[R-P] Cafiero Deluxe... - Intimidaciones, boicots y calidad institucional

[Inti Alpert]

Intimidaciones, boicots y calidad institucional

Por Antonio Cafiero*

En los últimos meses los argentinos hemos asistido a un nuevo y drástico 
viraje ideológico en el antiperonismo irredento: de una férrea postura 
"republicana" (o "institucional") a una tenaz defensa de presiones 
corporativas intimidatorias. Como veterano de todas las cruzadas 
antiperonistas, no es algo que me sorprenda: todavía hoy, para algunos, la 
violencia tiene menos importancia cuando se aplica contra gobiernos, 
dirigentes o militantes peronistas.

En este tiempo hubo quienes asumieron una posición contraria a las 
retenciones sólo para expresar su indisposición con el gobierno nacional. 
Podrían haber asumido posiciones industrialistas o federalistas, o 
ecologistas, o cualquier otra cosa. No pretendo entonces cuestionar reclamos 
basados en intereses sectoriales, coyunturales pero legítimos. Todo 
ciudadano tiene derecho a peticionar a las autoridades. Lo que no es en 
absoluto legítimo es la forma en que esos reclamos fueron expresados. 
Bloquear las rutas, cortar absolutamente el paso de camiones (y hasta de 
ambulancias), ostentar armas y utilizar un lenguaje notoriamente agresivo 
constituyen actos completamente reñidos con los más elementales principios 
democráticos, que evocan un pasado "gorila" que creíamos definitivamente 
superado.

Algunos pretenden relativizar estos hechos afirmando que se trata de un 
método ya utilizado en el pasado por los piqueteros. Tal vez no es ocioso 
recordar que no es comparable el reclamo por la creación de puestos de 
trabajo, mejorar los salarios o el acceso a superiores condiciones de vida 
con las demandas de sectores de medianos y altos ingresos que atraviesan un 
período de incuestionable prosperidad. Pero además, nunca antes se había 
intentado un cerco de esta magnitud sobre millones de habitantes. Comparado 
con el reciente "apriete" de algunas organizaciones de productores 
agropecuarios, los piquetes fueron fiestas infantiles. No veo que los 
sectores dirigentes señalen suficientemente este pésimo precedente para la 
calidad institucional de la democracia argentina.

El conflicto campo-ciudad es un clásico de nuestra historia política. Pero, 
inversamente a lo que se ha afirmado en algunos espacios, no siempre los 
dueños de la tierra tuvieron posturas contrarias a los gobiernos nacionales: 
después de Caseros, la tan criticada política de Rosas de entregar tierras 
públicas a sus partidarios fue ampliamente superada. Entre 1876 y 1898, nada 
menos que 41.787.000 hectáreas fueron repartidas, gratuitamente o casi 
gratuitamente, entre familias de abolengo y favoritos del gobierno. Nuestra 
evolución fue diferente, por ejemplo, de la de Estados Unidos, donde las 
tierras fueron entregadas en mayor proporción a colonos, lo que permitió una 
mayor división de la propiedad y el aumento de la productividad 
agro-ganadera. Ello explica que aún hoy sólo haya 4000 dueños de casi la 
mitad de la superficie destinada a la producción agropecuaria en toda la 
Argentina.

La "representación de los hacendados" siempre fue desproporcionada en todos 
los gobiernos desde 1810 hasta 1946. Es curioso que tantos historiadores 
hayan repudiado las ideas corporativistas de la primera mitad del siglo XX, 
pero hagan la vista gorda cuando se trata de la representación corporativa 
de muchos propietarios latifundistas, que por supuesto siempre profesaron 
mayoritariamente el credo liberal.

La llegada del peronismo introdujo un cambio fundamental en esta tendencia: 
no se interesó tanto por el reparto de la propiedad de la tierra, 
rehusándose a aceptar las inflamadas "reformas agrarias" que se proponían 
desde la izquierda, como por la distribución de las ganancias del agro. Los 
antecedentes más relevantes fueron el congelamiento de los precios de los 
arrendamientos rurales y la creación del instituto que centralizó el 
comercio de granos, el IAPI, que suscitó entonces críticas muy similares a 
las que recibe la política del actual gobierno nacional. De hecho, aún se 
recuerdan los ya clásicos planteos acerca de las "obras suntuosas" que 
habría construido el gobierno peronista con lo "extraído" a los productores 
rurales. Lo cierto es que esta afirmación es sólo valedera para los años 
1947 y 1948, en los que la situación excepcional del mercado internacional 
de la inmediata posguerra le permitió al IAPI obtener muy buenos precios, 
superiores a los que se pagaron en el mercado interno. Las ganancias 
volvieron, sin embargo, y en buena medida, al campo, en forma de subsidios y 
compensaciones para el aumento de los salarios rurales, intereses y gastos 
sobre préstamos a cargo de productores rurales, luchas contra las plagas 
(durante el gobierno peronista se erradicó la langosta, una de las plagas 
más dañinas para el campo), fomento de la siembra y multiplicación de 
semillas, compensaciones a los productores de caña de azúcar, aceites, 
molinos harineros, etcétera. Posteriormente, el IAPI arrojó pérdidas para 
poder sostener los precios de los productores rurales.

A partir de 1952 el gobierno peronista fomentó decididamente la 
cooperativización del comercio interno e internacional de granos, en 
sustitución del propio organismo estatal y de la red de intermediarios, que 
extraían mayores beneficios que los propios agricultores. A pesar de todo, 
el sector de mayor riqueza agropecuaria fue siempre neoliberal y 
antiperonista. Siendo ministro de Economía, recuerdo que en 1975 los 
ganaderos realizaron huelgas comerciales y hasta un largo lockout de 18 
días, en el cual también se cortaron rutas, e incluso sacaron las vacas a la 
calle Florida para protestar por el precio de la carne. Un comentarista de 
la época, Daniel Muchnik, afirmaba: "El agro era víctima y artífice de una 
ironía. Su protesta se manifestaba en un momento en el que el sector había 
logrado mejoras sustanciales". La legitimidad del paro fue defendida hasta 
por el propio jefe de bloque de diputados radicales. Cuatro meses después, 
los militares derrocaban al gobierno constitucional.

Hoy han vuelto a la carga. Cegados por la buena prensa de ciertos argumentos 
absurdos, algunos sectores de la sociedad razonan como si el dinero público 
asignado a las políticas sociales sólo fuera un despilfarro demagógico de 
los gobernantes de turno. Mientras, mantienen una verborrágica condena 
contra la pobreza y la desigualdad, una sólida disposición a denunciar las 
carencias de hospitales y escuelas y una agilidad envidiable para comparar 
desfavorablemente nuestros servicios con los de otros países donde la carga 
tributaria es proporcionalmente muy superior a la nuestra. Con esa lógica, 
es entendible la aversión de unos y otros contra cualquier tipo de impuesto. 
Queda por saberse cómo se redistribuye la riqueza sin que los más ricos 
paguen más impuestos. Además, no oigo suficientes voces ilustradas que 
recuerden a la opinión pública que mantener bajos los precios internos de 
alimentos y servicios es otra forma de redistribución de la riqueza. Amén 
del hecho de que las retenciones se aplican sobre una ganancia que se 
explica fundamentalmente por la intervención del Estado en el precio del 
dólar.

La mayor parte de quienes hasta hace poco venían pontificando sobre una 
supuesta baja calidad institucional luego alimentaron con nafta uno de los 
más desleales aprietes que ha debido soportar un gobierno constitucional en 
las últimas décadas. En su momento criticaron al peronismo por apoyar desde 
la oposición huelgas de trabajadores que tienen el amparo constitucional del 
que carecen los boicots empresarios y cuyas consecuencias para el conjunto 
fueron mínimas comparadas con las del último paro rural.

Algunos "opinólogos" suelen repetir cada tanto que el peronismo no deja 
gobernar cuando está en la oposición. Hoy justifican su disposición a sacar 
provecho de una situación insostenible con argumentos oportunistas, todo en 
nombre de la ética republicana. Como ya vimos, no es la primera vez que 
ocurre. ¿Quién es entonces el que no deja gobernar?

Por último, es preciso que reconozcamos una insuficiencia de la que también 
tenemos que hacernos cargo los peronistas: excesivamente enfrascados en 
encontrar la salida de la crisis del 2001, no hemos sabido aún traducir 
adecuadamente las decisiones de gobierno en argumentos políticos que nutran 
los discursos de dirigentes, cuadros técnicos y militantes. Históricamente 
fue una de nuestras principales fortalezas. La capacitación política no es 
sólo el aprendizaje de técnicas y conocimientos para la gestión; también es 
la adquisición de una perspectiva política desde la cual valorar o criticar 
las decisiones gubernamentales. Es un desafío fundamental para los tiempos 
que vienen: la capacidad institucional de la democracia también se nutre de 
la habilidad de los movimientos políticos para articular fuerzas sociales 
dispersas en un proyecto de nación.

* Ex ministro de Economía del segundo gobierno de Juan Perón y del de Isabel 
Perón. Ex senador nacional.
Publicado en Página 12 del 7 de mayo de 2008