[R-P] [S. Treber] ¿Será que la memoria nos traiciona?

[Néstor Gorojovsky]

De La Voz del Interior, Viernes 6 de junio de 2008
Gentileza de Enrique Lacolla

¿Será que la memoria nos traiciona?

/El conflicto con las entidades del campo no es una novedad y
reproduce, casi en copia carbónica, hechos semejantes acaecidos
durante la luctuosa década de 1970./

Salvador Treber
Profesor de posgrado. Facultad de Ciencias Económicas-Universidad
Nacional de Córdoba

La tarea de mirar de manera retrospectiva lo acaecido en el ámbito
nacional constituye, cada vez más, una acuciante necesidad. Somos
bastante frágiles de memoria y por eso es frecuente que no tomemos
demasiado en cuenta la enseñanza que dejan los tiempos ya vividos. El
hecho de que por vía Internet se haya lanzado una verdadera campaña de
rumores que anuncian situaciones apocalípticas, la inminencia de un
nuevo "corralito" y la búsqueda de una supuesta "corrida" bancaria
debe poner sobre aviso de un verdadero y siniestro complot contra el
país.

¡Pobre de los pueblos que olvidan su pasado! Y algo de eso nos está
sucediendo. El conflicto con las entidades del campo no es una novedad
y reproduce, casi en copia carbónica, hechos semejantes acaecidos
durante la luctuosa década de 1970. Los prolegómenos del golpe de
Estado de marzo de 1976 en realidad se incubaron en los 10 años
precedentes.

Puede fijarse ese hito en el encargo de un trabajo académico sobre la
eventual aplicación del principio de una imposición a la renta normal
potencial de la tierra que fuera confiado al eminente profesor Dino
Jarach. El tema, acogido con gran entusiasmo, fue incorporado al
programa de las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Tributación de
1964, que contaban nada menos que con el patrocinio del Programa de
Tributación OEA/BID/Cepal.

Esas deliberaciones llegaron a la conclusión que era el instrumento
estratégico adecuado para "sacudir" la modorra del latifundio
improductivo, poseedor de más de la mitad de las áreas cultivables. En
Argentina, tales ideas se plasmaron en la reforma impositiva
sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 1973.

Ésta lo incorporó con el propósito de calcular la base gravable del
sector agropecuario dentro del impuesto a las ganancias; aunque
postergaba su efectiva vigencia hasta que estuviese elaborado el
consiguiente catastro ecológico.

Por aquellos tiempos, ya regía en Uruguay, pero en función de la renta
real y no de la normal potencial. Esta última modalidad considera y
selecciona los cultivos más adecuados, no los adoptados por incuria,
ignorancia, mera rutina o equívoco.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) se manifestaron de inmediato en franca oposición al proyecto. En
1969, el director del Departamento de Estudios Económicos de la
primera entidad, Juan Alemann –posterior secretario de Hacienda del
Proceso–, publicó un libro denominado «Una política de ingresos para
la Argentina», que se contraponía totalmente a esa iniciativa y
procedía a diseñar un programa alternativo basado en la prevalencia
casi excluyente de la explotación primaria, en claro desmedro de todo
intento de diversificación sectorial.

Debe tenerse bien en cuenta que José Alfredo Martínez de Hoz, cuando
asumió el cargo de ministro de Economía de la dictadura, respaldó esa
tesis sosteniendo de modo enfático que "Argentina nunca debió
industrializarse" y preocuparse sólo por contener los habitantes
suficientes para concretar un eficiente "modelo" agrario.

Pero lo realmente valioso y revelador es la dinámica con que se fueron
escalonando los hechos que condujeron a esa muy negra y retrógrada
etapa de nuestra todavía reciente experiencia histórica. A mediados de
1974, las dos instituciones antes referidas censuraron acremente a la
Comisión de Política Concertada que, a instancias del gobierno,
integraban hasta ese momento. Luego de romper con ella, la señalaron
como cómplice de un proyecto "inconstitucional" y de inspiración
"marxista colectivizante".

A principios de 1975, emitieron otro comunicado por el cual advertían
en tono dramático "… que el pueblo votó por la doctrina y la filosofía
justicialista y no para que a través de conceptos similares se
pretendan introducir ideas ajenas al sentir nacional".

En forma paralela, lograron atraer a la Federación Agraria Argentina y
a Coninagro para constituir una comisión coordinadora que, en marzo de
ese mismo año, resolvió en prueba de rechazo a la política oficial una
interrupción en la provisión de carne que duró 12 días, seguida por
otra de 10 y, entre fines de octubre y principios de noviembre, una
suspensión total en la comercialización de los productos del campo.

Este conjunto de acciones provocó, obviamente, un marcado
desabastecimiento y una imparable suba de los precios que contribuyó a
la desestabilización del país.

El "comando" de todas esas acciones estuvo a cargo de una flamante
organización que se creó al efecto en agosto de ese año y que
componían, además de la SRA y CRA, las cámaras argentinas de Comercio
y de la Construcción, bajo la sigla identificatoria de Apege. No por
casualidad, también estaba dirigida por el inefable e hiperactivo
Martínez de Hoz. Poco después, en diciembre, volvieron sobre el tema
que tanto les preocupaba y denunciaron de manera apocalíptica que se
estaba caminando "hacia el marxismo".

Ya en enero de 1976, dieron un paso más y resolvieron quedar en
"estado de movilización" permanente, que culminó el 16 de febrero con
la realización de un paro general, que logró la adhesión de otros
sectores empresarios.

*Paso al vacío*. Es obvio que esa serie ininterrumpida de protestas y
*lock outs* contribuyeron a crear las condiciones de inquietud general
y suba de precios y fueron caldo de cultivo para la consumación del ya
mencionado golpe de Estado. Las actuales declaraciones de "inocencia"
que ensayaron los que siempre se especializaron en enardecer a
productores y arrendatarios no son demasiado distintas de lo que
hicieron unos 30 años atrás.

Ese oscuro capítulo fue cerrado, poco después, con la incineración de
todos los trabajos encarados por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (Inta) para confeccionar el catastro ecológico; luego de
dos años de ingente tarea, ya había logrado completar los
correspondientes a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En la
continuidad de la práctica represiva, se perpetró el secuestro y la
consiguiente "desaparición" de varios técnicos que estaban abocados a
ella.

Obviamente, las circunstancias y protagonistas actuales difieren de
los de aquel momento, pero ¿qué quieren decir consignas tales como
"¡Cristina, andate!" o calificar a la Presidenta de "la nueva plaga",
insertas en sendas fotografías publicadas en pasadas ediciones de los
diarios más importantes del país? Tampoco es muy aleccionador que el
fogoso y provocador caudillo entrerriano haga público panegírico de la
evasión tributaria, admita sin tapujos la suya y, además, la
justifique porque, según él, "todos hacen lo mismo".

Es legítimo que cada uno procure preservar y defender lo que considere
justo, aunque deja de serlo en la medida que pretenda sustituir o
"quebrar el brazo" a quienes hace muy pocos meses fueron ungidos con
más de ocho millones de votos.

Parece que olvidaron que la Constitución prevé que el pueblo no
delibera ni gobierna en forma directa sino "por medio de sus
representantes". Y siendo éste un principio básico de la modalidad
adoptada en el primer artículo de la Carta Magna, arrogándose
facultades para cortar caminos y entorpecer los transportes o la
provisión, han optado por sustituir la ley por la fuerza. Aunque lo
nieguen, en los hechos adoptan una posición de neto corte
conspirativo.

Tampoco esto es una novedad, pero siempre nos llevó al abismo. El 6 de
febrero de 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín, que transitaba sus
últimos meses de gestión, fue objeto de un virtual "golpe" por parte
de la llamada "patria financiera". Cinco bancos extranjeros, en un
solo día, retiraron el equivalente a la quinta parte de todas de las
reservas monetarias entonces existentes, provocaron un doble y
sucesivo recambio en la cartera de Economía, expandieron una sensación
de pánico y fogonearon la inflación.

Esa situación precipitó la transferencia anticipada de la banda
presidencial al candidato electo, Carlos Menem, quien concretó lo que
ni siquiera los gobiernos militares –de reconocido cuño conservador–
se habían animado a encarar: se sucedieron las privatizaciones, entre
ellas la de la Junta Nacional de Granos –que garantizaba precios
sostén y mínimos a los productores agrarios– y también la virtual
eliminación de las retenciones que se aplicaban a partir de 1956.

La década de 1990 fue de gran auge en la extensión de la soja y esa
tendencia, claramente creciente, no se detuvo en los de la terrible
recesión que abarcó desde julio de 1998 hasta fines de 2002; aunque
contribuyó a una mayor concentración de la propiedad rural, la
conversión de miles de productores chicos en arrendatarios, la
aparición de los "pools de siembra", los contratistas y los llamados
"valijeros" que lograron perfeccionar un doble circuito –"negro" y
"blanco"– que regulan *a piacere*.

La historia narrada está todavía demasiado fresca para que haya sido
olvidada, pero parece que muchos protagonistas, incluso algunos que
fueron víctimas propiciatorias en tales acontecimientos y hasta
dirigentes políticos, inexplicablemente hoy respaldan a quiénes antes
los repudiaron. En vez de pensar en el país, se dejan llevar por
impulsos de confrontación; olvidan experiencias en que fueron usados y
luego desplazados sin ninguna consideración.

El Gobierno ha cometido serios yerros, verdaderos delitos de torpeza y
soberbia, aunque sólo aportando ideas y vías de solución alternativas
podremos contribuir a recuperar la buena senda y la paz social.
Parafraseando la aclaración que suele acompañar a las películas y al
contrario de ellas, "toda semejanza con la realidad" en este caso tan
especial, no es mera casualidad.

(c) La Voz del Interior

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Néstor Gorojovsky
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