[R-P] CALCAGNO

[maría Sola]

COMUNICADO Nº 1



Por Agustín Calcagno *



Desde el 10 de febrero de 1912, en que fue promulgada la llamada Ley
Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y
obligatorio, los argentinos vivimos bajo un sistema político llamado
Sistema Representativo Republicano. Y si bien fue constantemente
avasallado a lo largo del siglo XX por muchos golpes de Estado, desde
hace más de dos décadas es la forma que hemos consensuado para regir
los destinos de nuestra nación. Este sistema político tiene dos
características principales: la republicana (constituido de tres
poderes que son los que deben establecer las leyes, ponerlas en
práctica y controlarlas) y la representativa (los representantes de
dos de estos tres poderes son designados por la voluntad popular
expresada a través del sufragio). Según la Constitución Nacional 'toda
fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición'.



Las entidades que representan a las pequeñas, medianas y grandes
empresas agropecuarias están convirtiendo un reclamo sectorial en un
abierto desafío a la Constitución Nacional. En primera instancia al
arrogarse para sí el derecho de representación política y pretender
tomar decisiones para las cuales existen autoridades pertinentes, ya
que 'el gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los
fondos del Tesoro Nacional, formado (entre otros elementos) del
producto de derechos de importación y exportación'.



En los sistemas corporativos, las decisiones políticas eran tomadas
justamente por corporaciones representantes de cada una de las áreas
que tenían algún interés frente a cada tema de la agenda de Gobierno
(como podía ser la suba de impuestos o de derechos de exportación).
Este tipo de sistemas, característicos de los regímenes autoritarios,
no se aplican desde hace décadas en ninguna parte del mundo, porque se
ha demostrado que la mayoría de las personas no está representada
efectivamente por ninguna corporación y que, en consecuencia, el
corporativismo es una forma de gobierno de elites y una máscara
pluralista para el autoritarismo. En su lugar, se han impuesto
regímenes democráticos en los cuales se considera al voto popular como
la única forma de acceder a la representación legítima del pueblo.



El conflicto agropecuario que atravesamos actualmente no es una huelga
gremial sino un lockout patronal, ya que los que cortan las rutas no
son trabajadores reclamando por sus salarios o mejores condiciones de
empleo, sino empresarios, que más allá de su aspecto físico o del
tamaño de su renta, tienen intereses sectoriales que confluyen, es
decir, intereses corporativos. Y que actualmente aspiran a tomar
decisiones de corte económico que corresponden al gobierno nacional,
como queda claramente expresado en el comunicado del día 27 de mayo en
el cual se intenta establecer nuevos derechos de exportación y
comercialización a través del uso de la fuerza mediante el corte de
rutas.

Desde el miércoles 28/5 a las 0 hora y hasta el lunes 2/6 a las 24,
cese de comercialización de granos con destino a exportación.
Y desde el jueves 29/5 a las 0 hora hasta el mismo lunes 2/6 a las 24,
cese de comercialización de hacienda vacuna con destino a faena.
Asimismo, se pretende imponer una agenda política a los poderes del
Estado nacional y provinciales:

Desde el martes 3/6 y hasta el viernes 6/6, establecer campamentos en
las plazas de las cabeceras de comunas y partidos, visitando
intendentes, profundizando la campaña de recolección de firmas y, a la
vez, realizar marchas a las capitales de aquellas provincias que aún
no han recibido al sector agropecuario.
A partir del lunes 9/6, reforzar y profundizar las acciones sobre el
Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa las
soluciones que el sector necesita.
Este documento, al que supongo involuntariamente han dado en llamar
'comunicado', ha sido reproducido por todos los medios masivos, y
lamentablemente es inevitable no trazar un paralelismo con los viejos
comunicados radiales de la dictadura militar. Esta nueva junta, ya sin
gorra verde pero con botas, ha pasado el límite del respeto a la
Constitución, y el gobierno nacional tiene el deber de intervenir de
forma inmediata para defender los derechos de sus ciudadanos. Las
decisiones de los gobiernos popularmente elegidos pueden ser
cuestionadas, aplaudidas o abucheadas, pero deben ser respetadas, por
lo menos mientras vivamos en un sistema democrático representativo. En
todo caso, si lo que está en cuestión es su vigencia, la Constitución
prevé mecanismos de reforma, claro está, luego de conseguirse los
votos necesarios.



Todos los gobiernos, desde la última dictadura, han soportado
protestas de diversa índole, más o menos populares, más o menos
respetuosas del derecho a la libre circulación de personas y bienes,
más o menos violentas, pero ninguno hasta ahora ha sido tan atacado a
pocos meses de reafirmar su legitimidad en las urnas. Menos aún por
sectores a los cuales todos los argentinos favorecemos con un tipo de
cambio a su medida y subsidios de toda índole, y que nos retribuyen
con altísimos precios y desabastecimiento.



Lo que los empresarios agropecuarios, y quienes los apoyan, comenzaron
a poner en tela de juicio luego del superconvocante acto rosarino, es
el derecho del Estado a tomar decisiones y la legitimidad de un
gobierno elegido por 8.204.624 personas. Eso no es democrático por más
progresistas que se digan algunos de sus dirigentes, y no debe ser
tolerado si pretendemos resguardar la democracia.



* Politólogo, docente de la UBA