[R-P] "Romero quiere privatizar la salud pública"

[INFOR-MET]

Entrevista a María Lapasset, secretaria adjunta de la
CTA en Salta

"Romero quiere privatizar la salud pública" 


Nadia Mansilla
Acta


María Lapasset, secretaria adjunta de la Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA) en Salta, es médica,
especialista en cardiología pediátrica y desde hace
años se carga al hombro a la Central y va. Está en
donde la circunstancia lo requiera: en el Hospital de
Niños, en la marcha, o en la radio, en el programa “La
voz de los trabajadores”. En esta entrevista con ACTA
denuncia las maniobras antipopulares del gobierno
provincial. 

¿María, cuáles son los ejes fundamentales que
sostienen actualmente las acciones concretas de la CTA
Salta?

Por un lado, hay un tema puntual que acabo de plantear
en la reunión de mesa (que se realizó el viernes y
sábado en la sede nacional de la CTA): que haya una
expresión nacional contra la privatización que está
llevando adelante el gobierno de Romero dentro de lo
que es la salud pública. Por otro, está la cuestión de
los desmontes en nuestra Salta, que es la segunda
provincia del país con más áreas desmontadas.

¿De qué se trata la privatización de la salud pública?

Este tema empezó hace 5 años atrás. Aunque ellos le
llaman “gerenciamiento privado”, se trata de una
privatización del hospital. En aquel entonces habían
privatizado el nuevo Hospital del Milagro, que es
donde funciona la Maternidad de la provincia de Salta.
En el 2001 lo entregaron, estuvo funcionando con ese
gerenciamiento privado. Luego, se hizo cargo una
empresa española, que en realidad era la unión de
varias empresas que en un momento dado hicieron
crisis, se pelearon entre ellos y el gobierno les
rescindió el convenio. Tras eso, el Estado se hizo
cargo nuevamente desde principio de año, pero siempre
diciendo que iban a llamar a nueva licitación. Ahora
cuando salió la licitación, incluyó también al
Hospital de Niños y a 23 centros de Salud de la
Capital. O sea que están ampliando la privatización de
los servicios públicos de salud, con un pliego de
licitaciones que no da garantías de nada, porque ni
siquiera están estipuladas las obligaciones que tienen
las empresas que se hagan cargo de las licitaciones y
los servicios que tienen que dar.

¿Cómo es el tipo de contrato que tienen estas
empresas?

Actualmente los están elaborando, porque están
preadjudicados también a una empresa española. Otra
vez. Si bien no es la misma empresa, porque lo prohíbe
explícitamente el pliego, creemos que está la misma
gente y que el vínculo sigue. Es muy probable que los
personajes que estuvieron antes vuelvan a estar.

¿Cuál es el argumento que da el Gobierno provincial?

El objetivo final es, según dicen ellos, hacer más
eficiente la prestación del servicio. Nosotros sabemos
que en realidad es hacer negocios con la salud de los
salteños. Así que estamos llevando a cabo medidas
tendientes a impedir esto.

¿De qué se tratan?

Los trabajadores del Hospital de Niños estamos
haciendo marchas, asambleas, tenemos un paro de 2
horas para la semana que viene. Y sobre todo estamos
trabajando con la comunidad, porque realmente el
primer perjudicado va a ser el paciente. Sabemos que
como va a funcionar el sistema, que es de capitas,
donde la población va a tener un carnet, que le llaman
el carnet provincial de salud, y nosotros le llamamos
“carnet de pobre”. En el momento que lo pierda o por
algún motivo no haya sido empadronado, no va a ser
atendido sino que se le va a pedir que pague. O que
solamente va a poder ir al centro de salud donde esté
empadronado y sólo si ese centro de salud lo deriva al
Hospital. Es decir, una serie de cuestiones que en
definitiva sólo sirven para trabar el acceso a la
salud pública.

Por otro lado, el desmonte...

Sí. Salta actualmente tiene unas 400.000 hectáreas
desmontadas y siguen avanzando. Incluso una de las
áreas que actualmente están desmontando era un área
protegida y el gobierno de Romero hizo aprobar una
ley, y digo hizo aprobar porque las dos cámaras tienen
mayoría de representantes del romerismo, por la cual
se desprotegió esa área y la han concesionado para el
desmonte y la producción de soja.

Estamos hablando de zonas donde viven diversas
comunidades.

Claro. A la par que entregan esas tierras a empresas
privadas para que las desmonten, los habitantes de
esas tierras son echados. Se trata de gente que ha
estado por generaciones, que tienen a sus ancestros
enterrados allí y no se les reconoce ningún derecho.
Muchas de estas poblaciones son aborígenes. Así que
por un lado está el daño ambiental por el desmonte y
el daño directo a estos pobladores a quienes se les
saca de su lugar de vivienda.

¿Qué actividades se están realizando para frenar esto?

Muchas. Desde la CTA, hemos denunciado cada vez que se
produce un nuevo desmonte. Por otro lado actuaron
también organizaciones no gubernamentales en defensa
del medio ambiente. Además desde la Universidad
Nacional de Salta se han hecho varios trabajos
demostrando el daño que se produce todo esto. Pero el
gobierno de Romero sigue avanzando. Su mandato termina
en octubre y ya no puede seguir siendo gobernador.
Pero parece ser que antes de irse quiere dejar
absolutamente todo entregado.





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