[R-P] [redial_s_bolivar] La ley habilitante de Venezuela y el costo político de la eficiencia. Gregory Wilpert

[Pat H.A.]

La ley habilitante de Venezuela y el costo político de
la eficiencia 


Gregory Wilpert
Venezuelanalysis.com


La temida "dictadura venezolana" que ha estado
prediciendo la oposición en ese país durante los
últimos ocho años, según ellos, finalmente ha sido
instaurada con la ley habilitante. Esto hace que los
críticos de Chávez en todo el mundo se sientan
reivindicados (otra vez). No obstante, esta sería
aproximadamente la sexta vez que esto ocurre. Al
revisar la historia reciente encontramos que cuando
Chávez fue elegido en 1998, los críticos empezaron a
decir que iba a establecer una dictadura en Venezuela.
Los analistas políticos han tenido que revisar sus
cálculos sobre cuándo precisamente esa dictadura iba a
entrar en vigencia, porque después de cada prédica de
dictadura inminente, Chávez ha hecho algo que
completamente ha anulado la dictadura anunciada. 

Por ejemplo, después de su elección en 1998, lo
primero que hizo Chávez fue llamar a un referéndum
para consultar sobre de si debía haber o no una nueva
constitución y se fue a las urnas para establecer una
Asamblea Constituyente. Cuando la Asamblea
Constituyente asumió más poderes que el Congreso, la
oposición empezó a vociferar ¡dictadura!, pero resulta
que la Asamblea propuso una Constitución que era más
democrática que la anterior. Igualmente, los 49
decretos-leyes del 2001 fueron otra señal de que venía
una dictadura, no obstante esas leyes democratizaron
la propiedad de la tierra y el acceso al crédito en
Venezuela, entre otras cosas. Y de nuevo, el golpe de
abril 2002 fue justificado con el cuento de que Chávez
ordenó a sus partidarios que dispararan a los
opositores, pero después del golpe, muy pocos
golpistas fueron arrestados. Este patrón se repite
otra vez con el golpe petrolero de 2002-2003 y en la
lucha relacionada con el referéndum revocatorio del
2004. En cada ocasión la oposición y los críticos
internacionales se han visto forzados a revisar la
fecha del comienzo de la dictadura venezolana, tal
cual como esos cultos religiosos que predicen el fin
de mundo y se ven forzados a revisar la fecha del
"último día" de la democracia en Venezuela.

Ahora, con la última serie de decisiones que ha tomado
Chávez, de solicitar una nueva ley habilitante, de
negarle la renovación de la licencia a una estación de
TV, de lanzar un nuevo partido socialista único, y de
proponer un número indefinido de re-elecciones, la
oposición sigue con el mismo discurso otra vez. Ahora
dicen que Chávez definitivamente ha cruzado la raya.
Después de todo, ¿qué es mas dictatorial que "gobernar
por decretos", "cerrar un canal de televisión",
"formar un partido unico" y convertirse en un
"presidente vitalicio"? Si esto fuera lo que estuviera
sucediendo en Venezuela, sería siniestro de verdad.
Sin embargo, estas descripciones, de la oposición y de
los medios internacionales son completamente ajenas a
lo que realmente está pasando en Venezuela. Examinemos
lo de "gobernar por decreto" que sí representa
riesgos, pero no en la medida que tiene desesperados a
la oposición. [1]

"Gobernar por decreto"

Hasta los medios progresistas tal como el programa
radial muy popular en Los Estados Unidos Democracy
Now! ha adoptado esta frase para la ley habilitante
que la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado.[2]
¿Es esto lo que significa una ley habilitante, que
Chávez puede gobernar por decretos? El problema es que
esta frase se refiere a una serie de situaciones, pero
es más bien utilizada para describir el poder de un
dictador o monarca quien puede decretar lo que le
plazca y que todos tienen que acatarlo. Ejemplos
clásicos de ese tipo de poder fueron los gobiernos de
Augusto Pinochet y Adolfo Hitler. 

Sin embargo, en Venezuela, la ley habilitante es
completamente diferente a esos tipos de gobierno por
decreto pues se encuentra limitada de varias maneras.
Primeramente, el Presidente está sujeto a la
Constitución. Solamente puede hacer un decreto en las
áreas específicamente señaladas por la Asamblea
Nacional, en el límite de tiempo que la Asamblea
imponga y dentro de un marco que sea consistente con
la Carta Magna venezolana. En otras palabras, no puede
arbitrariamente ordenar poner presa a una persona ni
puede suspender ningún derecho cívico básico. Incluso,
algunas de las leyes necesitan ser sometidas a la
Corte Suprema, la cual las examinará para ver si están
o no conformes a la Constitución.

En segundo lugar, y contrariamente a lo que se dice
popularmente, aunque los partidarios de Chávez
controlan todos los poderes del Estado, los decreto
ley pueden ser anulados por el más importante de todos
los poderes: el de los ciudadanos. Es decir, los
decretos-ley pueden ser suspendidos por el voto
popular. La Constitución venezolana de 1999 dictamina
que casi todas las leyes pueden ser sometidas a
referéndum si lo solicita al menos 10% de los votantes
registrados, pero en el caso de los decretos-ley
solamente se necesitan las firmas del 5% de los
votantes registrados (esto es 800.000 personas de los
16 millones de votantes registrados). [3] 

En tercer lugar, la Asamblea Nacional puede en
cualquier momento modificar o rescindir los
decretos-ley si así lo juzgara conveniente. Esto es
diferente a las leyes habilitantes de los Estados
Unidos llamadas "Fast Track" (camino rápido), en las
cuales el presidente puede firmar tratados
internacionales donde el congreso solamente puede
aprobar el tratado, sin cambiarlo.

¿Pueden las leyes habilitantes conducir a una
autocracia?

Así pues, los decretos-ley derivados de la ley
habilitante de Venezuela son medidas moderadas en
comparación con el entendimiento común del concepto
"gobernar por decreto." Entonces, la próxima
interrogante, y la más importante, es ¿pueden esas
leyes terminar siendo peligrosas para la democracia
venezolana? Los críticos de Chávez que conceden los
puntos anteriores, sin embargo, dicen que a pesar de
los límites de los decretos ley la falta de separación
entre los poderes ejecutivo y legislativo traerán
resultados desastrosos. Nunca explican por qué
exactamente eso va a suceder, solamente repiten que no
hay control y balance entre los dos poderes.
Ciertamente, el que los partidarios de Chávez
controlen el poder legislativo hace que las medidas de
control sobre el ejecutivo sean menos fuertes, que si
la oposición lo controlara, pero esta circunstancia es
así para cualquier sistema de gobierno parlamentario y
cualquier sistema gubernamental en el cual el
ejecutivo y el legislativo estén controladas por un
mismo partido. Y lo más raro aún, es que quienes se
oponen a Chávez casi nunca dan estas alarmas
perniciosas sobre otros países donde sucede lo mismo.

Más importante que la cuestión de controles y balances
(que ya hemos visto existe en Venezuela con el poder
ciudadano y la Asamblea Nacional), es lo que Chávez va
a hacer con la ley. El objetivo principal de estas
leyes, según el texto de la ley habilitante, es
promover la democracia popular, hacer el Estado más
eficiente, erradicar la corrupción, incrementar las
seguridad ciudadana, nacionalizar industrias
estratégicas, entre muchas otras cosas. Si esto es lo
que realmente van a realizar estas leyes, entonces
¿para qué toda esta alharaca? Imaginamos que los
críticos de Chávez creen que se va a utilizar la ley
habilitante para aprobar alguna ley tiránica
completamente diferente, pero es que ¿hay alguna
evidencia que esto pueda suceder?

Si examinamos la vez pasada cuando Chávez tuvo el
poder de una ley habilitante, en 2001, se verá que
esto no sucedió. Los 49 decretos-ley que Chávez firmó
en noviembre del 2002 tuvieron un efecto
democratizante, tal como la reforma agraria que
democratizó la distribución de la tierra, la reforma
bancaria que mejoró el acceso al crédito para las
micro-industrias, la reforma pesquera que le dio
capacidad a los pequeños pescadores de incrementar su
producción porque protege la pesca artesanal al
obligar a los pescadores grandes a pescar mar adentro,
o la ley de hidrocarburos que incrementó los ingresos
del Estado provenientes de la producción petrolera.
Basado en esta experiencia previa, no hay ninguna
razón para creer que esta vez Chávez va a aprobar
leyes regresivas o diferentes a las que la ley
habilitante le ha autorizado.

Lo que es más, las encuestas de la ONG chilena
Latinobarómetro han indicado una y otra vez que a
pesar de todas las catastróficas prédicas de la
oposición sobre la supuesta cuesta abajo hacia la
dictadura en Venezuela, los venezolanos mismos de
manera aplastante creen que su gobierno es democrático
y que cada día se vuelve más democrático. Han pasado
ocho años de la Revolución Bolivariana y los
venezolanos están en segundo lugar, después de
Uruguay, en la categoría de satisfacción con su
democracia, comparados con el resto de Latinoamérica.
Este porcentaje ha ido incrementándose a través de la
presidencia de Chávez, subiendo desde el 32% en 1998
al 57% en el 2006. Mientras tanto, el promedio para
Latinoamérica fue de 38% en el 2006.[4] Este
resultado, y el de muchas otras encuestas similares,
contradicen completamente la noción de que Chávez esta
llevando a Venezuela paulatinamente hacia una
dictadura.

¿Es la ley habilitante una buena idea?

Toda vez que se tiene claro que la ley habilitante no
es ni un dictatorial “gobierno por decreto” ni que
llevará al país hacia una dictadura, entonces es justo
preguntar si la ley será buena para Venezuela. Se debe
notar, por ejemplo, que hay una contradicción entre el
deseo de Chávez de aprobar leyes para promover más
democracia participativa y el proceso de llevarlo a
cabo evitando el hacerlo a través de la asamblea
democráticamente elegida. Es decir, hacer que el poder
ejecutivo desarrolle y apruebe leyes es un proceso
menos democrático que la vía legislativa, con sus
muchos y largos debates y deliberaciones. En otras
palabras, la eficiencia ha sido preferida al debate y
deliberación. Los Chavistas dicen que esto vale la
pena porque el pueblo venezolano ya no puede aguantar
más esperas para que llegue la justicia social a
Venezuela.[5] 

Aunque esto sin duda es cierto, existe el riesgo serio
de que el costo de traer la justicia social pueda ser
más grande que lo que el pueblo ha creído.
Primeramente, la falta de deliberación pausada y
democrática puede resultar en leyes mal formuladas que
terminen por introducir menos mejoramientos sociales
de lo que hubiera sido el caso con leyes bien
desarrolladas. Al final, el objetivo de introducir
mejoramientos sociales rápidos puede sufrir un revés
más que si la Asamblea Nacional hubiese formulado las
leyes.

En segundo lugar, hay un riesgo aun más grande: que se
afinque en el país la actitud (que ya de por sí es
bastante fuerte en Venezuela) de que las leyes
provenientes de un líder fuerte son mejores que las
leyes provenientes del proceso aparatoso de la larga
deliberación democrática. Esta actitud abre el camino
hacia la creencia de que una dictadura benévola es la
mejor forma de gobierno.

En tercer lugar, quizás el peligro más grande de
introducir una ley habilitante ahora cuando su
necesidad no es obvia para todos, es que esto empuja
hasta los críticos moderados de Chávez hacia aquellos
que creen que Chávez está llevando hacia una
dictadura. Aunque esto de por sí nunca ha sido una
preocupación para Chávez, y no cambia mucho la
correlación de fuerzas entre chavistas y la oposición,
si puede cambiar la dinámica dentro de la oposición.
Que personas antes de la oposición moderada, como
Teodoro Petkoff, se unan con personas que dicen que
Venezuela es una dictadura totalitaria, le da poder
dentro de la oposición a aquellos que dicen que hay
que sacar a Chávez del poder sea como sea. Sin
embargo, si la oposición ve que sus opciones se están
desvaneciendo, pueden caer en la tentación de tomar
armas y lanzar una "guerra de los contras"– tal como
la que lanzaron contra los Sandinistas en Nicaragua –
en contra de la Revolución Bolivariana. Aunque esto no
es aparente en el momento, sigue siendo una
posibilidad y se vuelve más viable con cada excusa que
Chávez le da a la oposición, no importa lo débil que
sea la excusa.

Finalmente, se ha fortalecido la campaña internacional
para desacreditar al gobierno de Chávez como resultado
de la ley habilitante y las otras medidas mencionadas
arriba. Si esta campaña tiene éxito, habiendo las
anteriores aparentemente fracasado, la Revolución
perderá sin duda un apoyo internacional que mucho
necesita. Hay aún una gran reserva de simpatía y
comprensión en todo el mundo para el proyecto
Bolivariano, pero esta reserva no es ilimitada. 

Chávez y sus partidarios deben preguntarse a sí mismos
si los riesgos potenciales de perder el apoyo
internacional, de promulgar leyes de calidad inferior,
de fortalecer la política personalista, y el posible
surgimiento de resistencias violentas al estilo de una
fuerza de "contras" valen la pena, para ganar
eficiencia en la creación del socialismo del siglo
XXI. Venezuela no avanza hacia una dictadura y los
prestidigitadores de la oposición van a tener que
revisar la fecha del día fatídico para Venezuela otra
vez. Pero puede ser que el país vaya hacia otro
período de incertidumbre y desestabilización si Chávez
y sus partidarios no van con cuidado. 

Traducción por Maria Victor y Carol Delgado
Originalmente publicado en: www.Venezuelanalysis.com


[1] Los demás serán discutidas en otros comentarios
más adelante.

[2] "Do Chavez’s New Decree Powers Undermine
Venezuelan Democracy? A Debate," Democracy Now!, 2 de
febrero 2007

[3] Artículo 74 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

[4] "Poll: Venezuelans Have Highest Regard for Their
Democracy", Venezuelanalysis.com, 20 de diciembre
2006.

[5] Ver, por ejemplo, : "Why Aren't You in a Hurry,
Comrade?", Venezuelanalysis.com, 5 de febrero 2007.


  “Somos todo el pasado, somos nuestra sangre, 
  somos la gente que hemos visto morir
  somos los libros que nos han mejorado, 
  somos gratamente los otros”




	

	
		
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