[R-P] PLAN FENIX-ENERGIA.

[Gustavo Battistoni]

(Aparecido en Cash-Página 12)


EGO SUM

Por El Plan Fenix *


A raíz de las restricciones que se produjeron en el suministro de
electricidad durante junio y julio, ha emergido nuevamente la cuestión
energética. Este episodio reconoce disparadores de orden coyuntural;
principalmente, la ocurrencia simultánea de escasez hidráulica en
importantes cuencas generadoras y de temperaturas anormalmente bajas,
con la consiguiente sobredemanda de gas. Pero, además, han aflorado
diversas cuestiones estructurales referidas a la temática energética
que requieren la adopción de decisiones, si se trata de asegurar un
proceso sostenible de desarrollo con equidad. Una vez más, se enfrenta
la evidencia del carácter estratégico del suministro energético,
cuando las sociedades aspiran a una mejora de sus condiciones de vida
y a la realización de sus potencialidades.

La instancia por la que atraviesa el suministro de energía en la
Argentina permite afirmar que se está cerrando una etapa caracterizada
simultáneamente por la abundancia de suministro de gas, el saldo
excedentario en hidrocarburos líquidos y la sobrecapacidad de
generación de energía eléctrica. Estas constataciones indican, sin
duda, que resulta necesario avanzar hacia una nueva configuración de
la oferta energética y en aspectos relacionados con la gestión de la
demanda.

Se trata a continuación cada uno de estos tópicos.

En relación con el gas natural, la Argentina presenta hoy una matriz
energética intensiva en gas, como ningún otro país en el mundo. Esta
fuente aporta más del 40 por ciento del total consumido. Esto es el
reflejo de un crecimiento abrupto –producido a fines de los años
setenta– en las reservas, y de sucesivas decisiones políticas que
alentaron la libre disponibilidad y la difusión de su empleo. De esta
manera, el gas trascendió el uso residencial e industrial: se
implementó un programa de reconversión del parque vehicular
(actualmente responsable del 10 por ciento del consumo total) y se dio
libertad a la exportación a países vecinos, la que llegó a representar
un 15 por ciento del total producido. Además, se implantaron numerosas
centrales generadoras de electricidad que utilizan únicamente este
combustible, y que, ante su carencia, no pueden operar normalmente.

Estas decisiones, que respondieron al interés de las empresas privadas
operadoras, violaron el elemental criterio de preservar las cada vez
más escasas reservas estratégicas.

La revaluación a la baja de las principales reservas de gas y el
crecimiento del consumo han reducido el horizonte de disponibilidad
–alguna vez situado en más de 25 años– al orden de los 10 años y, al
parecer, no existen expectativas a corto plazo de nuevos
descubrimientos. El incentivo a su uso fue más allá de lo razonable y
es un hecho que el gas no será tan abundante de aquí en más (al menos
en un horizonte de mediano-largo plazo), por lo que debe diseñarse una
estrategia de preservación y sustitución.

En cuanto a los hidrocarburos líquidos, éstos representan algo más del
40 por ciento del consumo energético. Al igual que en el caso del gas,
existió una clara política, en la década pasada, de promover su
extracción, sin obligación alguna de prospección y sin que existiera
–al contrario de lo que ocurre en casi todos los países– reparo alguno
ante el agotamiento de un recurso tan crítico. Esto permitió un
incremento sensible e irracional de la producción. Las exportaciones
alcanzaron en algún momento el 40 por ciento de la extracción. Hoy, la
participación es menor, aunque significativa, y se encuentra
parcialmente reconvertida a derivados que, por otra parte, tienen
retenciones sensiblemente menores a las del petróleo. La ausencia de
prospecciones anticipa la continuidad de la declinación de los valores
producidos, y es esperable que el superávit externo en la cuenta de
los hidrocarburos líquidos concluya en breve.

La generación eléctrica fue objeto de una profunda reforma en la
década pasada. Ella significó la liberalización de la actividad y la
separación entre generación, transporte y distribución. Una vez más,
prevaleció la idea de que el mercado sería el mecanismo apto para la
implantación de la capacidad necesaria tanto en producción como en
transporte. Ahora bien, el potencial de generación se incrementó en
cerca de 10.000 MW, dando lugar a holgura en la oferta. Pero más de un
tercio de esta adición correspondió a decisiones tomadas y financiadas
por el Estado (represas de Yacyretá y Piedra del Aguila), y lo
restante fue producto tanto de una innovación tecnológica –la
implementación de los ciclos combinados en generación térmica– como de
la estrategia de monetizar las reservas de gas de parte de los
productores que precisamente fueron los principales inversores en
estos ciclos.

El incremento de oferta se tradujo en una caída del precio spot de la
energía, que fue básicamente transferido a los usuarios industriales
(no así a los residenciales), a fin de compensar el bajo tipo de
cambio entonces vigente e incrementar ventas. Como producto de este
esquema, cesaron virtualmente las inversiones en el año 2000. No hubo,
además, nuevos emprendimientos en generación no térmica en toda la
década pasada.

La demanda de capacidad se incrementó paulatinamente, en escalones
anuales del orden de 800 MW, hasta tocar un pico (anómalo) de 18.300
MW en junio pasado, frente a una capacidad nominal instalada de 24.000
MW. Debe agregarse a esto la ineficacia de los estímulos "de mercado"
para la expansión de redes de transporte eléctrico. Esta fue
reconocida, en parte, en los años '90, con la creación del Fondo para
el Transporte Eléctrico Federal. Por su parte, las empresas
distribuidoras realizaron escasas inversiones para mejorar la calidad
del servicio.


Rentas
En definitiva, el esquema regulatorio consolidado en la década pasada
permitió capitalizar rápidamente rentas primarias y ganancias
tecnológicas a un conjunto reducido de actores privados, pero por
cierto se mostró incapaz para asegurar una eficaz gestión para el
largo plazo. Es más, toda necesidad de racionalidad de mediano y largo
plazo fue negada como consecuencia de una concepción de absoluto
laissez faire que encubrió una apropiación de rentas con miras de muy
corto plazo. El escenario fue entonces de agotamiento de los recursos
fósiles. No existieron proyectos de diversificación de la matriz
energética. Esta se concentró en el uso de los hidrocarburos líquidos
y gaseosos, al tiempo que no se avanzó en la prospección. En
conclusión, se dilapidaron recursos petroleros y gasíferos en épocas
de energía barata. Ahora el posible agotamiento de reservas nos
enfrenta a un mundo con costos decididamente más caros.

En este panorama se introduce el episodio reciente de restricción
energética. Desde el Gobierno, se instrumentaron medidas coyunturales,
razonables algunas de ellas (la contención del consumo eléctrico
industrial y la restricción al uso del gas natural comprimido GNC),
objetables otras (la no disminución del alumbrado público, claramente
redundante en muchos casos). Pero tal vez la mayor carencia que se ha
percibido en la sociedad es la de una explicación que enmarque las
acciones tomadas en una perspectiva explícita de mediano y largo
plazo.

Se insinúa una estrategia: por iniciativa gubernamental, se encuentran
en curso, desde hace varios años, diversos proyectos de ampliación de
la capacidad de generación y de transporte eléctrico y de gas. Buena
parte de ellos está demorada, pero de concretarse en tiempo y forma
los nuevos cronogramas anunciados para estas obras, sería posible la
razonable gestión –durante los próximos cinco años– de un sistema que
se ha mostrado cada vez más vulnerable, aunque no en el nivel crítico
que ciertos voceros pretenden. Los recientes acuerdos referidos a la
provisión de gas con países de la región, de cumplirse también en
tiempo y forma, permitirán además despejar dificultades de
abastecimiento.

Estas acciones son, sin embargo, insuficientes. Se impone avanzar
hacia una formulación más integral, que aún está ausente. Claramente,
el eje central debe ser el diseño de una transición hacia una matriz
más diversificada, en la que hidroelectricidad y energía nuclear
deberán ser las que más deberán crecer, además de recurrirse
complementariamente a fuentes no convencionales, como los
biocombustibles, la energía eólica y, en menor medida, la energía
solar.

Propuestas
En este marco, varios son los carriles por los que debe transitar la
acción gubernamental. Entre ellos, se señalan los siguientes:

1. Es necesario encarar una política de racionalización en el uso de
los recursos energéticos, mediante acciones correctivas de
desperdicios evidentes (como es el caso de una autopista interurbana
iluminada de más de 200 km, algo posiblemente único en el mundo), la
promoción sistemática del ahorro energético y la revalorización de
opciones de bajo costo energético, como son los casos del transporte
ferroviario y el transporte público urbano.

2. Es perentoria la redefinición del marco regulatorio de generación y
transporte eléctrico. No es la descentralización sino la planificación
lo que debe regir aquí. Ello es así tanto por la magnitud y elevada
vida útil de las inversiones requeridas, como por el exhaustivo
conocimiento existente acerca de la actividad, que torna inútiles las
"señales" del mercado. En este marco, puede existir operación privada
y puede regir por cierto el principio de marginalidad en la operación.
Pero resulta indispensable que los excedentes que genere el sector por
sobre sus costos, incluida una rentabilidad adecuada, sean destinados
a un fondo para ampliación de la capacidad, gestionado por el Estado y
no apropiado por el sector privado. Asimismo, generación y transporte
deben ser gestionados en forma conjunta, bajo una lógica similar de
planificación técnicamente fundamentada y transparente.

3. El sector petrolero y gasífero requiere una profunda reformulación.
En lo referente al tema de las reservas, se requiere, ante todo,
obtener un dato fiable acerca de su magnitud y probabilidad (algo hoy
inexistente) e identificar el efectivo horizonte de disponibilidad del
país, con el fin de delinear un plan de acción consistente. Respecto
del plano contractual, debe reemplazarse la figura de concesionario
por la del contratista y reinstalarse con convicción y firmeza la
noción de que las reservas hidrocarburíferas son propiedad de la
sociedad, y no de los operadores, lo que también vale para la renta
que ellas generan. Esta renta –que hoy representa no menos de 15.000
millones de dólares anuales–, deducido lo apropiado por vía
impositiva, podrá en parte ser redistribuida a la sociedad (como lo es
de hecho ahora) con el fin de aprovechar la ventaja comparativa de la
economía del país –o minimizar las desventajas relativas que la
importación de energéticos acarrea– y el remanente, que estimamos en
un 40 por ciento, favorecer el desarrollo y la distribución. Pero,
además, debería constituir una de las bases mayores de financiamiento
del crecimiento y reconversión energética, sea bajo la forma de nuevas
prospecciones de hidrocarburos, sea como inversión en fuentes
alternativas. La actual jurisdicción de las provincias sobre los
recursos hidrocarburíferos de áreas no marítimas no debería ser óbice
para alcanzar este propósito. La solvencia y la competitividad
energéticas son propósitos que no pueden sino ser asumidos con firmeza
por la Nación. Esto no ocurre en la actualidad, cuando las provincias
extienden por décadas los contratos de concesión vigentes, alejando la
posibilidad de modificar convenios que colisionan con el interés
público. Por otra parte, se deberán analizar los aspectos jurídicos y
económicos relacionados con la empresa Enarsa para posibilitar su real
liderazgo en materia energética, priorizando el resguardo de la
transparencia y la soberanía nacional.

4. La temática de precios y tarifas debe ser objeto de un cuidadoso
tratamiento. Se ha aducido que el origen de la actual coyuntura
restrictiva debe buscarse en la falta de realismo de las tarifas. Al
respecto, resulta oportuno consignar lo siguiente: por una parte, las
tarifas eléctricas y de gas han sido reajustadas considerablemente
para usuarios no residenciales, lo que implicó reequilibrar los
valores medios percibidos por los operadores, luego de las
pronunciadas bajas en la década pasada (no percibidas, como ya se
dijo, por los usuarios residenciales). Asimismo, debe destacarse que
los consumos residenciales de electricidad y gas fueron los que menos
crecieron desde 1998, a pesar de la caída real de las tarifas
correspondientes. En consecuencia, no debe esperarse un impacto
sustantivo sobre el consumo residencial de un eventual reajuste
tarifario (salvo incrementos desmedidos). Esto no quita que, a largo
plazo, el horizonte de una energía más cara suponga oportunas
correcciones en particular sobre los sectores de elevados consumos
eléctricos residenciales cuya tarifa es hoy irrisoria. Ello con el fin
de contribuir a un uso más racional, siempre atendiendo a impactos
distributivos para usuarios de bajos ingresos. Este reajuste afectará,
de todas maneras, al conjunto de los usuarios. Es urgente encontrar
una solución a la dramática situación de los sectores de menores
recursos que utilizan gas envasado en garrafas que, como es sabido,
resulta mucho más oneroso, promoviendo un precio diferencial en las
áreas que así lo ameriten.

Largo plazo
En definitiva, el sector energético debería ser testigo de un mayor
involucramiento estatal y social. Esta situación, que en parte se está
produciendo de hecho, requiere ser consolidada de pleno derecho, y
apoyada sobre estudios criteriosos y fundados, con la concurrencia de
las universidades y centros de investigación que limiten, al menos, el
sesgo que hoy provocan los intereses particulares.

Una visión de largo plazo –a un horizonte no menor a los 20 años–
debería producir respuestas más adecuadas que las que surgen de
mercados miopes y actores privados poderosos, carentes de perspectiva.
Cuestiones tales como el futuro desarrollo minero (un gran consumidor
de energía eléctrica) y de los biocombustibles deben ser tratadas en
este contexto. En relación con estos últimos, ello no deberá
comprometer el medio ambiente ni la seguridad alimentaria.

Hay, desde ya, medidas que pueden tomarse en el corto plazo, aunque
siempre referenciadas a un marco estratégico. Es necesario, entre
otras acciones, reducir la demanda de gasoil para el uso de vehículos
livianos y apuntar a una convergencia de precios entre naftas y gas
natural comprimido. Se requiere, además, avanzar en la reducción
gradual de las exportaciones de hidrocarburos, supeditándolas al
hallazgo de nuevas reservas.

La Argentina dispone todavía, por fortuna, de un importante caudal de
recursos para enfrentar el desafío energético. Ellos comprenden un
potencial hidroeléctrico todavía no explotado, espacios geográficos
aptos para explotar biocombustibles y energía eólica y el potencial
–hoy una incógnita– que pueden brindar los hidrocarburos aún no
descubiertos, tanto en cuencas explotadas como en nuevas.

El carácter rentístico de la actividad de los hidrocarburos y su
particular dinámica explican que se halle expuesta a la poderosa
influencia de intereses generalmente opacos, en todas partes y sea
cual fuere el particular modo de gestión que adopte: público o
privado, ya que lo característico es algún tipo de interacción entre
ambos. La historia y la actualidad ofrecen acabadas muestras de a qué
extremos se puede llegar para lograr su apropiación. Resulta
indispensable, pues, que se impulsen modos de gestión, controles y
prácticas de comunicación que aseguren la máxima transparencia ante la
opinión pública. En esta cuestión se verifican agudos déficit que
deben llevar, rápidamente, a la redefinición de las políticas y las
prácticas predominantes desde hace ya largo tiempo, tanto en el sector
público como en el privado.

Nuestro país cuenta con los recursos intelectuales, técnicos,
industriales y financieros necesarios. Entre éstos debemos
contabilizar una rica y consolidada experiencia en el ámbito de la
energía nuclear, sin menoscabar el hecho de que tanto la explotación
hidroeléctrica como la de los hidrocarburos fueron también realizadas
con personal altamente capacitado de origen local.

Considerar el sector energético como un potencial integrador de tramas
productivas de alta tecnología debería ser una meta por lograr en
pocos años. Para ello es indispensable considerar la temática de un
modo integral a través de un sistema de planificación sólido y una
mayor comunicación e interacción entre los sectores académicos y
productivos. Se trata, ni más ni menos, de poner esta riqueza en
movimiento, con racionalidad y bajo una gestión eficaz y transparente,
al servicio de un proceso de desarrollo con equidad.

* Proyecto estratégico, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Buenos Aires.




Claves
A raíz de las restricciones que se produjeron en el suministro de
electricidad durante junio y julio, ha emergido nuevamente la cuestión
energética.

Han aflorado diversas cuestiones estructurales referidas a la temática
energética que requieren la adopción de decisiones, si se trata de
asegurar un proceso sostenible de desarrollo con equidad.

Resulta evidente el carácter estratégico del suministro energético,
cuando las sociedades aspiran a una mejora de sus condiciones de vida.

Se está cerrando una etapa caracterizada simultáneamente por la
abundancia de suministro de gas, el saldo excedentario en
hidrocarburos líquidos y la sobrecapacidad de generación de energía
eléctrica.

Resulta necesario avanzar hacia una nueva configuración de la oferta
energética y en aspectos relacionados con la gestión de la demanda.

El eje central debe ser el diseño de una transición hacia una matriz
más diversificada, en la que hidroelectricidad y energía nuclear
deberán ser las que más deberán crecer.