[R-P] Sindicatos, Caja y Poder

[INFOR-MET]

La Nacion esta muy preocupada por el creciente espacio
de poder que adquieren las organizaciones obreras
desde que el movimiento nacional, volvio al gobierno.

dicen:

"El sindicalismo es dueño, hoy por hoy, de un espacio
social y de una fortaleza que años atrás no lograba
recuperar. Eso le permite acceder a mayores recursos,
lo que repercute, como en una rueda que gira, en la
captura de más poder."

Subyace en este analisis "materialista" la misma
vision miope del payador de chascomus, Don Alfonsin,
que postulaba "sacarle la caja" a los sindicatos para
destruir su poder, ( Ley Mucci, etc ), ignorando las
raices profundas que la tradicion de organizacion
sindical tiene por estos pagos, su imbricacion con el
peronismo, la resistencia, etc. Tradicion, por cierto
que resistió entre otras cosas que el democrata
Alfonsin gobernara sus 6 años con las obras sociales
intervenidas, como para demostrar el "mentis" de su
estrecha vision al respecto, y tradicion de
organizacion que coadyuvo, alla cuando el pais se
incendiaba en el 2001, al surgimiento de poderosas
organizaciones de desocupados, de fabricas recuperadas
y de redes de solidaridad tales como clubes de trueque
o comedores populares, roperos comunitarios, etc. 
No he visto trabajos de ningun sociologo que subrayen
suficientemente este vinculo entre la tradicion de
organizacion sindical, y las organizaciones sociales,
que en general son mas bien presentadas como un
fenomeno "nuevo", y antagonicas y enfrentadas, a "la
burocracia sindical", por ciertas corrientes de
izquierda, y que yo , por el contrario, sostengo lo
contrario, que sin la tradicion y acumulacion de
experiencia sindical de organizacion, presion,
negociacion y lucha, como asi tambien, del recuerdo
presente de los "tiempos felices", y de los derechos
obreros legados por el peronismo, no podria explicarse
el exito de las organizaciones sociales y populares,
para encauzar y dar respuesta a la situacion de
emergencia y quiebre de la sociedad, del 2001 al 2003,
por fijar alguna fecha...

Va articulo de la nacion

(hoy estoy demasiado reflexivo, sabran disculpar)   

rolo
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De qué viven los sindicatos

En el último año, el sistema de obras sociales manejó
recursos por $ 8260 millones, a los que se suman las
cuotas sindicales y el cada vez más extendido cobro de
aportes a trabajadores no afiliados y de
contribuciones empresarias

Domingo 27 de enero de 2008 
(La Nacion.com)

“Nos dijo que quiere sindicatos fuertes...” La frase
salió de boca de un contrariado Hugo Moyano, por
entonces jefe de la llamada “CGT disidente”,
distanciada de la dirigencia de “los Gordos”, que
apuntalaban a Héctor Daer como conductor de la central
obrera. Corría el año 2000 y el líder del gremio de
los camioneros se había reunido con quien era ministra
de Trabajo, Patricia Bullrich, la funcionaria que en
los últimos tiempos más se lanzó a cuestionar a los
sindicalistas por el manejo del dinero de los
trabajadores. “Nos dijo que en una sociedad como en la
que vivimos, es necesario que existan organizaciones
fuertes para que haya equilibrio en las discusiones
futuras”, completó Moyano. 

Desde aquella tarde de octubre en que los periodistas
rescataron esas declaraciones, muchas cosas pasaron.
Pasó la recesión, incluida la tormenta económica con
la que la Argentina recibió al nuevo siglo. Pasó que
hubo una devaluación, y pasó que volvió el crecimiento
pero también la inflación. Y así, con un empuje dado
por el Estado, volvió a ganar protagonismo la
negociación salarial entre sindicatos y empresas. En
medio de todo eso, Moyano logró dejar de ser el
disidente del movimiento obrero, para pasar a ser el
secretario general de la CGT, con llegada personal al
poder kirchnerista. 

El sindicalismo es dueño, hoy por hoy, de un espacio
social y de una fortaleza que años atrás no lograba
recuperar. Eso le permite acceder a mayores recursos,
lo que repercute, como en una rueda que gira, en la
captura de más poder. 

¿De qué viven los gremios? ¿Cuánto dinero controlan
sus dirigentes? Existen cuatro fuentes formales de las
que beben las arcas de las organizaciones: las cuotas
de sus afiliados; las contribuciones empresarias; los
aportes "de solidaridad" cobrados a todos los
trabajadores amparados por un convenio colectivo -que
no se aplican en todos los casos, pero que en los
últimos años se extendieron significativamente-, y los
aportes personales y contribuciones patronales que
financian a las obras sociales. A eso se suman otros
fondos entregados en concepto de subsidios que directa
o indirectamente, y en algunos casos con destinos
declarados como la capacitación, benefician a las
entidades. 

Sólo es posible conocer exactamente cuántos recursos
se mueven entre los gremios en lo que se refiere a las
obras sociales. En 2007, se derivaron a ese sistema de
salud $ 8260 millones, según datos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Aproximadamente, un 10% corresponde a entidades de
personal jerárquico y el resto, a los sindicatos. La
cifra supera en un 30% a la de 2006 y esa suba es
efecto de la creación de puestos laborales -lo que
genera más obligaciones prestacionales- y también, en
gran medida, del incremento de los salarios. 

Los recursos de la salud 

Mientras que la contribución de la parte empleadora es
del 6%, al trabajador se le descuenta el 3% del
sueldo. En los últimos años, se otorgaron con
frecuencia mejoras a los ingresos laborales mediante
el pago de sumas "no remunerativas": en la práctica,
eso, por lo general, significa que sobre esos montos
no se aporta a la jubilación y al PAMI, pero sí a la
obra social y, en algunos casos, también al sindicato.


No todos los fondos recaudados se envían directamente
a las obras sociales (desde las cuales, en varios
casos, se deriva a su vez dinero a empresas prepagas,
según la opción hecha por el empleado). Dependiendo
del nivel salarial, una cifra equivalente al 10, al 15
o al 20% del aporte va a un fondo de redistribución
que, como primera misión, debe garantizar que ninguna
obra social reciba por afiliado menos de una cantidad
determinada de dinero. 

Una vez hecha esa distribución compensatoria, el
dinero restante llega a la Administración de Programas
Especiales (APE), que históricamente fue eje de
cuestionamientos. La tarea de ese organismo, que en
2007 repartió $ 635 millones y que para este año tiene
presupuestados $ 705 millones, es cubrir los gastos
que realizan las obras sociales por tratamientos de
alta complejidad o de enfermedades crónicas. 

En 1998, cuando el fondo estaba a cargo del
sindicalista José Luis Lingeri, la Auditoría General
de la Nación había detectado la falta de comprobantes
que justificaran el reparto de varios millones durante
los noventa. Aquel informe se conoció justo días antes
de que la Unión Obrera Metalúrgica recibiera un
salvataje económico con fondos públicos. 

La historia se repitió años después. A fines de 2006,
la Sindicatura General de la Nación emitió un informe
con severas críticas referidas a las acciones de la
APE durante los seis años previos. Se cuestionó, entre
otras cosas, la falta de comprobantes probatorios de
los gastos, y de auditorías que permitieran establecer
si se habían realizado las prestaciones o, incluso, si
existían los beneficiarios a favor de quienes se
habían gestionado los recursos. De la investigación,
surgió que faltaban rendiciones de gastos por $ 330
millones. 

En enero de 2006, asumió como autoridad de la APE Juan
Rinaldi, un abogado muy allegado a Moyano. El dato
despertó lógicamente suspicacias, pero a mediados del
año último, otro informe de la Sigen concluyó que la
nueva conducción había "logrado mejorar el control
interno operante en el organismo". Igualmente, la
sindicatura apuntó que resta corregir varias falencias
en los procedimientos, y al margen de esa auditoría,
en el sector se oyen algunas quejas por supuesta
discrecionalidad en cuanto a los plazos en que se paga
a unas y a otras entidades. 

Fuentes allegadas a Rinaldi defendieron la actual
gestión y explicaron que la falta de rendición de
cuentas advertida por la Sigen tuvo que ver con el
sistema por el cual algunas prestaciones están
alcanzadas por subsidios en lugar de financiarse con
reintegros. La diferencia es que en el primer caso la
obra social pide el dinero antes de realizarse el
tratamiento médico y sólo después debe rendir cuentas,
y en el segundo, solicita el reintegro cuando la
prestación ya fue realizada. 

"Ahora se tiende a concentrar más prestaciones bajo el
método de reintegros", explicaron las fuentes, que
también aseguraron que se están revocando subsidios ya
otorgados cuando no hay rendición de cuentas. 

Desde un sector que no podría llamarse amigo del
moyanismo, el abogado Horacio Meguira, asesor de
sindicatos de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), apuntó que en la distribución actual de los
montos no existe discriminación alguna a las entidades
sindicales, según su filiación. 

Por fuera de los fondos de la APE, en diciembre la
Superintendencia de Servicios de Salud dispuso
entregar $ 47,75 millones a un grupo de obras
sociales, con la indicación de que deberán destinarse
a planes de prevención. 

La actividad sindical 

Los fondos que mantienen en marcha la actividad propia
de los sindicatos no son tan identificables como los
de las obras sociales. La recaudación de las cuotas
sindicales no pasa por la AFIP, sino que va
directamente a cada organización. 

En las principales entidades, las cuotas de los
afiliados se mueven entre el 2 y el 5% del salario. En
los últimos años, se generalizaron las llamadas
contribuciones solidarias, que implican descuentos,
por lo general de entre el 1 y el 3% del sueldo, a
quienes no están afiliados, pero se ven alcanzados por
el convenio colectivo. El argumento es que el
sindicato negocia aumentos que benefician a esos
empleados. 

De acuerdo con un trabajo del Observatorio del Derecho
Social de la CTA, si se consideran los aportes (de
trabajadores) y las contribuciones (de empresas)
pactadas entre 2002 y 2006 en los convenios
colectivos, la recaudación varía -dependiendo del
sector- entre el 0,5 y el 6,5% de la masa salarial. 

¿Qué control hay respecto del destino de los millones
de pesos que surgen de esas fuentes? Según explicó
Víctor Guida, director nacional de Asociaciones
Sindicales del Ministerio de Trabajo, cada sindicato
-hay cerca de 3000-debe efectuar una fiscalización
interna a través de un cuerpo colegiado elegido por
los afiliados. Los balances deben ser presentados
luego a la Dirección Nacional, que controla si se
cumplen los requisitos formales. 

Las eventuales impugnaciones, según el funcionario,
deben provenir de los afiliados o de terceros
afectados y, a partir de las denuncias, la autoridad
de contralor toma medidas, como la realización de
auditorías externas. "Se hicieron ocho o nueve
auditorías en los seis años que llevo acá", señaló,
tras comentar que no es muy común que se reciban
impugnaciones. 

No existe regulación sobre el destino que debe darse a
los recursos. La excepción está en el caso de las
contribuciones empresarias, que deben ser pactadas en
el marco de los convenios, registrarse en una
contabilidad separada de los aportes, y destinarse a
un fin específico. Lo cual no significa que haya un
control posterior. "¿Usted se metería con la plata de
los sindicatos?", se limitó a responder un referente
empresario, consultado sobre el tema. 

Según apuntó el abogado Lucio Garzón Maceda, asesor de
entidades sindicales, la recaudación por
contribuciones de solidaridad no debería ser aplicada
al financiamiento de actividades regulares del
sindicato, porque eso supondría una afiliación
obligatoria. "Se puede establecer que quien se
beneficia con una negociación colectiva pague [eso
está de hecho respaldado por una ley], pero ese dinero
tiene que estar destinado a ese servicio específico, a
la negociación o al control de cumplimiento del
convenio", señaló. Y aclaró que no existen normas en
ese sentido, pero sí jurisprudencia. 

Según el informe de la CTA, el 64% de las cláusulas
referidas a aportes de solidaridad fijaron como
destino del dinero el "sostenimiento de la
organización", y sólo un 10% se pactó con la
indicación de derivar los recursos a gestiones
relacionadas con la suba salarial o la renovación del
convenio. 

Por Silvia Stang 
De la Redacción de LA NACION 




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