[R-P] La responsabilidad de Aznar en el golpe de Venezuela

[Julio Fernández Baraibar]

De la responsabilidad del gobierno de Aznar sobre el golpe carmonista en 
Venezuela, en abril de 2002.
Del Diario de Sesiones de las Cortes
Julio Fernández Baraibar
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISIONES
Año 2004
VIII Legislatura
Núm. 153
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA Sesión núm. 10 
celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(Moratinos Cuyaubé) para informar sobre los sucesos que tuvieron lugar del 
11 al 14 de abril de 2002 en Venezuela. A petición propia. (Número de 
expediente 214/000039.
Congreso 1 de diciembre de 2004
-Núm. 153
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar esta Comisión de Asuntos Exteriores con 
el único punto del orden del día, que es la celebración de la comparecencia, 
a petición propia, del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para 
informar sobre los sucesos que tuvieron lugar del 11 al 14 de abril de 2002 
en Venezuela. A tales efectos tiene la palabra el señor ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): 
Señorías, el objetivo de esta comparecencia que el Gobierno ha solicitado a 
petición propia es establecer si faltaron a la verdad las afirmaciones que 
realicé el pasado lunes 22 de noviembre en el programa 59 segundos de 
Televisión Española, en La 1, sobre los sucesos ocurridos en Venezuela del 
11 al 14 de abril de 2002. Espero en esta comparecencia aclarar todos 
aquellos aspectos e interrogantes relacionados con mis afirmaciones, lo que 
lógicamente no es posible hacer en 59 segundos. Soy perfectamente consciente 
de la importancia política que tiene demostrar su veracidad.
Este país, señorías, no está dispuesto a consentir nunca más que sus 
gobernantes le mientan y yo he venido hoy aquí a decir la verdad.
Han distribuido en sala fotocopia de la transcripción de mis palabras en el 
programa 59 segundos en relación con Venezuela. SS.SS. pueden consultarla. 
Mis afirmaciones fueron las siguientes. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Me 
permite una interrupción, señor ministro. Aparte de la sorpresa del 
presidente de la Comisión, veo también caras de sorpresa en otros miembros 
de la misma porque está haciendo referencia a un escrito que ninguno de sus 
miembros tiene.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos 
Cuyaubé): Entonces leeré yo la transcripción. En primer lugar, mis 
afirmaciones fueron las siguientes: Que hubo un golpe de Estado en 
Venezuela; que el embajador español recibió instrucciones del Gobierno y, en 
tercer lugar, que el objetivo de estas instrucciones -mejor dicho, para 
evitar juicios de intención-, que el efecto de la ejecución de esas 
instrucciones y de otras actuaciones fue apoyar el golpe. En ningún momento 
acusé al anterior Gobierno español de instigar o participar en la 
preparación y ejecución del golpe de Estado. Mis palabras deben entenderse 
en el sentido de que por apoyar quise -y quiero- decir que no condenó el 
golpe de Estado, que lo endosó y que le ofreció legitimidad internacional.
(Varios señores diputados: ¡Ah, ah!) Pasaré a demostrar la veracidad de cada 
una de estas afirmaciones. Toda la información que voy a utilizar procede 
exclusivamente de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de las hemerotecas y del «Diario de Sesiones» de esta Cámara.
Señorías, como ustedes saben, existen otras informaciones públicas de 
fuentes distintas, pero mis afirmaciones se ciñeron a los tres puntos antes 
señalados y, especialmente, a las instrucciones del anterior Gobierno 
español. Es por eso que mis explicaciones se fundamenta rán en documentos 
exclusivamente españoles.
Lo exige, además, mi sentido de Estado y espero que ese mismo sentido de 
Estado sea compartido por SS.SS.
Asimismo, me he entrevistado con el entonces embajador de España en Caracas, 
señor Viturro de la Torre, cuya versión de lo acaecido aquellos días he 
escuchado con atención. Estoy seguro de que el embajador Viturro actuó 
siempre convencido de que las instrucciones que recibió no eran contrarias a 
su conciencia y desempeñó sus funciones con celo profesional, con 
extraordinario celo profesional. Tal vez podríamos obviar la cuestión de 
demostrar que en Venezuela hubo un golpe de Estado, porque existe casi un 
consenso generalizado entre todas las fuerzas políticas españolas de que en 
Venezuela se produjo un golpe de Estado el 12 y 13 de abril del año 2002.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, en declaraciones a 
Radio Nacional de España el 14 de abril de 2002 señaló que no se podía 
distinguir entre golpes de Estado buenos y malos. El portavoz de Asuntos 
Exteriores del Partido Popular en esta Comisión, Gustavo de Arístegui, en un 
primer artículo en El Mundo ese 14 de abril había considerado que la 
revuelta popular -y cito- del jueves abre una puerta a la esperanza y 
saludaba con optimismo al presidente provisional Carmona. No dudaba, tras su 
fracaso, de calificar lo ocurrido de golpe cívico militar en otro artículo 
publicado cuatro días más tarde en el mismo diario. Sin embargo, no podemos 
obviarlo porque es importante demostrar que el calificativo de golpe de 
Estado es exacto jurídica y políticamente. Es exacto para designar el 
pronunciamiento de Pedro Carmona como presidente de la Junta Cívico Militar 
en la madrugada del día 12 de abril de 2002 y exacto también para calificar 
el llamado decretazo o acta de constitución del Gobierno de transición 
democrática y unidad nacional por el que se designaba a Pedro Carmona 
Estanga en la tarde de ese mismo día, 12 de abril de 2002, presidente de la 
República de Venezuela. Efectivamente, como señaló el ministro Piqué, no hay 
golpes de Estado buenos y malos, afirmación que comparto plenamente.
Señorías, el anterior Gobierno español dio correctamente ese calificativo de 
golpe de Estado a lo ocurrido después de los hechos, cuando se restableció 
la legalidad constitucional el día 14 de abril en Venezuela, pero lo que es 
cierto es que no utilizó esa calificación de golpe de Estado públicamente ni 
el día 12 ni el día 13 ni en la declaración conjunta ni en la declaración 
que Congreso 1 de diciembre de 2004.-Núm. 153 3 hizo como Presidencia de 
turno de la Unión Europea.
El anterior Gobierno interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en 
Venezuela, es decir, el golpe de Estado, como un vacío de poder para que 
pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la Constitución 
venezolana y transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes 
provisional bueno, dentro de los marcos legales constitucionales, tras lo 
cual el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido 
internacionalmente.
Vayamos a los hechos. Efectivamente, en un telegrama fechado el día 8 de 
abril el embajador Viturro informaba que -y cito- «la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela anuncia con apoyo patronal paro mañana martes día 
9, que podría llegar a ser indefinido.
Entretanto, existe riesgo algunos sectores oposición intenten aprovechar 
situación para una vez más incitar a Ejército a derrocar presidente Chávez. 
Por otra parte» -continuaba señalando-, «exclusión definitiva vía diálogo y 
despidos se están realizando ha radicalizado actitud oposición sindicatos y 
empresarios que pretenden aprovechar esta ocasión para dar golpe definitivo 
a presidente Chávez. Igualmente» -señalaba-, «circulan rumores distintos 
sectores oposición vinculados preferentemente a Bandera Roja están 
recibiendo algún tipo de armas para generar en momento y lugar 
adecuados » -se menciona Universidad Central Venezuela Caracas- «situación 
caos que pudiera llevar en intención citados grupos a intervención Ejército, 
Tierra, Armada y, más dividido, Aire para restablecer tranquilidad y llegado 
el caso establecer Junta patriótica, que contaría por primera vez con apoyo 
totalidad partidos oposición». Termino citación.
Al día siguiente, día 9, una vez iniciado el paro convocado por la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela, el embajador vuelve a 
informar -y cito-: «Los rumores de golpe de Estado militar.» -y continua- «y 
se ha confirmado presencia en Caracas del general Enrique Medina Gómez, 
destinado en Washington, como representante de Venezuela en el Comité 
militar OEA, que goza de gran prestigio entre Fuerzas Armadas y que se dice 
podría liderar golpe cívico militar en unión de Efraín Vázquez Velazco, 
comandante del Ejército de Tierra». El embajador concluía subrayando que 
«intervenciones oficialistas no se recatan en manifestar que no se trata de 
una huelga con reivindicaciones laborales o de otro tipo, sino de un intento 
de desestabilizar Gobierno y provocar anticonstitucionalmente salida 
presidente Chávez». Cierro citación del telegrama.
Es decir, ese mismo día 9 el Gobierno ya había sido advertido por el 
embajador de que se podría estar gestando un golpe cívico-militar para 
provocar -repito parte del telegrama- «anticonstitucionalmente salida del 
presidente Chávez».
En un tono cada vez más acuciante, el embajador Viturro siguió informando 
con celo profesional en idénticos términos a lo largo de los días 10 y 11 y 
a la una de la madrugada del día 12, después de que se confirmara una 
veintena de muertos en las inmediaciones del Palacio presidencial y se 
difundieran imágenes de los francotiradores apostados que supuestamente 
habían disparado, envió uno de sus telegramas más elocuentes, en el que 
concluía, y cito: «Estrategia oposición dirigida a conseguir salida 
presidente Chávez a través presión Ejército está dando, pues, resultado.
Confederación Trabajadores Venezuela, patronal, aprovecharon conflictos 
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización 
masiva población caraqueña, que por su parte...» -cierro cita-, y quiero 
ahora llamar la atención de SS.SS.
sobre la siguiente frase, que continúa: «... puso ayer tarde muertos 
necesarios para provocar intervención Ejército, única fuerza en este país, 
frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al 
Gobierno del presidente Chávez». Repito: «puso ayer tarde muertos necesarios 
para provocar intervención Ejército, única fuerza en este país, frente a 
debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al Gobierno del 
presidente Chávez». Y así fue. De nuevo el embajador Viturro explicaba en la 
madrugada, hora de Caracas, del día 12 de abril el pronunciamiento de la 
Junta Cívico Militar presidida por Carmona. Cito: «Presidente Carmona, 
rodeado de militares, habían conseguido renuncia ex presidente Chávez, 
anunció desde cuartel general Ejército Tierra fin paro nacional indefinido y 
llamó a pueblo venezolano a reanudar actividades vida normal en la más 
absoluta calma. Durante negociación con ex presidente Chávez se acordó que 
éste decretaría previamente destitución su equipo ministerial y 
especialmente vicepresidente República, quien está constitucionalmente 
llamado a suceder al presidente República en caso acefalía del Estado. Sólo 
tras firma dicho documento, se procedió a que presidente Chávez firmara su 
renuncia. De esta forma» -repito, de esta forma- «se pretende cubrir 
jurídicamente cambios se están produciendo. Legitimidad Junta Cívico Militar 
nombró a Pedro Carmona presidente Gobierno provisional. Vendría dada en 
artículo 350 esta Constitución». Cierro cita.
Señorías, este telegrama informa perfectamente, sin ambigüedad ni confusión 
posible, de la trama jurídicopolítica del golpe de Estado. Repito y reitero 
lo que dice el telegrama: «De esta forma se pretende cubrir jurídicamente 
cambios se están produciendo».
En ese mismo telegrama, el embajador Viturro explicaba el contenido del 
artículo 233 de la Constitución, aunque de manera parcial, al olvidar que 
éste también exigía que dimitiesen el presidente y vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, dando simplemente por buenas las palabras de los 
golpistas de que el presidente Hugo Chávez había dimitido tras cesar antes 
su vicepresidente, oculto para protegerse, y todo su Gobierno. No señaló, 
sin embargo, que el artículo 233 de la Constitución exigía que además 
dimitiesen el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Como 
sabemos todos, los documentos de renuncia del presidente Hugo Congreso 1 de 
diciembre de 2004.-Núm. 153 4 Chávez y el decreto de cese de su 
vicepresidente y Gobierno jamás fueron mostrados públicamente por la Junta 
Cívico Militar, y ni han aparecido después. Pero, insisto, aunque eso 
hubiera ocurrido, el artículo 233 exigía también que dimitiesen de sus 
responsabilidades el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, 
y les aseguro que tanto en nuestra Embajada en Caracas como en nuestro 
Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid existían copias de la 
Constitución venezolana, de 1999. No sé si se han distribuido a la Comisión 
también -pido excusas- copias de estos artículos de la Constitución 
venezolana. No cabía, por lo tanto, siguiendo las informaciones del propio 
embajador y con la Constitución venezolana en la mano, malentendido alguno. 
Aquello era un golpe de Estado.
Mientras tanto, en Madrid, el entonces secretario de Estado de Cooperación 
Iberoamericana, Miguel Ángel Cortés, según declaraciones propias que recoge 
el diario El País en su edición de 24 de noviembre de 2004, y amplía la del 
25 de noviembre, inició contactos para hacer pública la declaración conjunta 
sobre Venezuela que les he distribuido. Incluso ha trascendido, a través de 
declaraciones públicas de altos funcionarios que participaron en la 
elaboración del texto, que la iniciativa de la declaración conjunta partió 
del Gobierno español.
En dicha declaración se manifestaba el rechazo a los actos de violencia y se 
pedía su cese, se expresaba el deseo de una normalización democrática plena, 
la consolidación de las instituciones democráticas con ayuda de la 
Organización de Estados Americanos y la convicción de que sólo un marco 
democrático estable puede ofrecer un futuro de libertad y progreso al pueblo 
venezolano. Dicha declaración conjunta fue distribuida después del 
pronunciamiento de la Junta Cívico-Militar y la detención por los militares 
golpistas del presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez en la 
madrugada del día 12, pero antes de que Carmona y la junta golpista 
emitiesen el llamado decretazo, designando a Carmona presidente provisional 
y estableciendo un Gobierno provisional en abierta violación del orden 
constitucional.
¿Por qué era tan importante esta declaración? Ante todo, porque ponía en 
cuestión que el Gobierno del presidente Chávez fuese capaz de asegurar un 
marco democrático estable, la plena garantía de los derechos y libertades 
fundamentales, el orden público y la seguridad ciudadana. Todos ellos 
elementos extraídos precisamente del artículo 350 de la Constitución 
venezolana de 1999, en el que se afirma textualmente que, cito: «El pueblo 
de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la 
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, 
legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías 
democráticos o menoscabe los derechos humanos». Este artículo 350 es clave, 
como acertadamente había informado antes el embajador Viturro, porque la 
legitimidad de la Junta Cívico-Militar sólo podría sustentarse en él para a 
continuación aplicar el artículo 233 y producir así una transición de 
poderes en el marco constitucional, porque la Constitución de Venezuela de 
1999 simplemente no contempla la posibilidad de vacío de poder, y por eso 
exige la renuncia en cadena de hasta cuatro autoridades del Estado.
Señorías, recordemos, para dar continuidad a la línea argumental, que el 
anterior Gobierno de España sabía que el fundamento jurídico del golpe de 
Estado se basaba en el artículo 350 de la Constitución venezolana y que 
cualquier posicionamiento internacional de España o de la Unión Europea 
daría amparo internacional a las pretensiones de los golpistas. Además eran 
fundamentales porque la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la 
OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, que España ha hecho suya, hacía 
imposible que los Estados miembros pudieran reconocer un Gobierno surgido de 
un golpe de Estado, haciendo imposible invocar la doctrina Estrada. De 
hecho, el embajador y el Gobierno español ni siquiera se atrevieron a 
invocarla porque sabían que estaba sometida a su aprobación de la Carta 
Democrática Interamericana de la OEA. Si la Junta provisional golpista 
quería ser reconocida por la OEA tenía que argumentar jurídicamente que se 
había producido un traspaso de poderes constitucional y no un golpe de 
Estado. Como sabemos, tras intensos debates, que comenzaron el día 13 de 
abril, el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, en 
sesión extraordinaria, acabaría condenando sin ambages el golpe de Estado. 
Mientras tanto, nuestra embajada en la OEA, que tiene estatuto de 
observadora, remitió inmediatamente al secretario general Gaviria copia, 
tras hacerse pública la declaración como presidencia de la Unión Europea 
emitida por el anterior Gobierno español en la que se hacía un 
reconocimiento implícito del Gobierno provisional golpista.
El ministro Piqué, según telegrama de nuestra embajada en la OEA fechado el 
día 13, habló por teléfono con Gaviria sobre la conveniencia de retrasar la 
reunión extraordinaria del Consejo permanente a la espera de los resultados 
de la cumbre del Grupo de Río que se reunía en San José de Costa Rica y 
cito: «Evitar asistencia del todavía representante permanente de Venezuela, 
embajador Jorge Valero, cuya presencia podría producir situación tensa». 
Quiero subrayar que también el Grupo de Río condenó sin paliativos el golpe 
de Estado el mismo día 12 de abril y que dicha decisión fue adoptada por los 
jefes de Estado de los 19 países latinoamericanos antes del decretazo. 
Asimismo, el Gobierno de Chile cesó a su embajador en Caracas como 
consecuencia de sus declaraciones de apoyo a Carmona después del decretazo. 
Además, cuatro países a los que se solicitó que sumasen su firma a la 
declaración conjunta se negaron; estamos hablando de México, Brasil, 
Argentina y Francia. El entonces canciller mexicano Jorge Castañeda, que no 
era precisamente un admirador de Chávez, ha afirmado públicamente que 
hubo -y cito- «el intento de buscar una declaración que de alguna manera 
apoyara, sancionara, avalara el Congreso 1 de diciembre de 2004.-Núm. 153 5 
golpe de Estado y reconociera el nuevo Gobierno».
Una declaración que no procede de un observador distante, sino del ministro 
de Asuntos Exteriores de un país que había sido invitado a sumarse a la 
declaración.
Estas afirmaciones las recoge El País en su edición de 27 de noviembre 
último.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español conoció la promulgación del 
decretazo y la ruptura de cualquier atisbo de legalidad constitucional con 
posterioridad a que se hiciera pública la declaración conjunta que instaba a 
los golpistas a preservar las apariencias de legalidad rotas. Por ello dio 
instrucciones al embajador Viturro para que se entrevistase con el 
autoproclamado presidente Carmona y le subrayara la importancia de mantener 
la apariencia de legalidad constitucional, condición imprescindible para su 
reconocimiento internacional.
Ese telegrama del embajador Viturro, fechado el mismo día 13 de abril, 
comienza con cuatro palabras y cito: «Siguiendo instrucciones V.E.» -V.E. 
significa vuecencia o vuestra excelencia- repito: «siguiendo instrucciones 
V.E.» y continúa: «Fuimos recibidos por presidente del Gobierno provisional, 
Pedro Carmona, y por ministro de Asuntos Exteriores, José Rodríguez Iturbe. 
Desde el primer momento puntualizábamos que se trataba de una gestión de 
representantes de dos países amigos de Venezuela que, por su parte, se 
consideran amigos del señor Carmona y que gestión no tenía por objeto 
inmiscuirnos en asuntos internos». Cierro citación.
Señorías, antes de continuar con la descripción de lo que ocurrió en esa 
entrevista, la primera que concedió a representantes extranjeros el golpista 
presidente provisional Carmona tras su designación por los 50 firmantes del 
decretazo, permítanme, señorias, recapitular hasta dónde hemos llegado en la 
exposición de los hechos. Primero, en Venezuela hubo un golpe de Estado el 
día 12 con el pronunciamiento de la Junta Cívico Militar que detuvo al 
presidente Chávez y a los miembros de su Gobierno. Segundo, este golpe 
basaba su legitimidad en el artículo 350 de la Constitución que he leído 
antes y en la veintena de muertos asesinados por francotiradores. Tercero, 
la Junta Cívico Militar anunció que el presidente Chávez había renunciado a 
su cargo y que el vicepresidente había abandonado su cargo, sin embargo no 
presentó documento alguno que lo probara. El embajador Viturro envió la 
versión de los militares golpistas a Madrid sin contrastarla. Cuarto, a 
partir de la condena sin paliativos del Grupo de Río del día 12, al Gobierno 
español sólo le quedaban dos opciones: o sumarse a la condena de los países 
más importantes de América Latina o adoptar otra posición.
Quinto, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución bolivariana la 
jefatura del Estado correspondía en esta situación al presidente de la 
Asamblea Nacional.
Éste y su vicepresidente se opusieron al golpe de Estado y no dimitieron. Es 
en esas circunstancias cuando la Junta Cívico Militar decide firmar el 
decretazo y disolver la Asamblea Nacional, quitándose así cualquier disfraz 
de legalidad constitucional y colocándose fuera de la Carta Democrática 
Interamericana. Si hasta ese momento se podía hacer una interpretación, por 
forzada que fuera, comprensiva de los hechos u alegar un supuesto vacío de 
poder, no cabe duda alguna que tras el decretazo esta interpretación sólo 
podría repugnar a la razón.
Señorías, volvamos ahora tras esta recapitulación a la entrevista del 
embajador de España con Pedro Carmona Estanga, presidente provisional 
golpista tras el decretazo. El embajador Viturro que se entrevista con el 
golpista Carmona siguiendo instrucciones -reitero, siguiendo instrucciones- 
mientras el presidente constitucional Chávez está retenido por las fuerzas 
golpistas, informa a Madrid y cito: «La conversación, que se desarrolló en 
un ambiente distendido y cordialidad, nos permitió incluso subrayar nuestra 
sorpresa por la disolución de la Asamblea y que actitudes como esa podían 
hacer difícil que pudiésemos en el futuro expresar nuestra amista hacia él y 
nuestra comprensión hacia el anunciado proceso de consolidación de las 
instituciones democráticas en Venezuela». (El señor De Arístegui y San 
Román: ¡Eso es ser golpista! -Rumores.) Me permito aquí subrayar ese 
insólito en el futuro porque previamente el embajador Viturro había 
expresado a Carmona, según su telegrama -y cito-, «nuestra sorpresa por 
alguna de las medidas de este decreto que contradecían expresiones que el 
presidente Carmona había hecho al asumir mandato provisional en la noche 
anterior, en el sentido que se respetaría al máximo legalidad vigente».
Cabría pensar que el anterior Gobierno de España había actuado de buena fe 
desde la madrugada del día 12, cuando se produce el pronunciamiento cívico 
militar, hasta el decretazo. Sin embargo, los hechos antes relatados 
demuestran que el Gobierno anterior cometió un grave error de apreciación y 
de gestión diplomática de esta crisis. Las gestiones posteriores del 
ministro Piqué y del secretario de Estado, Miguel Angel Cortés, y las 
instrucciones que se impartieron oralmente y de las que el embajador Viturro 
acusó recibo, tuvieron lugar sabiendo que se trataba de un golpe de Estado y 
participando en la articulación de su reconocimiento internacional. Pero, 
además, hay un elemento adicional aún más revelador. El día 12, bajo su 
exclusiva responsabilidad como presidencia de la Unión Europea, el Gobierno 
español hizo pública una declaración que citaré a SS.SS. y que también ha 
sido distribuida.
En su último punto decía, traducido al castellano del original inglés: 
«Finalmente, la Unión Europea confía que el Gobierno provisional» -insisto, 
Gobierno provisional no ya la Junta Cívico Militar- «respetará los valores e 
instituciones democráticas con el objetivo de superar la actual crisis en un 
marco de concordia nacional y respetando plenamente los derechos y 
libertades fundamentales».
Señorías, el objetivo de la entrevista del embajador con el señor Carmona 
era insistir en que el decretazo Congreso 1 de diciembre de 2004.-Núm. 153 6 
había violado precisamente los valores e instituciones democráticas y no 
cabía la menor duda que no respetaba los derechos y libertades fundamentales 
del presidente constitucional Hugo Chávez y de los miembros de su Gobierno a 
los que retenía por la fuerza. El embajador Viturro finaliza el informe de 
su entrevista con el señor Carmona así: «Insisto en subrayar la cordialidad 
y franqueza con que se desarrolló toda la conversación en la que los hechos 
y opiniones fueron expuestos sin paños calientes y que tanto mi colega como 
yo coincidimos en la percepción de que los propósitos de nuestros 
interlocutores eran sinceros». Cierro cita. Sobran comentarios.
Para evitar que exista y que persista la menor duda, permítanme SS.SS. 
llegar a las mismas conclusiones por otras vías. De nuevo, ¿le podía caber 
al embajador Viturro y al Gobierno español alguna duda de que el 
autoproclamado presidente Carmona estaba fuera de la legalidad? 
Difícilmente. En cualquier caso, toda posible justificación desaparece 
entrado el día 13. En ese día 13 el embajador Viturro advirtió en un informe 
que la fiscal del ministerio público venezolano y directora de derechos 
fundamentales del citado organismo se había personado el día 12 en Fuerte 
Tiuna, base militar donde estaba retenido Chávez. Solicitó verle y exigió 
constancia escrita expresa de su renuncia como presidente y que ambas 
peticiones le habían sido denegadas.
En el mismo informe enviado por telegrama el embajador Viturro añadía que la 
ONG de derechos humanos, Provea, había exigido la expulsión de Venezuela 
como miembro de la OEA por el golpe de Estado, que el presidente de la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman había anunciado que elevaría una 
denuncia ante la Comisión de Derechos humanos en Ginebra, el siguiente 18 de 
abril, por las violaciones de los derechos fundamentales que estaban 
cometiendo los golpistas y que también habían denunciado el golpe de Estado 
el fiscal general de la República y el Defensor del Pueblo, mientras que los 
documentos de renuncia exigibles por el artículo 233 seguían sin aparecer.
A pesar de todo ello, el Gobierno español siguió insistiendo en su línea de 
actuación. El entonces presidente José María Aznar atendió la llamada 
telefónica que le hizo Carmona, como confirmó él mismo en esta Cámara en 
respuesta al señor Llamazares el 17 de abril de 2002. El presidente del 
Gobierno español, insisto, no podía ignorar que estaba hablando por teléfono 
con un golpista porque así lo había informado el embajador de España en 
Venezuela. El embajador continuó informando.
Ese mismo día 13 de abril advierte ya que los tres francotiradores detenidos 
tras los asesinatos del jueves pertenecían a la Policía metropolitana de 
Caracas, a la Policía del municipio de Baruta y a la Policía del municipio 
de Chacao, curiosamente, -advierte el embajador- todos ellos controlados por 
partidos opositores al Gobierno Chávez. Añade, además: «número de militares 
apoyan restablecimiento Constitución 1999 es más numeroso del que se cree y 
pidiendo calma a población, afirmaron se iba a restablecer situación en 
próximas horas». Termino cita. De hecho, efectivamente, la normalidad 
institucional se restablecería pocas horas después, acabando con el golpe 
cívico-militar encabezado por Carmona. Carmona se dirigió al país el mismo 
día 13 por la noche para reconocer la asunción de la Presidencia por el 
vicepresidente constitucional Cabello, de acuerdo con artículo 233 de la 
Constitución de Venezuela, que Carmona evidentemente sí conocía y no había 
ignorado como otros. Con la evidente intención de preparar su defensa 
posterior y mantener hasta el último momento la ficción de que había actuado 
de acuerdo con el artículo 350 de la Constitución, hizo entrega de su cargo 
como presidente golpista paradójicamente a la misma Asamblea Nacional que 
había disuelto cuando ni su presidente ni su vicepresidente habían dimitido. 
El día 14 el diario Última Noticia de Caracas publicaba en portada un texto 
manuscrito del presidente Chávez firmado el día 13 en el que aseguraba que 
en ningún momento había renunciado a su cargo como presidente constitucional 
de Venezuela. Preguntado el entonces secretario de Estado, director del 
Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, en una entrevista 
publicada por El País el 28 de abril de 2002 si, hablando de eficacia, se 
enteró previamente el CESID de la crisis que se estaba preparando en 
Venezuela, el señor Dezcallar responde: «Tuvimos una información bastante 
buena. Se supone que iba a ser más tarde y todo se precipitó. Aquello tuvo 
altos y bajos. Ni los propios actores sabían cómo iba a terminar, que la 
situación se estaba degradando y se descontroló en un momento determinado. 
Sí, estuvimos en condiciones de saberlo. Tenemos un servicio que es bueno en 
aquello de lo que sabemos». Cierro cita de la entrevista del señor 
Dezcallar. (Rumores.) Señorías, el propio embajador Viturro, al hacer 
balance de lo sucedido, en un telegrama del día 16 de abril del 2002 decía, 
y abro cita: «Citado Gobierno nació ilegalmente». Repito, según el propio 
embajador: «citado Gobierno nació ilegalmente. Si bien es cierto que 
artículo 350 Constitución 1999 permite y justifica derecho de rebelión 
frente a autoridad establecida, esa misma Constitución establece que 
Presidencia República debe recaer en vicepresidente y, por interpretación 
analógica, en presidente Asamblea Nacional en caso ausencia áquel. Autoridad 
constituida tras derrocamiento presidente Chávez era ilegal, pero esa 
ilegalidad se hizo más fuerte y Carmona mostró su gran torpeza al no saber 
disimularla cuando decreto establece Gobierno transición democrática 
disuelve Asamblea Nacional, destituye titulares órganos del Estado y faculta 
a dicho Gobierno para deponer a gobernadores y alcaldes elegidos 
democráticamente y para legislar por encima Constitución y ordenamiento 
jurídico establecido». No puedo estar más de acuerdo ni se puede explicar 
mejor.
Continuando con su balance de los sucesos, en telegrama del día 17 el 
embajador Viturro añadía: «Conforme pasan los días se van conociendo más 
datos sobre suceCongreso 1 de diciembre de 2004.-Núm. 153 7 sos pasado 
jueves 11». Quiero de nuevo llamar su atención sobre lo que sigue. Cito: 
«... que confirman tesis inicial había avanzado esta Embajada sobre intento 
aprovechar crisis Petróleos de Venezuela para provocar muertes dieran lugar 
derrocamiento presidente Chávez.
A cargo militares estaban siendo incitados a ello por ciertos grupos 
conspiradores oposición».
Señorías, no quiero cansarles más y lamento haberme alargado bastante más 
que 59 segundos para sustentar lo mismo que dije en el programa de 
televisión.
(Rumores.) Abusando de su paciencia, permítanme por tercera, y última vez, 
recapitular lo expuesto. Primero, no existe duda alguna de que en Venezuela 
se produjo un golpe de Estado. Segundo, los instigadores del golpe de 
Estado, la Junta Cívico Militar, buscaba una transición de poder con 
apariencia constitucional que les permitiese ser reconocidos 
internacionalmente como el nuevo Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la 
Carta Democrática Interamericana de la OEA. Tercero, el anterior Gobierno de 
España tomó la iniciativa de emitir un comunicado conjunto que pretendía 
facilitar legitimidad internacional al golpe en los mismos términos que el 
artículo 350 de la Constitución venezolana y la Carta Democrática 
Interamericana de la OEA. Otros cuatro países que fueron invitados a sumarse 
a la declaración conjunta declinaron hacerlo. Por otra parte, el Gobierno de 
España, como Presidencia en ejercicio de la Unión Europea, emitió una 
declaración en la que se elude cualquier referencia al golpe y se menciona 
al Gobierno provisional. Ello contrasta con la declaración de condena del 
Grupo de Río en la que se condena la ruptura institucional. Cuarto, la 
resistencia de Hugo Chávez, el ocultamiento del vicepresidente Cabello y la 
oposición del presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional bloquearon 
una transmisión de poderes de apariencia constitucional a los golpistas, de 
acuerdo con el artículo 233 de la Constitución bolivariana. Ello sitúa a 
Carmona y al resto de los firmantes del decretazo que proclamaba el Gobierno 
provisional fuera de la legalidad constitucional y la Carta Democrática 
Interamericana de la OEA. Quinto, a pesar de todo lo anterior y de haber 
sido informados con gran detalle por el embajador de España y por otras 
fuentes de que se trataba de un golpe de Estado, los entonces responsables 
del Ministerio de Asuntos Exteriores dieron instrucciones al embajador, de 
las que este acusó recibo, para que se entrevistase con el presidente 
provisional golpista Carmona -y ello mientras estaba detenido por la fuerza 
el presidente constitucional Chávez y su Gobierno- y le advirtiese no de que 
debía liberar inmediatamente al presidente constitucional, sino de que debía 
respetar los compromisos rotos por el decretazo para que el Gobierno 
provisional surgido de la Junta Cívico Militar pudiera ser reconocido por la 
OEA. El propio presidente Aznar respondió a la llamada de Carmona, a pesar 
de saber que era un golpista, para aconsejarle en este mismo sentido. Con 
ello, he demostrado fehacientemente que mis tres afirmaciones son ciertas: 
que en Venezuela hubo un golpe de Estado, que el embajador Viturro recibió 
instrucciones y que el efecto de dichas instrucciones ayudaba a legitimar el 
golpe de Estado de la Junta Cívico-Militar, dándole cobertura internacional.
Y solo cuando el golpe fracasó, la ambigüedad implícita de los términos 
utilizados permitió que el mismo discurso sirviera para exigir al presidente 
Chávez diálogo y respeto de los derechos cívicos para los golpistas que 
acababan de violarlos.
Insisto: en ningún momento se puede interpretar de mis palabras que el 
anterior Gobierno español instigase o participase en la preparación y 
ejecución del golpe de Estado. Nunca dije eso; afirmar lo contrario sería 
una calumnia. (Protestas.) Mis afirmaciones deben entenderse en el sentido 
de que por apoyar quiero decir no condenar el golpe de Estado, endosarlo y 
tratar de ofrecerle legitimidad internacional. De todo lo anterior se deduce 
que el anterior Gobierno cometió, cuando menos, un grave error de 
apreciación y de gestión de la crisis en contra de la práctica y los usos 
diplomáticos.
Señorías, hasta aquí les he relatado lo acaecido, la secuencia de los 
hechos, hechos sobre los que no mentí: Ahora bien, aun siendo ciertas mis 
apreciaciones, creo que existe un consenso general en el país que yo también 
comparto: que el lugar para hacer esas afirmaciones, aunque sean verdad, no 
era el adecuado ni el momento oportuno y que fueron desafortunadas. Por 
tanto, asumo mi error y me disculpo. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un 
momento, señor ministro.
Les ruego silencio. Después, cada grupo parlamentario tendrá oportunidad de 
exponer sus posiciones.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos 
Cuyaubé): Este Gobierno, como ha explicado en varias ocasiones el presidente 
Zapatero, tiene a gala reconocer sus errores ante los ciudadanos y 
corregirlos y eso hago en este instante sobre la oportunidad y el momento de 
mis afirmaciones, que, por otra parte, he demostrado ciertas.
Dicho lo cual, queda un último aspecto. ¿En qué coyuntura política se 
inscribe esta polémica? Mis declaraciones se produjeron cuando el Partido 
Popular estaba interpelando al Gobierno y a mí mismo como ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre la política iberoamericana, y en 
concreto sobre Venezuela.
Lejos de buscar espacios para el consenso, las críticas del principal 
partido de la oposición arreciaron tras la cumbre Iberoamericana de San José 
de Costa Rica. Esta fue también la actitud del representante del Partido 
Popular, creando tensión y buscando polarizar la discusión. (Rumores.-El 
señor Moragas Sánchez: ¿Y qué? ¿Y qué?) El señor PRESIDENTE: Por favor, por 
favor, señor Moragas, les ruego que respeten al señor ministro y, después, 
cada uno.(Rumores.-La señora Castro Masaveu pronuncia palabras que no se 
perciben.) Congreso 1 de diciembre de 2004.-Núm. 153 8 Por favor, soy yo 
quien tiene la responsabilidad de advertir del orden a quien crea 
conveniente y me dé cuenta, sea un bando u otro de esta Cámara. En cualquier 
caso. (El señor Soravilla Fernández: ¡Si, si, ya te has explicado!) Un poco 
de respeto, señor diputado, al presidente de la Comisión. Sí me he 
explicado. (El señor Soravilla Fernández: ¡Muy bien. Ya está!) 
Consecuentemente, usted no tiene por qué dar explicaciones respecto a mi 
actitud y nadie de esta Cámara, ni un grupo ni el otro, tiene que advertir 
al presidente sobre cuál es su obligación, que la sabe perfectamente. (El 
señor Soravilla Fernández: ¡Fantástico!) Le llamo al orden.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos 
Cuyaubé): Nunca existió por mi parte voluntad alguna de ofrecer la 
oportunidad de desatar una confrontación política en torno a este tema. La 
política exterior se ha convertido en parte esencial del debate político 
ciudadano, que exige la construcción de un nuevo consenso en defensa de 
nuestros intereses nacionales y nuestros objetivos internacionales, pero, 
sobre todo, a partir de unos valores democráticos y ciudadanos, entre ellos 
y sobre todo, la verdad, lo que para mí es esencial. Desde que tuve el honor 
de asumir mis responsabilidades como ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, siempre, en todas mi intervenciones parlamentarias he ofrecido 
a todos los grupos la voluntad de construir un consenso en política 
exterior. Hasta ahora, del Partido Popular solo hemos escuchado rechazos. No 
obstante, una vez más, apelo al sentido de Estado del Partido Popular para 
que podamos construir todos juntos una política exterior de Estado. 
(Rumores.-La señora Castro Masaveu: ¡Ahora, ahora!) Asumo que he podido 
estar desafortunado en la forma. Me obliga a esta admisión una exigencia 
ética que siempre me he impuesto por encima de cualquier otra consideración 
de conveniencia personal o política, pero me lo exige también, y sobre todo, 
una adhesión incondicional al juego limpio político, que dignifica esa 
política con mayúsculas, que se encuentra en las antípodas de la política 
partidista, con minúsculas y de regate corto.
Concluyo. Lamento que mis declaraciones hayan sido aprovechadas para crear 
una polémica política sobredimensionada. Muchas de SS.SS. y gran parte de la 
ciudadanía saben de mi trayectoria personal y profesional.
En todas mis responsabilidades siempre me he guiado por mi compromiso con 
los principios y valores democráticos. El respeto al otro y el diálogo 
siempre han sido parte de ese compromiso, con humildad y sin rencor. 
(Aplausos.)