[R-P] (PSI).- ACUERDO DEFINITIVO POR LAS TIERRAS DEL PILCOMAYO

[José María Cavalleri]

SALTA, 19(PSI).- ACUERDO DEFINITIVO POR LAS TIERRAS DEL PILCOMAYO. 
Comunidades indígenas y familias criollas de los lotes 55 y 14 suscribieron 
el miércoles un acuerdo que las puso en las puertas de un entendimiento 
definitivo por las tierras que habitan en el extremo noreste de Salta.

         Son 643 mil hectáreas recostadas sobre el río Pilcomayo, en el 
departamento Rivadavia, y por las cuales se planteó un proceso litigioso 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una 
presentación que realizó en 1998 la Asociación de Comunidades Aborígenes 
Lhaka Honhat.

          En el citado proceso -conocido en la OEA como caso 12094- también 
intervienen la Provincia, la Cancillería argentina, el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) y las ONG que acompañan a indígenas y criollos en 
sus reclamos de títulos: Acompañamiento de la Iglesia Anglicana del Norte 
Argentino (Asociana) y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz 
(Fundapaz).

          El acta que encaminó a las partes hacia un acuerdo que atendería 
tanto al derecho ancestral de los pueblos originarios como al de las 
familias criollas asentadas en esas tierras desde hace más de un siglo, 
acercó posiciones que hasta poco tiempo parecían irreconciliables. "Las 
partes reconocen el interés común sobre un objetivo específico, que es el de 
cooperar mutuamente para definir y coordinar las acciones necesarias que 
permitan alcanzar la entrega definitiva de la titularidad de las tierras a 
sus legítimos poseedores, que son las comunidades indígenas y las familias 
criollas que habitan los lotes 14 y 55 de la Provincia de Salta", establece 
la primera cláusula del documento que firmaron el coordinador general de 
Lhaka Honhat, Francisco Pérez; los delegados de la Organización de Familias 
Criollas (OFC), Arturo Barroso y Esmérito Arenas; el secretario General de 
la Gobernación, Raúl Medina; el ministro de la Producción y el Empleo, 
Sergio Camacho, y la senadora nacional Sonia Escudero, por la Provincia.

          También suscribieron el acta el director de Fundapaz, Gabriel 
Seghezzo, y otros dos referentes de esa entidad civil que asesora a 
peticionantes criollos, Alvaro Penza y Jorge Tejerina; dos representantes de 
Asociana, Ana Alvarez y José Canteros; y dos delegados del CELS, Morita 
Carrasco y Diego Morales.

          En las consideraciones preliminares del documento se puso de 
relieve que ambas partes aceptaron "reducir sus reclamos originarios" para 
llegar a un "entendimiento común que atienda las inquietudes e intereses de 
todos los habitantes de la zona". Lhaka Honhat, recordemos, reclamaba 530 
mil hectáreas de ocupación tradicional indígena, mientras que la OFC 
pretendía la totalidad de las superficies ocupadas por familias criollas en 
las tierras del Pilcomayo. Ahora convinieron, como criterio de adjudicación 
de los lotes 55 y 14, que 400 mil hectáreas sean entregadas a las 
comunidades aborígenes, "respetando el área de ocupación tradicional, 
garantizando la continuidad de sus tierras, el acceso al río y los recursos 
naturales del monte, sin que se las entienda como fracciones comunicadas por 
caminos".

         De acuerdo con el esquema acordado, 243 mil hectáreas serán 
adjudicadas a las familias criollas, "garantizando los derechos de las que 
habitaron en los lotes por más de veinte años", conforme a las 
presentaciones, pautas, valoraciones y lineamientos establecidos en las 
resoluciones 65/06 y 804/07 del Ministerio de la Producción y el Empleo. La 
citada normativa apunta, básicamente, a asegurar que las fracciones sean 
entregadas a familias que viven efectivamente en esas tierras y tienen atada 
su subsistencia a ellas.

         Se prevén arbitrajes en la franja más complicada

         De acuerdo con los criterios de adjudicación acordados en el acta, 
113 mil hectáreas de las 243 mil que serán adjudicadas a familias criollas 
en los lotes 55 y 14, de Rivadavia Banda Norte, están fuera del área de 
ocupación tradicional de las comunidades indígenas, de modo que que su 
entrega no implicaría mayores dificultades.

          Las restantes 130 mil hectáreas sí se superponen con el área de 
ocupación aborigen, por lo que su adjudicación "se definirá a través del 
diálogo y los acuerdos que se logren en el terreno entre ambas poblaciones". 
Así lo convinieron las partes en el documento que se firmó el miércoles. El 
texto, ante la falta de acuerdos en la franja más complicada de los lotes, 
prevé que aborígenes y criollos "sean invitados a someterse a un proceso 
arbitral conformado por tres expertos independientes". Las propias partes 
-aclara el acta- acordarán el procedimiento y las pautas de designación. En 
caso de que no acepten el proceso arbitral, "se recurrirá a la decisión 
jurisdiccional que corresponda", expresa el documento que se rubricó en el 
centro cívico del Grand Bourg.

          Estímulos y garantías para las familias relocalizadas

          En el acuerdo de partes se dejo establecido que "los traslados de 
familias criollas con derecho deben ser en principio voluntarios". Para 
estimular las relocalizaciones necesarias, se convinieron cinco medidas 
esenciales que garantizaría la Provincia. * - Ejecutar, en el lugar donde 
acepten reubicarse las familias criollas, todas las mejoras que éstas poseen 
en su actual asentamiento. * - Cubrir los costos de los traslados y 
compensar las pérdidas aparejadas por las relocalizaciones, incluyendo 
bienes, recursos y hasta animales de cría. * - Garantizar en el lugar donde 
se relocalicen las familias criollas el fácil acceso los servicios públicos: 
agua para consumo humano y productivo, caminos, educación y salud, entre 
otros. * - Promover los traslados a través de diferentes incentivos, entre 
los que se incluirían pasturas, alambrados, asistencia técnica y otros 
beneficios. * - Definir los cupos para el acceso a todas las mejoras, 
asistencias y beneficios con el fin de acelerar la decisión de las familias 
criollas.

         En el acta también se acordó que el Estado Provincial deberá 
realizar, en forma proporcional, todos los descuentos de superficie para las 
reservas de uso institucional y las obras de infraestructura necesarias.

         Comprometidos a frenar los abusos en el monte chaqueño

         Para que el acuerdo por las tierras de los lotes 55 y 14 sea viable 
resulta indispensable proteger los recursos naturales en esos castigados 
territorios en los que se fundó a principios de siglo pasado la Colonia 
Buenaventura. Hoy, el monte chaqueño no es el que recibió hace poco más de 
cien años a la expedición comandada por el cordobés Domingo Astrada, ni el 
río Pilcomayo se muestra tan generoso en peces como hace algunas décadas 
atrás. La vida de las familias chaqueñas y de las comunidades de las cinco 
étnicas que conviven dentro de aquellos lotes -wichis, chorotes, chulupíes, 
tapietes y tobas- está marcada por el progresivo deterioro ambiental. Por 
ello, las partes que firmaron el acuerdo se comprometieron a "evitar todo 
tipo de corte de madera y aprovechamiento forestal en ambos lotes".

         La Provincia, en este contexto, asumió el compromiso de instalar en 
la zona puestos de control que aseguren el cumplimiento de la legislación 
vigente. En este marco, se convino que todo decomiso de madera que resulte 
de los operativos de control "será puesto al resguardo de un organismo 
nacional o provincial y oportunamente afectado al proceso de regularización 
de tierras".

         A la luz de la condenable devastación maderera detectada días atrás 
en distintas áreas de los lotes 55 y 14, con infinidad de rollos de palo 
santo dispuestos para su irregular colocación en mercados asiáticos, la 
última cláusula del acuerdo que firmaron Lhaka Honhat y la OFC cobra 
especial relevancia.- XXX

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