[R-P] [Andrés Soliz] Bolivia: si quisiéramos sobrevivir

[Néstor Gorojovsky]

BOLIVIA: SI QUISIERAMOS SOBREVIVIR
Por: Andrés Soliz Rada

Si autonomistas e indigenistas coincidieran en las competencias a las
que no puede renunciar el Estado nacional para seguir existiendo como
tal, los riesgos de disgregación que sufre Bolivia se disiparían en
gran medida. Esas competencias irrenunciables son la política
exterior, las FFAA y la Policía Nacional, la moneda, la planificación
económica sobre los recursos naturales, la función económica social de
la tierra (sobre la que hubo consenso), la Corte Suprema, el Tribunal
Constitucional y el diseño de políticas educativas globales.

El requisito básico para que este esquema funcione reside en la
vigencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que vean
reflejadas sus aspiraciones las regiones autónomas y los pueblos
originarios, razón por la que debe ser elaborada con su participación
directa. Lo anterior dará paso al manejo coordinado de los recursos
naturales, renovables y no  renovables, en el que los departamentos y
los pueblos originarios serían partícipes y fiscalizadores de su
cumplimiento.

De esta manera, el absurdo enfrentamiento existente en Tarija, por
ejemplo, entre YPFB, la prefectura y el Chaco tarijeño, daría paso a
la instalación de un polo de desarrollo impulsado de común acuerdo,
que incluya plantas separadoras de líquidos, de fertilizantes,
refinerías, oleoductos, gasoductos y termoeléctricas. La exacerbada
lucha por el control del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
daría paso a la construcción de obras de beneficio común.

Si el capitalismo de Estado tiene, a través de esta planificación
participativa, el control de los recursos estratégicos, queda un
amplio espacio para el desarrollo de iniciativas comunitarias y
privadas. El interés común por el fortalecimiento del país impulsará,
asimismo, la planificación de vías férreas y fluviales, carreteras
nacionales y aeropuertos.

La presencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Constitucional no es óbice para la vigencia de usos y costumbres
comunitarias en municipios o mancomunidad de municipios indígenas, en
los que la aplicación de justicias comunitarias estará sujeta a
recursos de apelación nacional.

Es obvio que en la administración estatal, los ciudadanos y ciudadanas
indígenas deben tener el derecho a usar su lengua materna, en tanto
que, por el sistema de discriminación positiva temporal, en la Corte
Suprema, Tribunal Constitucional,  FFAA  y Policía Nacional los
pueblos originarios tendrán una cuota de participación, susceptible de
lograr un equilibrio equitativo en un país pluricultural y multilingüe
como el nuestro.

El respeto a regiones y culturas tampoco debería interferir la
vigencia de símbolos nacionales (escudo, bandera e himno nacionales)
que muestra el esfuerzo de una sociedad abigarrada como la nuestra que
trata, día a día, de estructurar su viabilidad nacional, enraizada en
lo más rescatable de su historia, en la que no es posible que una
parcialidad, indígena o regional, se imponga a las demás.

El Presidente ecuatoriano Rafael Correa ha vetado la pretensión de
fundamentalistas del indigenismo, que exigían la propiedad comunitaria
en áreas petroleras, impulsada, de manera exógena por la OIT y
Naciones Unidas, es decir por el Imperialismo y su nueva cara, el
Nuevo Orden Mundial (NOM).

Ha preferido, en cambio, buscar la construcción intercultural del
Estado nacional, que  defienda a la sociedad de traficantes de drogas
y de armas, transnacionales y ONG, que están ávidos de apropiarse de
los despojos de nuestros países. A estos enemigos debemos derrotar
para construir nuestro propio proyecto nacional y latinoamericano.


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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría