[R-P] (PSI).- BOLIVIA: SI QUISIÉRAMOS SOBREVIVIR (por Andrés Soliz Rada

[José María]

LA PAZ, 26(PSI).- BOLIVIA: SI QUISIÉRAMOS SOBREVIVIR
(por Andrés Soliz Rada). Si autonomistas e
indigenistas coincidieran en las competencias a las
que no puede renunciar el Estado nacional para seguir
existiendo como tal, los riesgos de disgregación que
sufre Bolivia se disiparían en gran medida. Esas
competencias irrenunciables son la política exterior,
las FFAA y la Policía Nacional, la moneda, la
planificación económica sobre los recursos naturales,
la función económica social de la tierra (sobre la que
hubo consenso), la Corte Suprema, el Tribunal
Constitucional y el diseño de políticas educativas
globales.
           El requisito básico para que este esquema
funcione reside en la vigencia de una Estrategia
Nacional de Desarrollo, en la que vean reflejadas sus
aspiraciones las regiones autónomas y los pueblos
originarios, razón por la que debe ser elaborada con
su participación directa. Lo anterior dará paso al
manejo coordinado de los recursos naturales,
renovables y no  renovables, en el que los
departamentos y los pueblos originarios serían
partícipes y fiscalizadores de su cumplimiento.
           De esta manera, el absurdo enfrentamiento
existente en Tarija, por ejemplo, entre YPFB, la
prefectura y el Chaco tarijeño, daría paso a la
instalación de un polo de desarrollo impulsado de
común acuerdo, que incluya plantas separadoras de
líquidos, de fertilizantes, refinerías, oleoductos,
gasoductos y termoeléctricas. La exacerbada lucha por
el control del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) daría paso a la construcción de obras de
beneficio común.
           Si el capitalismo de Estado tiene, a través
de esta planificación participativa, el control de los
recursos estratégicos, queda un amplio espacio para el
desarrollo de iniciativas comunitarias y privadas. El
interés común por el fortalecimiento del país
impulsará, asimismo, la planificación de vías férreas
y fluviales, carreteras nacionales y aeropuertos. 
           La presencia de la Corte Suprema de
Justicia y del Tribunal Constitucional no es óbice
para la vigencia de usos y costumbres comunitarias en
municipios o mancomunidad de municipios indígenas, en
los que la aplicación de justicias comunitarias estará
sujeta a recursos de apelación nacional. 
           Es obvio que en la administración estatal,
los ciudadanos y ciudadanas indígenas deben tener el
derecho a usar su lengua materna, en tanto que, por el
sistema de discriminación positiva temporal, en la
Corte Suprema, Tribunal Constitucional,  FFAA  y
Policía Nacional los pueblos originarios tendrán una
cuota de participación, susceptible de lograr un
equilibrio equitativo en un país pluricultural y
multilingüe como el nuestro.
            El respeto a regiones y culturas tampoco
debería interferir la vigencia de símbolos nacionales
(escudo, bandera e himno nacionales) que muestra el
esfuerzo de una sociedad abigarrada como la nuestra
que trata, día a día, de estructurar su viabilidad
nacional, enraizada en lo más rescatable de su
historia, en la que no es posible que una parcialidad,
indígena o regional, se imponga a las demás. 
            El Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha
vetado la pretensión de fundamentalistas del
indigenismo, que exigían la propiedad comunitaria en
áreas petroleras, impulsada, de manera exógena por la
OIT y Naciones Unidas, es decir por el Imperialismo y
su nueva cara, el Nuevo Orden Mundial (NOM).
            Ha preferido, en cambio, buscar la
construcción intercultural del Estado nacional, que 
defienda a la sociedad de traficantes de drogas y de
armas, transnacionales y ONG, que están ávidos de
apropiarse de los despojos de nuestros países. A estos
enemigos debemos derrotar para construir nuestro
propio proyecto nacional y latinoamericano.- XXX



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