[R-P] Fwd: La Nacionalización

[Néstor Gorojovsky]

Gentileza de Andrés Soliz


EDITORIAL (1-05-08)
Periódico "El País" (Tarija-Bolivia)

Nacionalización: lo que se decidió hacer y lo que realmente se hizo en
dos años

El 1 de mayo de 2006 el gobierno de Evo Morales promulgó el decreto de
nacionalización de los hidrocarburos denominado "Héroes del Chaco"
(DSN), en homenaje a los miles de bolivianos que defendieron ese jirón
patrio del que ahora sale casi todo el gas. En agosto de ese año, la
bancada parlamentaria de la opositora Podemos, presentó un proyecto de
ley para convertir ese decreto en Ley de República, en tanto que
encuestas publicadas por ese entonces, daban cuenta de un abrumador
apoyo de la población a la medida. Vale la pena entonces hacer una
evaluación suscinta de lo que decidió hacer el gobierno con tan
importante respaldo y lo que realmente hizo durante estos dos años.
¿Cumplió el gobierno su propio decreto?.

Los dos primeros artículos del DSN establecen que "El Estado recupera
la propiedad, la posesión y el control total y absoluto" de los
recursos naturales hidrocarburíferos. En ese marco, obliga a las
empresas transnacionales a entregar en propiedad a YPFB "toda la
producción de hidrocarburos", así como dispone que la estatal
petrolera, ejerciendo la propiedad estatal, asuma su comercialización,
"definiendo condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado
interno, como para la exportación y la industrialización".

La citada norma dispuso también que las empresas petroleras paguen una
participación adicional a YPFB del 32% (adicional al 18% Regalías y
32% IDH, llegando entonces al 82%), la realización de auditorias
petroleras para verificar los verdaderos volúmenes de inversión,
amortizaciones ya realizadas, rentabilidad y costos de operación
reales de las petroleras en los últimos nueve años, las que debían
servir de base para firmar contratos que regularicen su situación en
el país. Con el decreto se decidió, además, traspasar las acciones de
las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes del Fondo de
Capitalización Colectivo (FCC) a YPFB, así como nacionalizar las
acciones necesarias de las empresas capitalizadas y privatizadas
Chaco, Andina, Transredes y las Refinerías (Petrobras Refinación) y
Almacenaje (CLHB), para que YPFB tenga al menos el 50% +1 en todas
ellas y las pueda controlar y dirigir.

Asimismo, dispuso activar el proceso de refundación de YPFB, de modo
que en 60 días se la reestructure y convierta en una empresa
corporativa.

¿Qué se hizo?.

YPFB logró tomar el control de la comercialización interna y externa.
Durante los primeros meses, el gobierno logró cobrar el 32% adicional
por la producción de los megacampos, recaudando un total del 82% del
valor de los mismos. En junio de 2006 se logró acordar un precio de 5
dólares el millón de BTU para exportar gas a Argentina y el
financiamiento para una planta separadora de líquidos en el Chaco
boliviano. Luego de varios procesos de licitación pública nacional e
internacional, el Ministerio logró iniciar la ejecución de auditorias
petroleras. Asimismo, casi de inmediato, se obtuvo la transferencia de
acciones de las capitalizadas Chaco, Andina y Transredes del FCC a
YPFB, lo que permitió a ésta empresa nombrar Directores nacionales en
los Directorios de cada una de ellas. El Ministerio coadyuvó en la
investigación judicial por varios supuestos delitos de contrabando y,
en el caso de Repsol YPF, administradora de Andina S.A., la demandó
por la firma del denominado contrato Hedging, que provocó una pérdida
de 300 millones de dólares a la capitalizada, de acuerdo a datos de
Petrobras, beneficiaria de esos millones. Hasta aquí el recuento
básico de lo logrado en el marco del DSN.

A partir de octubre, luego de la renuncia del primer ministro de
Hidrocarburos del actual gobierno, ocurrieron hechos hasta hoy no
comprendidos. En efecto, a mediados de octubre, el gobierno formaliza
el contrato de exportación de gas a Argentina, incluyendo cláusulas de
penalización por incumplimiento, sin tener certeza de las reservas y
capacidad de producción reales. A fines de ese mismo mes, luego de un
proceso de negociación contradictorio (se investigan aún los
entretelones en la Fiscalía), se firman contratos petroleros sin tomar
en cuenta los resultados de las auditorias petroleras y con Anexos
modificados y cambiados. Las auditorias petroleras son archivadas por
el Ministerio del sector y sus resultados hasta hoy desconocidos por
la opinión pública. El gobierno compra acciones de las Refinerías de
Cochabamba y Santa Cruz, pagando casi lo mismo que lo recibido 7 años
por ellas, pero con una deuda de casi 300 millones de dólares, luego
de negociaciones cuyos entretelones aún no han sido develados. Entre
marzo y abril de 2007, pese a descubrirse serias ilegalidades en la
negociación de los contratos petroleros firmados en octubre de 2006,
oficialismo y oposición los aprueban en el Parlamento y entran en
vigencia luego de que, también por Ley aprobada entre ambos bandos, se
dejan sin efecto el impuesto denominado Surtax. Como consecuencia de
ello, YPFB deja de percibir el 32% adicional al iniciarse la
aplicación de los Anexos D, F y G de los mismos, lo que obliga al
Estado boliviano a subvencionar la producción de varios campos
denominados "marginales" y a pagarse con la actual y futura
producción, inversiones pasadas que, según los datos trascendidos de
las auditorias no aplicadas, nunca se materializaron.

A dos años, el gobierno aún no nacionaliza las acciones de Transredes,
Andina, Chaco y CLHB, prefiriendo negociar la compra de acciones en
vez de expropiarlas con el pago de una indemnización que tome en
cuenta el valor patrimonial de las mismas y los resultados de las
auditorias petroleras que establecieron incumplimiento en compromisos
de inversión. En los dos años, YPFB ha estrenado cinco presidentes
interinos y el sector se encuentra sumido en profunda crisis. El
equipo de profesionales expertos y calificados que hicieron las
auditorias petroleras, fue virtualmente desintegrado y luego
proscrito, marginando a personal capaz de asumir tareas de dirección
en la estatal petrolera y en las capitalizadas y privatizadas. Los
contratos petroleros impiden a YPFB programar inversiones mínimas
anuales para garantizar descubrimiento de nuevas reservas y la
explotación adecuada de las existentes y, finalmente, a dos años, YPFB
no tiene en marcha el Centro Nacional de Medición y Control de
Producción y Transporte de Hidrocarburos, por lo que dicha empresa y
las regiones productoras, siguen dependiendo de la información que le
dan las petroleras sobre el verdadero volumen de producción de gas y
petróleo que se exporta y consume.

Tal nuestro balance.


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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría