[R-P] Caso Larenas: “El Estado viola el derecho de acceso a la tierra”, por Fernando Kosovsky

[Prensa]

Caso Larenas (Localidad de El Hoyo - Chubut): “El Estado viola el derecho de 
acceso a la tierra”,
por Fernando Kosovsky

Director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT)
www.ceppas.org/gajat

A raíz de la reciente orden de desalojo contra la familia Larenas (Localidad 
de El Hoyo - Chubut) nuestra Comunidad volvió a tomar conciencia de lo 
injusto y corrupto que es el sistema de acceso a la tierra a nivel 
provincial y municipal.

Si bien parecería que todo puede ser justificado legalmente a través de la 
ingeniería jurídica programada y ejecutada por los mismos gobernantes y 
allegados como cuando habilitan la construcción de una represa o la 
explotación de los recursos mineros a través del otorgamiento de 
concesiones, ninguno de estos justificativos resiste al sentido común pues 
todos ellos parten de la misma injusticia básica: el desconocimiento de los 
derechos humanos fundamentales, y el derecho de acceso a la tierra sin dudas 
que lo es.

Como cualquier derecho humano, el acceso a la tierra le impone al Estado en 
todos sus niveles 3 obligaciones básicas: respetarlo, protegerlo y 
promoverlo (facilitarlo). No hace falta ser un especialista en el tema para 
comprender que respecto de la familia Larenas el Estado no lo ha hecho. 
Veamos.

Es un hecho incuestionable de público y notorio conocimiento que la familia 
Larenas ocupa la tierra y que no ha sido reconocida. Es decir, el Estado no 
ha respetado este hecho que por sí genera derechos y sólo por eso es pasible 
de responsabilidad internacional. Tampoco ha promovido por medio de los 
organismos administrativos (IAC; Municipio) la delimitación de tal 
ocupación, su reconocimiento legal y el otorgamiento de un instrumento –por 
ejemplo, permiso, título- que le hubiera otorgado la seguridad jurídica a la 
familia Larenas. Esta situación es directamente violatoria del derecho 
previsto en el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que 
garantiza a todas las personas el uso y goce de sus bienes (derecho de 
propiedad). Huelga decir que en este caso, al ser personas que viven de la 
tierra, su violación implica además la violación del derecho a la 
alimentación, a la vivienda, a la salud y a otros derechos humanos 
fundamentales.

Esta falta de respeto estatal se combinó con la promoción ilegítima del 
derecho de personas directamente relacionadas con el poder gubernamental y 
político. Nadie puede dudar que el Estado de Chubut y el municipal de El 
Hoyo les facilitó las cosas en perjuicio de otras personas que, en peores 
situaciones, requerían esas facilidades. En efecto, el principio de igualdad 
exige que la obligación de promover –facilitar- sólo se otorgue a quienes 
están en peores condiciones, afectados o perjudicados, ya sea económica, 
histórica, socialmente, o por la razón que sea. Pero tiene que haber una 
razón y en este caso no la hubo. Nuevamente, con esta promoción ilegítima el 
Estado violó sus obligaciones emanadas de la Convención.

Y estas violaciones estatales a sus obligaciones convencionales de respetar 
y promover se combinaron en la violación de su obligación de proteger el 
derecho de la familia Larenas: esta obligación emerge cuando hay afectación 
por parte del Estado y/o de terceros. Como es habitual, el Estado combina la 
violación de protección con la violación del derecho de acceso a la justicia 
que es otro derecho básico y fundamental pues es el que permite el reclamo 
del respeto al Estado o a terceros o el reclamo de su promoción o 
facilitación cuando hay dificultades objetivas. Hago hincapié en hacer 
explícita esta situación de indefensión porque debe ser mencionada y 
reconocida como un hecho probado que exige un trato diferente con la familia 
Larenas, un trato de quien no ha tenido la debida asistencia estatal ni la 
facilidad para ejercicio de sus derechos: lo contrario es culpabilizar a la 
víctima de la violación de sus derechos: en una carrera donde se juega su 
vida, no podemos exigirle al maratonista que compita sin importarle que 
corre sin zapatos ni tampoco podemos culparla por los resultados en las 
condiciones legales que el mismo Estado generó y mantuvo.

En efecto, el gobierno de Chubut, por intermedio de los poderes públicos, no 
sólo no ha impugnado la legitimidad del otorgamiento de las tierras a 
personas en perjuicio de esta familia ni ha reivindicado las tierras a favor 
de la familia Larenas. Esta violación de proteger la ocupación tradicional 
de la tierra que desde hace varias generaciones hace la familia Larenas es 
también una violación a los derechos fundamentales.

La impunidad con la que han actuado hasta ahora los personajes directamente 
relacionados con el poder político ha levantado a toda la Comunidad, que día 
a día se fortalece para oponerse a este sistema injusto y corrupto que rige 
en Chubut el acceso a la tierra y comprende que esto es más que manifestarse 
en contra del desalojo de una familia. Nuestra comunidad comprende la 
resistencia a la opresión va junto a la conciencia cómo funciona el sistema 
para transformarlo y tarde o temprano, como sucede hoy con los crímenes de 
la última dictadura, sabrá llevar a sus responsables al patíbulo de la 
historia y seguir participando activamente en el conocimiento crítico y la 
transformación del sistema de acceso a la tierra.

* Director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT)
www.ceppas.org/gajat