[R-P] JUICIO CONTRA BUSSI Y MENENDEZ

[Alberto Clérici]

Exigen medidas especiales para proteger a testigos.
Inquietud tras la desaparición de Julio López.
El 18 de setiembre se cumplirán dos años de la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida tras declarar contra el ex comisario Miguel Etchecolatz. A partir de ese hecho, se intensificaron las acciones de los organismos de derechos humanos para exigir al Estado protección especial para los testigos en los juicios por crímenes cometidos durante el gobierno militar, como el que se sustancia actualmente contra Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.
Esta preocupación fue expresamente reconocida por la dirigente de la Asociación Tucumana contra la Impunidad, Aurora Pisarello. “No estamos de acuerdo con la disgregación de los procesos caso por caso, porque se multiplica la participación de los testigos y de los abogados acusadores. Tras la desaparición de López, nos pone inquietos que no se tenga la contención suficiente como para enfrentar estos hechos. Muchos represores todavía están sueltos y no se desarticuló totalmente el aparato represivo”, sostuvo.
La hija del ex presidente de la UCR y diputado provincial Angel Gerardo Pisarello propuso que se avance en la elevación a juicio oral por Centros Clandestinos de Detención, lo que permitirá unificar varios hechos en una misma oportunidad procesal. “El ex arsenal Miguel de Azcuénaga fue el Auschwitz tucumano. El Estado tiene un plan, pero los genocidas mueren o se fugan. Queremos terminar este episodio doloroso de la historia y no pasar 10 años más en los tribunales, con mucho desgaste”, aseveró.
Sobre el tema, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que están en plena vigencia los planes de protección de testigos que declaren en juicios por crímenes de lesa humanidad. “La experiencia del juicio a Menéndez en Córdoba y otros procesos que se hicieron en la capital demuestran que hemos aprendido cuál es la mejor forma de protegerlos contra de los riesgos y acciones que puedan implementar los nostálgicos del terrorismo de Estado. Esperamos que las garantías plenas en Tucumán funcionen adecuadamente”, remarcó en diálogo con LA GACETA.
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Ley Nº 25.764, cumplirá cinco años el martes. En él se prevé “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”. El texto no especificaba los casos de terrorismo de Estado.
En junio pasado, y a partir de lo ocurrido con López, diputados kirchneristas propusieron una modificación a la ley para que expresamente incluya el amparo a quienes testifiquen sobre “delitos susceptibles de ser encuadrados como de lesa humanidad”. También se habilita que el propio testigo pida ser cuidado, lo que no está previsto en la norma vigente.
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Piden por la seguridad de testigos en el juicio contra Bussi.
Duhalde dice que rigen los planes de protección. El antecedente de Julio López.
Cuando mañana se reanude el juicio contra Antonio Bussi y contra Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida en 1976, se iniciará la ronda de testigos que relatarán lo sucedido con el dirigente justicialista.
Este ciclo de declaraciones inquieta a los organismos de derechos humanos, preocupados porque se garantice la integridad de los testigos. Los angustia el antecedente de Jorge Julio López: el 18 de setiembre se cumplirán dos años de que desapareció, tras declarar contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, en una causa vinculada también con la comisión de delitos de lesa humanidad durante el último Gobierno militar.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que están en vigencia los planes de protección para estos testigos. “La experiencia del juicio a Menéndez en Córdoba, así como otros procesos que se hicieron en Capital Federal, demuestran que hemos aprendido cuál es la mejor forma de protegerlos de los riesgos y las acciones que puedan implementar los nostálgicos del terrorismo de Estado”, afirmó.
La primera testigo del proceso que se realiza en Tucumán será nada menos que la esposa de Vargas Aignasse, Marta Cárdenas.
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