[R-P] "El Tiempo" de Bogotá y la crisis colombiana

[Néstor Gorojovsky]

Gentileza de Roberto Blanco

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No es hora de improvisar

23 de Abril de 2008. Redactor de EL TIEMPO.

La cascada de acontecimientos de las últimas 48 horas ha puesto al
país al borde de una delicada crisis político-institucional. Los
hechos se suceden a ritmo vertiginoso y desconcertante. Basta
enumerarlos para entender la explosiva complejidad de lo que se puede
estar incubando.

La Fiscalía ordena la detención por concierto para delinquir del ex
senador Mario Uribe, primo y aliado del Presidente, quien pidió
sorpresivo asilo -rechazado- en Costa Rica; el presidente Uribe
propone una "comisión de reajuste institucional" y un "tribunal
especial", que desata polémicas reacciones; se lanzan rumores,
rechazados con vehemencia por el presidente de la Corte Suprema y el
Fiscal General, de que jefes paramilitares habrían sobornado a
magistrados para asegurar la elección del fiscal Iguarán; la Corte
indaga a la ex congresista Yidis Medina por supuestas prebendas
recibidas para votar la reelección de Uribe; el Consejo Seccional de
la Judicatura acepta una tutela de las víctimas para congelar la
extradición de 'Macaco'; Salvatore Mancuso anuncia nuevas revelaciones
sobre la penetración del paramilitarismo en el Congreso y el poder
judicial; el Partido Liberal, que había llegado a un acuerdo con el
uribismo en el Congreso sobre el trámite de la reforma política,
reacciona duramente a los anuncios del Presidente y en un sólido
pronunciamiento de su jefe, el ex presidente César Gaviria, previene
sobre enormes peligros de crear comisiones para quitar a la Corte su
misión institucional, y se dice dispuesto a examinar iniciativas como
el adelanto de las elecciones o una constituyente.

Apenas algunos de los hechos más impactantes de estos días.

¿Guerra de ventiladores alimentada por el paramilitarismo? ¿Comedia de
equivocaciones de los poderes institucionales? ¿Encrucijada o
hecatombe? Un poco de todo, sin duda. Pero lo claro y cada vez más
preocupante es que el país se está "descuadernando", como hubiera
dicho el ex presidente Carlos Lleras. Y que puede entrar en una
inquietante desestabilización, con graves efectos sobre la economía,
la imagen internacional y la inversión extranjera, de continuar este
choque entre los poderes que soportan nuestro andamiaje democrático.

* * * *

Para empezar, preocupa que los últimos actos y declaraciones del
Gobierno transmitan al país la impresión de que la Corte Suprema de
Justicia está urdiendo un complot contra el Presidente. Los mensajes
de Uribe, que llaman a la objetividad de los fallos judiciales, y del
ministro Carlos Holguín, en declaraciones a este diario, que
manifiesta dudas en cuanto a la imparcialidad del alto tribunal, y el
tono de la reunión de las mayorías uribistas en Palacio, con
propuestas de reforma política que llegaron a insinuar incluso el
remplazo de la Corte por otro tribunal para juzgar a parlamentarios y
al propio Primer Mandatario, indican que el Gobierno siente que la
Corte no está siendo imparcial en la 'parapolítica'. Y que sus
decisiones tocan cada vez más directamente al círculo íntimo del
Presidente, como lo están presentando los medios internacionales.

La situación difícilmente podía ser más complicada. El equilibrio
entre los poderes públicos y el respeto y confianza entre ellos es,
por definición, la garantía de estabilidad de las democracias. Con
mayor razón en un país con los problemas del nuestro, y más aún cuando
la Corte es el eje central de manejo institucional de un tema de la
complejidad e implicaciones de la 'parapolítica'. De allí la
importancia de la forma en que se salga de este atolladero. No bastan
llamados genéricos a la prudencia y el respeto por las instituciones.
Y, por supuesto, atizar la confrontación entre los poderes sólo
llevará a empeorar las cosas.

* * * *

El propio presidente Uribe, apoyado en la legitimidad que le otorgan
sus altísimos índices de aceptación, ha reivindicado sistemáticamente
como un logro de su gobierno que las investigaciones por nexos entre
políticos y paramilitares han avanzado bajo la conducción
independiente del poder judicial. De allí la importancia -como lo
pidió César Gaviria- de apoyar al alto tribunal y a la Fiscalía para
que lleven hasta las últimas consecuencias -y con el rigor jurídico
requerido- esta investigación de nexos entre políticos, mafiosos y
paramilitares. Y la necesidad de una reforma política que, a
diferencia de la versión edulcorada que se trata de aprobar, ponga
claros frenos y castigos a la penetración que estos lograron en el
Congreso, entre ellos el de dejar vacía la curul no bien sea detenido
quien la ocupe por 'parapolítica', sin esperar hasta una lejana
sentencia. Sólo avances claros en esta dirección, sin que nadie se
atraviese en la labor de la Corte y la Fiscalía, y con una reforma
política que envíe un mensaje claro y contundente al país, permitirán
que el Congreso recupere su legitimidad perdida.

Además, es necesario diferenciar. Una cosa son la 'parapolítica' y sus
implicaciones, y otra los problemas de fondo que arrastra el sistema
electoral y de partidos. Pretender meterlos juntos en el saco de la
reforma política sólo dará al traste con las soluciones para uno y
otro fenómeno. A estas alturas, adelantar las elecciones, convocar una
constituyente o empujar una reforma constitucional para cambiar el
andamiaje institucional pueden agravar lo que se pretende resolver. Un
país coherente usa las instituciones que tiene para resolver las
crisis; una 'banana republic' las cambia al vaivén de las necesidades.

Y de eso se trata, justamente. De que las instituciones que hoy tiene
el país, de gran tradición y estabilidad, funcionen. El Ejecutivo y la
Corte deben desmontar de inmediato el tono pugnaz de sus comentarios.
El Gobierno tiene una inmensa responsabilidad. No puede incurrir en
salidas en falso, como la de un "reajuste institucional" en semejante
momento; ni debe maquillar la reforma política; ni permitirse
declaraciones imprudentes, como las que dio la semana pasada en la
radio un cercano asesor en el sentido de que el proceso de Mario Uribe
iba muy bien (de paso, nada hace más daño al Presidente y a su imagen
internacional que su insólito pedido de asilo en Costa Rica,
oportunamente denegado por el gobierno de ese país). La Corte debe
cumplir su papel con serenidad, firmeza y sin tentaciones mediáticas.
Y sin que otros poderes le pongan palos en la rueda. Y el Congreso
está en la obligación de hacer lo que tenga que hacer para purgarse y
recuperar legitimidad.

* * * *

Si los protagonistas diversos de este enfrentamiento político-judicial
no actúan con la serenidad, altura y responsabilidad que demanda la
situación, Colombia podría sufrir un grave retroceso. Que todos
acabaríamos lamentando, uribistas, antiuribistas y, sobre todo, el
pueblo colombiano, que no participa en las peleas de sus dirigentes,
pero es el que siempre acaba pagando los platos rotos.

editorial en eltiempo.com.co

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Néstor Gorojovsky
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