[R-P] "toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición".

[Ezequiel Beer]

El conflicto agropecuario que atravesamos no es una huelga gremial sino un 
lockout patronal.

CUANDO DICEN: COMUNICADO NÚMERO UNO.


Escrito por Agustín Calcagno es politólogo y docente de la UBA.

Las entidades que representan a las pequeñas, medianas y grandes empresas 
agropecuarias están convirtiendo un reclamo sectorial en un desafío a la 
Constitución Nacional.


CUANDO DICEN: COMUNICADO NÚMERO UNO. Por Agustín Calcagno * Desde el 10 de 
febrero de 1912, en que fue promulgada la llamada Ley Sáenz Peña, que 
estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, los argentinos 
vivimos bajo un sistema político llamado Sistema Representativo Republicano. 
Y si bien fue constantemente avasallado a lo largo del siglo XX por muchos 
golpes de Estado, desde hace más de dos décadas es la forma que hemos 
consensuado para regir los destinos de nuestra nación. Este sistema político 
tiene dos características principales: la republicana (constituido de tres 
poderes que son los que deben establecer las leyes, ponerlas en práctica y 
controlarlas) y la representativa (los representantes de dos de estos tres 
poderes son designados por la voluntad popular expresada a través del 
sufragio).  Según la Constitución Nacional "toda fuerza armada o reunión de 
personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de 
éste comete delito de sedición". Las entidades que representan a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas agropecuarias están convirtiendo un 
reclamo sectorial en un abierto desafío a la Constitución Nacional.  En 
primera instancia al arrogarse para sí el derecho de representación política 
y pretender tomar decisiones para las cuales existen autoridades 
pertinentes, ya que "el gobierno federal provee a los gastos de la Nación 
con los fondos del Tesoro Nacional, formado (entre otros elementos) del 
producto de derechos de importación y exportación". En los sistemas 
corporativos, las decisiones políticas eran tomadas justamente por 
corporaciones representantes de cada una de las áreas que tenían algún 
interés frente a cada tema de la agenda de Gobierno (como podía ser la suba 
de impuestos o de derechos de exportación). Este tipo de sistemas, 
característicos de los regímenes autoritarios, no se aplican desde hace 
décadas en ninguna parte del mundo, porque se ha demostrado que la mayoría 
de las personas no está representada efectivamente por ninguna corporación y 
que, en consecuencia, el corporativismo es una forma de gobierno de elites y 
una máscara pluralista para el autoritarismo. En su lugar, se han impuesto 
regímenes democráticos en los cuales se considera al voto popular como la 
única forma de acceder a la representación legítima del pueblo. El conflicto 
agropecuario que atravesamos actualmente no es una huelga gremial sino un 
lockout patronal, ya que los que cortan las rutas no son trabajadores 
reclamando por sus salarios o mejores condiciones de empleo, sino 
empresarios, que más allá de su aspecto físico o del tamaño de su renta, 
tienen intereses sectoriales que confluyen, es decir, intereses 
corporativos. Y que actualmente aspiran a tomar decisiones de corte 
económico que corresponden al gobierno nacional, como queda claramente 
expresado en el comunicado del día 27 de mayo en el cual se intenta 
establecer nuevos derechos de exportación y comercialización a través del 
uso de la fuerza mediante el corte de rutas. - Desde el miércoles 28/5 a las 
0 hora y hasta el lunes 2/6 a las 24, cese de comercialización de granos con 
destino a exportación. - Y desde el jueves 29/5 a las 0 hora hasta el mismo 
lunes 2/6 a las 24, cese de comercialización de hacienda vacuna con destino 
a faena. Asimismo, se pretende imponer una agenda política a los poderes del 
Estado nacional y provinciales: - Desde el martes 3/6 y hasta el viernes 
6/6, establecer campamentos en las plazas de las cabeceras de comunas y 
partidos, visitando intendentes, profundizando la campaña de recolección de 
firmas y, a la vez, realizar marchas a las capitales de aquellas provincias 
que aún no han recibido al sector agropecuario. - A partir del lunes 9/6, 
reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento con el objeto de 
lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita. Este 
documento, al que supongo involuntariamente han dado en llamar "comunicado", 
ha sido reproducido por todos los medios masivos, y lamentablemente es 
inevitable no trazar un paralelismo con los viejos comunicados radiales de 
la dictadura militar. Esta nueva junta, ya sin gorra verde pero con botas, 
ha pasado el límite del respeto a la Constitución, y el gobierno nacional 
tiene el deber de intervenir de forma inmediata para defender los derechos 
de sus ciudadanos. Las decisiones de los gobiernos popularmente elegidos 
pueden ser cuestionadas, aplaudidas o abucheadas, pero deben ser respetadas, 
por lo menos mientras vivamos en un sistema democrático representativo. En 
todo caso, si lo que está en cuestión es su vigencia, la Constitución prevé 
mecanismos de reforma, claro está, luego de conseguirse los votos 
necesarios. Todos los gobiernos, desde la última dictadura, han soportado 
protestas de diversa índole, más o menos populares, más o menos respetuosas 
del derecho a la libre circulación de personas y bienes, más o menos 
violentas, pero ninguno hasta ahora ha sido tan atacado a pocos meses de 
reafirmar su legitimidad en las urnas. Menos aún por sectores a los cuales 
todos los argentinos favorecemos con un tipo de cambio a su medida y 
subsidios de toda índole, y que nos retribuyen con altísimos precios y 
desabastecimiento. Lo que los empresarios agropecuarios, y quienes los 
apoyan, comenzaron a poner en tela de juicio luego del súper convocante acto 
rosarino, es el derecho del Estado a tomar decisiones y la legitimidad de un 
gobierno elegido por 8.204.624 personas. Eso no es democrático por más 
progresistas que se digan algunos de sus dirigentes, y no debe ser tolerado 
si pretendemos resguardar la democracia. AC/

 * Agustjn Calcagno es politólogo y docente de la UBA.