[R-P] Espacio Carta Abierta/2: Por Una Nueva Redistribución Del Espacio De Las Comunicaciones ( Se Agradece Su Difusion )

[Ezequiel Beer]

Espacio Carta Abierta

miércoles 4 de junio de 2008

Carta Abierta /2

Por una nueva redistribución del espacio de las comunicaciones

La sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y 
reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo 
marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, 
es hoy un horizonte tangible, más de lo que nunca fue desde diciembre de 
1983. Pero la experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que 
van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los 
proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a 
parar al mismo cajón al que fueron los treinta y siete proyectos que 
alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por 
el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones 
corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental.
En la relación entre la eventual sanción de una nueva ley y el momento que 
vive el país puede advertirse una característica doble. Por una parte, la 
crítica coyuntura desatada a partir de la puja que inició el empresariado 
rural hace casi tres meses nos entrega ahora la visión del abismo, y toda 
cuestión que se interponga parece destinada a una consideración adecuada, en 
ese marco, sólo cuando se haya ya diluido este azoro en el que los 
argentinos nos encontramos sumidos. A la vez, ha sido precisamente este 
mismo conflicto, la textura de su día a día, el gran responsable de exponer 
en toda su crudeza la carnadura concreta del poder desplegado por el sistema 
mediático, el mismo que en tantas ocasiones supo recitarse sin mayor 
convicción.
No hace falta referirse a los lugares ya comunes acerca del tratamiento 
marcadamente desigual para cada uno de los muchos actores de la escena, o a 
la permanente sobredramatización de acontecimientos conexos al conflicto, 
tales como el desabastecimiento, los intentos de corrida contra el peso, la 
crisis económica, etc. Tal vez quepa, en cambio, llamar la atención sobre 
cuestiones más elementales y más graves, tan instaladas que cuesta 
distanciarse de ellas para retomarlas en su justa dimensión, tales como el 
bautismo con una intención mítica bucólica de "el campo" para lo que es un 
sector de productores en busca de mayor rentabilidad, o la descripción 
permanente del conflicto como entre "dos sectores" equivalentes, o ¿más 
curioso aún? el borramiento radical de todos los reclamos por la calidad 
institucional que hasta días antes bañaban los medios cuando quienes 
deterioran de manera ostensible esa calidad institucional reclamada son 
otros que el mismo gobierno. Cada uno de estos casi imperceptibles 
dispositivos resulta mucho más distorsivo para la vida político-cultural del 
país que, incluso, los gestos de discriminación social, visibles y groseros.
No se trata de imaginar conspiraciones ni tampoco de pensar de modo 
simplificador y añejo en el poder mecánico de los mensajes massmediáticos. 
Pero se trata, sí, de reconocer en los medios masivos a los operadores 
privilegiados del modo en el que se articulan y escanden discursos de amplia 
circulación social. Pero no discursos cualesquiera. Porque se trata de 
reconocer, en fin, su capacidad para recoger, organizar y devolver 
legitimadas, en especial, las formas más maniqueas, más silvestres y más 
ansiógenas del propio sentido común de las capas medias y sus elementales 
fantasmas. Esta es la lógica de los medios masivos y, en particular, de los 
audiovisuales. Ellos repiten el latiguillo de que entregan al público lo que 
el público quiere. Pero omiten que esa supuesta demanda es el resultado de 
una construcción que explota y abusa comercialmente, mediante el 
exhibicionismo, la banalización, la tragedia o el escándalo fáciles los 
peores resortes de cualquier audiencia. No hay conspiraciones, vale 
insistir. Simplemente se llama búsqueda del lucro en el capitalismo 
avanzado. O más sencillamente "marketing".
Este fenómeno no es una exclusividad argentina. Por el contrario. Pero lo 
que sí constituye parte de un casi privilegio nacional (hay otros países en 
América latina que comparten ese privilegio) es el triple dato de: (a) la 
extraordinaria concentración de las empresas que disputan el mercado de la 
comunicación, (b) la debilidad, por no decir casi inexistencia, de un 
sistema de medios estatal/cultural y de uno comunitario, y (c) el vacío 
normativo en el que se desenvuelven, vista la inoperancia y la caducidad de 
facto de la Ley de Radiodifusión de 1980.
Para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las 
líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, 
entre muchos otros países "serios", así como las directrices políticas para 
abordar el futuro tecnológico en cuestiones como protección a la diversidad, 
mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos. El caso 
de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este 
sentido.
Estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta 
"libertad de prensa". Nadie, en esos países, lo asume de semejante modo, ni 
los propios grandes medios de comunicación. Y ello es un cuarto rasgo de la 
especificidad argentina: el más mínimo gesto de parte de cualquier 
institución de la sociedad que se vuelve sobre los medios alcanza para que 
su tarea sea veloz y cómoda y mezquinamente denunciada como una amenaza a la 
libertad de expresión. Incluso los poco conducentes ¿pero de moda? 
"observatorios" que desde hace algunos años pululan por doquier. Y hasta se 
dan el lujo de reclamarle a la universidad pública, en nombre del resguardo 
de esa mal entendida libertad de expresión, que no opine públicamente sobre 
la situación del periodismo.
Es que las empresas mediáticas se han erigido en los auténticos 
representantes del pueblo, bajo la excusa de la evidente crisis de fondo que 
padecen los partidos políticos en Argentina (como en buena parte de 
Occidente). Es un pretexto engañoso: en su ejercicio, los grandes medios 
coadyuvan a la agonía de las organizaciones partidarias a cuya suplencia, 
supuestamente, concurren solidarios. El mecanismo es simple: los grandes 
medios dicen darles espacio a todas las voces (a todas las voces que 
invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la 
soberanía. Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a 
jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los 
sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego 
acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, 
editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más 
tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición 
infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir 
presumiendo que, a ellos, "la gente los elige todos los días" en una suerte 
de comicios "más directos" que aquellos donde concurren cada dos años las 
fuerzas partidarias y la ciudadanía. Pero guay que a alguien se le ocurra 
señalar que también entre ellos, los grandes medios erigidos en jueces 
supremos, hay, por ejemplo, corrupción, venta de servicios informativos y 
simbólicos al mejor postor o intereses espurios. En ese instante las pugnas 
por el rating se suspenden, la corporación cierra sus filas y hasta las 
voces de los grandes medios europeos o norteamericanos acuden en su ayuda. 
Es que ¿cómo habrían de ser falibles si apenas se dedican a testimoniar 
"objetivamente" lo que ocurre? Y la falacia se cierra sobre sí misma.
Todos los gobiernos de las últimas décadas han optado por negociar el apoyo 
de esta corporación antes que meterse en el sin embargo impostergable 
desafío de plantear reglas que deberían ser casi obvias, referidas a la 
actividad de estas instituciones, tan pasibles del sometimiento a normas 
elementales como cualquier hijo de vecino. Por ello es que el propósito 
expreso del gobierno de Cristina Fernández de sancionar un nuevo marco 
jurídico constituye una circunstancia de excepcional importancia y de un 
alcance político-cultural mucho mayor que las alícuotas de las retenciones 
sobre la exportación agropecuaria.
Porque el espacio que instituyen los medios masivos, a través de sus 
pantallas y de sus sintonías, de sus páginas impresas o de sus sitios web, 
es un espacio social, y más aún, un espacio público que, por ende, pertenece 
a todos y al que todos, o al menos muchos más que ahora, deberían poder 
acceder para transitar por él con relativa libertad. Un espacio público que, 
salvadas todas las obvias distancias, no debería merecer un trato 
sustancialmente distinto al que merecen otros espacios públicos, donde sería 
inadmisible que una corporación privada, con reglas establecidas por un 
complejo armado de contratos poco o nada transparentes entre particulares, 
terminara definiendo quién pasa y quién no, qué palabra vale y cuál no, qué 
representación de los problemas sociales resulta válida para ser puesta en 
circulación y cuál no.
Por esto entendemos imprescindible:
- Garantizar el pluralismo, la diversidad y el derecho a la información y la 
comunicación como derecho humano.
- Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque 
afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión.
- Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor 
de características públicas y no gubernamentales.
- Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de 
garantizar la multiplicidad de voces.
- Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y 
sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y 
estatales.
- Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión 
no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios 
que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de 
exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés 
público y repercusión social.
- Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las 
universidades tengan participación en las instancias de decisión de las 
autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean 
transparentes y sujetos al escrutinio público.
Los puntos que se proponen están destinados a que la actividad de los medios 
electrónicos en la Argentina responda a parámetros de normalidad en el mundo 
que nos toca y que se compadezca con estándares de libertad de expresión 
reconocidos en los ámbitos de las organizaciones supranacionales de derechos 
humanos. No son para nada circunstancias que se puedan entender como 
limitativas de la libertad de nadie, en tanto nadie suponga que en nombre de 
su propia libertad tenga posibilidad de impedir que otros se integren al 
ejercicio de la que disfruta.
De lo que se trata, en palabras cortas, es de hacer llegar la democracia 
hasta el territorio de la comunicación y redistribuir el derecho a la 
palabra comunitaria (capital tan importante como cualquier otro), 
asignaturas ambas pendientes cuando menos desde 1983.
Restituir el espacio mediático a su auténtica condición de espacio público 
supone un acto del más estricto credo liberal, comparable al establecimiento 
de la libertad de cultos religiosos, radicalmente acorde a la defensa básica 
de la libertad de expresión y de la expansión de los derechos humanos de 
nuestro tiempo. Es tanta la fuerza inercial del actual modelo corporativo 
(que, dicho con rigor y pese a sus declamaciones, es profundamente 
antiliberal) que intentar esta restitución promete convertirse en una 
auténtica gesta emancipatoria que requerirá de todos los apoyos que puedan 
ofrecerse. La verdadera libertad de prensa es el progresivo objetivo a 
lograr con una nueva legislación sobre comunicación social y sobre 
participación y derechos ciudadanos, frente a la falacia de la "libertad de 
prensa" reducida al juego de los grandes capitales e intereses políticos 
mediáticos.
Dirán algunos, y con razón, que este mismo gobierno (o su predecesor 
inmediato) es el mismo que durante cinco años ha autorizado y favorecido el 
aumento de la concentración (por ejemplo, la autorización de la operación 
conjunta de Cablevisión y Multicanal y su posterior solicitud de fusión) o 
ha concedido inconcebibles y graciosas suspensiones de cómputo de diez años 
en los plazos de licencias a los titulares de concesiones televisivas, 
radiales y de cable, violentando la ley, la sensatez, la lógica del 
calendario y el criterio democrático; ha ignorado la justa petición de 
cumplimiento de 21 puntos a favor de la democracia comunicacional, suscripta 
por un centenar de organizaciones profesionales y de derechos humanos, y ha 
ofrecido una y otra vez la vista gorda a cambio de apoyos tácticos. Todo 
ello es cierto. Pero cabe ahora abrir un cuidadoso crédito a la esperanza, y 
de pleno apoyo. El gobierno nacional se ha comprometido públicamente a dar 
un decisivo paso adelante en esta materia. Nada garantiza que cinco minutos 
antes de la hora no opte por una legislación lavada, que deje 
sustancialmente las cosas como están, con algunos retoques técnicos. Pero lo 
cierto es que nunca como en la actual coyuntura el problema comunicacional 
se ha debatido tanto, y tan coincidentemente en apoyo de una nueva 
legislación democratizadora: en el propio gobierno, en poderes provinciales 
y municipales, en foros, universidades, sindicatos, movimientos sociales, 
agrupaciones políticas, mundos académicos, espacios artísticos y literarios, 
organizaciones no gubernamentales, grupos feministas, experiencias 
comunitarias y en el propio sector de los periodistas y trabajadores de la 
información. Con ese respaldo de conciencia política se cuenta. Existen 
circunstancias en la vida de una nación en que los dirigentes comprenden la 
pequeñez del puro cortoplacismo. Ojalá ésta sea una de ellas. Cultural y 
políticamente la sociedad se merece otra lógica, otra libertad y otras voces 
que se sumen al diálogo cotidiano sobre qué país se quiere y se enuncia. Es 
una época la que está a la espera de los actores que la merezcan.


 SE AGRADECE LA DIFUSIÓN. www.cartaabiertaa.blogspot.com