[R-P] (PSI).- EL DIPUTADO CLAUDIO LOZANO REAFIRMÓ DENUNCIA SOBRE MANIOBRAS EN LA EXPORTACIÓN

Lun Jun 30 08:28:03 MDT 2008

BUENOS AIRES, 30(PSI).- EL DIPUTADO CLAUDIO LOZANO REAFIRMÓ DENUNCIA SOBRE MANIOBRAS EN LA EXPORTACIÓN DE CEREALES. El jueves 26 de junio con el título “BASTA DE MENTIRAS” el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, publicaron en conjunto una amplia solicitada en los diarios proclives a los sectores del agro que confrontan con el Gobierno nacional. En la misma reputaron como falsedades la denuncia realizada por diputados nacionales sobre las maniobras de las multinacionales del cereal. 
         Frente a ello, el diputado nacional Claudio Lozano consignó que: “Las cámaras que representan a la Industria Aceitera y a los exportadores de cereales publicaron solicitadas que apuntan a negarle veracidad a denuncias que indican la realización de maniobras especulativas que, en connivencia con organismos estatales, han implicado una brutal transferencia de ingresos desde los productores a los exportadores, defraudando al Estado con la liquidación de las retenciones.
         Frente a esta solicitada ratificamos la presentación legislativa que realizáramos el lunes 23 de junio y agregamos: a) Insulta a la inteligencia de los argentinos que frente a una denuncia que consigna montos exportados y montos de retenciones efectivamente liquidadas por las multinacionales del cereal, la solicitada hable en términos generales y sin dar ninguna cifra concreta. b) La presentación legislativa que realizáramos diputados de diferentes bloques en nada refiere ni discute el Código Aduanero, el modo de cálculo de los derechos de exportación, la vigencia de precios oficiales, etc. 
         c) Nuestra denuncia dice que sobre el monto total exportado desde enero del 2007 hasta junio del 2008, las retenciones liquidadas resultan siempre inferiores al 27.5%, al 35% y al 44% que respectivamente rigió en cada período. Señala también que por esta razón el Estado y los productores perdieron U$S 1.447 millones, cifra que fue apropiada por las multinacionales del cereal. 
          d) Cabe consignar que la propia solicitada reconoce lo que nuestra denuncia sostiene al decir que entre noviembre del 2007 y junio del 2008 están pagando a cuenta, en razón de que no se ha implementado (vía ONCCA y Aduana) lo pautado por la Ley Martínez Raymonda. Cabe consignar que justamente ese período involucra U$S 1.169 millones, es decir, el 80% de la cifra que nosotros denunciáramos. 
           e) Es falso el argumento de que no hubo connivencia entre órganos del Estado y los exportadores. Básicamente porque frente a la difusión pública de eventuales aumentos en las retenciones, la Secretaría de Agricultura no cerró el registro de exportaciones de soja. Razón por la cual se adelantaron declaraciones que superan las 20 millones de toneladas. f) El planteo de los exportadores de que han pagado a cuenta indudablemente mueve a risa ya que los organismos que hicieron posible lo que ha ocurrido son los mismos que ahora debieran repararlo. 
           Este ha sido en síntesis el proceso vivido: 1) Frente a la modificación de las retenciones que se efectuara el 9 de noviembre la combinación entre difusión de la medida y mantener abierto el Registro de Exportadores, hizo posible que se adelantaran Declaraciones de Exportación sin que se hubiera comprado la cosecha. 
           Esta es la primera connivencia entre el comportamiento de la autoridad pública y los exportadores. El objetivo fue fijar las retenciones y el precio a octubre de 2007. 2) Frente a este hecho hicimos expresa la denuncia en el plano legislativo con un pedido de informe al Ejecutivo que luego motivó la puesta en marcha de una Ley dirigida a evitar esta maniobra contra el Estado. 
           3) Sancionada la Ley Martínez Raymonda en la Cámara de Diputados, esta fue ‘Urquiada‘ (modificada por Urquía) en beneficio de las exportadoras, reemplazando la palabra derechos de exportación por alícuota de exportación. 
           De este modo, el precio fijado a octubre quedaba como referencia para el cálculo de las eventuales nuevas retenciones, permitiendo que mientras liquidan ventas por más de U$S 500 la tonelada, pagan retenciones en referencia a casi la mitad de esos valores. Por ende, lo que no dicen las exportadoras en su solicitada es que van a pagar en cualquier caso al valor FOB declarado en octubre del 2007. Esta es la segunda connivencia entre una Institución Pública (en este caso el Senado) y los exportadores. 
          4) Pese a que este tema tomó estado público en noviembre del 2007, las autoridades de Aduana no chequearon las correspondientes acreditaciones de compra de cosecha de las exportaciones que fueron saliendo. Esta es una tercera connivencia de autoridades públicas con el interés de los exportadores. 
          5) Se demoró innecesariamente la reglamentación de la Ley Martínez Raymonda y no se corrigió la modificación propiciada por el Senador Urquía. Esta es la cuarta connivencia de las autoridades con los exportadores. 
           6) Resulta caricaturezco decir ahora que la ONCCA va a resolver con nuevos controles los que no hicieron en su momento. Máxime cuando el responsable de la ONCCA es quien ayer fuera responsable de la Aduana. 
          Se confirma así que por detrás de una gola inflamada que declama un supuesto progresismo dirigido a captar rentas extraordinarias en base a la Resolución Nº 125 de retenciones móviles, se esconde un negocio que supera los mil millones de dólares basado en cobrarle a los productores lo que no apropia el Estado. 
          De más está decir que nada será creíble de aquí en adelante si no se modifican las autoridades a cargo de los organismos que han tenido competencia en estas cuestiones. 
          Queremos afirmar también que pese al celo oficial puesto en decir que la Resolución 125 no se toca, a las 48 horas de firmada, el lobby aceitero reclamó la rebaja del 4% en las retenciones para los derivados de la soja, cuestión que fue rápidamente concedida. 
          Así las cosas, quedan planteadas las siguientes posturas: a) No tocar la Resolución 125 (oficialismo feroz). b) Suspender su aplicación (oposición mayoritaria). c) Nuestra postura: suspender este negocio, replantear las autoridades a cargo del sector agropecuario y el comercio exterior y afrontar una nueva discusión que modifique la operatoria comercial y defina un esquema de retenciones acorde a una nueva política agropecuaria”.- XXX 

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