primara 
Barrio Adentro; la certificación de los avances en materia de refugio por 
parte de la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio; el respaldo de 
la Organización de las Naciones para la Alimentación a las políticas en 
materia de seguridad y soberanía alimentarias; y el reconocimiento de los 
avances en materia de derechos de pueblos indígenas por parte del Comité de 
las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial.

El cuento de la independencia de poderes

Entre otros señalamientos, HRW asegura que el gobierno de Chávez irrespeta 
el principio de la separación de poderes - específicamente, en relación con 
el Poder Judicial. La propia organización escribió en un reporte anterior 
que cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó un poder judicial 
plagado por años de interferencias políticas y corrupción, que calificó de 
"en bancarrota" bajo la perspectiva de la credibilidad. No obstante, 
reconoció que bajo Chávez, el acceso a la justicia se había visto mejorado, 
gracias a la expansión de las cortes. También el Banco Mundial señaló que la 
reforma judicial había permitido progresos significativos, destacando que el 
Tribunal Supremo de Justicia era "más moderno y eficiente".

Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en 
un reciente fallo que no hay indicio alguno de que el Poder Judicial carezca 
de independencia - el principal argumento político sobre el que se ha 
sustentado toda la estrategia de acoso a la República en materia judicial, y 
que se quedó huérfana de justificación por mandato del alto organismo 
interamericano. No obstante, HRW, que se califica a sí misma de organización 
de derechos humanos, parece no haberse enterado.

En materia de independencia electoral, las innumerables consultas 
electorales que han tenido lugar en el país han sido sistemáticamente 
calificadas de transparentes por observadores internacionales de toda la 
geografía mundial - incluyendo los de organismos como la Organización de 
Estados Americanos. Otra prueba incontrovertible de la vigorosidad de la 
independencia de poderes en la Venezuela bolivariana fue la derrota que la 
propuesta de reforma constitucional impulsada por el propio presidente 
sufrió en el referendo del pasado mes de diciembre - así como su escrupuloso 
reconocimiento por parte del mandatario.

La presunta discriminación política

La organización señala que la discriminación política es una de las 
"características principales" de la presidencia de Hugo Chávez. Considera 
correctamente que el golpe de 2002 contra el gobierno democrático fue el 
'retroceso más dramático' de derechos humanos en la década pasada. No 
obstante, critica la condena que el propio Presidente Chávez ha realizado de 
su derrocamiento y califica sus opiniones de ejemplos de "discriminación 
política" contra la oposición.

Con la replicación de este lugar común de los sectores que se oponen al 
primer mandatario, la organización contradice sus declaraciones de años 
pasados, cuando reconoció ampliamente el derecho del Presidente y sus 
seguidores de responder al lenguaje desproporcionado de sus adversarios 
políticos. Asimismo, parece señalar que la forma de "respetar" los derechos 
de la oposición es mediante la negación del derecho de libre expresión del 
primer mandatario.

Por otra parte, la organización omite la promulgación de un Decreto 
presidencial que a finales del año pasado perdonó a los participantes del 
golpe de abril de 2002, así como del resto de intentonas orientadas a 
derrocar al gobierno democrático, que no hubieran incurrido en violaciones a 
derechos humanos. "Se trata de pasar la página", señaló en esa ocasión 
Chávez. 'Queremos que haya un debate político e ideológico fuerte, pero 
pacífico."

La cantinela de la libertad de expresión

Recogiendo una acusación ya consuetudinaria en los informes de 
organizaciones afines a los intereses del Departamento de Estado, HRW 
asegura que Chávez ha afectado el balance de los medios de comunicación a 
favor del gobierno, presionando a los medios opositores críticos. No 
obstante, al igual que durante el golpe de 2002 contra Chávez, la mayoría de 
medios de comunicación en Venezuela sigue bajo el dominio de sectores de 
oposición.

Los medios "antigubernamentales" a los que se refiere HRW siguen ostentando 
la mayoría de las frecuencias radioeléctricas, y la práctica totalidad de 
diarios nacionales siguen llenando los kioscos del país de titulares 
amarillistas y antigubernamentales. En la mayoría de los casos, sus 
coberturas siguen incluyendo un esfuerzo permanente de desestabilización de 
los procesos democráticos, en desmedro de los principios básicos de la 
comunicación periodística.

A su vez, la creación por el gobierno de nuevos canales de televisión de uso 
público responden a los objetivos de desarrollo de la oferta comunicacional, 
en base a los valores constitucionales. Su creación no ha evitado que los 
principales canales opositores sigan usando la frecuencia para atacar 
abiertamente al gobierno.

Por otra parte, en 10 años de gobierno, no ha habido en Venezuela un solo 
caso de censura ni de cierre de medios opositores. En el caso del canal 
privado RCTV, el gobierno, en ejercicio de una prerrogativa legal como 
administrador del espectro radioeléctrico, negó la solicitud de renovación 
de la concesión de uso de la frecuencia radioeléctrica, luego de que los 
dueños de ese medio abusaran de manera permanente de sus derechos.

Libertad de asociación sindical y de la sociedad civil
HRW asegura que el gobierno de Chávez ha violado la libertad de asociación 
de los trabajadores, buscando controlar la organización sindical. No 
obstante, en los últimos diez años se ha promovido activamente la formación 
de sindicatos y la contratación colectiva, y en modo alguno el sector ha 
sido cooptado. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) fue fundada en abril 
2003 por trabajadores que apoyan el proceso político impulsado por el 
gobierno, pero desde entonces han mantenido un liderazgo sindical 
independiente - como lo muestran sus múltiples pronunciamientos en 
conflictos laborales particulares.

Por otra parte, las falsas acusaciones que presentó por años la Central de 
Trabajadores de Venezuela la Organización Internacional del Trabajo fueron 
finalmente desechadas. En la actualidad, no reposan casos sustanciales 
contra el gobierno nacional en dicho organismo. A su vez, el líder principal 
de esa organización se encuentra fugado de la justicia, luego de haber 
liderado por años la campaña de desestabilización de la democracia y la 
economía nacionales.

Finalmente, HRW asegura que el gobierno de Chávez ha perseguido una política 
"agresiva" contra las organizaciones locales de derechos humanos y de la 
sociedad civil No obstante, bajo el gobierno de Chávez, las denuncias sobre 
derechos humanos se han vuelto pan diario en los medios de comunicación 
opositores.

Complementariamente, la organización popular y comunitaria con fines 
sociales ha conocido un crecimiento desconocido en la historia nacional. El 
gobierno ha promovido la creación de consejos comunales para promover la 
participación directa de la población en la gestión pública, asegurando una 
democratización inédita del poder público. La población tiene ahora la 
oportunidad de incorporarse así mismo a las dinámicas de contraloría social 
de las políticas públicas conocidas como misiones, así como a la gestión de 
los servicios básicos locales.

El Caballo de Troya

En los inicios de la confrontación política, Human Rights Watch (HRW) fue la 
organización internacional no gubernamental de derechos humanos que informó 
de manera más balanceada sobre la situación en Venezuela. En sus informes y 
comunicados, reconoció la actitud antidemocrática y desestabilizadora de la 
oposición y sus medios de desinformación, refutó las acusaciones sobre la 
presunta vulneración de la libertad de expresión, y destacó en múltiples 
ocasiones la vigencia de la democracia.

Abril 2002: HRW denunció el golpe pero avaló la dictadura

El 12 de abril, HRW divulgó un comunicado reconociendo 'el derrocamiento del 
presidente venezolano Hugo Chávez Frías' y la amenaza que representaba para 
'los derechos humanos y el estado de derecho', y manifestó su preocupación 
por 'la posibilidad' de que Chávez no hubiera dejado el cargo 
voluntariamente.

La condena al golpe de Estado se vio matizada por medio del reconocimiento 
de las "autoridades de transición" y por la demanda de que las mismas 
"respetaran" las normas de derecho en sus acciones - extremo legal que no 
estaban en condiciones de cumplir, luego de que sus acciones hubieran 
barrido con la legalidad democrática en el país. De dicho comunicado se 
deduce que la organización no consideraba conculcado el Estado de Derecho; y 
que no condenó "rotundamente" el atentado contra el orden constitucional del 
país, como pretendió hacer ver posteriormente.

Cambio de seña

 En 2003, HRW adelantó una enérgica campaña en contra de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y convalidó las falsas 
acusaciones sobre sus supuestas amenazas a la libertad de expresión. Además 
de basar su análisis en una abierta manipulación del derecho internacional 
vinculado a la responsabilidad de medios de comunicación en el ejercicio de 
sus derechos, su actuación se orientó por el desconocimiento del principio 
de separación de poderes, al hacer llamados al Presidente a intervenir en un 
proceso del que se encargó el Poder Legislativo.

Durante las acciones violentas de la oposición de febrero y marzo de 2004 
(conocidas como "guarimbas"), HRW puso de nuevo en evidencia su parcialidad, 
al pronunciarse sin revisar el comportamiento violento de los manifestantes 
y los objetivos desestabilizadores de sus líderes, así como de los medios de 
comunicación opositores. Ese mismo año, con su "campaña" contra la Ley del 
Tribunal Supremo de Justicia, HRW perdió completamente su pretendida 
condición de fungir de "observatorio de derechos humanos", para convertirse 
en agente político de injerencia externa.

Campaña contra la Ley del TSJ: la agenda del departamento de Estado

En junio de 2004, HRW presentó un informe sobre la Ley del TSJ, en el que 
denunciaba la supuesta politización de la justicia y el supuesto poder de la 
nueva ley para "purgar y coptar" de adeptos el TSJ, a partir de argumentos 
desconocedores de los principios democráticos. Además de tergiversar 
completamente los contenidos de la ley y la realidad del Poder Judicial, el 
informe se orientó a promover la injerencia extranjera, al demandar la 
aplicación de la Carta Democrática y el bloqueo en las políticas de 
cooperación internacional por parte de las agencias multilaterales del 
capitalismo global.

En ocasión de esta campaña, la agencia estadounidense Stratfor, de tendencia 
imperialista y ultraderechista, reconoció que la estrategia parcializada de 
HRW respondía a la agenda del Departamento de Estado.

Para defenderse de las críticas, HRW afirmó ser uno de "los críticos más 
rigurosos de las políticas norteamericanas que afectan la protección de los 
derechos humanos". Sin embargo, la organización nunca se ha pronunciado 
acerca del total sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo en esa 
república - incluido el nombramiento directo por parte del Presidente de los 
magistrados de la Corte Suprema y de las cortes federales, así como del 
Fiscal General y de los fiscales federales.