[R-P] LAS ANDANZAS DE JORGE RAVENTOS

Mar Oct 28 14:39:13 MDT 2008

¿ COLUMNISTA DE LA NACIÓN?

Otra de piratas

Autor: Jorge Raventos

Todos los piratas tienen
atropellos que aclarar,
deudas pendientes y asuntos
de los que mejor no hablar(.)
No hay historia de piratas
que tenga un final feliz.
Joan Manuel Serrat, Una de Piratas

Una de las obsesiones del matrimonio K consiste en ofrecer argumentos 
piadosos y humanitarios para justificar sus exacciones. En las narraciones 
clásicas los autores de tropelías se preocupaban poco por el juicio ajeno: 
los piratas no pretendían ganar fama de justicieros, se contentaban con el 
botín y los cañonazos. Los K, setentistas nostálgicos, necesitan exhibirse 
con disfraz de Robin Hood: relatan sus intentos de confiscación como 
batallas homéricas contra distintas ligas de malvados poderosos, destinadas 
invariablemente a preservar alguna causa buena.
Para explicar el gran golpe frustrado de las retenciones móviles pintaron al 
vasto océano de productores agrarios del país como un pantano oligárquico y 
negaron, por supuesto, que el manotazo suplementario que intentaban 
asestarles tuviera que ver con las dificultades que el propio gobierno se 
había procurado para financiarse (o con lubricados proyectos como el del 
tren bala): los fondos de la expropiación se destinarían a construir 
escuelas y hospitales (desalmado aquel que quisiera preguntar por qué no 
canalizan hacia esos nobles fines la inmensa recaudación impositiva que 
perciben normalmente y coparticipan mezquinamente).
Algo parecido ocurre ahora con el precipitado proyecto previsional que esta 
semana promovió el gobierno de la señora de Kirchner. Se trata de una 
ratificación del modelo centralismo de confiscación parasitaria ya aplicado 
en el campo: la expropiación de los aportes de 9 millones de trabajadores 
argentinos que desde hace 14 años ahorran para su futura jubilación en el 
sistema previsional de capitalización.
Pese a que presiones gubernamentales condujeron a las empresas que 
administran esos fondos a invertir la mayor parte de ellos en el vidrioso 
negocio de financiar al Estado, lo cierto es que allí se han acumulado unos 
100.000 millones de pesos y cada año se incorporan unos 13.000 millones más, 
producto de los aportes mensuales de esos mismos trabajadores.
Semejante caja ha sido siempre una verdadera tentación para los Kirchner. 
Intentaron meter mano en ella apelando a la complicidad de las víctimas: 
desde principios del año 2007 promovieron con una intensísima campaña de 
propaganda el traspaso voluntario de aportantes del sistema de 
capitalización al régimen de reparto, ese barril sin fondo que sólo 
controlan funcionarios fieles del Ejecutivo.
Mientras en el sistema de capitalización los manotazos a la caja tienen el 
dique de control de los aportantes, que son propietarios individuales de sus 
fondos y tienen derechos preservados por la Constitución, nada detiene al 
gobierno -las experiencias están a la vista- si quiere financiarse echando 
mano a los fondos de jubilaciones que administra el ANSES, una oficina 
pública con autoridades rigurosamente sometidas a la disciplina K.
El gobierno quedó disconforme con el resultado de su campaña de traspasos. 
Esperaba quedarse con el dinero de al menos la mitad de los afiliados a los 
fondos de capitalización y sólo cosechó un 20 por ciento. Fue un buen 
refuerzo para las cifras del ANSES, pero apenas una propina para las 
expectativas de la familia K; en rigor una derrota, ya que esa ofensiva por 
el traspaso resultó un verdadero plebiscito: el régimen de capitalización 
ganó 80 a 20; más de 9 millones de personas que cuentan con fondos en ese 
régimen -incluyendo más de 3 millones y medio que aportan regularmente- 
eligieron permanecer en él.
Es una fuerte expresión social, sin duda. A mero título comparativo, la 
señora de Kirchner obtuvo menos que eso en los comicios de hace un año: 
8.650.990 votos. Con la propuesta de liquidar el régimen de capitalización y 
expropiar los fondos el gobierno convierte en jarabe de pico las promesas de 
"libertad de opción" con que concurrieron a aquel plebiscito.
Argentina enfrenta en el 2009 vencimientos de deuda por 20.200 millones de 
dólares y no tiene cómo financiarlos: las cifras de riesgo-país (que tocaron 
los 2000 puntos esta semana) indican que tiene cerrado el crédito; para 
colmo, la caída del precio de los commodities no sólo reduce los ingresos 
fiscales esperados, también achica el margen de maniobra del carísimo 
palenque crediticio al que habitualmente apelan los Kirchner: el comandante 
Chávez. A él también lo golpea la crisis, bajo la forma de una fuerte 
reducción del precio del petróleo.
En esas condiciones, quizás se explique el íntimo (cándido) goce de la 
señora de Kirchner cuando describía la crisis global y, sobre todo, esa 
frase que reiteró en varios discursos: "La crisis es una oportunidad". Es un 
lugar común, ciertamente, pero en este caso tenía, como se ha visto, sentido 
específico: el matrimonio K vio una oportunidad. de quedarse con los fondos 
jubilatorios de capitalización. Con todos ellos. Con el stock acumulado y 
con el flujo mensual.
Para ello tomaron como gran coartada las medidas de salvataje que las 
democracias capitalistas adoptaron ante la crisis financiera, tomando el 
control de bancos y grandes aseguradoras. Magnífico: la expropiación de las 
jubilaciones de capitalización tomaría la forma de un salvataje. ¿Quién 
puede negarse a algo tan pío como un salvataje?
Significativa diferencia: los salvatajes que están acometiéndose en Estados 
Unidos e Inglaterra implican que los estados ponen fondos para preservar los 
intereses de las instituciones en riesgo y, sobre todo, para cuidar los 
intereses de los depositantes (por caso, los de los deudores hipotecarios). 
En cambio, aquí el "salvataje" se comete contra los trabajadores aportantes: 
el Estado no pone, saca.
Les saca la propiedad a los trabajadores. Golpea, además, a instituciones 
(las AFJP) cuyos criterios de administración pueden y deben ser muy 
criticados (y debieron ser controlados por instituciones estatales previstas 
en el régimen), pero que no estaban en crisis ni solicitaban salvataje 
alguno.
No importa: el relato del gobierno se basa en la idea de salvataje, que 
sirve para dibujar la misión K como una misión bondadosa. Hace falta mostrar 
quién es el "malo" del que hay que salvar a los futuros jubilados. En 
realidad, in pectore el pensamiento oficialista sostiene que hay que 
salvarlos de ellos mismos, de su "individualismo" y "falta de solidaridad", 
que los llevan a encapricharse en aportar para sus propios fondos 
jubilatorios en lugar de entregárselos al gobierno, que a través del ANSES 
sabría mucho mejor que cada uno de ellos cómo gastar esos aportes. Pero así 
no relata el gobierno: el malo de la película son "las AFJP", el "régimen 
privado" que se impuso "en los años 90", la "obra de Menem y Cavallo".
Ese relato es puro humo destinado a nublar la visión, campanilla pavloviana 
para despertar el reflejo condicionado anti-noventa, de modo de quedarse con 
las carteras en el tumulto.
Primero: los aportes que se expropiarían si el proyecto fuera aprobado en el 
Congreso, no son propiedad de las AFJP. La ley que estableció el sistema de 
capitalización lo expresó sin dejar espacio para la duda: "el fondo de 
jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del 
patrimonio de la administradora, y pertenece a los afiliados. La 
administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él".
Segundo: no es cierto que el régimen de capitalización pueda definirse con 
precisión como "privado" por oposición a otro "estatal", que sería el de 
reparto. De hecho, en el régimen de capiutalización ha jugado un papel muy 
significativo la AFJP Nación, del estado nacional (además de otra controlada 
por el estado bonaerense).
De hecho, nada impediría (si los procedimientos que se adoptan son 
respetuosos de la Constitución) que exista un régimen de capitalización 
exclusivamente administrado por el Estado, a través de Nación AFJP.
Sucede que aún en ese caso los aportantes seguirían siendo los propietarios 
legales de sus propios fondos particulares y podrían ejercer control sobre 
los administradores, algo que no puede hacerse en la oscuridad de ANSES, 
donde todos los gatos son pardos, no hay fondos específicos de cada 
aportante, las retribuciones de los jubilados y el destino de los gastos 
están determinados por criterios que algunos llaman políticos y otros, 
facciosos.
Aquella confusa polarización entre "privado" y "estatal" la emplea el 
gobierno para atraerse la simpatía (y los votos en las Cámaras) de diputados 
y senadores que temen verse retratados como privatistas, amigos de los años 
noventa o pro-AFJP y para ofrecer una coartada al proyecto, que supone una 
expropiación inconstitucional a 9 millones de personas. No es "lo estatal" 
lo que inspira al gobierno, sino el manejo sin obstáculos de la caja, por 
eso quiere "estatal de reparto" y ni habla de la hipótesis "estatal de 
capitalización".
Tercero: Es tan monumental la operación (y tan grande el botín, y tan 
desesperante la situación de la caja K), que el gobierno sospecha que el 
humo que lanza para nublarla no durará mucho. Por eso quiere que todo se 
apruebe rapidito. En dos o tres semanas, a lo sumo cuatro. Así, en un 
santiamén se liquidaría un régimen de capitalización cuya sanción demandó no 
menos de dos años de debate en la sociedad y cerca de nueve meses de trámite 
parlamentario.
El apuro es una mala señal, porque si ha llegado la hora de replantearse la 
realidad previsional, conviene hacerlo con paciencia y mirando más allá de 
este arrebato oficialista. Convendría analizar, por ejemplo, si no debe 
establecerse una "jubilación de ciudadanía", un ingreso mínimo para todos 
quienes hubieran llegado a determinado edad, independientemente de sus años 
de aporte. Y, por encima de esa prestación universal por edad, si no habría 
que reconocer proporcionalmente los aportes (por breves que hayan sido) de 
todos aquellos trabajadores integrados al sistema previsional aunque, al 
llegar a la edad jubilatoria, no alcancen a cumplir los años hoy exigidos 
para obtener el beneficio. Un tema como el previsional no puede ser aprobado 
a los panzazos entre gallos y medianoche. Necesita un debate amplio y 
participativo.
La forma sorpresiva con que se dispuso la iniciativa K (aparte del 
matrimonio, sólo un par de funcionarios conocieron el proyecto antes del 
anuncio; Martín Redrado, el presidente del Banco Central, se enteró por 
Página 12), generó en la realidad respuestas prácticas antes de las 
respuestas programáticas.
Los bancos registraron rápidamente fuga de depósitos, el dólar trepó (pese a 
una sangría de 1.300 millones en las reservas, con las que el Central quiso 
moderar el ascenso), el riesgo país se incrementó, el mundo describió a la 
Argentina como expropiador o defaulteador serial, la bolsa se derrumbó (pese 
a que el gobierno operó comprando papeles para que la caída no fuera tan 
vertiginosa). Hasta - "efecto tango"- se cayó la bolsa española, con castigo 
particular para las empresas más expuestas en Argentina.
Sucede que entre los activos del sistema de capitalización que el gobierno 
se propone expropiar hay paquetes accionarios de muchas firmas. Por ahora 
esos papeles están repartidos entre distintas administradoras, si el plan 
oficial se concreta, todas esas acciones se concentrarán en manos de 
ANSES-Estado, que pasaría así a convertirse en importante accionista de 
bancos, empresas eléctricas y telefónicas y hasta de medios de comunicación 
(casi un 9 por ciento del grupo Clarín quedaría en manos del gobierno).
Si muchos funcionarios festejan ya potenciales nuevos destinos en los 
directorios de esas compañías, ese sueño de algunos se transforma para las 
empresas y los inversores en una pesadilla (algunos, masoquistas o 
delirantes, hasta se imaginan a Luis D'Elía designado en el Banco 
Hipotecario o a Guillermo Moreno en el directorio de Molinos). Muchos 
observadores se preguntan qué vendrá después de la expropiación de los 
aportes jubilatorios: ¿llegarán a los plazos fijos si necesitan fondos? ¿A 
las cajas de seguridad? La temeraria audacia del gobierno incentiva la 
imaginación. Las acciones caen.
El matrimonio Kirchner, que se mostraba exultante el martes, apenas mostró 
el naipe de su propuesta, empezó a preocuparse al registrar las primeras 
consecuencias, que evidentemente no había imaginado ni previsto. Se esforzó 
entonces por buscar apoyos o complicidades. Dejó trascender la idea de que 
parte de los fondos jubilatorios que serían incautados podrían alimentar un 
"banco de crédito industrial": un lance para seducir a la UIA, que también 
reclama un dólar alto y una rápida muralla para defenderse de los productos 
chinos y brasileros.
A la conducción de la CGT la tentó con la participación gremial en la 
administración de los fondos previsionales; una garantía para los futuros 
jubilados: es bien conocida la experiencia sindical en la administración de 
las obras sociales.
Para atraerse inclusive la adhesión de algunos sectores permeables de la 
oposición, permitió a algunos de sus lenguaraces difundir la idea de que, "a 
quienes aprobaran el proyecto en general" y sólo a esos, les admitirían 
correcciones particulares a la propuesta, inclusive "la intangibilidad de 
los recursos previsionales".
¿Qué confianza podría despertar semejante "intangibilidad" si para 
introducirla hay que admitir primero un saqueo y un atropello 
inconstitucional? ¿Qué confianza puede ofrecer un gobierno que reclama 
todavía superpoderes y se ha cansado de transgredir con ellos las 
disposiciones de la ley de leyes, el presupuesto? Escudarse tras la palabra 
intangibilidad sería, en tales condiciones, una broma de mal gusto, una 
excusa cínica para lavar la conciencia de algún opositor arrepentido.
Pese a esos movimientos ofensivos y defensivos del gobierno, la principal 
oposición (la oposición de la realidad) se sigue manifestando con la 
elocuencia de los hechos; y el andamiento parlamentario del proyecto está 
por verse: los sectores no oficialistas parecen comprender que, por encima 
de sus comprensibles diferencias, esta vez hay en juego una situación de 
verdadera emergencia que involucra la suerte de millones de trabajadores 
tanto como la vigencia de la propiedad personal, valor fundamental de la 
Constitución. Y en seno del mismo oficialismo se registran dudas sobre el 
contenido del proyecto y sospechas por la premura que se les exige para 
acatarlo.
El gobierno ya no puede mostrar ni ante propios ni ante ajenos la solidez 
que en otros tiempos despertaba miedo, disciplina o resignación. La opinión 
pública lo ha abandonado. Después de la dura derrota sufrida ante el campo 
el futuro del kirchnerismo quedó tronchado. Esta semana, el decisivo veto 
del gobierno y la oposición uruguaya a la candidatura de Néstor Kirchner a 
la presidencia de UNASUR representó un signo inéquivoco de fin de época.
Es posible que el manotazo a las jubilaciones se convierta en el último gran 
abordaje de los Kirchner; que después sólo les quede caminar por la 
planchada. 

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