[R-P] Info El despojo de los metales argentinos Fernando "Pino" Solanas

[José María Cavalleri]

EDITORIAL
  El despojo de los metales argentinos* (Parte I)
  por Fernando "Pino" Solanas

Resumen: el presidente del MORENO
traza un panorama amplio de la situación
de la minería en Argentina. Se incluye aquí
la primera parte del trabajo; en sucesivos números
del InfoMORENO se completará la publicación.

EL BOOM MINERO ARGENTINO

"Los que en aquella tierra viven dicen que en la tierra adentro
hay unas sierras de donde sacan infinitísimo oro"

Sebastián Caboto -1544

Hoy como ayer, uno de los bienes más genuinos del que disponen los pueblos 
para su desarrollo, son los recursos naturales de sus territorios, que 
forman parte del capital de toda la sociedad. Desde la conquista, esas 
riquezas fueron sustraídas por los ocupantes y, salvo raras excepciones, 
siguen en manos extranjeras. El llamado ´boom minero argentino´ que atrae a 
las multinacionales del sector, anunciando grandes beneficios para el país, 
es una operación que desinforma y encubre el silencioso saqueo de recursos 
metalíferos no renovables, permitiendo sistemas extractivos depredadores y 
contaminantes, que están siendo denunciados en todo el mundo. La nueva 
´fiebre del oro´ se inició durante la década de Carlos Menem y se ha 
mantenido y profundizado hasta hoy con los sucesivos gobiernos, creándose 
incluso una suerte de tercer territorio en la Cordillera de los Andes 
mediante el "Tratado de Integración y Complementación Minera 
Argentino-Chileno" de1997.

Pueden sorprender estas afirmaciones; pero el tema de la explotación minera 
y la legislación que la ampara, no han estado presentes en el debate 
político y menos aún en los medios de comunicación. Es raro encontrar un 
ciudadano -periodista, profesor, magistrado o dirigente- que sepa que 
Argentina es el sexto potencial minero del planeta o que guarda en sus 
sierras, mesetas y cordilleras, depósitos detectados de oro, cobre, plata, 
plomo, molibdeno, zinc, estaño, litio, potasio, níquel, cobalto, uranio y 
decenas de metales poco conocidos pero de valor estratégico, que se estiman 
en la suma de 170.000 millones de dólares. La Secretaría de Minería de la 
Nación (S.M.N.) sostiene: "La oportunidad que presenta el potencial 
geológico de la Argentina radica en que el 75% de la áreas atractivas para 
la minería permanecen sin explotar. La totalidad de los prospectos, 
yacimientos y depósitos fueron ubicados y puestos a disposición de la 
actividad privada a comienzos de la década del 90, como resultado de varios 
años de trabajo prospectivo del Estado" (1).

Lo escandaloso del caso argentino es que la legislación vigente evidencia 
una clara servidumbre colonial. Establece que la propiedad de las reservas 
mineras es de los estados provinciales pero les prohíbe explotarlas: están 
obligados a cederlas a las empresas privadas, transfiriéndoles las 
investigaciones geológicas y los descubrimientos realizados por el Estado. 
Si a esto se suma la falta de control público sobre los minerales que 
exportan, las excepcionales desgravaciones impositivas, las bajísimas 
regalías o los subsidios otorgados, no sería exagerado afirmar que el 
despojo colonial del cerro de Potosí difiere poco en su esencia del que hoy 
practica la mentada ´gran minería´ en nuestro país. Contrariamente a lo que 
se hace creer, el oro, la plata, el cobre y sesenta metales más, se van al 
extranjero sin pagar nada, dejándonos pobreza, corrupción, comunidades 
divididas por la asociación o resistencia a la corporación minera, y una 
gravísima contaminación ambiental. Sin embargo, tales consecuencias han 
atravesado el Congreso Nacional, la Justicia, los organismos del Estado y se 
mantienen en el gobierno de Néstor Kirchner sin haber provocado reacción 
alguna por parte de las dirigencias políticas (2).

1) Folleto "Diez Razones para Invertir en Minería Argentina". Secretaría de 
Minería de la Nación-SMN- p 6.
2) Estas notas están basadas en informaciones oficiales, artículos 
publicados en la prensa nacional y testimonios grabados a especialistas, 
trabajadores y vecinos de las poblaciones aledañas a las minas.

LAS LEYES DE MENEM Y EL PLAN DE LAS CORPORACIONES

El 29 de marzo de 2006, en una entrevista que me concediera el Ing. Jorge 
Mayoral, Secretario de Minería de la Nación, él afirmaba: "Estamos inmersos 
en un fantástico boom prospectivo y exploratorio que nos hace formar parte 
del club de los países privilegiados del mundo. Decimos que Argentina se 
constituye en un ´top-ten´ en materia de afincamiento del negocio de riesgo 
y de la inversión para estos tiempos en el mundo." El llamado ´boom minero´ 
tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que 
iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley Nº 
23.698/89 de Reforma del Estado. No era otra de sus perversas iniciativas, 
sino la ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el 
Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, 
británicas y australianas -entre otras- para apropiarse de nuestros recursos 
metalíferos frente a una demanda internacional incrementada por el 
crecimiento de China e India y las necesidades del emporio militar 
norteamericano. No es casual que en la misma década, la globalización 
promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países donde 
desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La 
búsqueda de nuevos "Eldorado" se multiplicó ante la constante depreciación 
del dólar. El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos, e 
inclusive, participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos 
de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional.

En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 
1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del 
subsuelo: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en su territorio" (Art. 124). Una reforma que, 
de hecho, invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las 
transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminó 
con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta 
hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación para beneficio 
del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa los 
entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 
restantes donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta 
porque desde el descubrimiento del petróleo, en 1907, los porteños, 
bonaerenses, cordobeses, santafecinos, entrerrianos, correntinos, 
misioneros, tucumanos o santiagueños, aportaron durante más de 80 años al 
financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.

En Chile fueron más frontales: legislaron contra su Constitución que 
plantea: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 
imprescriptible de todas las minas". Al final de la dictadura promulgaron 
una ley que permitía entregar las minas en propiedad privada y a 
perpetuidad. Lejos de derogarla, los gobiernos ´progresistas´ de la 
Concertaciónle sumarían facilidades que culminaron con el Tratado de Libre 
Comercio firmado con EEUU por el presidente Ricardo Lagos y la nueva 
privatización del cobre. Las empresas estatales que desde su nacionalización 
tenían casi el 100% de la producción, se convirtieron en productores 
minoritarios con poco más del 30%: la mayoría del cobre y la minería 
chilena, es hoy de las corporaciones norteamericanas (3).

La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina 
durante los años noventa, consiste en un escandaloso paquete de leyes que 
transfiere totalmente el riesgo al Estado y lo obliga a darles a las 
multinacionales estabilidad fiscal por 30 años, asegurándoles beneficios 
excepcionales. Estas leyes están vigentes y son la Ley de Inversiones 
Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización 
Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de 
Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y 
Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental 
Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. 
Era Secretario de Minería de la Nación Ángel Maza -gobernador de La Rioja 
hasta hace poco- y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de 
Diputados el ultra-menemista José Luis Gioja, hoy fervoroso kirchnerista y 
gobernador de San Juan. El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en 
la Secretaría de Minería de la Nación a su co-provinciano Jorge Mayoral, no 
es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, 
la norteamericana- canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en 
marcha en los Andes sanjuaninos los mayores yacimientos auríferos del país: 
Veladero y Pascua Lama.

3) El gobierno de Salvador Allende nacionalizó el cobre el 11/7/ 1971: "Hoy 
es el día de la dignidad nacional y la solidaridad. Es el día de la dignidad 
porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el 
camino definitivo de su independencia económica"
*Publicado en Realidad Económica No. 227

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