[R-P] HAY QUE TERMINAR CON EL BANDIDAJE OLIGÁRQUICO

[Néstor Gorojovsky]

[Editorial del periódico Patria y Pueblo, que salió hoy]

HAY QUE TERMINAR CON EL BANDIDAJE OLIGÁRQUICO

La sedición de los grupos dominantes en el sector agropecuario es
mucho más que la disputa incidental por el monto de un impuesto. Es,
en realidad, un desafío directo al Estado y al gobierno.

El Estado, ¿un socio caro?

El Dr. Raúl Alfonsín, representante social si no político de los
chacareros medios y acomodados de la región pampeana, ha escrito en
Clarín hace poco -él, que es abogado y además fue presidente- que el
problema de las retenciones parte de la condición de "socio" que tiene
el Estado, condición de la cual estaría empezando a abusarse al
pretender no solo una fracción de las ganancias del "asociado" sino
además la conducción de los asuntos comunes.

Conviene entonces aclarar desde el principio que ni siquiera desde el
punto de vista del derecho burgués el Estado, salvo contratos expresos
y específicos, es el "socio" de ningún empresario, sino el
representante de la colectividad ante cada ciudadano. Y que por lo
tanto en el caso de los productores agropecuarios es "locatario de
última instancia" de toda la tierra. Aunque más no sea, porque los
mismos "productores" dependen de ese Estado para ejercer sus derechos
de propiedad, que no son de origen divino sino que emanan del conjunto
del pueblo (y en el caso de la tierra pampeana -y bonaerense en
especial- de una vasta operación delictiva que se inició en las
décadas finales de la colonia).
No hace falta invocar la lucha de clases. Desde su propia concepción
jamás pueden ponerse por encima de la comunidad que él representa, y
mucho menos tratar de rendirla por hambre para defender supuestos
derechos (ya veremos qué están defendiendo en este caso). La verdad es
que en su carácter de "locatario" por cuenta del conjunto de la
Nación, el Estado tiene incluso el derecho de expulsión de un
inquilino alborotador, poco cuidadoso o desaprensivo, como es el caso
actual.

Delicadeza infinita del gobierno nacional

Estos cortes no discuten alguna medida específica. Eso es un pretexto.
Cuestionan el poder del Estado como tal: no hay, por lo tanto,
instancia de conciliación posible. Es excelente, en ese sentido, la
pregunta que hace la Dra. Fernández de Kirchner: ¿qué hacer si las
empresas energéticas, telefónicas, de transportes o cualquier otra
privatizada esencial decidiera suspender la entrega de combustible, el
funcionamiento de los teléfonos, o los viajes como método para obtener
un alza de tarifas?

La pregunta lleva su respuesta: caerían de inmediato las concesiones
(a decir verdad, no estaría mal que se tome esa medida aunque más no
sea de modo preventivo, pero ése es otro tema). En virtud de la
gravedad del desafío, el gobierno podría enfrentar este movimiento no
ya con la Ley de Abastecimiento sino incluso con el Código Penal, ya
que la actitud de los alzados es perfectamente tipificable como una
sedición. No lo hace. Y sin embargo se lo acusa de "intransigente" y
"duro".

Los sediciosos pueden confundir gentileza con debilidad. Y
envalentonarse más aún. Ya habían logrado forzar el reemplazo, bajo la
presidencia del Dr. Kirchner, de un Secretario de Estado. Ahora, van
por un Ministro. Si el gobierno cede esta vez, habrá que ver hasta
dónde llegarán la próxima. La vocinglera agitación que lidera la Dra.
Carrió, alter ego urbano de la "ruralista" Alarcón, le confiere a todo
el asunto un vago tufo a Departamento de Estado.

¿Y a santo de qué tanto revuelo?

El argumento de los alzados es el carácter confiscatorio de las
retenciones que el gobierno resolvió aplicar, a través del Ministro de
Economía, a partir del 11 de marzo de 2008. ¿Son realmente
"confiscatorias" las retenciones? En particular, ¿qué es lo que
"confiscan" las actuales, que por otro lado presentan la novedad
aparentemente diabólica de ser "móviles", es decir adaptables a una
fluida situación de los mercados mundiales de productos agrícolas?

Por empezar, hay que aclarar que no están en juego aquí las ganancias
empresarias, que hoy son 20% superiores a las de la convertibilidad.
Lo que se discute es el destino de las rentas, es decir de aquellos
ingresos que no provienen de la reinversión sino de un monopolio de
factores de producción La excepcional fertilidad de nuestras tierras,
origen de esas rentas, es producto de la naturaleza y no de inversión
alguna... es decir, es patrimonio común de los argentinos. Como los
precios internacionales superan ampliamente los argentinos, el "campo"
quiere quedarse con esa diferencia y no quiere compartirla con nadie.

Odian al Estado y aman a los bancos

Peor aún: un estudio muy cuidadoso ("Renta agraria y ganancias
extraordinarias en la Argentina 1990-2003"
Javier Rodríguez y Nicolás Arceo) demuestra que durante todo el
período de la convertibilidad, pese a la ausencia de retenciones, la
transferencia de renta agraria hacia el sector financiero, monopolista
y exportador llegó a carcomer las ganancias empresarias, en especial
de los pequeños productores.

Jamás se produjo en esos tiempos fatales (entre 1988 y 2002
desapareció una de cada cuatro explotaciones agropecuarias: dato
censal) un solo conato de resistencia masiva del sector agrario. Ni
siquiera se oyó un suspiro de protesta de la Sociedad Rural.

Se comprende: también entonces la cúpula agropecuaria participaba,
como ahora participa, de la rosca financiera. Y la base, más allá de
que se las veía cada vez más difíciles, podía descargar parte de lo
que entregaba al sector financiero sobre los salarios de los
trabajadores. Con lo cual, si bien perdía plata, seguía sintiéndose
"más" que la peonada.

El lado oscuro del pequeño y mediano empresario del campo

En cambio, ahora las rentas se entregan al Estado. Ése es el Supremo
Pecado: todo el odio tradicional (y autodestructivo) del empresario
individualista contra el "socio" indeseable se hace presente, en su
máxima virulencia. Los empresarios pequeños y medianos del campo
argentino no parecen haber aprendido nada de la larga noche que empezó
en 1976. El núcleo oligárquico-exportador los sigue llevando del
cabestro como si fueran mansas mulas.

Todo lo viven con la fatalidad climática que presidió la constitución
del sistema agroexportador más de un siglo atrás: creen que la
política económica es como la lluvia. Todo es cuestión de esperar una
buena cosecha. El colono agrícola de principios de siglo XX, obligado
por contrato, lo único que podía hacer era plantar trigo hasta la
puerta de su rancho miserable y esperar a que lloviera. Luego, se
cosechaba. No se podía hacer nada más.

El origen histórico del fatalismo chacarero

Esto engendró una clase de chacareros tan escasamente reinversora como
los oligarcas que los explotaron sistemáticamente. El "grito de
Alcorta", su máxima gesta política y económica, solo pretendía una
redistribución de la entonces inagotable renta agraria. Solo la
industrialización del país bajo el peronismo permitió que los antiguos
colonos se hicieran propietarios, pero ellos no lo recuerdan. Olvidan
que fue gracias al IAPI que se capitalizaron, y que fue por el control
de cambios que encontraron un creciente mercado interno para sus
productos.

Salvo excepciones, cuando viene la época de las altas rentas esta
falla de origen en su constitución retorna, como el pecado original:
olvidan la diferencia entre ganancia y renta,  solo les interesa el
ingreso que surge mágicamente de sus propiedades, y no la producción
que pueden tener a partir de sus esfuerzos. Creen que hay "buenos" y
"malos" años sin percibir el esfuerzo y el sufrimiento del resto del
país, que en este caso, para colmo, redunda en su directo beneficio.

Cómo el kirchnerismo benefició a los chacareros

La pesificación licuó sus deudas, la paridad tres a uno les entrega
súper-rentas sin parangón histórico, la invasión de capitales
financieros en el sector agrario elevó el precio de sus tierras a
niveles insólitos, el plan de obras públicas mejora los caminos que
destrozan las camionadas de soja que envían a puerto...

¿Y aún así, se quejan? Claro que se quejan! Piensan que sus ingresos
extraordinarios crecen, mágicamente, de los títulos del propiedad. Y
que valen más que la comunidad que se los ha otorgado (y en rigor,
permitió que sus antepasados los obtuvieran al enfrentar al oligarca
con la Ley de Arrendamientos y con el Estatuto del Peón). Creen que
pueden incluso usarlos contra el país, si de ellos surge la
oportunidad de percibir rentas que luego serán invertidas en consumos
de lujo, departamentos y oficinas de altísimo valor en Rosario, o
autos último modelo.

Quieren ser rentistas, no quieren ser burgueses

En el fondo, sin ser oligarcas ni mucho menos, son partícipes de la
ética rentística de la oligarquía, y no quieren saber nada con que
esas rentas extraordinarias, en cuya percepción no tienen la menor
responsabilidad, se dirijan a inversiones productivas o a paliar las
situaciones de exclusión social provocadas por el mismo esquema que
ellos desean eternizar y perfeccionar.

Entonces, como es lógico, les disgusta un gobierno como el de
Kirchner, que intenta desarrollar un capitalismo de corte burgués en
una Argentina despiadadamente destrozada por la contrarrevolución
oligárquica instaurada en el 76, el alfonsinato, y muy especialmente
el menemismo y todos los traidores a la Patria que lo apoyaron. Se
sienten, como le dijo uno de ellos a un camionero en un piquete sobre
la ruta 9, "el campo", y no "el pueblo".

He aquí el resultado de la prédica de populistas agrario-oligárquicos
como el grupo Pampa Sur. He aquí el resultado del berreta y neurótico
elitismo no menos oligárquico de la Carrió. He aquí el resultado, en
fin, de la defensa lacrimógena de Alfonsín contra las exacciones del
"socio" autoritario.

Entonces, cuando un gobierno de carácter popular intenta retomar el
camino de la industrialización del país, esa clase social
ideológicamente tributaria de la misma oligarquía que no tiembla al
momento de degollarla, esa misma clase social, se solidariza con el
oligarca y el banquero para cerrar ese rumbo. La oligarquía plantea
una disyuntiva de hierro: "o «el campo» -el campo oligárquico- o la
industria" (lo hace, claro, diciendo que son los otros quienes la
están planteando). Y empuja a los chacareros a incurrir en delito de
sedición contra el Estado de los argentinos.

De eso se trata, en último análisis. Todo el sistema de prensa vasalla
se ha regodeado en las actitudes del dirigente D'Elía para afirmar que
predica el odio de clases. Más allá de que coincidamos o no con D'Elía
(y nuestras divergencias con él son múltiples) sabemos que la
principal usina del odio de clase no está en Virrey del Pino, partido
de La Matanza, sino en Arroyo y Esmeralda, barrio del Retiro. De la
prédica oligárquica sobre el chacarero rebrota la sucia espuma del
racismo anti-cabecita negra, porque se intuye o sabe que el dinero en
poder del Estado beneficiará a esos cabecitas tan despreciables que
mañana hasta pueden llegar a exigir la restauración, actualizada, del
Estatuto del Peón.

Bandidos rurales

Una de las consecuencias del Estatuto del Peón fue el fin del
bandidaje rural, tan común en la Argentina aún a principios de la
década de 1940. Bairoletto y Mate Cosido, cuatreros que se ganaban el
apoyo de los humildes porque repartían entre ellos algo de las
riquezas que quitaban a los ricos, dejaron de tener sentido con ese
Estatuto. Hoy, el bandidaje rural viene en guante blanco: se reúne en
la sede de la Sociedad Rural, en las Bolsas de Cereales, en las cuevas
financieras donde se organizan los "pools" de siembra.

Pretende llevar a la sedición a los pequeños y medianos chacareros que
lograron escapar de las políticas liquidacionistas del Proceso y el
menemato, apoyadas por la misma rosca antinacional que engendra a los
Alemann y Martínez de Hoz. Es por cuenta de ellos, sin darse cuenta,
que enfrentan al Estado nacional y al resto del pueblo. La oligarquía
no los lanza al ruedo para aumentar sus ingresos.

Lo hace para ponerse "de igual a igual" con el Estado nacional.
Pretenden una exclusividad que brota simplemente de su posición
privilegiada en la composición de los ingresos de divisas a la
Argentina. Creen que "el que paga, manda", y quien no perciba el
ominoso peligro que acecha en esta confrontación dará la espalda a los
mejores intereses de la Patria. Hay que terminar con el poder de la
rosca oligárquica, o la rosca oligárquica terminará, otra vez, por
liquidar el poder del pueblo que opera desde la Casa Rosada.

Cada cual sabrá dónde ubicarse en las batallas que necesariamente
habrá que librar. Hay que terminar con el bandidaje.

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Néstor Gorojovsky
El texto principal de este correo puede no ser de mi autoría