[R-P] [fOROBolivia] Evo sigue cediendo para facilitar el diálogo con los opositores

Dom Ene 20 09:39:04 MST 2008

Evo sigue cediendo para facilitar el diálogo con los
opositores

A pedido de los prefectos opositores, el gobierno
anunció el martes que se corregirá la nueva
Constitución y abrió la posibilidad de mejorar las
competencias autonómicas departamentales, provocando
la ira de sus bases sociales y de sus representantes
en la Asamblea Constituyente. El miércoles, el
Presidente Evo Morales suspendió la campaña para la
aprobación del texto constitucional y postergó por un
mes el descuento de recursos departamentales
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), que debía correr desde el 1 de enero para
financiar una renta de vejez.
Como muestra de buena voluntad, facilitar el proceso
de diálogo y aliviar la tensión política en el país,
“el gobierno instruyó suspender el proceso de
socialización del nuevo texto constitucional
demostrando que hay voluntad política de llegar a
acuerdos con los prefectos”, informó el vocero
presidencial Alex Contreras. Los prefectos solicitaron
en la víspera el cese de la propaganda y Morales les
hizo caso.

El gabinete ministerial aprobó este miércoles un
decreto supremo que autoriza el descuento mensual y
automático del 30 por ciento del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH) a las prefecturas, municipios,
Tesoro General de la Nación (TGN) y el fondo indígena
a partir de febrero, recursos que serán depositados en
un Fondo que financiará la Renta Universal de Vejez. 

El decreto modifica una disposición transitoria
establecida en el DS 29400, que instruía el descuento
a partir del 1 de enero de 2008, y autoriza al
Ministerio de Hacienda depositar en la cuenta del
Fondo “por única vez” el monto necesario para pagar la
renta desde el 1 de febrero.

La Ley 3791 del 28 de noviembre puso en vigencia la
Renta Dignidad (2.400 bolivianos para los mayores de
60 años que no perciben ningún ingreso, y 1.800
bolivianos para quienes reciben renta de jubilación) a
partir del 1 de enero de 2008. La renta beneficiará
este año a 676.009 personas mayores de 60 años con una
inversión de 205 millones de dólares.

El ministro de Hacienda Luis Arce confirmó que el 1 de
febrero se comenzará a cancelar la renta haya o no
acuerdo entre el gobierno y los nueve prefectos, pues
se trata de una política social gubernamental y que no
pueden estar sujeta a las negociaciones. 

Los prefectos plantean financiar la renta con los 50
millones de dólares que el Estado recibirá de los
dividendos de las capitalizadas, 60 millones del TGN y
entre 25 y 31 millones de bolivianos de las
prefecturas, sin tocar los ingresos por IDH y
regalías. El Estado tendría que financiar otros 65
millones. Los prefectos presentaron un listado de
fuentes como los recursos del Impuesto Especial a los
Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), venta de Recon,
ITF, 1 por ciento del gasto corriente y otros, que
según Arce no son viables. Por ejemplo, el IEHD no
alcanza y es un impuesto que pagan los ciudadanos; en
cambio el IDH es un arancel por la venta de los
hidrocarburos.

Morales valoró la decisión de las prefecturas de
aportar con un porcentaje de sus ingresos para pagar
la renta e instruyó al ministro Luis Arce presentar
este viernes otra alternativa para el financiamiento
de la pensión vitalicia.

El senador opositor Walter Guiteras consideró
“difícil” que los prefectos acepten una solución que
no pase por la recuperación de los recursos del IDH,
que según él son la base del desarrollo del régimen
autonómico. Antes de conocerse la decisión del
Ejecutivo de postergar por un mes el descuento de los
ingresos prefecturales, el legislador aseguró que el
MAS no tiene intenciones de concertar sino que su
estrategia es ganar tiempo con propuestas distractivas
para comenzar a pagar la Renta Dignidad en febrero y
ganar de esta forma “un posicionamiento mediático”.

Estatutos y Constitución

En un principio, el gobierno aceptó rectificar las
eventuales contradicciones existentes en la nueva
Carta Magna, luego de que las máximas autoridades
departamentales mostraran incoherencias en el texto
aprobado el pasado 9 de diciembre. Después, el
Ejecutivo suspendió la campaña de socialización de la
norma. “La Constitución masista no había estado
escrita en piedra como se decía en un principio”,
comentó el analista cruceño Carlos Hugo Molina.

Pero la decisión concertadora ha sacado roncha en las
filas oficialistas. Varios asambleístas del MAS, como
Víctor Borda, Román Loayza y Raúl Prada afirmaron que
si el gobierno y los prefectos modifican el nuevo
texto, deslegitimarán a la Asamblea Constituyente.
Estos representantes declararon por separado que el
gobierno equivoca el camino y anunciaron que
desacatarán la orden presidencial en su calidad de
constituyente.

Además, a los indígenas del oriente del país no les
agradó que el Presidente haya invitado al asesor legal
de Santa Cruz Juan Carlos Urenda para que defienda el
estatuto autonómico federalista de su departamento, y
ahora reclaman formar parte de la comisión especial de
expertos que analizará la Constitución, las autonomías
y los estatutos. El dirigente de la Coordinadora de
Pueblos Etnicos de Santa Cruz Lazaro Tacob comentó que
representantes del gobierno, prefectos y expertos no
pueden analizar “solos” el tema, dejando de lado a un
sector importante como es el indígena, interesado
directo en las autonomías indígenas.

La derecha no se conforma

Mostramos gran flexibilidad y amplitud en torno al
tema del reparto de los impuestos hidrocarburíferos y
de la apertura del nuevo texto constitucional para
corregir errores y ver cómo se puede compatibilizar
con propuestas sensatas de autonomía regional, pero
hay sectores opositores reticentes a ceder, comentó
hace algunos días el Vicepresidente Alvaro García
Linera en una entrevista con el diario argentino
Clarín.

Evo Morales apuesta a resolver la crisis mediante la
consulta en las urnas, pero algunos sectores de la
oposición no parecen interesados en buscar una salida
pactada, como el senador Luis Vásquez de Podemos,
quien declaró en varias oportunidades: “Cuidado que la
solución en vez de votos sea con botas”.

“Quieren obligar al Presidente a que acepte lo que
ellos quieren, fundamentalmente que nada cambie en el
país. No aceptan ninguna alternativa de solución y lo
que quieren es que el Presidente baje la cabeza y les
de la razón, que avale sus estatutos, que no se toque
el IDH, que se resuelva el tema de las tierras como
ellos quieran y que la nueva Constitución no valga”,
observó molesto el senador masista Antonio Peredo.

Según el Vicepresidente, en el país hay una derecha
democrática y una derecha fascistoide que quema casas,
que hace listas negras. Dentro de esa derecha
autoritaria existen grupos minoritarios de carácter
separatista que no constituyen un peligro, pero
existen y tienen una influencia “muy marginal” en los
prefectos.

Minorías radicales que antes eran poder nacional, hoy
se atrincheran en las regiones transgrediendo las
leyes con autonomías de facto mediante un referéndum
ilegal. Para esta gente, el Presidente Morales está
tratando de mostrar una imagen concertadora, “pero
sólo en el campo mediático y no de la realidad”. Uno
de los líderes visibles de este grupo, Branco
Marinkovic, presidente del Comité Cívico pro Santa
Cruz y exponente máximo de la burguesía
agroindustrial, declaró este miércoles que la
estrategia de Evo es mostrarse concertador para luego
golpear a la oposición.

Los líderes regionales saben que las autonomías no
podrán entrar en vigencia transgrediendo la Ley del
Referéndum, que de forma taxativa pone límites a las
consultas ciudadanas. El artículo cuarto de la
Constitución actual reconoce “que el pueblo delibera y
gobierna por medio de sus representantes, a) mediante
la Asamblea Constituyente, b) la iniciativa
legislativa y el referéndum establecido por esta
Constitución y normado por ley”. El artículo 4 de la
Ley No. 2769 excluye del referéndum los asuntos
fiscales, la seguridad interna y la externa, y la
división política de la República. Sin embargo,
algunos estatutos autonómicos violan la Ley del
Referéndum porque modifican sustancialmente los
asuntos fiscales y la seguridad interna del país.

A pesar de todo ello, continúan los afanes
autonomistas de la derecha. Jaime Barrón, presidente
del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, la
alcaldesa de Sucre Aydée Nava y Fidel Herrera
presidente del Concejo Municipal presentaron este
miércoles a la Corte Departamental Electoral (CDE) 117
libros con 17 mil firmas de ciudadanos que apoyan el
referéndum autonómico departamental. Las autoridades
regionales de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando
están empeñadas en que la autonomía departamental de
corte federalista sea una realidad lo antes posible. 

Si el gobierno de Morales ha cedido tanto para
facilitar el diálogo, ¿por qué la reacción insiste en
confrontar? Santa Cruz es el epicentro de la conjura
secesionista. Allí, familias acaudaladas con enorme
poder económico (controlan la tierra, los negocios
urbanos y el poder político) están usando a las
prefecturas y comités cívicos de la denominada “media
luna” para preservar sus privilegios.

La revista Etnias de Colombia, en base a un artículo
de la agencia boliviana Econoticias, informa que un
centenar de poderosos clanes familiares en Bolivia que
poseen 25 millones de hectáreas de tierra y que
controlan la agroindustria, el comercio exterior, la
banca y los grandes medios de comunicación, se
constituyen en los principales opositores del gobierno
de Evo Morales.

Según un informe del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), estos clanes detentan 25
millones de hectáreas, cinco veces más que dos
millones de campesinos e indígenas bolivianos. Según
el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sólo
15 familias disponen de medio millón de hectáreas de
tierras fértiles y cercanas a los mercados, que
equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde habitan un
millón de personas.

El informe habla de las familias Saavedra Bruno,
Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp
Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia
Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña,
Nielsen, Bauer y Elsner. La familia Monasterios, por
ejemplo, controla una superficie de tierras tres veces
mayor a la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz,
que le fue entregada gratuitamente por los gobiernos
militares y neoliberales.

Son parte del clan las familias de los senadores
Guiteras y Majluf y la del cívico Marinkovic, quien
posee más de 26 mil hectáreas sin papeles, seis mil
hectáreas más que toda la superficie de la capital
cruceña. Los Marinkovic, junto al clan de los
Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra
norteamericana, controlan toda la industria del aceite
de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder
oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las
acciones del Banco Económico, según los datos de la
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

Los Monasterios son otros potentados, dueños de
frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y
propietarios de la red televisiva Unitel, desde donde
despliegan el mayor ataque mediático contra Morales.
Los datos del INRA muestran que la familia Monasterio
poseía 78.340 hectáreas en el departamento de Santa
Cruz, y en la capital tenía otras 20.505 hectáreas.

La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez
y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos
ganaderos como por el control que ejercen sobre los
mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados.
Los Kuljis son accionistas del Banco Económico,
propietarios de la papelera Empacar y de una gran
curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y
de la Universidad cruceña Mateo Kuljis.

En Beni reinan los Guiteras, Llapiz, Sattori,
Bruckner, Quaino, Dellien, Ávila, Nacif, Antelo,
Salek. 10 familias tienen un poco más de medio millón
de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500
veces más grande que toda la mancha urbana de la
ciudad de Trinidad, la capital beniana. El poder
político y económico se reparte entre padres, hermanos
e hijos. Unos son autoridades regionales, otros
diputados y concejales, además son jefes militares y
dueños de empresas. El prefecto de Beni Ernesto Suárez
Sattori es uno de ellos: ganadero latifundista y ex
parlamentario de Acción Democrática Nacionalista del
ex dictador Hugo Banzer, yerno del ex ministro
adenista y hoy senador de Podemos Wálter Guiteras.

Pando es el reino de los Sonnenschein, Fernández,
Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery
Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, ocho familias que
concentran cerca de un millón de hectáreas
equivalentes a dos mil veces la extensión de la
capital Cobija, donde co gobierna otro ganadero, el
ultraderechista y ex adenista Leopoldo Fernández,
parlamentario y ministro varias veces y hoy
representante de Podemos.

"En la distancia más lejana, aquella de mis pensamientos, te alojo por instantes. Susurros amorales me hablan al oido: los niños tremendos de mis sentidos. Ajenos y lejanos, en mi mente habitamos un único espacio, en el que sin censura, nos hacemos amantes de las caricias que no nos damos, de los labios que no probamos, de los aromas que no respiramos, del encuentro que no sucede, sino a escondidas de lo humano. Eres deseo puro latente en mi mente. Cabalgata al sur sin montura ni ataduras… La mezcla de la dulzura y la pasión, es la combinación letal para los amantes que nunca se amarán, de hacerlo, de sólo pensarlo, huyo, escapo…" 

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