[R-P] [A. Soliz Rada] Bolivia: delincuencia petrolera

[Néstor Gorojovsky]

BOLIVIA: DELINCUENCIA PETROLERA

Por: Andrés Soliz Rada

La idea de "capitalizar" las empresas estratégicas del Estado
consistía, según sus propugnadores, en crear una relación de respeto y
amistad entre las transnacionales y las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), las que, con el porcentaje correspondiente a sus
acciones, dieron paso a la creación del Fondo de Capitalización
Colectiva (FCC). Con el traspaso de estas acciones a YPFB, por mandato
del Decreto de Nacionalización, del 1-05-06, correspondió al ente
estatal designar representantes en los directorios de Chaco (Bristish
Gas-Amoco), Andina (Repsol) y Transredes (Enron-Shell). La presencia
de YPFB en esos directorios sigue siendo minoritaria por
incumplimiento del citado Decreto, que disponía que el ente estatal,
previa expropiación legal, controle el 50 % más uno de las acciones de
las "capitalizadas".

La actuación de los directores estatales en las compañías citadas es
nula, con excepción de reclamos del representante en Transredes, José
Luís Roca, en contra de la pasividad del Presidente de YPFB, Guillermo
Aruquipa,  y del delegado en Andina, Herman Camacho Cuellar, quien
rechazó el contrato de administración entre Repsol y Andina, que busca
aparentar que son compañías distintas cuando en realidad son una sola
y por el cual Andina (de la que es socia YPFB) paga a Repsol un millón
de dólares mes y acepta que esta pague sueldos que, en varios casos,
sobrepasan los 2.400 dólares día. La compañía se niega ahora a
entregar a YPFB 87 millones de dólares en dividendos, por utilidades
acumuladas de gestiones anteriores, pero consiguió que su gobierno
donara ambulancias a Bolivia.

El 7 de septiembre pasado, el ex policía José Rojas Are, en
declaraciones ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Organizado de Santa Cruz, reveló que el gerente de seguridad de
Repsol, Manuel Aleixandre, y el supervisor, Wilfredo Aguilar, lo
contrataron para realizar el seguimiento y espionaje de Camacho
Cuellar. Podría argumentarse que el seguimiento y espionaje de alguien
que se opone a las petroleras es algo normal, aunque no es frecuente
el probar que guardias de seguridad contratados por una empresa
española controlan y espían a un ciudadano boliviano en su propio
país. Para colmo, Repsol hace pagar a Andina los gastos del espionaje,
con recursos que corresponden a YPFB.

Camacho Cuellar denunció también que Repsol y Petrobrás estafaron a
YPFB 300 millones de dólares, al pactar la compra venta de gas al
Brasil a precios inferiores a los acordados entre Bolivia y el país
vecino, a través de un contrato  Hedging (para evitar una supuesta
volatilidad de precios). El mismo defensor del país reveló el
contrabando de crudo, así como las evasiones impositivas de la
compañía española, delitos por los que su gerente en Bolivia, Julio
Gabito, estuvo detenido en Santa Cruz. El Ministerio Público fue
presionado por el gobierno para archivar todos los juicios contra  las
compañías, en lugar de usar sus resultados para obtener mejores
contratos que los suscritos en mayo pasado. El directorio de Andina,
integrado por cinco delegados de Repsol y dos de YPFB, prohibió a
Camacho Cuellar que grabara las reuniones oficiales, para luego
conminarlo a que firmase actas tergiversadas.


Camacho Cuellar, en su informe de abril de 2007, hizo constar que
nadie en el gobierno escuchó sus denuncias, con excepción del ex
Ministro Andrés Soliz Rada, quien, antes de ocupar ese cargo,
advirtió, en el semanario "La Epoca", del 16-I-06, que Repsol estaba
anotando como propias el valor de las reservas de gas que controla en
los mega campos de Tarija y Chuquisaca. La revelación hizo que las
acciones de Repsol, en la bolsa de valores de Nueva York,  se
devaluaran en un 25 %. La empresa española dijo en su defensa que
todas las transnacionales del sector hacían lo mismo.

La esperanza de que los abusos de las petroleras disminuyan es cada
vez menor. El actual Ministro, Carlos Villegas, se ufanaba de haber
dictado las Resoluciones Ministeriales 255 y 256, de 25-XII-06, por
las que las compañías debían abastecer el mercado interno a precios
diferenciados. Esas resoluciones han sido congeladas. Con ese nuevo
retroceso, ha viajado a EEUU y Brasil a fin de conseguir inversiones
petroleras en condiciones que casi ya no estamos en condiciones de
discutir.

Andrés Soliz Rada