[R-P] [redial_s_bolivar] EL ERROR DE CHÁVEZ... José Manuel de Pablos

[Pat H.A.]

El error de Chávez con la televisión de Caracas 


José Manuel de Pablos
Rebelión

El único error cometido por el gabinete de Hugo Chávez
respecto a la emisora Radio Caracas TV –me lo asegura
el profesor Rubén Martínez– es no haberle cancelado la
licencia inmediatamente después del último golpe de
estado, donde se manifestó esta emisora como golpista
a todo ritmo.

Contra la libertad de volar

Una aerolínea tiene varias obligaciones,
fundamentalmente tres: ser segura, ser puntual e ir a
los destinos previstos. 

Si no cumple, si es insegura, si acumula quejas y
quejas por retrasos continuos e injustificados y no
ejerce como se espera de una línea aérea, el gobierno
del que depende administrativamente está obligado a
rescindirle la licencia para volar. 

A nadie le puede extrañar. Nadie en sus cabales diría
que ese gobierno atenta contra el derecho a volar… Lo
acaba de hacer el gobierno español y nadie se ha
atrevido a criticar la medida, si acaso, cómo se ha
llevado a cabo, con las deficiencias que todos hemos
visto.

Contra la libertad de alimentarse

Un restaurante, incluso los de comida rápida o basura
de comida, tiene varias obligaciones, fundamentalmente
éstas: servir una comida sana, no intoxicar a sus
clientes con los que les dé de comer y evitar, por
ejemplo, acumular quejas ante la autoridad de Sanidad
por ofrecer productos que atenten contra la salud de
las personas.

Si no cumple, ¿a quién le ha de extrañar que la
autoridad competente clausure el local, lo desprovea
de la licencia de apertura y le imponga alguna multa?
O, como acaba de hacer la autoridad española de
Sanidad con un restaurante impresentable de comida
basura, lo saca de una campaña en pro de una
alimentación equilibrada.

A nadie le puede extrañar. Nadie en sus cabales diría
que ese gobierno atenta contra el derecho a comer… 

Contra la libertad de información

Una emisora de televisión funciona por disponer de una
licencia para emitir facilitada por todo gobierno, tal
y como sucede en el mundo entero.

Una emisora de televisión tiene varias obligaciones,
entre las cuales están sacar al aire programas y
espacios informativos, opinativos y de
entretenimiento, junto a publicidad para obtener sus
cuentas de resultados. Es lamentable que haya
emisoras, como la del señor Polanco en España, que
proponga o haya propuesto en su parrilla programas
pornográficos, pero, tranquilo, que el señor de los
cielos puede hacerlo y no hay problema. El negocio es
el negocio, por encima de la ética.

Si a un gobierno se le ocurriera poner un veto a la
distribución de ese tipo de basura, las críticas
tendrían el mismo cinismo que quienes criticaran la
retirada de licencia a una aerolínea tipo Air Madrid o
sacaran de un programa de Sanidad a un restaurante
gringo de comida basura. Que se sepa, nadie lo ha
hecho… porque a veces hay cordura…

Si en la España del 23 F una emisora de televisión
hubiera apoyado aquel golpe que nunca fue tal, lo más
probable es que muy pocos hubieran criticado si el
gobierno democráticamente legítimo y fuerte hubiera
cerrado esa emisora golpista tan pronto se hubiera
restaurado la legitimidad que nunca se perdió, en el
caso comentado.

Porque una periódico o revista y una emisora de
televisión o de radio, como cualquier medio de
comunicación –emisoras de la iglesia católica española
aparte– también tienen la obligación de apoyar los
valores democráticos y defender –y controlar– el poder
constituido y salido de las urnas y no convertirse en
un medio golpista o potencialmente golpista.

La no renovación de la licencia de emisión de una
emisora golpista en Venezuela halla críticos solamente
en quienes tienen el cinismo de llamar al golpismo
mediático ‘libertad informativa’, como no sucede en
los casos vistos de la aerolínea o de la comida
basura…

La cuestión estriba en que mientras diarios y revistas
salen a la calle amparados en la libertad de imprenta,
sin posibilidad de censura o clausura –con permiso del
juez Garzón, claro, el que quiere ser premio Nobel de
la Paz, como Kissinger–, con las emisoras de radio o
televisión no sucede de igual manera, porque unas y
otras salen al aire amparadas por una licencia que
concede el gobierno de turno, porque van a ocupar una
frecuencia espacial, que es pública, o sea, gestionada
por la autoridad competente. Es la misma
responsabilidad de la autoridad que vigila la seriedad
de las líneas aéreas o controla la claridad de los
alimentos que llegan al público. 

Mientras un diario o revista sale a la calle y no
quita espacio a otro medio semejante –calidades
aparte–, las emisoras que salen al aire impiden que
otro medio igual ocupe su mismo espacio, de ahí la
necesidad de una mejor gestión y la necesidad de
controlar la distribución de frecuencias, o sea, de
licencias para emitir, que siempre será potestad de
cada administración nacional o federal.

Si una emisora indiscutiblemente ocasiona un mal, como
es el crimen de erigirse en golpista frente a un
gobierno salido de las urnas, y miente en sus
pantallas como medio bellaco, lo que ha de extrañar es
que el cierre de tal empresa no se haga en el preciso
instante de retornar a la legalidad. 

Lo que ha decidido el gobierno de Venezuela no es otra
cosa que entender que esa franja televisual ocupada
por la emisora golpista puede estar mejor ocupada para
la sociedad por un medio que respete los principios
democráticos y de respeto que han de contemplarse en
toda sociedad. Y, a la vez, ha garantizado la
permanencia en sus puestos de trabajo a los
trabajadores del medio golpista: deberían estar
encantados en dejar de operar para los golpistas y
respirar democracia, poder dormir en paz…

La no renovación de la licencia es una medida
exactamente igual a la retirada de licencia a Air
Madrid o a actuar contra la comida-basura: en los tres
casos queda patente una sensibilidad especial de los
responsables públicos en pro de la ciudadanía. Cumplen
con su deber.

Pero mientras las dos primeras medidas de los ejemplos
no se critican, la tercera medida acumula toda serie
de críticas de los sectores más escandalosamente
conservadores de la sociedad, venezolana y no
venezolana: son los mismos.

El caso está sirviendo para contemplar un concierto de
cinismo de gran envergadura, con numerosas
intromisiones en las cuestiones internas venezolanas,
por presiones de los grandes grupos de poder.

Mientras las críticas se disparan por una medida
administrativa que se tacha, falsamente, de atentar
contra el derecho a la información –como si la TV
informara…–, por originarla un gobierno que está bajo
observación de los poderes de la derechona toda, nadie
escucha hablar de la insistencia del presidente de
Perú, Alan García, empeñado en instaurar la pena de
muerte para terroristas y violadores de niños
asesinados, a pesar de que la propuesta ha sido
rechazada por el propio parlamento peruano. Muy pocos
critican este atentado contra… la vida y la
sensibilidad de cualquier persona sensata.

Hay, pues, sigue habiendo, dos moralidades distintas:
la cínica que se queja por el futuro incierto de una
emisora golpista y los mismos que no abren la boca por
el futuro de esos posibles desgraciados que pueden
caer bajo la horca de Alan García. O sea, Hugo Chávez,
como presidente malo, y Alan García, como presidente
bueno. ¿Se imaginan que la pena de muerte fuera una
ilusión de Hugo Chávez, como lo es del presidente
peruano? Inimaginable. 

Los fascistas del siglo XXI siguen siendo muchos y con
muchos medios.

El autor es Catedrático de Periodismo de la
Universidad de La Laguna (Tenerife) y miembro de la
Fundación CEPS. jpablos en ull.es 



  “Somos todo el pasado, somos nuestra sangre, 
  somos la gente que hemos visto morir
  somos los libros que nos han mejorado, 
  somos gratamente los otros”




	

	
		
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