[R-P] Un interesante informe (y propuestas) sobre el tema agropecuario

[Néstor Gorojovsky]

Informe del Centro de Investigación en Economía Política y
Comunicación -CIEPyC- de la Universidad Nacional de La Plata ,
especial para Camponova

Las retenciones son el único instrumento que cuenta el Estado para
hacer frente a las consecuencias no deseables de un aumento de precios
internacionales de productos agroalimentarios, con el actual marco
regulatorio e institucional del país.
Además, concilian un dólar alto que beneficia a la industria y genera
empleo con precios de los alimentos acordes a los salarios argentinos.
El conjunto de instrumentos alternativos – entre otros, las juntas
nacionales de granos y carnes - fue desmantelado durante los años '90,
dejando los mercados domésticos de alimentos a merced de la evolución
de los precios internacionales.

 En consecuencia, que las retenciones se apliquen ahora no es el
resultado de un capricho del gobierno actual sino de un conjunto de
decisiones tomadas en el pasado.
 Seguramente este instrumento sería innecesario si la Argentina
hubiera mantenido otros mecanismos institucionales que supo crear a lo
largo de su historia, y que en otros países permitieron un desarrollo
de las cadenas agroindustriales diversificadas.
 Este aspecto es aún más preocupante si se considera que nuestro país
es el único entre los cinco principales exportadores mundiales de
cereales (acompañado por Estados Unidos, la Unión Europea , Canadá y
Australia) que no cuenta con mecanismos de regulación del comercio de
materias primas.
 Todos los países exportadores cuentan con formas directas o
indirectas de intervención para asegurar la competitividad y la
seguridad alimentaria de la población.
Las formas indirectas, adoptadas en Estados Unidos y en Europa,
combinan transacciones realizadas por el sector privado con
significativos subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre
en la Unión Europea y los Estados Unidos con las "ordenes de
comercialización".
 En Canadá y Australia, por su parte, los Marketing Boards (una suerte
de juntas nacionales de granos y otros productos agropecuarios que en
el primer caso son estatales y en el segundo son privadas pero bajo
control de los productores) centralizan el acopio y la exportación,
permitiendo a los productores eliminar la discriminación de precios en
períodos de cosecha por parte de las grandes trasnacionales del
comercio de granos.
 En Nueva Zelanda existe un esquema similar para le leche, bajo
gestión privada, con una mega-cooperativa de productores lácteos que
hoy avanza en un proceso de internacionalización a la par de las
grandes multinacionales lácteas. Estas instituciones permitieron
resolver el conflicto entre consumo interno y exportación a partir de
una reinversión de la renta agraria en la diversificación de
actividades y "descommoditización".
  La Argentina contó alguna vez con mecanismos regulatorios similares,
que sin embargo funcionaron esporádicamente, y finalmente fueron
desmantelados durante los años 90. La Junta Reguladora de Granos
(luego denominada Junta Nacional de Granos) fue establecida durante
los años '30 en forma contemporánea a los Boards Canadá y Australia en
el contexto de la fuerte caída de los precios internaciones.
  La Junta tenía funciones similares a las de estos países: intervenir
en el mercado de granos para sostener el precio interno al productor,
abastecer a la industria y el consumo local a precios accesibles,
organizar acuerdos de comercio entre Estados, registrar las
exportaciones, cobrar impuestos a las exportaciones, establecer
estándares de calidad y clases de trigo, certificar estándares,
asesorar a los semilleros, administrar la red de silos estatales.
 Las Juntas rara vez cumplieron las funciones reguladoras de precios,
dado el fuerte poder de veto que establecieron las entidades del campo
y, fundamentalmente, las empresas del comercio de granos.
La intervención en los precios solo fue efectiva en un breve período:
durante los años '30 cuando fueron creadas por los conservadores,
reforzadas luego en el primer peronismo al crearse el IAPI y en el
breve lapso del gobierno de Cámpora.
 El resto de las funciones, mantenidas hasta los años 90, fueron sin
embargo cruciales para la organización del sector, y generaron
importantes capacidades del Estado en el comercio exterior y en la
tipificación de granos. Capacidades que utiliza hoy la Canadian Wheat
Board para diferenciar trigos según distintas calidades y obtener así
mejores precios frente a la industria.
 Estas capacidades se perdieron en la Argentina cuando el gobierno de
Carlos Menem desarmó las Juntas, trasladando sus funciones a un
mercado dominado por un reducido número de grandes empresas
extranjeras y grupos locales del comercio de granos que son los que
ahora captan las diferencias por calidades, elusión fiscal y por
manejo de precios en distintas épocas del año.
 No obstante, cuando se eliminaron las Juntas, las entidades del campo
no adoptaron medidas con la magnitud y la agresividad vistas en estos
días. Frente a la desregulación, o bien se apoyó activamente (Sociedad
Rural, Confederaciones Rurales Argentinas), o no se opuso una
resistencia similar a la actual (Federación Agraria Argentina, que
agrupa a los pequeños productores, principales perjudicados por el
desmantelamiento de las Juntas).
Por esto llama la atención la saña del lock out de los sectores
agrícolas frente al reciente establecimiento de las retenciones
móviles.
 Es interesante comparar esta actitud con la de los productores
australianos, neozelandeses y canadienses, frente a la oleada de
liberalización de los años '90, quienes no cedieron ante la ofensiva
de las grandes trasnacionales de granos.
La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a
estas empresas, sino que optaron por el reemplazo de los Boards por
mega cooperativas de exportación (como Fonterra, la Cooperativa de
productores lácteos neocelandeses, o el Board privado en el caso del
trigo de Australia). De esta manera, lograron mantener un instrumento
que les permite garantizar la oferta de alimentos a la población y
fortalecer la competitividad del sector.
 Si se tiene en cuenta estos elementos, puede comprenderse por qué las
retenciones son en este momento la respuesta que encuentra un gobierno
frente a una historia de abandono del control democrático sobre el
acceso a la alimentación y a la divisas.
Abandono del cual la totalidad de la dirigencia política y de las
entidades del campo son responsables.
 En este contexto las retenciones han sido un paso necesario en la
medida que permiten cumplir una serie de objetivos indelegables del
Estado: desacoplar los precios internos de los alimentos de los
precios internacionales e incidir en las rentabilidades relativas de
los distintos cultivos a fin de limitar el avance de la sojización.
 La implementación de retenciones móviles implica un avance frente al
esquema previo de retenciones, porque otorga a los sectores primarios
y de transformación un horizonte de estabilidad de precios y abre la
puerta a una eventual disminución de la imposición, frente a una
posible reducción de los precios internacionales tras la
desaceleración de la economía mundial.
A una semana de implementada la medida ya se ha visto como ante la
caída del precio internacional de la soja, las retenciones móviles
generaron una disminución en el monto del impuesto.
 Por su parte, el mayor peso de las retenciones a la soja es
razonable, considerando los efectos que su alta rentabilidad relativa
genera sobre la oferta de otros alimentos, que son desplazados por
este cultivo.
Pero que, dado los altos costos de reconversión para los productores
pequeños, requiere la profundización de medidas que apunten a
financiar las inversiones que garanticen el reemplazo de la soja por
otras producciones.
 En este sentido, y en la medida que sean asegurados los costos de
reconversión, las retenciones son un paso necesario hacia la
configuración de un nuevo régimen que concilie los objetivos de
exportar con los de alimentar a la población, sin lesionar las
ganancias normales de la actividad.
 El sector debiera comprender que las retenciones perderían su razón
de ser si se implementaran los mecanismos institucionales que permitan
reorientar la renta agraria hacia el desarrollo agroindustrial y la
descommoditización.

 Sin embargo, es notoria la ausencia de propuestas y acompañamiento de
los representantes del campo en este camino.
Así lo demuestra la aún escasa participación del sector en la
utilización de los esquemas de subsidios al trigo, explicado por el
alto grado de evasión impositiva que existe en esta actividad.
El camino no estará exento de conflictos, dado que implicará recuperar
la renta hoy apropiada por las grandes exportadoras y productores
concentrados.
 Este camino requeriría por un lado, que el gobierno implemente
mecanismos de regulación contra el abuso de poder monopsónico de la
comercialización concentrada, y lleve adelante políticas selectivas
para los productores pequeños de las zonas marginales.
Entre las medidas que consideramos importante discutir, se destaca:
Complementar las retenciones con transferencias directas a los
productores con pequeñas extensiones - calculadas en función de
hectáreas en actividad- planteando la diversificación de los cultivos
más allá de la soja.
Para ello es necesario un empadronamiento de los productores, para
identificar si pertenecen a grupos financieros u otras formas de
sociedad que puedan desvirtuar el objetivo redistributivo del
impuesto.
Regenerar las herramientas de regulación del mercado agropecuario, a
fin de evitar la punción que practican los grandes exportadores sobre
la rentabilidad de los pequeños productores.
Para lo cual es necesario recrear las Juntas Nacionales de Granos y de
Carnes, que a partir de su rol de compradores sostengan el precio de
los granos al productor. Institución que debe encarar una activa
política estratégica de diferenciación de granos.

Crear una infraestructura portuaria y de almacenamiento, propiedad de
las Juntas, que permita organizar el sistema de logística más allá de
los grupos concentrados.
Aumentar la progresividad del impuesto inmobiliario rural, realizar
una revaluación de los campos acorde al actual valor de mercado y
mejorar la eficacia recaudatoria de los impuestos nacionales, como
ganancias y bienes personales.
Para que estas medidas puedan ser implementadas es indispensable el
apoyo de los pequeños y medianos productores.
El 50% de la tierra está en manos de 5 mil productores, sólo mil
poseen el 33% de las hectáreas cultivables.
El otro 50% está atomizado y enfrenta el desprecio de los productores
concentrados a la hora de venderle sus productos.
La táctica debiera ser ayudar a estos últimos y conseguir su apoyo.
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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría