[R-P] [tribuna_boliviana] Bolivia inicia campaña contra CIADI

[Pat H.A.]

Campaña Continental contra el ALCA
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Bolivia inicia campaña internacional contra el CIADI:
Renegociará 24 tratados de protección a las
inversiones

El gobierno boliviano replantea la política de
atracción de inversiones que rigió en el país en las
últimas dos décadas de liberalismo económico. El 29 de
abril, Bolivia anunció su retiro del Consejo
Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI). El
8 de mayo, el embajador para asuntos de Comercio e
Integración Pablo Solón anunció que el siguiente 
paso será revisar y renegociar cada uno de los 24
tratados bilaterales de protección a las inversiones
firmados por Bolivia.

En 1965 varios Estados suscribieron el Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones entre
Estados y Nacionales y otros Estados que crea el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia no
boliviana que ejerce jurisdicción para la resolución
de controversias relativas a la inversión. 
En 12 de agosto de 1994 Bolivia se adhirió al Convenio
por Ley Ratificatoria Nº 1593.

Si bien el gobierno oficializó su salida del CIADI en
una carta enviada al BM el 2 de mayo, el país sigue
atado a él a través de 19 de los 24 acuerdos
bilaterales que reconocen a esa instancia arbitral
como escenario válido para resolver controversias
entre el Estado y los inversionistas.

Con el argumento de atraer inversiones al país, los
gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas
suscribieron varios Tratados Bilaterales de Inversión
(TBIs) que incluyen reglas para resolver las 
controversias entre inversores y Estado que remiten
las disputas a una jurisdicción arbitral no nacional
de manera obligatoria.

Bolivia firmó TBIs con Alemania (23-03-1987),
Argentina (17-03-1994), Bélgica (25-04-1990), Chile
(22-09-1994), Corea (1-04-1996), Costa Rica 
(7-10-2002), Cuba (6-05-1995), Dinamarca (12-03-1995),
Ecuador (25-05-1995), España (24-04-1990), Estados
Unidos (17-04-1998), Francia (25-10-1989), Italia
(30-04-1990), Países Bajos (10-03-1992), Paraguay 
(3-05-2001), Perú (30-06-1993), Reino Unido
(24-05-1988), Rumania (9-10-1995), Suecia
(20-09-1990), Suiza (6-10-1987), Uruguay y Venezuela.

En la mayoría de los casos, los artículos 8 o 9 de
estos TBI sostienen que toda controversia relativa a
las inversiones, en manera de lo posible, será
solucionada en consultas amistosas en un plazo de seis
meses, pero si eso no sucede se abre la puerta al
litigio en el CIADI.

Aunque existe la posibilidad de denunciar los
tratados, Solón anunció que se optará por la
renegociación y revisión de cada documento de 
forma gradual y país por país, de modo de conseguir
términos más favorables para la Estado.

Razones para salir del CIADI

El gobierno de Evo Morales ha presentado seis razones
para abandonar el CIADI e iniciar una campaña
internacional contra esta entidad.

En primer lugar, afirman las autoridades bolivianas,
el CIADI es un tribunal absolutamente desequilibrado
que toma partido siempre por las transnacionales. Los
hechos así lo demuestran: De los 232 casos de 
arbitraje presentados, 230 han sido planteados por
transnacionales contra Estados.

Del total de disputas atendidas (concluidas y en
proceso) por este tribunal hasta febrero de 2007
(109), en el 74 por ciento de los casos los demandados
son países en desarrollo, es decir naciones pobres; en

el 19% son países desarrollados y apenas en el 1,4%
son las naciones ricas de la Tierra, los países del
G8.

El 36% de los casos atendidos por el CIADI terminaron
con un fallo favorable al inversionista privado y 34%
de los casos fueron resueltos fuera de la corte, pero
con compensación para el inversor. En los pocos casos
ganados por los Estados, éstos no obtuvieron
indemnizaciones.

El segundo argumento de Bolivia es que el CIADI es
antidemocrático porque delibera a puertas cerradas y
sus decisiones son inapelables. 
Solo en dos de 110 casos se permitieron audiencias
públicas, pese a que la mayoría de las demandas están
relacionadas con la explotación de recursos naturales
estratégicos y servicios esenciales que son temas de 
interés público.

En tercer lugar, el CIADI es extremadamente caro para
países como Bolivia. Basta recordar que el
sostenimiento de un pequeño caso cuesta hasta tres
millones de dólares en pago de honorarios de un
árbitro, abogados, expertos y viajes. Un abogado en
Washington gana 800 dólares por hora.

El cuarto argumento contra el CIADI es que las
transnacionales aprovechan el tribunal para arrancar
indemnizaciones millonarias a los Estados. Recuérdese
que Aguas del Tunari-Bechtel demandó a Bolivia por 
una suma de entre 25 y 100 millones de dólares aunque
no invirtió ni medio millón en el país.

Lo que ocurre es que el CIADI permite a los
inversionistas reclamar compensaciones no sólo por la
expropiación física de sus inversiones sino también
por las ganancias que esperaba recibir en el futuro,
lo que en la jerga del tribunal se denomina “lucro
cesante”.

La quinta razón para denunciar internacionalmente a
este tribunal es que el Banco Mundial funge como juez
y parte en los proceso del CIADI. 
Pablo Solón explica que el BM cobija a entidades en su
seno: de crédito (BIRF y AIF), oficinas de garantía
para los inversionistas extranjeros (OMGI), de
financiamiento a la inversión extranjera (CIF) y de
arbitraje (CIADI).

En los años 80 y 90 del siglo pasado el BM destacó por
chantajear a los Estados ofreciendo créditos a cambio
de privatizar servicios. Eso fue exactamente lo que
ocurrió con el servicio de agua potable en La Paz y 
El Alto que fue consesionado a la empresa Aguas del
Illimani. Lo curioso de todo esto fue que el BM se
metió al negocio y llegó a ser socio de AISA (8% de
las acciones) a través del CIF.

Solón comenta que si la demanda de AISA contra el
Estado en el CIADI prosperaba el BM hubiera actuado
como juez y parte. No hay que olvidar que el panel de
arbitraje está conformado por tres árbitros: uno 
nombrado por la transnacional, otro por el Estado y un
tercero por el presidente del Banco Mundial.

La sexta razón para abandonar y denunciar al CIADI es
que la ratificación de este tribunal viola
abiertamente la Constitución Política del Estado. No
hay donde perderse: el artículo 135 establece que:
“Todas las empresas establecidas para explotaciones,
aprovechamiento o negocios en el país se considerarán
nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las
leyes y a las autoridades de la 
República”, pero el CIADI no está sometido a la
soberanía ni es una autoridad de la república. Además,
el artículo 24 señala que “Las empresas y súbditos
extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, 
sin que en ningún caso puedan invocar situación
excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas”.
El CIADI es un tribunal excepcional y especial para
las empresas extranjeras ya que los inversionistas
nacionales no pueden recurrir a esta instancia.

Presión interna y externa

Solón indica que el gobierno comienza a “arreglar la
casa” no para eludir sus obligaciones actuales, pues
Bolivia quedará efectivamente libre del CIADI recién
en seis meses, es decir el 2 de noviembre de 2007.

Esto supone que el país sigue expuesto y en riesgo de
ser enjuiciado. 
Actualmente, el CIADI analiza dos demandas contra
Bolivia: una de la telefónica italiana Euro Telecom
Internacional (ETI), presentada el 30 de abril que se
encuentra en etapa de conciliación, y otra de Quiborax

de Chile, registrada en 2005 en la que ya se conformó
el tribunal arbitral. Además, el Estado ha sido
amenazado de juicio por la petrolera Petrobrás que
negocia la venta de las refinerías Gualberto
Villarroel y Guillermo Elder.

El plan del gobierno a futuro es precisar cada vez
mejor los contratos con empresas extranjeras,
renegociar los TBIs y desplegar una campaña 
internacional para acabar con el CIADI, un organismo
que en criterio de Solón es “insostenible para
cualquier país del mundo”. La alternativa es crear
instancias imparciales, equilibradas, accesibles y
ewnmarcadas en la Constitución y las leyes.

No todos piensan como éste y otros funcionarios de
gobierno que fueron artífices de la última jugada
internacional de Evo Morales. Varios empresarios
criticaron la decisión porque “ahuyentará las
inversiones”, en tanto que el el vocero de la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos (CBH) Yussef Akl declaró al
diario La Prensa que los tratados bilaterales 
“agregan valor” y hacen atractivo al país a los ojos
de los inversionistas.

Hasta el momento, el diario conservador La Razón ha
desplegado el ataque más furibundo contra la decisión
del gobierno. En su editorial de este miércoles, el
matutino paceño afirma que el CIADI es “pacificador” y

no “incitador de pugnas que deriven en juicios”; es
una “garantía para promover las buenas relaciones
entre los Estados y los inversionistas”. 
La Razón va más allá al afirmar que el Banco Mundial
es un “singular amigo y no un antagonista de Bolivia”
porque “siempre estuvo dispuesto a concederle
préstamos para su desarrollo”.  Retirarse del CIADI, 
continúa La Razón, parece haber sido una equivocación
producto de “prejuicios políticos” y de la “iracundia
ideologizada”, pues esta instancia bien podían haber
fallado a favor de Bolivia si se comprobaban 
irregularidades e incumplimiento de compromisos de
inversión.

La editorial generó muchos comentarios. No pocos
comentan que tal vez la más grave tragedia boliviana
es la profunda ignorancia de su élite.


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